Ni el PSOE, ni el Partido Popular, ni Ciudadanos, ni Vox han firmado este jueves la bandera trans que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Chrysallis, asociación de familias de infancia y juventud Trans, y Fundación Triángulo han llevado al Congreso de los Diputados para exigir apoyos al "fin de los retrasos" en la ley y "garantizar que el texto no sufre recortes en sus derechos".
Durante esta acción, han pedido a los grupos parlamentarios de la Cámara Baja que firmen la bandera "con el compromiso de acelerar los trámites parlamentarios, de no recortar los derechos que la ley incluye y de impulsar mejoras para ampliarlos".
Los organizadores de esta iniciativa han informado a Europa Press que diputados de varios grupos parlamentarios han firmado la bandera, pero ninguno de ellos del PSOE, PP, Vox o Ciudadanos.
"Hemos exigido un compromiso a los grupos para poder firmar, que requería una serie de puntos. El PSOE pidió ayer una prórroga, entonces uno de los elementos que pedimos era la celeridad. Tampoco vamos a valorar que el PSOE haya decidido no estar pero entendemos que la ley tiene que salir con la mayor cantidad de derechos", ha explicado el secretario de Organización de FELGTBI+, Ignacio Paredero, en declaraciones a Europa Press.
El PSOE ha cargado este jueves contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "utilizar una nueva excusa" para romper las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial y le ha acusado de "no resistir" a las presiones "de la derecha más reaccionaria" que, a su juicio, han estado "boicoteando" las conversaciones entre los dos partidos.
"A punto de cumplirse cuatro años de bloqueo de la derecha en la
renovación del CGPJ, el PP ha vuelto a romper las negociaciones, una vez más, en esta ocasión con un acuerdo listo y preparado para ser firmado", ha asegurado el PSOE en un comunicado.
El Partido Popular ha decidido suspender las negociaciones con el PSOE para renovar el Consejo General Poder Judicial (CGPJ). Este es el comunicado que ha difundido el PP:
Diversos cargos y diputados de Podemos han defendido que la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, debe formar parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y han considerado que sería "incomprensible" aceptar por parte del espacio confederal el veto "indigno" del "bipartidismo".
Multitud de cuadros de la formación morada se han expresado en estos términos justo cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el acuerdo de renovación para el organismo está listo a falta de que el PP diga que sí, aunque luego los populares han replicado esas manifestaciones al sostener que el pacto no está cerrado.
A su vez, la vicepresidenta segunda, ha comentado esta mañana que existe una "oportunidad única" de poder desbloquear el órgano de gobierno de los jueces y ha recalcado que no va a hablar de nombres de aspirantes porque "distorsiona" el objetivo de la negociación.
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha explicado este jueves que para Rusia no tiene sentido "político ni militar" un posible uso de armas nucleares en Ucrania, al tiempo que ha destacado que las amenazas sobre el uso de este tipo de armamento son estrategias de Occidente.
En este sentido, ha recordado que el único país que ha utilizado armas nucleares ha sido Estados Unidos. "La era del dominio occidental en el mundo se está desvaneciendo", ha dicho, agregando que estamos en un "punto de inflexión", ya que es la década "más peligrosa" desde la Segunda Guerra Mundial.
Putin ha puesto sobre la mesa también que "mientras existan las armas nucleares "siempre existe el peligro de su uso", aunque los países occidentales, con sus "provocaciones", fuerzan la tesis de que Moscú va a utilizar este tipo de armamento para "influir" en sus "amigos, aliados y en los estados neutrales".
El Gobierno de México ha confirmado que en los últimos 16 años, desde 2006, al menos 260 periodistas han sido asesinados, 63 de ellos durante el mandato del actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
Así lo ha confirmado este jueves Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobernación, quien ha incidido en que durante el mandato de Felipe Calderón (2006 - 2012) fue cuando más asesinatos se produjeron.
A los 63 muertos desde diciembre de 2018, cuando López Obrador juró el cargo, hay que sumar otros 101 fallecidos bajo el mandato de Calderón, y otros 96 entre 2012 y 2018, cuando Enrique Peña Nieto ostentaba la Presidencia del país norteamericano.
Podemos ha solicitado a la Audiencia Nacional (AN) que el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz sea condenado a 41 años de cárcel por la 'Operación Kitchen', así como que el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, su ex 'número dos' Soraya Sáenz de Santamaría y la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal testifiquen en el futuro juicio por el presunto dispositivo parapolicial puesto en marcha para espiar y robar al ex tesorero 'popular' Luis Bárcenas información comprometedora.
La acusación popular que ejerce la formación 'morada' ha presentado este jueves su escrito de conclusiones provisionales instando a la AN a abrir juicio oral contra los 11 procesados por la 'Kitchen': Fernández Díaz; su ex secretario de Estado Francisco Martínez; los ex policías José Manuel Villarejo, Eugenio Pino, Marcelino Martín Blas, Enrique García Castaño, Andrés Gómez Gordo, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano; y el ex chofer de los Bárcenas, Sergio Ríos.
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Podemos interesa condenas de 41 años de cárcel para Fernández Díaz, al que la investigación judicial situó como presunto 'cerebro', y Martínez; y de entre 41 y 39 años de prisión para los mandos policiales y ex agentes por delitos de organización criminal y malversación, entre otros. Para Ríos, aboga por 26 años.
La Comisión Constitucional del Congreso ha validado este jueves la candidatura de la exministra socialista Magdalena Valerio para ser la nueva presidenta del Consejo de Estado, con los únicos reparos de Vox, que ha votado en contra y del PP, que se ha abstenido.
Valerio, que hasta dejar el escaño hace una semana presidía en el Congreso la comisión del Pacto de Toledo, sustituirá en el cargo a la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que aunque ha dejado la Presidencia seguirá en el Consejo de Estado como consejera vitalicia.
La mayoría de los grupos han considerado que Valerio cumple los criterios para ocupar el cargo, es decir, que es una jurista de reconocido prestigio y que tiene experiencia en asuntos de Estado.
El Tribunal de Cuentas ha detectado que el material sanitario adquirido por las empresas del sector público en 2020 para hacer frente a la pandemia de coronavirus se compró con una gran diferencia de precio en cada caso, hasta el punto de que, por ejemplo, en el mes de abril Tragsa pagó por pruebas rápidas un 71,4% más que Adif un mes después.
Así lo detalla el fiscalizador en su Informe para la fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, en el ámbito del sector público empresarial no financiero, aprobado este jueves por el Pleno del Tribunal.
Se trata del sexto informe de los siete programados por el órgano que preside Enriqueta Chicano sobre contratación de emergencia realizada durante la pandemia. El tribunal ofrecerá una visión global de todas sus fiscalizaciones cuando concluya todas las previstas.
La red social estadounidense Twitter ha bloqueado este jueves durante una semana la cuenta del Ministerio de Exteriores de Rusia en inglés por un vídeo sobre la postura de Moscú respecto al avance de la guerra en varias localidades de Ucrania, según ha informado el Gobierno ruso.
La portavoz del Ministerio, Maria Zajarova, ha señalado que la cuenta en inglés ha sido bloqueada tras difundir informaciones sobre las "provocaciones del régimen de Kiev en Bucha, Izium y Kupiansk".
El vídeo en cuestión fue publicado el martes y expone la postura rusa sobre la masacre de Bucha, donde las fuerzas ucranianas hallaron los cadáveres de cientos de civiles tras hacerse con el control de la ciudad, previamente ocupada por las tropas rusas.
"El afán con el que las corporaciones de tecnología de la información de Estados Unidos borran los hechos relacionados con el régimen de Kiev solo confirma que están todos involucrados", ha aseverado Zajarova.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a aclarar si está dispuesto a proteger España tras la "divergencia" de opiniones en relación con el delito de sedición en el seno de su gabinete. Dicho esto, ha avanzado que si gobierna agravará las penas tanto por el delito de sedición como de rebelión, y tipificará como delito la convocatoria de un referéndum ilegal.
Así se ha pronunciado en el Foro Global Youth Leadership que se celebra en el Palacio de la Magdalena en Santander, en medio de las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el jefe de la oposición no ha vinculado esa reforma del delito de sedición con la negociación del CGPJ, un asunto concreto sobre lo que no ha hecho ninguna mención durante su intervención.
Al ser preguntado expresamente qué es la sedición, dada la presencia de representantes de otros países en el foro, Feijóo ha destacado que los delitos de sedición y rebelión están tipificados en los códigos penales de las democracias liberales y occidentales con "mucha dureza" porque se trata de preservar la "unidad de la nación", dado que en algunos casos tiene una pena de "prisión permanente".
Feijóo ha recalcado que, por tanto, esas penas son la "respuesta a mantener la unidad de la nación, el cumplimiento de la Constitución y el Estado de Derecho". Según ha subrayado, "en la inmensa mayoría de los países ni siquiera se discute" esta cuestión porque el "atentado a la unidad de una nación" es de "absoluta gravedad" y es una "conducta tipificada y contundentemente regulada" en el ordenamiento jurídico.