La vicepresidenta del Govern de Cataluña, Laura Vilagrà (ERC), ha expresado que trabajarán para que la ley de amnistía se apruebe lo antes posible "porque lo necesitan miles de personas, no solo las personas más famosas", es decir, los líderes del 'procés', tras el 'no' de Junts en el Congreso al texto actual. Tras remarcar que la proposición de ley ya es robusta, legítima y necesaria, Vilagrà ha señalado que el texto rechazado por Junts, que quiere ampliar el alcance de la amnistía para blindar a Carles Puigdemont, "cubría todos los casos".
"Lo que haremos el Govern de la Generalitat es trabajar, como siempre hemos hecho, con rigor y seriedad para que se apruebe lo antes posible, porque lo necesitan miles de personas, no solo las personas más famosas que siempre citamos, sino miles de personas", como activistas o alcaldes encausados por el 1-O, ha indicado en una entrevista este miércoles en RNE, recogida por Europa Press.
Para Vilagrà, con el voto en contra de Junts perdieron esas miles de personas acusadas o ya juzgadas y "ganaron los jueces", a los que ha acusado de actuar con clara intencionalidad política para intentar sabotear la ley. "No se puede jugar con fuego, ir a remolque, jugar al gato y al ratón con los jueces y con una ley tan importante como esta, que es evidente que era buena, que cubría todos los casos", ha indicado.
La vicepresidenta catalana ha criticado que haya jueces en el más alto nivel de la judicatura que se inventan acusaciones graves de terrorismo, del que --a su juicio-- "no hay ni un ápice en ninguna acción" del proceso independentista catalán. Sobre si ERC planteará algún cambio al volver la ley a la Comisión de Justicia, Vilagrà ha recordado que tenían algunas enmiendas vivas que van a intentar negociar, si bien ha insistido en que ya estaban satisfechos con el texto que se votó este martes.
La Junta Electoral de Galicia ha desestimado el recurso de Vox frente al plan de cobertura de la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) para las elecciones autonómicas del 18 de febrero, que no les otorgaba tiempos en los bloques informativos ni presencia en el debate que se celebrará el 5 de febrero.
El principal argumento que esgrime este órgano para justificar su decisión, en un acuerdo emitido este miércoles, 31 de enero, es que no reúne las condiciones de "grupo político significativo" en Galicia.
Vox solicitaba en su recurso que se le diese el mismo trato que a las coaliciones de Sumar y Podemos, que sí están incluidas en el plan de cobertura y en el debate --que será a cinco, junto a PP, BNG y PSdeG-- pese a ser fuerzas que no están representadas en el Parlamento autonómico.
La Junta Electoral de Galicia recuerda una resolución emitida hace escasos días y la doctrina de la Junta Electoral Central para insistir en que Vox no puede estar considerado como grupo político significativo porque no alcanzó la barrera del 5% en ninguna de las sucesivas citas con las urnas que hubo desde las últimas gallegas, en julio de 2020.
En concreto, el partido de Santiago Abascal obtuvo el 2,05% del voto en aquellas autonómicas, el 0,63% en las últimas municipales y el 4,87% en las generales de julio de 2023.
La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha asegurado que la ley de amnistía debería velar por los intereses de 4.000 "represaliados", en lugar de las 1.400 personas que prevé el texto que rechazó Junts en el Congreso este martes.
"Nuestro deber es trabajar para que sea para todos y la responsabilidad del PSOE debería de ser cumplir con lo que acordamos, que era que fuera una ley integral y de aplicación inmediata", ha sostenido en una entrevista de Cuatro recogida por Europa Press este miércoles.
En este sentido, ha asegurado que Junts trabaja "para que la ley dé cobertura a todo el mundo", al conjunto de personas que se han manifestado por la independencia de Cataluña o han trabajado para hacerla efectiva, en sus palabras.
"Tiene que salir esta ley porque así nos comprometimos y así serán nuestros votos efectivos en esta dirección", ha añadido Borràs, que ha afirmado que, a su juicio, una ley que empezaría mal no pueden tratar de mejorarla después.
El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, ha ganado tiempo este miércoles al convencer a la Mesa para posponer el trámite de su expulsión del Grupo Parlamentario Vox, a la espera de informes jurídicos, al tiempo que se ha alineado con PSIB y MÉS para acelerar una reforma exprés del reglamento de la Cámara con la que serían los cinco diputados díscolos quienes pasen a ser no adscritos.
La Mesa del Parlament ha abordado los escritos que presentó el lunes la portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, expulsando del grupo parlamentario a Le Senne y a la presidenta del partido en las Islas, Patricia de las Heras.
En el caso de Le Senne, su salida del grupo implicaría su cese como presidente. El reglamento establece que los miembros de la Mesa pierden tal condición al dejar de pertenecer a su grupo parlamentario. Inicialmente el cese de Le Senne se daba por hecho, pero este martes el presidente abría la puerta a una batalla legal anticipando que encargaría dos informes jurídicos: uno sobre la legalidad de su expulsión y otro sobre quién puede proponer candidatos a su relevo.
Su propuesta de no ejecutar la expulsión por el momento ha sido acordada por unanimidad en la Mesa, en la que también son parte PP y PSIB con dos miembros cada uno.
La portavoz de ERC en el Parlament, Marta Vilalta, ha destacado este miércoles la "necesidad imperiosa" de aprobar la ley de amnistía tras conocerse que el diputado de ERC y miembro de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, se haya instalado en Ginebra (Suiza) tras ser vinculado al Tsunami Democràtic.
Según ha dicho en rueda de prensa en el Parlament, el hecho de que Wagensberg esté en Suiza demuestra la necesidad de esta ley para "acabar con situaciones de impunidad en las que los jueces y diferentes poderes del Estado persiguen indiscriminadamente al independentismo".
La portavoz ha trasladado el apoyo del grupo parlamentario al diputado, así como "al resto de compañeros, al resto de personas que sufren la represión y esta persecución del Estado".
Vilalta ha afirmado que los episodios de ansiedad que sufre el diputado --que se encuentra de baja médica-- están "provocados por esta represión política que son consecuencia de esa injusticia que debe vivir en su propia piel".
La reunión entre el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para abordar la renovación del Consejo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya ha terminado.
El encuentro, en la sede de la Comisión Europea en Bruselas, ha arrancado en torno a las 15.00 horas y ha concluido hacia las 16.30. El comisario europeo ya ha abandonado el edificio sin hacer declaraciones sobre cómo ha ido el encuentro.
Bolaños y Pons, que han coincidido a su llegada y se han cruzado en la entrada del edificio y en el control de seguridad pero no se han saludado ante la prensa ni han intercambiado palabras, comparecerán ahora para dar cuenta de lo ocurrido.
La dirección nacional de Vox ha abierto un expediente disciplinario a los cinco diputados rebeldes en el Parlament balear que decidieron echaron del grupo parlamentario al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y a la presidenta del partido en las Islas, Patricia de las Heras, dando así inicio al proceso de expulsión.
Así lo ha explicado la portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, este miércoles después de la Junta de Portavoces, en la que ha asegurado que los cinco diputados presentarán alegaciones.
Por otra parte, ha explicado que su formación "acata" la decisión de la Mesa del Parlament y que esperarán a los informes solicitados. Sin embargo, ha criticado que Le Senne se "atrinchere" en su despacho y "no dude en negociar con quienes hasta hace poco calificaba de golpista", en referencia al PSIB.
Asimismo, ha respondido a quiénes los llaman "tránsfugas" remarcando que el transfuguismo "ataca las mayorías" y que "quién lo está haciendo es el presidente del Parlament que tiene secuestrada la Mesa pactando con los amigos de los terroristas".
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons ya se encuentran reunidos en la sede de la Comisión Europea, donde les estaba esperando el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que actuará como mediador para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Bolaños y Pons, los elegidos por el Gobierno y el PP para liderar esta negociación, han coincidido a su llegada y se han cruzado en la entrada del edificio y en el control de seguridad, pero no se han saludado ante las cámaras y los medios de comunicación y tampoco han intercambiado palabras. Ambos han llegado acompañados de sus equipos minutos antes de las 15 horas, cuando estaba previsto que comenzase el encuentro.
Al ser cuestionado sobre lo que espera de este encuentro, Bolaños ha pedido esperar a que se desarrolle para dar explicaciones posteriormente. "Vamos a mantener la reunión y después ya hablamos y os cuento", ha indicado el ministro.
Bolaños y Pons ya coincidieron en el mismo vuelo de Madrid a Bruselas, este martes por la noche, después del pleno en el Congreso de los Diputados en el que Junts tumbó la aprobación de la ley de amnistía, y tampoco se produjo intercambio de palabras alguno entre los dos.
El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper, ha puesto en duda este miércoles que el Gobierno de Pedro Sánchez tenga voluntad de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha exigido "garantías suficientes de que habrá al mismo tiempo una reforma legal del sistema para que los jueces elijan a los jueces.
Así se ha pronunciado antes de la reunión que esta tarde mantendrán en Bruselas el comisario de Justicia, Didier Reynders, con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y vicesecretario de Institucional de partido, Esteban González Pons, para intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Sémper ha defendido pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y "al mismo tiempo pactar un método de elección que respete la separación de poderes". "Nosotros tenemos voluntad de empezar de cero y llegar a buen puerto. Cabe conocer cuál es la voluntad del Partido Socialista y, sinceramente, les tengo que adelantar que tenemos dudas", ha admitido.
En este sentido, ha indicado que lo que pretende y busca su partido es la "despolitización de la Justicia, de manera que los jueces elijan a los jueces sobre criterios profesionales y no sobre criterios políticos". "Lo que queremos es que no haya más puertas giratorias en la Justicia", ha dicho, aludiendo a los nombramientos de los exministros de Justicia Dolores Delgado y Juan Carlos Campos en la Fiscalía y en el Tribunal Constitucional.
Nueve vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han solicitado al presidente interino, Vicente Guilarte, que convoque un Pleno extraordinario para realizar un pronunciamiento oficial tras las acusaciones lanzadas el martes por varios diputados contra jueces y magistrados durante la sesión parlamentaria en la que se debatió y rechazó el actual texto de la proposición de ley de amnistía.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, reclaman un "pronunciamiento sobre las declaraciones vertidas ayer, 30 de enero, en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados, por oradores de varios grupos parlamentarios ante la aquiescencia y mutismo de la señora presidenta", Francina Armengol.
Durante el Pleno de la Cámara Baja, diputados de Junts, Podemos y Sumar aludieron al magistrado del Tribunal Supremo (TS) Manuel Marchena, presidente del tribunal que juzgó y condenó el procés; al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga Tsunami Democràtic; y al titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que indaga en el caso Voloh.
La comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) ha aprobado este miércoles una enmienda para defender que las nuevas reglas de la Unión Europea contra la corrupción incluyan la prohibición para los Estados miembro de conceder indultos o amnistías por delitos de malversación.
El texto ha salido adelante con 43 votos a favor, 17 en contra y 6 abstenciones, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, y se someterá a votación del pleno en su segunda sesión de febrero, entre los días 26 y 29, para su adopción definitiva.
El texto que resulte de la votación en sesión plenaria será el mandato negociador que marque las líneas rojas del Parlamento Europeo en la negociación con el Consejo (gobiernos) para la reforma con la que la Unión Europea quiere endurecer las normas para los delitos de corrupción.