Sigue en directo en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este martes 9 de julio:
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El greenwhasing es considerado una práctica desleal, que acarrea sanciones económicas de peso para las compañías que incurren en este tipo de prácticas. Es dañino para los consumidores y también perjudica a aquellas empresas que realmente han implementado prácticas sostenibles. En Europa varios países ya han atajado con normativa propia el greenwashing y han impuesto sanciones específicas y prohibiciones a empresas. En España también hay causas abiertas pendientes de resolución. Este martes, el Colegio de la Abogacía de Madrid acogió el Foro de Expertos Confilegal, titulado Greenwashing: consecuencias de la nueva directiva europea, centrado en el impacto que tendrá esa norma para proteger a los consumidores de prácticas desleales en la transición ecológica. Durante el acto todos los expertos reconocieron que es importante poner cuanto antes medidas que permitan avanzar en la regulación y terminar con el greenwashing. La mesa de expertos estuvo compuesta por la abogada asociada sénior de ESG de Herbert Smith Freehills, Leonnie Timmers, el miembro de Creatives for the Future, Nico Ordozgoiti, la periodista de Efe verde Marta Montojo, y el director de Consumidor Global, Alejandro Tercero.
Leonnie Timmers admitió que "en Europa nos gusta mucho regular", y que por eso ya existe una abundante legislación sobre la materia. Sin embargo, las normas incluyen nuevas obligaciones que, a su juicio, son fundamentales: la prohibición de omitir información material o de publicar aquella que no sea verdadera, la obligación de respaldar las informaciones sobre sostenibilidad basándose en datos, o el añadido de un listado con prácticas desleales. Timmers confía en la legislación, pues al aumentar los requisitos "cada vez es más difícil hacer greenwashing". Por su parte, Ordozgoiti apuntó que hoy en día "ya no es tan fácil vender la moto al consumidor", y engañar a la sociedad podría perjudicar a la empresa responsable. Las grandes marcas y la publicidad ejercen a su modo de ver una importante influencia social. Por tanto, no tiene sentido que estas vayan rezagadas con respecto a la legislación, sino que deberían adelantarse a la misma".
La normativa hasta ahora vigente ha resultado insuficiente, pues en los últimos 20 años apenas se han retirado unas pocas campañas de publicidad engañosa en materia de sostenibilidad medioambiental. Es por esto que Marta Montojo se mostró optimista con la nueva regulación, pues para ella "hay mucho greensawhing" en la actualidad. La periodista comentó se muestra positiva con respecto a la sociedad, asegurando que percibe una "respuesta y concienciación social". Pero Alejandro Tercero no cree que la situación sea tan positiva. Cuando Berbell le preguntó si para existe realmente una conciencia ciudadana sobre el greenwashing, Alejandro Tercero afirmó que los consumidores "no están especialmente concienciados".
Un grupo de eurodiputados, entre los que se encuentran los representantes de Sumar, Bildu, Podemos y BNG, han pedido al Ministerio del Interior que conceda permiso de entrada en España a dos jóvenes saharauis, retenidos en el aeropuerto de Barajas (Madrid).
Así lo exponen a través de una misiva, impulsada por la cabeza de lista de Sumar al 9J Estrella Galán, para alertar de que estos dos jóvenes, según las informaciones publicadas, han pedido asilo en España y corren riesgo de ser deportados.
La misiva detallan que ambos jóvenes han alertado a las autoridades españolas que su integridad física si son deportados a Marruecos y recuerda, también, que diversas ONGs han denunciado violación de derechos humanos en los territorios saharauis "ocupados".
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha afirmado que Sumar ha presentado al PSOE un documento de propuestas en materia de regeneración democrática y ahora trabajan conjuntamente en el paquete de iniciativas que se presentará la semana que viene.
Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación, tras asistir a la visita al Congreso de niños saharauis y sus familias de acogida que participan en el programa 'Vacaciones en paz'.
Díaz ha manifestado que, por parte de Sumar, están tomando la batuta en este asunto el portavoz de la formación y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el dirigente de IU y portavoz de Justicia del grupo parlamentario, Enrique Santiago.
Así, ha comentado que hace poco tiempo Sumar presentó un documento extenso en esta materia y considera que existe una gran mayoría para avanzar en materia de regeneración democrática.
El periodista Carlos Franganillo ha resultado ganador de la XLI edición del Premio de Periodismo (APE) 'Francisco Cerecedo', que otorga la Asociación de Periodistas Europeos bajo el patrocinio del BBVA, y que está dotado con 24.000 euros de premio y una medalla diseñada por el escultor Julio López Hernández.
El jurado, según señala la Asociación de Periodistas Europeos en una nota de prensa, ha destacado de Carlos Franganillo su trayectoria como "referencia del periodismo televisivo en España", así como "su independencia, rigor, capacidad para innovar los formatos periodísticos de la televisión y su vocación por el reporterismo".
Además, ha valorado "su destreza para trasladar hechos complejos de la actualidad nacional e internacional a grandes audiencias y su capacidad para inspirar a nuevas generaciones de periodistas".
Los magistrados del Tribunal Supremo (TS) que juzgaron el 'procés' se reunirán mañana para debatir si cabe aplicar la ley de amnistía a los condenados en esta causa por desórdenes públicos; es decir, al expresidente de la ANC Jordi Sànchez, al expresidente de Òmnium Jordi Cuixart, a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y a los exconsejeros Josep Rull y Joaquim Forn. Al tener todos las penas extingidas, el tribunal estudiará si procede o no borrar sus antecedentes penales.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press confirman que los magistrados deliberarán después de haberse pronunciado el pasado 1 de julio sobre la aplicación de la amnistía a los condenados por malversación y desobediencia: el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull.
En sus casos, el tribunal rechazó amnistiar la malversación, pero vio amnistiable la desobediencia. No obstante, ante las dudas que tiene sobre la legalidad de la ley de amnistía, dio 10 días a defensas y acusaciones para que se pronunciasen sobre si veían pertinente consultar al Tribunal Constitucionalidad por la redacción de la norma sobre la desobediencia.
Sumar ha solicitado explicaciones al Gobierno por la compra de material armamentístico a Israel, después de que un informe cuantifique adquisiciones por un valor superior a los 1.000 millones de euros.
Así lo trasladado el grupo plurinacional en una batería de preguntas parlamentarias suscritas por sus diputados Enrique Santiago (IU), Engracia Rivera (IU), Tesh Sidi (Más Madrid), Fèlix Alonso y Gerardo Pisarrello (Comunes).
En sus iniciativas, dirigidas a varios departamentos ministeriales, los parlamentarios de Sumar critican "graves contradicciones" entre las explicaciones de compraventa de armas con Israel con los informes externos independientes.
Con ello, aluden al informe del Centre Delàs d'estudis per la pau, que determina que España ha concedido contratos valorados en 1.027 millones de euros a empresas israelíes y sus filiales en nuestro país desde el 7 de octubre, cuando comenzó la ofensiva de Israel contra Palestina.
Agentes del Policía Nacional han detenido este martes al productor musical Nacho Cano por contratar presuntamente a inmigrantes en situación irregular para su musical Malinche en Madrid, según han informado a Europa Press fuentes policiales.
En concreto, se le acusa de un presunto delito contra los derechos de la población inmigrante y otro contra los derechos de los trabajadores. Tras tomarle declaración este martes, ha quedado en libertad con cargos a la espera de una citación judicial. El antiguo miembro de Mecano habría contratado presuntamente a inmigrantes en situación irregular para el musical que representa en la capital desde el pasado 2022.
Nacho Cano recibió en 2021 la Gran Cruz del 2 de Mayo de la Comunidad de mano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que la reducción de jornada que el Ministerio de Trabajo y Economía Social quiere "imponer" supondrá "regalar" por decreto casi 12 días de vacaciones pagadas al año a cada trabajador. "Las empresas hemos aguantado el tirón y merecemos un respeto", ha aseverado Garamendi al cierre de la Asamblea de la CEOE de 2024, donde ha acusado al Ministerio de Trabajo y Economía Social de cambiar las "reglas del juego".
Así, ha vuelto a reprochar a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que quiera imponer una reducción de jornada y llevar el tiempo de trabajo de las 40 horas semanales a las 37,5 horas, aunque ha reconocido que CEOE "sigue dispuesta" a negociar, pero eso no significa tener que decir "siempre" que sí.
"No hay nada mas democrático que decir sí cuando quieres decir que sí y no cuando quieres decir que no", ha expuesto, a la vez que ha indicado que lo contrario "no es democracia". "Seguimos dispuestos a sentarnos en todas las mesas de diálogo que hagan falta como hemos hecho estos 40 años, pero eso no es aceptar ultimátums", ha recalcado.
La Audiencia Nacional ha acordado preguntar a las partes personadas en la causa de los CDR si procede presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca de la posible aplicación de la ley de amnistía ante las dudas de los magistrados de que esta norma pueda contravenir "gravemente" el derecho comunitario y que pueda suponer "una infracción patente" del mismo.
En un auto, recogido por Europa Press, los magistrados, sin entrar en el fondo del asunto y respondiendo a una cuestión de previo pronunciamiento, explican que en la causa de los CDR se investigan hechos que las acusaciones han tipificado como doce delitos de pertenencia a organización terrorista, ocho de tenencia, depósito, así como fabricación de sustancia o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista y otros ocho de estragos de carácter terrorista en grado de tentativa.
Fue en noviembre de 2023 cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la conclusión de sumario acordada por el juez instructor Manuel García Castellón y abrió juicio oral contra los 12 miembros de los denominados CDR procesados por pertenencia a organización terrorista.
Los magistrados de la Sección Tercera avalaban así la decisión adoptada el pasado octubre de 2023 por García Castellón contra los presuntos miembros de un núcleo radical de los CDR que estaban dispuestos a usar la violencia para conseguir la independencia de Cataluña.
La Fiscalía pidió sentar en el banquillo a Eduard Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Delgado por delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito o fabricación de explosivos; y estragos, este último en grado de tentativa. Respecto a los demás procesados, el Ministerio Fiscal señaló a Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero únicamente por el delito de pertenencia a organización terrorista.
El Gobierno ha identificado a doce cadáveres enterrados en el Valle de Cuelgamuros, antes conocido como El Valle de los Caídos, y en las próximas semanas identificarán a cinco más, de los más de 33.000 personas que están enterrados en este lugar. Así lo ha anunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
"Hemos podido identificar ya a 12 personas con respecto a quienes son y se les ha comunicado a sus familiares y adelanto también que las próximas semanas serán 5 más las que ya han sido identificadas", ha asegurado, antes de detallar que en el lugar hay 33.800 cadáveres, de los cuales 22.000 pertenecen al Bando Nacional y 12.000 del Bando Republicano.
El ministro ha asegurado que en "apenas año y pico" han pasado de tener 60 peticiones de familiares para exhumar los restos de algún miembro a recibir 170 peticiones. "Los restos que llegaban al Valle de los Caídos del Bando Nacional venían en cajas individuales, con el nombre de la persona, que eran extraídos de los cementerios y comunicados a la familia. Sin embargo, los restos del Bando Republicano venían muchos de ellos en una misma caja, hasta 10-12 personas, con huesos mezclados, que venían de fosas comunes o cementerios militares y que no se les comunicaba a la familia", ha indicado.