PSOE y PP copan la mitad de la deuda de los partidos e Izquierda Unida estaba en números rojos en 2021

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avisado al PP del riesgo de "unirse" a un "partido radical" como Vox en políticas en materia de inmigración y ha pedido a las comunidades autónomas que gobiernan los 'populares' "solidaridad" con Canarias, Ceuta y Melilla en el reparto de menores migrantes.

En declaraciones a los medios, antes de participar en la manifestación del Orgullo LGTBI este viernes en València, Grande-Marlaska ha advertido al PP de que, "unirse a un partido radical como Vox, lo único que conlleva es contagiarse de esa forma de entender".

Preguntado por la "amenaza" de Vox al PP con romper los pactos autonómicos en caso de que los 'populares' acepten el reparto de menores migrantes, el titular de Interior ha manifestado que espera que la "solidaridad hacia territorios" como Canarias, Ceuta y Melilla y hacia los migrantes sea "una realidad".

El ministro ha considerado que resultaría "algo contradictorio" que desde España "pidamos solidaridad en Europa y no seamos—solidarios—entre nosotros mismos". "Creo que es algo obvio y también necesario, y Europa está respondiendo", ha valorado.

Además, ha manifestado que espera que esta solidaridad "se reconozca perfectamente" entre las comunidades autónomas y ha indicado que este es precisamente "un compromiso del Gobierno de España".

El Gobierno convocará la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para abordar el reparto de menores migrantes no acompañados con las comunidades autónomas el próximo jueves 18 de julio en Tenerife, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya anunció esta semana que llevará la propuesta de la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores de menores migrantes en la siguiente conferencia sectorial, si bien no había confirmado fecha.

Precisamente, el ministro y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se reunieron con los grupos parlamentarios del Congreso para impulsar la reforma de la ley de extranjería y activar la derivación obligatoria de los menores migrantes hacia el resto de las comunidades.

El principio de acuerdo entre ambos gobiernos fija unos límites de capacidad de acogida de Canarias, a partir de los cuales se activaría la derivación, e incluye compromisos de financiación para las comunidades autónomas, que serán explicados en esta conferencia sectorial.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, afirmó que la modificación de la Ley es una "propuesta sensata" y "equilibrada". Además, defendió en una entrevista radiofónica que el Ejecutivo plantea que "siga vigente el criterio que se utilizó en el año 2022, que gozó del consenso y el acuerdo de todas las comunidades autónomas" y cualquier cambio de ese criterio pase "por un mecanismo de coordinación a través de la Conferencia Sectorial de Infancia con las comunidades autónomas".

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha emitido un comunicado para referirse a la petición de la autonomía de León por parte de la Diputación y a la decisión del Gobierno central de recibir la propuesta y ha señalado: "Yo no seré quien frustre las legítimas aspiraciones y sueños de muchos leoneses". Además ha anunciado una consulta para que los militantes socialistas decidan la posición del partido sobre este asunto.

A través de un comunicado Tudanca ha respaldado y se ha sumado a la decisión del Gobierno de considerar legítimo lo que se propone en la moción aprobada en la Diputación de León que "escuchará". "Ahora toca esperar a ver qué sucede en el Congreso de los Diputados que debería pronunciarse, ese es el camino de la Constitución", ha relatado.

No obstante, el secretario autonómico del PSOE ha señalado que si se "reinicia" el estado autonómico "otros se sumarán a estas legítimas reivindicaciones". "Quizá es el momento, es hora de ser coherentes y valientes", ha defendido.

"Como firme defensor de la democracia interna en el PSOE, como secretario General, cuando llegue el momento la posición del partido en un asunto de especial trascendencia deberán fijarla nuestros militantes mediante una consulta tal y como establecen nuestros estatutos, la voz de todos los socialistas decidirá", ha zanjado.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha lamentado que Castilla y León sea la "única" comunidad autónoma que carece de ley LGTBI+, circunstancia que ha achacado a la "dejación de competencias propias" del PP en la comunidad y ha criticado la coalición de gobierno con Vox, al que los derechos del colectivo y la diversidad "no le importan". "Qué pena que no den importancia a la diversidad", ha sostenido.

"No les han importado en el pasado y mucho menos en el presente, lo cual es una tristeza y una falta de respeto a la diversidad y a la democracia", ha expresado la titular de la cartera de Igualdad en declaraciones a los medios tras participar en la presentación de la exposición 'El lago de los cisnes' de Cristóbal Tabares, que ha tenido lugar en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid.

Al mismo tiempo, Redondo ha acusado al PP de "dejación de funciones durante los 38 años que ha gobernado en la región", si bien ha indicado que esta situación es "una más" de las que se viven en la actualidad y es "evidente" que al PP no le preocupan los derechos de las personas que viven en la comunidad".

Para Ana Redondo, a los 'populares' "no les preocupa implementar los derechos porque de lo que se trata con las leyes autonómicas es de mejorar los preceptos establecidos en la legislación estatal".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha garantizado este viernes la "solidaridad de las CCAA gobernadas por el PP" con los menores migrantes tras la amenaza de Vox, pero ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez "un liderazgo" en este asunto, poniendo a disposición de las autonomías "recursos y medios" porque sus centros de menores están "repletos".

"No existe ninguna amenaza, lo que existe simplemente es una realidad", ha declarado Feijóo a los medios, al ser preguntado por la amenaza de la formación de Santiago Abascal abriendo la puerta a romper con el PP en las autonomías en las que cogobiernan si aceptan la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados. Este mismo viernes, Abascal ha pedido "lealtad" a los conservador y ha asegurado públicamente que ese reparto de menores migrantes "amenaza" los pactos de gobierno que su formación selló con el PP en varias autonomías.

Tras visitar un campamento urbano en Torrejón (Madrid), donde ha anunciado que llevará al Senado una ley para ayudar a las familias a conciliar, Feijóo ha cargado duramente contra el Gobierno de Sánchez porque, a su entender, "lo único que hace es distribuir el problema y no solucionarlo".

En este sentido, el jefe de la oposición ha indicado desconocen cuál es la política migratoria del Gobierno cuando sería "imprescindible" tener "liderazgo" en un tema como éste. "Hay un problema de la falta de política migratoria del Gobierno", ha enfatizado, para denunciar "la improvisación permanente", "la falta de fondos" y que no se busque atajar "el problema en origen".

Tras asegurar que es Canarias está "en una situación excepcional", ha recalcado que "todas las comunidades autónomas, al menos las que gobierna el PP en solitario con Vox están cumpliendo sus obligaciones, que es la obligación de solidaridad". "Y vamos a seguir poniendo a disposición toda la capacidad instalada en centros de menores en todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Toda nuestra capacidad para acoger cualquier necesidad y cualquier contingente", ha enfatizado.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha insistido este viernes en que rechazarán la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados: "Nos plantamos y decimos que no".

En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, ha asegurado que no pueden apoyar una ley "que da todas las capacidades al Gobierno español para imponer un reparto y para sancionar a esa comunidad que no acepte esta imposición".

"Por lo tanto, nosotros sí, nos plantamos y decimos que no. Y Cataluña debe dejar de aceptar estas imposiciones que vienen por parte del Estado español. Como cualquier Estado, nosotros tenemos que poder decidir", ha añadido.

Tras reivindicar que Cataluña siempre ha demostrado su solidaridad, ha acusado al Gobierno de "abusar de esta capacidad y de esta solidaridad" del pueblo catalán. También cree que no tiene sentido que apoyen la ley cuando actualmente están negociando con el Gobierno "la delegación completa y plena" de las competencias y recursos en materia de inmigración.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este viernes que el reparto de menores migrantes "amenaza" los pactos de gobierno alcanzados con el PP en varias comunidades autónomas, por lo que ha pedido a los 'populares' "lealtad" para cumplir los acuerdos alcanzados en esta materia.

"Los gobiernos del cambio están amenazados por el intento de repartir inmigrantes ilegales en todas esas comunidades", ha indicado Abascal en una intervención tras el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) convocado durante esta jornada para abordar, entre otros asuntos, la reforma de la Ley de Extranjería que permitiría esa distribución.

En esta línea, ha avisado de que seguir esa línea contravendría "claramente" el "espíritu y la letra" de los pactos regionales. Las palabras de Abascal llegan después de conocerse que Vox no cierra la puerta a romper con el PP en las autonomías que cogobiernan si aceptan el reparto de menores migrantes.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado este viernes frente a la postura defendida por Vox sobre el reparto de menores migrantes que "lo mejor" que le puede pasar al PP es "romper" con los en las autonomías en las que cogobiernan con la formación que lidera Santiago Abascal.

"Es lo mejor que le puede pasar al PP, romper con esos gobiernos de Vox, porque yo creo que le ha generado una contradicción desde el primer momento", ha asegurado la ministra en una entrevista en La Sexta, sobre el aviso de Vox de romper con el PP en las autonomías en las que cogobiernan si aceptan la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados.

En este sentido, Redondo ha señalado que el "problema" es que "el PP está abducido por Vox, por todas estas cuestiones y debates que tienen que ver con la democracia, que tienen que ver con la Constitución, que tienen que ver con los derechos humanos y que tienen que ver con la solidaridad constitucional".

Asimismo, la ministra ha expuesto que, a su juicio, el PP "se sentirá incómodo permanentemente". Por ello, ha explicado que "hay que generar un espacio democrático y mantener a la extrema derecha fuera de ese espacio porque no lo comparte, no comparte los principios y valores democráticos".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes que llevará en septiembre al Senado --donde el Grupo Popular tiene mayoría absoluta-- una ley de familia y conciliación que incluía su programa electoral para ayudar a las familias con jornadas flexibles y bancos de horas. Según ha subrayado, espera que el PSOE no la "vete" después en el Congreso.

Feijóo ha hecho estas declaraciones en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz tras visitar el campamento urbano de la localidad acompañado por el alcalde de Torrejón, Alejandro Navarro, y de la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, Ana Alós.

En plenas vacaciones escolares, el presidente del PP ha admitido que la conciliación es un "problema objetivo" y ha señalado que hay "muchas familias" que tienen horarios que no son "compatibles" para conciliar con sus hijos y "no tienen abuelos o abuelas" que les puedan "ayudar". En este punto, ha dicho que necesitan que las administraciones públicas "se impliquen", como hace el ayuntamiento de Torrejón.

 "Y esperemos que no se vete por parte del Gobierno porque la familia, la conciliación y la natalidad son problemas reales de la sociedad española", ha resaltado.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha señalado que la acogida de menores migrantes no acompañados por parte de las comunidades autónomas es "cuestión de derechos humanos" y ha mostrado su rechazo a posiciones "ultraderechistas y xenófobas que condenan los principios democráticos".

Así se ha manifestado Bustinduy este viernes en una atención a medios en Carmona (Sevilla), preguntado por el planteamiento de Vox de romper con el PP en los gobiernos autonómicos que acepten el reparto de menores migrantes incluido en la reforma de la Ley de Extranjería. "Estamos hablando de niños, debe primar el interés superior del menor", ha aseverado, afeando las "estrategias políticas que utilizan a las personas más vulnerables como rehenes para conseguir sus fines".

Así, el ministro de Derechos Sociales ha exigido al Partido Popular que "salga de una vez de la fase de intentos constantes de deslegitimar a un Gobierno elegido democráticamente en las urnas, una actitud que lo único que ha hecho ha sido dar alas a posiciones ultraderechistas y xenófobas".

A este respecto, ha pedido a los 'populares' que "se comporten como un partido de oposición digno de ese nombre y que ratifiquen el compromiso con la protección de los derechos humanos de los niños", un compromiso que "debe ser firme y no negociable".

El PSIB ha acusado al PP de tratar de "lavarse la cara" con su apoyo al hecho de colgar la bandera LGTBI en el Parlament balear y ha animado a "salir a la calle" este viernes en las manifestaciones por el Día del Orgullo.

La diputada autonómica del PSIB, Amanda Fernández, ha mostrado de esta manera su apoyo al colectivo, aunque ha resaltado que sus derechos "se tienen que hacer efectivos y visibles durante todo el año".

La socialista ha recordado que el año pasado fue la primera vez, después de muchos años, que no se colgó esta bandera en la Cámara balear porque PP y Vox votaron en contra de esta iniciativa. Por ello, ha criticado que, mientras el PP ha dado apoyo a su despliegue este 2024, las políticas que "les acompañan son otras", ya que ha afirmado que los colectivos que organizan las actividades del Día del Orgullo les han trasladado que "no han tenido el apoyo de las instituciones".

"Este viernes es un día de celebración pero también de reivindicación porque queda mucho por hacer pero también por el miedo a que los derechos conseguidos retrocedan", ha alegado, a lo que ha añadido que el apoyo al colectivo se tiene que hacer desde todas las instituciones.

Vox ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que no aplique la ley de amnistía a los investigados por los disturbios atribuidos a la plataforma 'Tsunami Democràtic' al considerar que "los delitos investigados en este procedimiento no tienen correspondencia con el ámbito subjetivo y objetivo determinado" en la norma.

En un escrito, recogido por Europa Press, la formación insta de forma subsidiaria al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 a que, "ante la eventual duda que le pudiera surgir sobre la inaplicación de la norma indicada", plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea "continuando la instrucción del mismo hasta que recaiga resolución".

Cabe destacar que en la Audiencia Nacional el juez García Castellón investiga el supuesto papel de Tsunami en los disturbios que se produjeron tras la sentencia del Supremo que condenaba a los líderes del 'procés' separatista catalán en octubre de 2019.

El partido liderado por Santiago Abascal se refiere a una directiva europea que imposibilitaría la aplicación de la amnistía, en tanto que la misma "dice que los actos terroristas constituyen una de las violaciones más graves para el disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en los que se basa la Unión, así como uno de los ataques más graves contra la democracia y el Estado de Derecho".

El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el Real Decreto 1012/2022, de 5 de diciembre, que establecía la estructura orgánica de la Abogacía General del Estado, por no haber recabado el Gobierno informe del Consejo de Estado antes de aprobarlo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo subraya que "debió recabarse" informe del Consejo de Estado "con carácter previo a la aprobación del Real Decreto, al tratarse de una modificación extensa y sustancial de un reglamento dictado en ejecución de una ley".

En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el alto tribunal pone el foco sobre "la omisión de este trámite esencial" para decidir invalidar la norma, que también regulaba la inspección de los servicios jurídicos del Estado y dictaba normas sobre su personal.

Los magistrados, con Carlos Lesmes como ponente, estiman el recurso de un abogado del Estado en el que se denunciaba la omisión de trámites esenciales durante la tramitación del real decreto impugnado.

El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, ha presentado con os servicios jurídicos de Vox un recurso ante los tribunales solicitando que se ordene la retirada de la bandera LGTBI de la fachada del Parlament balear como medida cautelarísima.

Según han informado fuentes del partido, el escrito se ha presentado este viernes por la mañana ante los juzgados de lo Contencioso de Palma, después de que el Parlament haya colgado la bandera de una de sus ventanas de la fachada que da a la calle Conquistador. La enseña se retirará por la noche, como se ha hecho otros años, según han indicado desde el Parlament.

En el escrito ante el Juzgado, Le Senne --que aparece como promotor de la demanda como diputado de Vox-- recalca que la bandera arcoíris "no corresponde con las banderas institucionales que prevé la legislación". La decisión de colgar la bandera viene refrendada por un acuerdo de la Mesa a instancias de MÉS per Mallorca, con los votos a favor de PSOE y PP y en contra del único miembro de Vox, el presidente Le Senne.

En este sentido, el escrito de Le Senne al juez expone que su grupo parlamentario presentó una petición de reconsideración a ese acuerdo argumentando que "no es compatible con la normativa que rige la colocación de banderas en edificios públicos" y que por tanto el acuerod no debía ejecutarse.

El Partido Popular ha pedido este viernes "luchar" contra los prejuicios y ha señalado que la "discriminación y los delitos de odio siguen siendo una realidad", con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se celebra este 28 de junio.

"A pesar de los avances en materia de derechos LGTBI, la discriminación y los delitos de odio siguen siendo una realidad que nos preocupa y que debemos afrontar como individuos y como sociedad. Es nuestra responsabilidad, la de todos, luchar contra estos prejuicios y promover una cultura basada en el respeto y aceptación, en la normalización de lo que es normal", aseguran los 'populares' en un manifiesto.

En este sentido, el PP manifiesta su "compromiso" con "la igualdad, la inclusión y el respeto hacia todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad". "La diversidad enriquece a nuestra sociedad, ya que supone una fuente de fortaleza y creatividad. En nuestro país, la variedad de experiencias y caracteres personales contribuyen a un tejido social más vibrante y resiliente", explican.

Asimismo, recalca que defender la libertad "implica reivindicar el derecho de todas las personas a vivir con dignidad, autenticidad y sin temor a ser discriminadas". Además, a su juicio, los poderes públicos, en todos los niveles, han de velar "por asegurarlo y protegerlo". "Por eso reconocemos a quienes, con valentía, han luchado por existir plenamente, al igual que aquellos que han allanado el camino hacia un mundo más inclusivo", afirman.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este viernes que seguirá luchando "sin descanso" para "proteger y promover los derechos de las personas LGTBI+".

"España es un país orgullosamente libre. Este Gobierno seguirá luchando sin descanso para proteger y promover los derechos de las personas LGTBI+. ¡Feliz #Orgullo2024!", ha asegurado Sánchez en un mensaje en la red social X, donde ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con la protección y promoción de los derechos de las personas LGTBI+ en el Día Internacional del Orgullo.

La declaración del presidente del Gobierno se enmarca en la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, que se celebra este 28 de junio. Se trata de una jornada reivindicativa que busca visibilizar y defender los derechos de este colectivo.

Precisamente, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha celebrado el Orgullo en un mensaje en la misma red social, donde ha recalcado la necesidad de defender los derechos del colectivo LGTBI "cada día". "Feliz y reivindicativo #DiadelOrgullo. Los derechos del colectivo LGTBI hay que defenderlos cada día porque lamentablemente no están blindados, como vemos en las CCAA gobernadas por PP y Vox. Seguiremos trabajando para mejorar vuestras vidas", ha subrayado.

Las Cortes de Aragón presentarán ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, lo que ha acordado este jueves, 28 de junio, el Pleno del Parlamento, a propuesta de PP y VOX, votando a favor estos dos partidos y PAR y Aragón-Teruel Existe, y en contra el PSOE, CHA, Podemos e IU.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que ha intervenido al final del debate, ha espetado a los diputados socialistas que "lo que están haciendo es una verdadera traición al pueblo aragonés y a los españoles".

El portavoz del PP, Fernando Ledesma, ha afirmado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no ha actuado con "responsabilidad" y que la ley de amnistía supone "la renuncia al principio de igualdad" entre todos los españoles, mientras que el portavoz de VOX, Santiago Morón, ha aseverado que esta ley "pone en peligro la unidad de España y la igualdad entre todos los españoles".

La portavoz del PSOE, Mayte Pérez, ha cuestionado la legitimación de las Cortes de Aragón para interponer este recurso y ha considerado que la iniciativa de PP y VOX genera "confrontación". Ha preguntado "por qué Feijóo no toma la iniciativa".

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado este viernes que el Partido Popular apoyará una Ley de Extranjería "que cuente con el concurso" de las comunidades autónomas, "que sea razonable, objetiva" y que "responda al problema, no que lo engorde".

En una entrevista concedida a la Cadena SER, recogida por Europa Press, Sémper ha defendido que "una manera de frenar al populismo que se sustenta en las políticas migratorias es responder bien ante la inmigración", con el "criterio primero" de que se trata de seres humanos y, segundo, de ser capaces "de ofrecerles una vida posible en España".

"Si no lo hacemos bien, tendremos problemas y crecerá el populismo y el enfado de los ciudadanos. Ojo, esto es muy serio, la política migratoria no se puede despachar con un trazo grueso, y lo siento, yo no veo la política migratoria de este gobierno por ningún lado", ha manifestado.

En este contexto, al dirigente 'popular' no le preocupa la amenaza de VOX de romper coaliciones en función de lo que decida el Partido Popular en cuanto a la reforma de la Ley de Extranjería. "Nos preocupa la política migratoria", ha asegurado Borja Sémper, que ha manifestado que no se trata "de paquetes a los que distribuir por España como el que distribuye paquetería exprés".

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez, inscrito en el grupo Sumar, ha criticado la posición de Junts de exigir que Cataluña quede excluida de la acogida de menores migrantes no acompañados para no votar en contra de la reforma de la Ley de Extranjería.

"La extrema derecha sube por la incapacidad de las CCAA y los partidos de acoger a niños y adolescentes que huyen del hambre, la guerra, el odio y el cambio climático. No hay peros", ha manifestado a través de la red social 'X' para reprochar a Junts su posición insolidaria.

El argumento de Junts, según han explicado fuentes del partido, es que la formación está negociando con el Gobierno el traspaso a Cataluña de las competencias en materia de Inmigración y, por tanto, no pueden aceptar una norma que les obligaría a acoger un determinado número de menores.