El PP cree que el recurso del PSOE al TC contra la independencia de Cataluña es una "cortina de humo"

Los ministros de Agricultura de la UE han pedido este lunes a la Comisión Europea relajar aún más los requisitos medioambientales para acceder a la financiación de la Política Agraria Común (PAC), para lo que plantean la simplificación de las medidas asociadas a la protección de humedales y turberas --grandes sumideros de dióxido de carbono-- o una subida del tope de las ayudas 'de minimis' para la agricultura.

Para recibir el apoyo de la PAC al que tienen derecho, los agricultores deben respetar un conjunto mejorado de nueve normas beneficiosas para el medio ambiente y el clima conocidas como 'BCAM', un principio de condicionalidad que se aplica a cerca del 90% de la superficie agrícola utilizada en la UE y desempeña un papel importante en la integración de prácticas agrícolas sostenibles.

En concreto, los Veintisiete han pedido a Bruselas que estudie la posibilidad de ofrecer una mayor flexibilidad de los requisitos de condicionalidad vinculados a la BCAM 2, relativa a la protección de las turberas y humedales, según ha explicado el ministro belga de Agricultura, David Clarinval, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo.

Asimismo, ha informado de que los Estados miembro han apuntado a una redistribución del presupuesto interno de la PAC, así como una subida del tope de las ayudas 'de minimis' para la agricultura como posibles medidas a estudiar.

Iniciativa Liberal (IL) y el Partido Social Demócrata (PSD) no serán socios del nuevo Gobierno del primer ministro, Luís Montenegro, después de que no hayan prosperado los "contactos" que ambas formaciones han mantenido desde los apretados resultados de las últimas legislativas.

"No habrá avances en este momento hacia la conclusión de amplios entendimientos, incluidos los relativos a la formación del nuevo Gobierno", han informado este martes ambos partidos en un mismo comunicado.

Tanto IL como PSD han señalado, no obstante, que el diálogo ha de mantenerse durante la legislatura, en la que los socialdemócratas gobernarán en minoría, "comprometiéndose a debatir, siempre que estuviera justificado, las mejores soluciones en asuntos relevantes para la vida y el futuro de los portugueses".

Ambas formaciones han subrayado que los encuentros que han mantenido a lo largo de estas últimas semanas se han dado en "un clima de gran apertura, respeto total y buena fe", en un momento "muy exigente que impone a los actores políticos un elevado sentido de la responsabilidad".

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad dependiente del Ministerio de Hacienda y a través de la cual el Gobierno ya posee un 3,044% del capital social de Telefónica, tendría aparcado otro 2% más en derivados financieros, por lo que, una vez que los haga efectivos, su peso en la teleco se elevaría al 5%, según han indicado a Europa Press en fuentes del mercado.

También han subrayado que la intención del Ejecutivo es aflorar "en breve" ese 2% adicional depositado en un 'swap' y situar la participación del Estado en la compañía en el 5%, un peso en el capital social de la teleco similar al que tienen ahora mismo Caixabank (si se suma la participación de CriteriaCaixa) y BBVA, dos de los integrantes del denominado núcleo estable de Telefónica.

La SEPI ha rechazado realizar comentarios sobre ese 2% del capital de Telefónica en derivados financieros que se prevé que aflorará en breve.

En este contexto, cabe recordar que Telefónica celebrará el 12 de abril su próxima junta general de accionistas, en la cual se prevé, según figura en el orden del día de la misma, la "reelección, ratificación y nombramiento, en su caso, de consejeros".

Las bases de EH Bildu votarán este miércoles si ratifican el preacuerdo con ERC y BNG para concurrir conjuntamente a las elecciones europeas y repetir, por tanto, la coalición Ahora Repúblicas con el objetivo de "profundizar en el trabajo conjunto y en la defensa de los derechos de los pueblos sin estado".

En un comunicado, la formación soberanista ha recordado que ya anunció la existencia de ese preacuerdo en la Asamblea General ordinaria celebrada en Bilbao el pasado 13 de enero, y ahora corresponde a las bases adoptar una decisión al respecto.

En esta ocasión, Ahora Repúblicas ha logrado sumar más adhesiones que hace cinco años, ya que la federación balear de partidos AraMés se ha unido a esta alianza. AraMés la integran, además de ERC, los partidos Més per Mallorca, Més per Menorca y Ara Ibiza.

El preacuerdo para el Parlamento Europeo debe ser ratificado ahora por cada partido, según sus procedimientos internos y, de ser así, se presentará y firmará próximamente. En todo caso, la coalición seguirá abierta "al apoyo de diferentes fuerzas progresistas y soberanistas de otras naciones del Estado".

El Senado ha convocado este miércoles la Comisión de Suplicatorios, el primer paso para tramitar la instancia que ha pedido el Tribunal Supremo (TS) a la Cámara Alta para dirigir el procedimiento penal contra el senador del PP José Manuel Baltar por un delito contra la seguridad vial por presuntamente conducir un coche a 215 kilómetros por hora en la autovía A-52.

Según el calendario fijado por el Senado, la Comisión de Suplicatorios se reunirá a las 12:00 horas para dar audiencia al propio Baltar de que tramitará este suplicatorio, a la vez que designará a los encargados de los grupos de redactar el texto que finalmente se someterá a votación.

Después de eso, la Comisión de Suplicatorios tendrá que votar si sigue adelante con el trámite, y si así ocurre, el suplicatorio llegará al Pleno del Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, para decidir antes del 10 de mayo si la Cámara alta da su 'plácet' a que el parlamentario Baltar sea juzgado.

La Sala de lo Penal adoptó la decisión de pedir al Senado el suplicatorio después de que la magistrada instructora de la causa, Ana Ferrer, elevara una exposición razonada para que se solicitara la autorización a la Cámara Alta con el fin de suspender la inmunidad que goza el senador como aforado y proceder penalmente contra él al haber apreciado indicios de delito.

El pleno del Parlament ha aprobado este martes la Ley de creación del registro de transparencia y control del patrimonio y de las actividades de los cargos públicos de Baleares, que impulsa el PP, y que en la práctica supone liquidar, en el plazo de seis meses, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

La aprobación de la norma ya supone, en el momento de su publicación en el BOIB, la supresión del cargo de director, que hasta ahora ejercía Tòfol Milan, que ha acudido a la sesión plenaria de la Cámara. Con esta medida, Baleares se convierte en la primera Comunidad Autónoma que elimina un organismo de estas características.

Al margen de la eliminación de la Oficina, la norma contempla que las declaraciones de patrimonio y actividades de los altos cargos pasarán a ser parcialmente confidenciales y que las denuncias no podrán presentarse amparándose en el anonimato. De momento, será un ente dependiente de la Conselleria de Presidencia quien custodie los expedientes que están en tramitación.

La norma crea el Registro de Transparencia como órgano administrativo adscrito al Parlament y la Mesa, encargada de adoptar las medidas pertinentes en relación a los recursos materiales y humanos que sean necesarios para el buen funcionamiento. Este registro, dice la ley, tendrá carácter reservado y, además, cualquier acceso quedará registrado.

La Comisión Europea ha asegurado este martes que "sigue disponible" para mediar entre el PP y el PSOE para buscar una solución al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que la próxima reunión prevista para este miércoles fuera aplazada a petición del PP y de que el comisario de Justicia, que ha solicitado una excedencia para defender su candidatura al Consejo de Europea pero sigue ejerciendo aún como comisario, constatara que las partes necesitan "tiempo".

"Las discusiones están en curso entre los partidos y la Comisión Europea sigue disponible en contacto con ellos", ha indicado en una rueda de prensa el portavoz de Justicia, Christian Wigand, al ser preguntado por el plazo de dos meses dado inicialmente por Bruselas para lograr un acuerdo y que en principio concluye cuando acabe el mes.

Fuentes comunitarias indicaron el lunes a Europa Press que el comisario estaba preparado para viajar a Madrid el próximo miércoles pero que finalmente decidió el viernes aplazar sin fecha el encuentro, a petición del PP, y tras constatar que las partes "necesitan más tiempo". Las mismas fuentes aclararon que el aplazamiento "en absoluto" respondió a razones de agenda del comisario.

Preguntado por este asunto, el portavoz comunitario ha evitado entrar en detalles y ha dicho que no hay nueva fecha "programada" para retomar la mediación, pero que el Ejecutivo comunitario sigue trabajando para "encontrar soluciones" en el marco del diálogo con las partes.

A finales de enero, Reynders aceptó el papel de facilitador dentro de un "diálogo estructurado" entre el PP y el PSOE que ciñe los contactos al desbloqueo del CGPJ, siguiendo las recomendaciones europeas para una renovación urgente del órgano de gobierno de los jueces y emprender "inmediatamente después" el proceso de reforma de su sistema de elección.

Entonces, el comisario dio dos meses de plazo a los negociadores del PSOE y PP, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, aunque más recientemente el propio Reynders se ha mostrado flexible en los plazos si es para lograr finalmente un acuerdo.

En todo caso, el comisario está ahora pendiente de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quién asumió también la decisión de aceptar la mediación, acepte su petición para acogerse a una excedencia sin sueldo que le permita hacer campaña para defender su candidatura como secretario general del Consejo de Europa, órgano ajeno a la Unión Europea.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha evitado aclarar este martes si la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) limitará los plazos de investigación en los tribunales como ofreció a Junts el pasado febrero en el marco de las negociaciones para la ley de amnistía.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia ha anunciado que el Ejecutivo pretende impulsar en este 2024 la reforma de la LeCrim --pendiente de Gobiernos anteriores-- que pretende dejar en manos de los fiscales las investigaciones penales.

Preguntado sobre si la reforma contempla acortar los plazos de instrucción, Bolaños ha incidido en que el texto está en una fase "muy inicial". "Una vez que conozcamos cuál es la opinión que tiene el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pues volveremos a analizar la norma y tomaremos decisiones sobre distintas cuestiones como la que usted plantea", ha contestado a uno de los periodistas.

El ministro ha insistido en que el texto aún está "en una fase muy inicial de trabajo" porque todavía está pendiente que el CGPJ presente su informe perceptivo, que, según ha recordado, lleva tres años pendiente "cuando el plazo legal es un mes".

Según fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press, la semana pasada el Ministerio de Justicia remitió al órgano una misiva en la que le apremiaba a entregar el informe que tiene pendiente desde 2021. Las mismas fuentes apuntaron que era "inviable" que el Consejo presentara sus conclusiones en un plazo de una semana, pero avisaron de que estaban trabajando en el texto.

Este martes, Bolaños ha asegurado que hasta que el Ejecutivo conozca la opinión del órgano de gobierno de los jueces no podrá determinar "cuál será el alcance" de la reforma. No obstante, ha incidido en que "el objetivo" es "claro": "Adecuar las normas de enjuiciamiento criminal al siglo XXI". "No podemos estar luchando y juzgando delitos del siglo XXI con una norma procesal del siglo XIX. Y, por tanto, creo que es fundamental que seamos capaces de impulsar y de aprobar una Ley de Enjuiciamiento Criminal", ha añadido.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha insistido este martes en negar negociaciones con ERC para celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, al tiempo que ha reprochado al partido independentista que apueste por "fórmulas antiguas, de conflicto y fracaso".

Así lo ha hecho después de que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, asegurara durante el fin de semana que su formación negocia con el PSOE una consulta de independencia para Cataluña, algo que los socialistas han negado en sucesivas ocasiones.

Requerido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños ha circunscrito las declaraciones de Rovira a la campaña electoral para las catalanas del 12 de mayo y ha asegurado que "no son ciertas".

En cualquier caso, ha querido dejar clara la apuesta del Gobierno por "el acuerdo, por el diálogo, por el futuro y por la convivencia" para Cataluña, en una referencia velada a la Ley de Amnistía a los implicados en el 'procés', frente a fórmulas "antiguas, que llevaron a fracasos colectivos, a tensión, a conflicto y a enfrentamiento".

"A mí lo que me extraña es que haya todavía quien apueste por esas fórmulas", ha insistido Bolaños, que cree que esos posicionamientos, que desembocaron en la declaración unilateral de independencia, ocasionaron a Cataluña "la pérdida de una década". "No llevaron a ninguna parte", ha resumido el ministro.

Bolaños también ha confirmado que el Consejo de Ministros ha aprobado presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la admisión a trámite por parte del Parlamento catalán de una iniciativa que pedía declarar la independencia, alegando que es "divisiva" y es capaz de crear "tensión" y una "fractura social y política".

En concreto, el titular de la cartera de Justicia ha explicado que el Gobierno ha aprobado impugnar el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña mediante el cual se admitía a trámite la proposición de ley, que partía de una iniciativa legislativa popular. La legislación vigente prevé que la medida acordada en el Consejo de Ministros paralice la iniciativa de forma inmediata precisamente porque parte del Ejecutivo, y Bolaños ha querido matizar que no ocurre así si el recurso lo interpone un grupo parlamentario, como hizo el PSC la semana pasada.