Junqueras asistirá al Pleno del Congreso que aprobará la ley de amnistía

El Ministerio del Interior dispondrá desde este martes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de la cuarta sala para albergar a 162 personas solicitantes de asilo, según han informado fuentes del departamento que lidera Grande-Marlaska.

La Policía Nacional será quien disponga esta superficie de 500 metros cuadrados situada en la Terminal 1 del aeropuerto que acogerá en concreto a hombres mayores de edad, ha recogido Europa Press.

Este nuevo espacio se une a los tres ya existentes y amplía así en un 47% la superficie destinada al asilo en el aeropuerto hasta este momento. Las tres salas restantes están situadas en la Terminal 1, en la Terminal 2 y en la Terminal 4 Satélite y suman una superficie de 1.067 metros cuadrados.

Precisamente Interior ya anunció la pasada semana la apertura de esta cuarta sala asumiendo la limpieza de las mismas tras el abandono de Cruz Roja. Según han indicado las citadas fuentes, se realizan desinfecciones periódicas en las salas ya habilitadas y se ha realizado una limpieza integral del nuevo espacio que se abrirá este martes.

Hay exactamente 54 agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional y la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior distribuidos en turnos dedicados todos los días de la semana que se dedican a la realización de entervistas en el puesto fronterizo con la colaboración adicional de dos instructores de la Oficina de Asilo y Refugio, en funciones de coordinación y apoyo. En el mes de enero, hasta este lunes, se han tramitado 864 solicitudes de protección internacional.

Según ha apuntado el Ministerio, se continúa trabajando para evitar el uso fraudulento de las escalas en Madrid con destino a países que no requieren visado de entrada y que son utilizadas para tratar de entrar en España de manera irregular.

Junts prevé continuar este martes con la negociación de las enmiendas que mantienen vivas a la ley de amnistía, según han explicado fuentes de la formación a Europa Press, que han asegurado que "por ahora no hay acuerdo".

El pleno del Congreso debatirá y votará el mismo martes por la tarde la proposición de ley de amnistía que el PSOE registró en solitario tras pactarlo con Junts y ERC.

La Comisión de Justicia aprobó modificaciones pactadas y el texto salió adelante con el voto de las tres formaciones, aunque Junts cree que habría que eliminar por completo la excepción de los delitos de terrorismo, un punto que los socialistas aseguran que no quieren cambiar.

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha afirmado este lunes que "no hay sobre la mesa ningún cambio en la posición del PSOE sobre la votación" de enmiendas que salió de la Comisión de Justicia del Congreso.

Sin embargo, se ha negado a dar por definitivo ese texto, porque "lo que sí hay es tiempo y evidentemente en los partidos todos siguen hablando hasta que se celebre la votación".

Podemos registrará esta semana en el Parlamento su Ley de Familias, aumentando hasta 200 euros la prestación por crianza e incluyendo el permiso de ocho semanas de cuidado remunerado al cien por cien.

"Pensamos que es fundamental avanzar y, en ese sentido, pensamos que no se puede dilatar más la ley de familias que se desarrolló en la pasada legislatura por parte del Ministerio de Derechos Sociales, pero finalmente no se pudo aprobar", ha señalado la coportavoz de Podemos, Isa Serra, este lunes, en una rueda de prensa en la sede del partido. La ley impulsada por Ione Belarra quedó pendiente la pasada legislatura debido al adelanto electoral.

Entre las medidas que propone Podemos destaca aumentar la cuantía de la prestación por crianza hasta los 200 euros por hijo a cargo y "acelerar" su ampliación hasta que sea una ayuda universal en este año 2024, según ha informado Europa Press.

Además, plantean que el permiso de cuidados de ocho semanas para cuidado hasta que el hijo cumpla 8 años sea remunerado "al cien por cien" y no solo cuatro de las ocho semanas, tal y como propone Sumar. También sugieren ampliarlo al cuidado de personas mayores o cualquier persona que necesite cuidados.

Asimismo, desde Podemos proponen duplicar el permiso de crianza para las familias monoparentales para que tengan más meses de cuidado de los hijos a cargo.

"Estos son los elementos fundamentales que presentaremos en esa ley de familias que consideramos que es urgente en nuestro país para garantizar el reconocimiento por parte del Estado de la diversidad familiar y, sobre todo, la garantía del derecho al cuidado", ha subrayado Serra.

Los Estados miembros de la Unión Europea han aprobado este lunes la prórroga seis meses más de las sanciones económicas contra Rusia por la invasión militar de Ucrania, a un mes de cumplirse el segundo aniversario, según ha informado Europa Press.

Los Veintisiete han seguido el trámite previsto para mantener hasta al menos el 31 de julio de 2024 las medidas restrictivas contra Rusia por sus acciones desestabilizadoras contra Ucrania, un marco de sanciones que se aplicó por primera vez en 2014 tras la anexión ilegal de Crimea.

Fue en 2022 tras la invasión a gran escala de Ucrania cuando la UE respondió con el mayor abanico de sanciones nunca aprobadas por los Veintisiete que, de facto, ha recortado al mínimo las relaciones comerciales y políticas con Moscú.

Las sanciones afectan a un amplio espectro de medidas sectoriales, entre ellas restricciones al comercio, las finanzas, la tecnología y los bienes de doble uso, la industria, el transporte y los artículos de lujo.

También pesa un veto a la importación al crudo ruso transportado por vía marítima y determinados productos derivados del petróleo, además de la retirada en el sistema SWIFT de varios bancos rusos y la suspensión de las actividades de radiodifusión y las licencias en Europa de varios medios rusos vinculados al Kremlin.

Aparte de las medidas económicas, los Veintisiete mantiene a casi 2.000 personas y entidades en su 'lista negra' por estar vinculadas a los ataques a la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

El número de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha superado el umbral de los 26.600, según han afirmado este lunes las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista palestino.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado que "el balance de la agresión israelí ha aumentado a 26.637 mártires y 65.387 heridos desde el 7 de octubre", antes de destacar que "la ocupación israelí cometió catorce masacres durante las últimas 24 horas contra familias en la Franja de Gaza, causando 215 mártires y 300 heridos".

"Hay víctimas aún bajo los escombros o tiradas en las calles, ya que la ocupación impide a las ambulancias y al personal de Defensa Civil llegar a ellas", ha manifestado, al tiempo que ha denunciado que el Ejército de Israel "sigue estrechando el cerco al Hospital Al Naser y el Hospital al Amar", ambos situados en el sur de la Franja de Gaza, según ha informado Europa Press.

Así, ha recalcado que "esto paraliza las capacidades del sistema sanitario para salvar a los heridos a causa del cerco y la escasez de anestesia, estabilizadores de huesos y sangre para transfusiones". "Pedimos a las instituciones internacionales que intervengan rápidamente para proteger todos los hospitales, especialmente los de Jan Yunis, dado que están bajo ataques directos en estos momentos difíciles", ha destacado.

"Alrededor de dos millones de desplazados están expuestos a unas condiciones indescriptiblemente catastróficas ante la intensificación del invierno", ha lamentado, antes de criticar los "ataques sistemáticos, con una postura claramente política, contra Naciones Unidas y sus instituciones humanitarias", tras la suspensión de la financiación por parte de diez países a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) tras las acusaciones contra doce de sus trabajadores por su presunto papel en los ataques del 7 de octubre.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el papel de la plataforma Tsunami Democràtic en los disturbios posteriores a la sentencia del juicio del procés a los independentistas catalanes, ha incidido en un nuevo auto en que los hechos encajan en el delito de terrorismo y pone sobre la mesa hasta tres convenios internacionales para apuntalar su tesis, uno de ellos el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, firmado en Nueva York el 9 de diciembre de 1993.

Si la semana pasada el magistrado Manuel García Castellón sostenía que las heridas graves sufridas por dos agentes en los disturbios de octubre de 2019 eran "incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución, y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos" --algo que abre la puerta a excluir el caso de la ley de amnistía--, este lunes suma otros tres tratados a la ecuación.

Así, en su auto, recogido por Europa Press, en el que acuerda prorrogar otros seis meses la instrucción, también cita el artículo 1 del Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo y remarca que en sus anexos se contemplan dos convenios más. Uno relativo a los actos ilícitos dirigidos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971.

Sumar, Podemos e IU se han mostrado partidarios de que España eleve la financiación a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), después de que el Gobierno haya decidido mantenerla después de que varios países hayan retirado su apoyo económico.

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha celebrado la posición del Ejecutivo avanzada por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, de mantener su apoyo a la UNRWA y ha remarcado que su espacio es favorable sin ninguna duda a aumentarla si se puede.

Por otro lado, la coportavoz de Podemos, Isa Serra, se ha preguntado hasta cuándo va a permitir que Israel perpetre un "genocidio" en Gaza y ha censurado que varios gobiernos, como Estados Unidos, Italia o Canadá, entre otros, tomen una "acción vergonzosa" como es retirar la financiación a este organismo, que manda un mensaje de apoyo a Israel frente al pueblo palestino.

En la misma línea ha hablado la dirigente de la dirección federal de IU, Amanda Meyer, que ha denunciado que en Gaza se acomete un "genocidio televisado" sin que la comunidad internacional "haga nada por evitarlo".

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la prórroga por seis meses de la instrucción de la causa de Tsunami Democratic (TD) al faltar diligencias que practicar y estar pendientes el recurso ante la Sala de lo Penal, así como la decisión del Tribunal Supremo respecto a la exposición razonada elevada por el instructor.

En un auto, en el que también rechaza la expiración del plazo alegada por el investigado Josep Lluís Alay, García Castellón explica que prorroga la causa inicialmente hasta el 29 de julio, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas por periodos de seis meses o inferiores que pudieran acordarse si procediera antes de la finalización de ese plazo.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que su formación apoyará enmiendas que mantienen aún vivas los grupos catalanes a la ley de amnistía y critica que la prórroga de la instrucción sobre la presunta trama rusa del procés es una "muestra más" de la "ofensiva" del sector reaccionario del poder judicial para convertirse en un actor político.

Así lo ha expresado en rueda de prensa este lunes, tras ser cuestionado por la posición de su partido de cara a su posición de cara a la votación de mañana en el Congreso y, en particular, sobre esos cambios planteados por ERC y Junts que el PSOE rechaza aceptar. "Vamos a apoyar esas enmiendas. En torno a la amnistía hay evidentemente un debate democrático y lo que se trata aquí es si en España quien manda es la ciudadanía a través de sus representantes legítimamente elegidos en el Congreso, o si quien manda son los sectores reaccionarios del Poder Judicial", ha zanjado.

Es más, ha lanzado que precisamente lo que querría el PP es que fueran esos sectores judiciales de la judicatura los que finalmente decidan sobre la amnistía y se impongan "sobre la voluntad democrática de la ciudadanía".

Fernández ha respaldado también meter la cuestión del terrorismo en la ley, dado que hay jueces que están lo están utilizando por un "interés político" contra el independentismo