El empresario Juan Carlos Cueto, el presunto 'cerebro' de la empresa a la que se adjudicaron los contratos de mascarillas que investiga la Audiencia Nacional, ha asegurado al juez del 'caso Koldo' que trató de ayudar a los españoles con su actuación y no aprovecharse de la venta de material sanitario. Según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, en su declaración como investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 Cueto se ha remitido a un informe elaborado por la consultora KPMG en 2021 que concluiría que los precios de venta de mascarillas fueron acordes al mercado, añadiendo que tenían poco margen de beneficio económico.
Otras fuentes consultadas señalan que Cueto -que solo ha respondido a preguntas de su abogado- ha detallado que se trató de una operación muy costosa y con muchos viajes a China, en los que habrían participado empresas certificadoras españolas para dar cuenta del material del producto, entre ellas Bureau Veritas. Tras su declaración ante el juez, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la retirada del pasaporte de Cueto, una petición a la que no se ha opuesto su defensa y a la que se han adherido las acusaciones populares ejercidas por PP y Vox. Al no haber oposición a la misma, se espera que el juez lo acuerde este mismo jueves.
Cabe recordar que el Ministerio Público sitúa a Cueto como la "persona que realmente controla la sociedad Soluciones de Gestión, integrada en el grupo Cueto", aunque esta figurase como propiedad de otro de los investigados, el empresario vasco Íñigo Rotaeche. Cueto, según Fiscalía, se habría embolsado 9,6 millones de euros. En este sentido, Anticorrupción detalla en su querella "el liderazgo que Cueto" ejerce sobre el grupo que lleva su apellido, "siendo el responsable último de las decisiones concernientes a este grupo empresarial". Los principales investigados, añaden, daban novedades y pedían permiso a Cueto "para la ejecución de préstamos y toma de decisiones".
La Fiscalía deja claro que existió "una relación directa y estrecha" entre el exasesor y exescolta del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, y el propio Cueto, "que no se circunscribe únicamente a la adjudicación de los contratos".
El Parlamento Europeo defenderá en las negociaciones con los Veintisiete que las nuevas reglas contra la corrupción en la Unión Europea incluyan la prohibición para los Estados miembro de conceder indultos o amnistías por delitos de malversación.
Así consta en el mandato negociador acordado el pasado 31 de enero por la comisión de Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo y que este miércoles ha confirmado sin cambios el pleno de la Eurocámara reunido en Estrasburgo (Francia), sin necesidad de una nueva votación.
Esta línea roja queda fijada por una enmienda de compromiso del Partido Popular Europeo (PPE) y el grupo de Conservadores y Reformistas (ECR, en el que se integra Vox) en la que se establece que "los Estados miembro adoptarán las medidas necesarias para prohibir cualquier indulto o amnistía en beneficio de quienes hayan sido considerados responsables de cualquiera de las infracciones penales a que se refieren los artículos 7 a 14 (de la directiva".
En concreto, los delitos recogidos en los artículos mencionados son cohecho en el sector público, soborno en el sector privado, malversación y apropiación indebida, tráfico de influencias, abuso en el ejercicio de funciones, obstrucción a la justicia, enriquecimiento por delitos de corrupción e inducción, complicidad y tentativa.
El Gobierno sostiene que no tiene miedo a que el exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, pueda desvelar informaciones comprometedoras para miembros del Ejecutivo o del partido, y atribuyen las intervenciones públicas y entrevistas de los últimos días a un intento de defenderse. En todo caso, el exministro ha afirmado este miércoles que no hay "manta" de la que tirar y que no pretende desvelar nada de sus excompañeros.
Al día siguiente de que se confirmase la ruptura entre Ábalos y el partido, su abandono del Grupo parlamentario Socialista para ubicarse en el grupo mixto y la posterior apertura de expediente de expulsión, fuentes gubernamentales señalan que en el Ejecutivo no están preocupados ante hipotéticas revelaciones.
La confrontación entre el PSOE y Ábalos, que fue número tres del partido y uno de los colaboradores más estrechos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se produjo a raíz de la detención de uno de sus asesores en el Ministerio de Transportes, Koldo García Izaguirre, por un presunto cobro de mordidas en la compra de material anticovid.
La Ejecutiva Federal del PSOE le dio un ultimátum de 24 horas para que entregase el acta de diputado pero este se negó y decidió mantenerse en el escaño y pasar al Grupo Mixto. Ábalos considera que renunciar sería lo mismo que admitir su culpabilidad y por tanto pretende defender que su comportamiento ha sido correcto, desde su asiento de diputado.
Varios de los investigados en Tsunami Democràtic, entre ellos la secretaria general de ERC, Marta Rovira, o el director de la oficina del expresidente catalán Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, han pedido al Tribunal Supremo (TS) que deje la causa, en la que se encuentran investigados, en manos de la Audiencia Nacional (AN).
En un escrito conjunto, al que ha tenido acceso Europa Press, las defensas de varios de los investigados explican además que el plazo de instrucción de esta causa, en la que se investiga el papel de la plataforma en los disturbios de otoño de 2019 en señal de protesta por la sentencia del procés, terminó en julio de 2021.
Esto implicaría, aducen, que la Audiencia Nacional tampoco tendría competencia para investigar o mandar a juicio a los aforados presuntamente implicados en la causa: el propio Puigdemont y el diputado de ERC en el Parlament catalán Ruben Wagensberg.
En concreto, el escrito -que también firman las defensas de los investigados Oriol Soler, Oleguer Serra y Xavier Vendrell- apunta que para julio de 2021 "no se había acordado la citación en calidad de investigadas de las personas que en la exposición razonada" por la que el juez Manuel García Castellón pidió al TS que asumiese el caso "se identifican como investigadas o aforadas". "Por tanto, tampoco se había producido su declaración judicial en tal condición procesal", añade.
"Finalizada la instrucción el 29 de julio de 2021, el juzgado instructor debió dictar la resolución que correspondiera de acuerdo con el material indiciario con que contara en dicho momento", indica.
La Dirección General de Fondos Europeos del actual Gobierno balear del PP ha ordenado anular la certificación del gasto de las mascarillas fraudulentas compradas a la empresa vinculada al 'caso Koldo' y que se pagaron con fondos europeos Feder, lo que supondrá no devolver el importe ya cobrado a la Unión Europea, pero sí que se descuenten de futuros pagos.
Así lo ha adelantado el portavoz del Ejecutivo y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, que ha explicado que el Ejecutivo balear sigue así el protocolo de lucha contra el fraude y de acuerdo con la normativa Feder. El expediente iniciado, ha señalado, se refiere, además de a los 3,7 millones que costaron las mascarillas, a 57.000 euros de transporte y a 150.000 euros de asistencia técnica.
"Hay riesgo de parálisis de futura financiación con fondos Feder", ha advertido Antoni Costa, que ha criticado los "cambios de versiones" del portavoz del PSIB, Iago Negueruela, que primero decía que las mascarillas eran defectuosas y ahora sostiene que se podían utilizar.
Además, Antoni Costa ha adelantado que la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, Susana Pérez, demandará a título individual a Negueruela por "involucrarla con falsedades" en la trama, en referencia a unas declaraciones en el pleno del Parlament, donde afirmó que estaba al corriente del procedimiento por sus cargos.
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha decidido reducir la presión del suministro de agua en 7 municipios del entorno metropolitano a partir del 11 de marzo, ha informado en un comunicado este miércoles. La actuación afectará a localidades con la dotación más elevada: Begues, Cervelló, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts y Tiana, siguiendo el Plan metropolitano de contingencia operacional en tiempos de sequía.
La medida se enmarca en la estrategia por la actual situación de emergencia por sequía del AMB, que también prevé, en las próximas semanas, enviar una carta a 24.000 usuarios domésticos (un 1,5% de los abonados del área metropolitana) con un "consumo excesivo" (superior a 200 litros) para que lo aproximen a la media. La carta también recordará que, acorde con los decretos de sequía emitidos por la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), llenar piscinas privadas, regar jardines particulares y lavar vehículos está prohibido.
El AMB avisa de que si detecta alguno de estos usos no permitidos, los ayuntamientos deben abrir al usuario un expediente que puede comportar sanciones económicas, de acuerdo con el Reglamento del servicio metropolitano del ciclo del agua.
También hará llegar una carta a otros 250 usuarios considerados grandes consumidores que superan los 20.000 metros cúbicos al año y están conectados a la red de distribución de agua, a los que se les pedirá un resumen de las medidas de ahorro que han puesto en marcha hasta ahora, así como una previsión de las futuras.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reclamado este miércoles un "despertar urgente" en materia de Defensa en Europa, tras señalar que existe un auge de autoritarismo en el mundo y que "la amenaza de guerra no es inminente, pero no es imposible".
En un debate en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo centrado en la cuestión de la Defensa, Von der Leyen ha avisado del los "peligros de una creciente e inquietante liga de autoritarios", en referencia a Rusia, Irán y Corea del Norte, además de la inestabilidad en Oriente Próximo con la guerra en Gaza. Por todo ello ha llamado a que Europa "despierte urgentemente" en materia de seguridad y defensa al señalar que está en juego "la libertad y la prosperidad" de Europa. "Tenemos que empezar a actuar como tal", ha dicho. "Puede que la amenaza de guerra no sea inminente, pero no es imposible. No hay que exagerar los riesgos de guerra, pero hay que prepararse para ellos. Y eso empieza por la urgente necesidad de reconstruir, reponer y modernizar las fuerzas armadas de los Estados miembros", ha asegurado ante los eurodiputados.
De este modo, Von der Leyen ha adelantado que su plan de estrategia industrial de Defensa que se presentará próximamente pasa por que Europa pueda estar a la cabeza en "la próxima generación de capacidades operativas ganadoras de batallas" y garantizarse suficiente material armamentístico y superioridad tecnológica."Eso significa turboalimentar nuestra capacidad industrial de defensa en los próximos cinco años", ha apuntado, resumiendo uno de los objetivos que marcan su plan de Defensa para que Europa "gaste más, mejor y en clave europea" a través de compras conjuntas.
En este sentido, la 'popular' alemana ha confirmado que este tipo de adquisiciones conjuntas de material militar será la prioridad y "ayudarán a reducir la fragmentación y aumentar la interoperabilidad". La dirigente comunitaria cree importante mandar una "señal clara a la industria" con acuerdos de compra anticipada para dar garantías al sector armamentístico de previsibilidad a largo plazo.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apuntado este miércoles en el Congreso a la comisión "poco ética" que cobró el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un contrato de mascarillas y ha retado al PP a investigar todos los contratos de la pandemia apoyando la comisión en el Congreso que ha propuesto el PSOE.
"Si alguien se enriqueció, fuera penalmente responsable o éticamente responsable, tenemos que analizarlo, criticarlo y, evidentemente, tenemos que hacerle frente, siempre en colaboración permanente con la Administración de Justicia", ha dicho Grande-Marlaska en una respuesta a una interpelación urgente defendida por la diputada del PP Marta González Vázquez. En su intervención, Grande-Marlaska se ha referido a la comisión del hermano de Ayuso que pidió investigar Pablo Casado, el antecesor de Alberto Núñez Feijóo al frente del PP.
Para el ministro, aquella comisión fue "por lo menos poco ética por cobrar 300.000 euros o casi 300.000 euros por una compra de mascarillas de poco más de un millón y medio, siendo el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid y con la Comunidad de Madrid". "Eso no es ético", ha continuado Grande-Marlaska, que ha abogado por saber "si esa persona realmente tenía un compromiso con la sociedad española, independientemente del derecho a tener una retribución" por su mediación en este contrato de mascarillas, "más cuando contrataba con la Comunidad Autónoma de Madrid".
El ministro del Interior ha defendido la legalidad del contrato de 3,5 millones con la empresa relacionada con el 'caso Koldo' y ha apuntado que el hecho de que el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos se enriqueciera con comisiones, como indican los investigadores, lo que provoca al Gobierno es "repugnancia". "Nos abochorna a todos, pero no hay que dudar de la Administración General", ha apuntado, remitiéndose a los controles que se hicieron durante la pandemia por parte de Hacienda y también del Tribunal de Cuentas.
La Plataforma 6F ha entregado este miércoles en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sus reivindicaciones para el sector agrario y ganadero, al tiempo que ha señalado que mantienen sus movilizaciones por el territorio nacional. En concreto, la portavoz de la plataforma agraria, Lola Guzmán, acompañada por la Federación Nacional de Pesca Artesanal (Fenapa), Carmen Díaz, han entregado en la sede del Departamento que lidera Luis Planas, que considera la "casa" de agricultores, ganaderos y pescadores, sus reivindicaciones, en una jornada que coincide con la reunión del titular de Agricultura, Luis Planas, con las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA.
"Llevamos nuestras reivindicaciones para la agricultura, ganadería y pesca, porque el ministro no nos tiene en cuenta. Ya las hemos entregado por sede electrónica y ahora lo haremos físicamente", ha indicado. Cuestionada por si su plataforma seguirá con las movilizaciones, Guzmán ha recordado que están en "huelga general" y que siguen "a pie de calle". "Estamos a pie de calle, vamos a seguir en esta lucha hasta que se consiga todo. Venimos a defender a los compañeros de abajo, que nos dejen trabajar y que no nos obliguen a trabajar a pérdidas, que no aprueben unas leyes que van en nuestra contra", ha asegurado a los medios.
Junto a Guzmán, ha acudido Carmen Díaz, presidenta de la Federación Nacional de Pesca Artesanal (Fenapa), que se ha unido a esta plataforma, al tiempo que ha criticado que se está limitando "muchísimo" la actividad pesquera. "Se nos están exigiendo normativas y exigencias desde el punto de vista sanitario y fiscal, medidas de todo tipo que se aplica con todo el rigor a una empresa familiar", ha indicado.
Díaz ha recordado que el sector de la pesca artesanal crea "empleo estable" en todos los litorales y ha criticado que se está "destruyendo la flota artesanal en favor de la industrial", ha criticado.
El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha reivindicado la política útil tras el acuerdo alcanzado con el Govern para los Presupuestos de la Generalitat de 2024, pero ha negado querer gobernar con ERC: "Yo no me veo gobernando con ERC, son cosas diferentes". "Yo me veo haciendo política útil, colaborando, llegando a acuerdos desde la construcción de una alternativa que estoy haciendo al Govern", ha sostenido este miércoles en una entrevista de 'Ser Cataluña' recogida por Europa Press.
Así, ha dicho que está satisfecho con el acuerdo, el cual ha calificado de bueno, y ha reiterado la importancia de las cuentas en el contexto actual: "Y pensar, no tanto en las elecciones ni en el qué pasará, ni en si el Govern nos gusta más o nos gusta menos".
Preguntado por al Plan Director Urbanístico (PDU) del Hard Rock, ha apuntado que no le importa la fecha en la que se presente sino en que siga su tramitación administrativa, y ha afirmado que si el informe medioambiental para el proyecto fuera desfavorable, lo aceptarían."Nosotros no hemos pedido nunca que se incumpla ningún informe, nosotros no hemos condicionado nunca ninguno de los acuerdos que hacemos a que haya un informe en determinado sentido", ha asegurado.
De esta manera, ha sostenido que le parece suficiente que se cumplan los acuerdos y que los trámites administrativos "no se frenen por interferencias de decisiones políticas, sino que sigan su curso normal". Asimismo, respecto al proyecto que los comuns piden al Govern descartar como condición para aprobar los Presupuestos de este año, Illa ha sostenido que ya se acordó en las cuentas de 2023 y que para las actuales le han preocupado "la lucha contra la sequía, la educación, la vivienda y la seguridad".
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha asegurado que el Gobierno va a tomar todas "las medidas necesarias" para "garantizar" la igualdad en materia de deporte, en la sesión de control al Ejecutivo este miércoles en el Congreso de los Diputados. "Este Gobierno, desde luego, va a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la igualdad en materia de deporte hasta llegar a esas cotas dignas en materia de igualdad en materia de deporte", ha afirmado Alegría en respuesta al diputado del Grupo Parlamentario Popular Borja Sémper sobre las medidas "para garantizar la igualdad de oportunidades en el deporte femenino".
En esta línea, Sémper en su intervención ha hecho alusión a la Ley Trans y a la Ley del sólo sí es sí. Respecto a la primera, ha indicado que, con ella, "rompieron el feminismo y crearon un enfrentamiento donde no lo había" "Hoy son las mujeres deportistas las que pagan su responsabilidad", ha expuesto. Asimismo, sobre la segunda, ha destacado que "más de 1.000 agresores y pederastas sexuales han visto reducida su pena privativa de libertad".
Por su parte, Alegría ha explicado las medidas que ha adaptado el Gobierno para avanzar en igualdad en materia de deporte, como la ley del deporte, subvenciones para mujeres deportistas o la profesionalización del deporte.
"En primer lugar, la ley del deporte. La primera ley que garantiza la igualdad de acceso de las mujeres y las niñas en materia de deporte. Segundo, subvenciones para mujeres deportistas, para que puedan compatibilizar su maternidad y sus estudios mientras practican el deporte. Tercero, profesionalización del deporte. Hemos empezado por el fútbol, con más de 30 millones de subvenciones. Cuarto, estamos apoyando el deporte femenino, sobre todo buscando esos referentes para tantos niños y para tantas niñas", ha apuntado la ministra.