El Gobierno pide al PP "altura de miras y responsabilidad" para llegar a un pacto sobre menores migrantes

El greenwhasing es considerado una práctica desleal, que acarrea sanciones económicas de peso para las compañías que incurren en este tipo de prácticas. Es dañino para los consumidores y también perjudica a aquellas empresas que realmente han implementado prácticas sostenibles. En Europa varios países ya han atajado con normativa propia el greenwashing y han impuesto sanciones específicas y prohibiciones a empresas. En España también hay causas abiertas pendientes de resolución. Este martes, el Colegio de la Abogacía de Madrid acogió el Foro de Expertos Confilegal, titulado Greenwashing: consecuencias de la nueva directiva europea, centrado en el impacto que tendrá esa norma para proteger a los consumidores de prácticas desleales en la transición ecológica. Durante el acto todos los expertos reconocieron que es importante poner cuanto antes medidas que permitan avanzar en la regulación y terminar con el greenwashing. La mesa de expertos estuvo compuesta por la abogada asociada sénior de ESG de Herbert Smith Freehills, Leonnie Timmers, el miembro de Creatives for the Future, Nico Ordozgoiti, la periodista de Efe verde Marta Montojo, y el director de Consumidor Global, Alejandro Tercero.

Leonnie Timmers admitió que "en Europa nos gusta mucho regular", y que por eso ya existe una abundante legislación sobre la materia. Sin embargo, las normas incluyen nuevas obligaciones que, a su juicio, son fundamentales: la prohibición de omitir información material o de publicar aquella que no sea verdadera, la obligación de respaldar las informaciones sobre sostenibilidad basándose en datos, o el añadido de un listado con prácticas desleales. Timmers confía en la legislación, pues al aumentar los requisitos "cada vez es más difícil hacer greenwashing". Por su parte, Ordozgoiti apuntó que hoy en día "ya no es tan fácil vender la moto al consumidor", y engañar a la sociedad podría perjudicar a la empresa responsable. Las grandes marcas y la publicidad ejercen a su modo de ver una importante influencia social. Por tanto, no tiene sentido que estas vayan rezagadas con respecto a la legislación, sino que deberían adelantarse a la misma".

La normativa hasta ahora vigente ha resultado insuficiente, pues en los últimos 20 años apenas se han retirado unas pocas campañas de publicidad engañosa en materia de sostenibilidad medioambiental. Es por esto que Marta Montojo se mostró optimista con la nueva regulación, pues para ella "hay mucho greensawhing" en la actualidad. La periodista comentó se muestra positiva con respecto a la sociedad, asegurando que percibe una "respuesta y concienciación social". Pero Alejandro Tercero no cree que la situación sea tan positiva. Cuando Berbell le preguntó si para existe realmente una conciencia ciudadana sobre el greenwashing, Alejandro Tercero afirmó que los consumidores "no están especialmente concienciados".

Un grupo de eurodiputados, entre los que se encuentran los representantes de Sumar, Bildu, Podemos y BNG, han pedido al Ministerio del Interior que conceda permiso de entrada en España a dos jóvenes saharauis, retenidos en el aeropuerto de Barajas (Madrid).

Así lo exponen a través de una misiva, impulsada por la cabeza de lista de Sumar al 9J Estrella Galán, para alertar de que estos dos jóvenes, según las informaciones publicadas, han pedido asilo en España y corren riesgo de ser deportados.

La misiva detallan que ambos jóvenes han alertado a las autoridades españolas que su integridad física si son deportados a Marruecos y recuerda, también, que diversas ONGs han denunciado violación de derechos humanos en los territorios saharauis "ocupados".

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha afirmado que Sumar ha presentado al PSOE un documento de propuestas en materia de regeneración democrática y ahora trabajan conjuntamente en el paquete de iniciativas que se presentará la semana que viene.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación, tras asistir a la visita al Congreso de niños saharauis y sus familias de acogida que participan en el programa 'Vacaciones en paz'.

Díaz ha manifestado que, por parte de Sumar, están tomando la batuta en este asunto el portavoz de la formación y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el dirigente de IU y portavoz de Justicia del grupo parlamentario, Enrique Santiago.

Así, ha comentado que hace poco tiempo Sumar presentó un documento extenso en esta materia y considera que existe una gran mayoría para avanzar en materia de regeneración democrática.

El periodista Carlos Franganillo ha resultado ganador de la XLI edición del Premio de Periodismo (APE) 'Francisco Cerecedo', que otorga la Asociación de Periodistas Europeos bajo el patrocinio del BBVA, y que está dotado con 24.000 euros de premio y una medalla diseñada por el escultor Julio López Hernández.

El jurado, según señala la Asociación de Periodistas Europeos en una nota de prensa, ha destacado de Carlos Franganillo su trayectoria como "referencia del periodismo televisivo en España", así como "su independencia, rigor, capacidad para innovar los formatos periodísticos de la televisión y su vocación por el reporterismo".

Además, ha valorado "su destreza para trasladar hechos complejos de la actualidad nacional e internacional a grandes audiencias y su capacidad para inspirar a nuevas generaciones de periodistas".

Los magistrados del Tribunal Supremo (TS) que juzgaron el 'procés' se reunirán mañana para debatir si cabe aplicar la ley de amnistía a los condenados en esta causa por desórdenes públicos; es decir, al expresidente de la ANC Jordi Sànchez, al expresidente de Òmnium Jordi Cuixart, a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y a los exconsejeros Josep Rull y Joaquim Forn. Al tener todos las penas extingidas, el tribunal estudiará si procede o no borrar sus antecedentes penales.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press confirman que los magistrados deliberarán después de haberse pronunciado el pasado 1 de julio sobre la aplicación de la amnistía a los condenados por malversación y desobediencia: el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull.

En sus casos, el tribunal rechazó amnistiar la malversación, pero vio amnistiable la desobediencia. No obstante, ante las dudas que tiene sobre la legalidad de la ley de amnistía, dio 10 días a defensas y acusaciones para que se pronunciasen sobre si veían pertinente consultar al Tribunal Constitucionalidad por la redacción de la norma sobre la desobediencia.

Sumar ha solicitado explicaciones al Gobierno por la compra de material armamentístico a Israel, después de que un informe cuantifique adquisiciones por un valor superior a los 1.000 millones de euros.

Así lo trasladado el grupo plurinacional en una batería de preguntas parlamentarias suscritas por sus diputados Enrique Santiago (IU), Engracia Rivera (IU), Tesh Sidi (Más Madrid), Fèlix Alonso y Gerardo Pisarrello (Comunes).

En sus iniciativas, dirigidas a varios departamentos ministeriales, los parlamentarios de Sumar critican "graves contradicciones" entre las explicaciones de compraventa de armas con Israel con los informes externos independientes.

Con ello, aluden al informe del Centre Delàs d'estudis per la pau, que determina que España ha concedido contratos valorados en 1.027 millones de euros a empresas israelíes y sus filiales en nuestro país desde el 7 de octubre, cuando comenzó la ofensiva de Israel contra Palestina.

Agentes del Policía Nacional han detenido este martes al productor musical Nacho Cano por contratar presuntamente a inmigrantes en situación irregular para su musical Malinche en Madrid, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

En concreto, se le acusa de un presunto delito contra los derechos de la población inmigrante y otro contra los derechos de los trabajadores. Tras tomarle declaración este martes, ha quedado en libertad con cargos a la espera de una citación judicial. El antiguo miembro de Mecano habría contratado presuntamente a inmigrantes en situación irregular para el musical que representa en la capital desde el pasado 2022.

Nacho Cano recibió en 2021 la Gran Cruz del 2 de Mayo de la Comunidad de mano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que la reducción de jornada que el Ministerio de Trabajo y Economía Social quiere "imponer" supondrá "regalar" por decreto casi 12 días de vacaciones pagadas al año a cada trabajador. "Las empresas hemos aguantado el tirón y merecemos un respeto", ha aseverado Garamendi al cierre de la Asamblea de la CEOE de 2024, donde ha acusado al Ministerio de Trabajo y Economía Social de cambiar las "reglas del juego".

Así, ha vuelto a reprochar a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que quiera imponer una reducción de jornada y llevar el tiempo de trabajo de las 40 horas semanales a las 37,5 horas, aunque ha reconocido que CEOE "sigue dispuesta" a negociar, pero eso no significa tener que decir "siempre" que sí.

"No hay nada mas democrático que decir sí cuando quieres decir que sí y no cuando quieres decir que no", ha expuesto, a la vez que ha indicado que lo contrario "no es democracia". "Seguimos dispuestos a sentarnos en todas las mesas de diálogo que hagan falta como hemos hecho estos 40 años, pero eso no es aceptar ultimátums", ha recalcado.

La Audiencia Nacional ha acordado preguntar a las partes personadas en la causa de los CDR si procede presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca de la posible aplicación de la ley de amnistía ante las dudas de los magistrados de que esta norma pueda contravenir "gravemente" el derecho comunitario y que pueda suponer "una infracción patente" del mismo.

En un auto, recogido por Europa Press, los magistrados, sin entrar en el fondo del asunto y respondiendo a una cuestión de previo pronunciamiento, explican que en la causa de los CDR se investigan hechos que las acusaciones han tipificado como doce delitos de pertenencia a organización terrorista, ocho de tenencia, depósito, así como fabricación de sustancia o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista y otros ocho de estragos de carácter terrorista en grado de tentativa.

Fue en noviembre de 2023 cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la conclusión de sumario acordada por el juez instructor Manuel García Castellón y abrió juicio oral contra los 12 miembros de los denominados CDR procesados por pertenencia a organización terrorista.

Los magistrados de la Sección Tercera avalaban así la decisión adoptada el pasado octubre de 2023 por García Castellón contra los presuntos miembros de un núcleo radical de los CDR que estaban dispuestos a usar la violencia para conseguir la independencia de Cataluña.

La Fiscalía pidió sentar en el banquillo a Eduard Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Delgado por delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito o fabricación de explosivos; y estragos, este último en grado de tentativa. Respecto a los demás procesados, el Ministerio Fiscal señaló a Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero únicamente por el delito de pertenencia a organización terrorista.

El Gobierno ha identificado a doce cadáveres enterrados en el Valle de Cuelgamuros, antes conocido como El Valle de los Caídos, y en las próximas semanas identificarán a cinco más, de los más de 33.000 personas que están enterrados en este lugar. Así lo ha anunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Hemos podido identificar ya a 12 personas con respecto a quienes son y se les ha comunicado a sus familiares y adelanto también que las próximas semanas serán 5 más las que ya han sido identificadas", ha asegurado, antes de detallar que en el lugar hay 33.800 cadáveres, de los cuales 22.000 pertenecen al Bando Nacional y 12.000 del Bando Republicano.

El ministro ha asegurado que en "apenas año y pico" han pasado de tener 60 peticiones de familiares para exhumar los restos de algún miembro a recibir 170 peticiones. "Los restos que llegaban al Valle de los Caídos del Bando Nacional venían en cajas individuales, con el nombre de la persona, que eran extraídos de los cementerios y comunicados a la familia. Sin embargo, los restos del Bando Republicano venían muchos de ellos en una misma caja, hasta 10-12 personas, con huesos mezclados, que venían de fosas comunes o cementerios militares y que no se les comunicaba a la familia", ha indicado.

El juez que investiga a Begoña Gómez ha acordado tomar declaración al empresario Juan Carlos Barrabés en el juzgado y no en el hospital en el que estaba ingresado dado que ya ha sido dado de alta. De esta forma, su testifical no se realiza como prueba preconstituida y por lo tanto la esposa del presidente del Gobierno no tendría que asistir a la misma de forma presencial.

Así lo confirman a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que apuntan que el magistrado titular del juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha recibido de la gerencia del centro hospitalario en el que se encontraba ingresado confirmación de que el paciente ha sido dado de alta.

Peinado mantiene la declaración para el próximo lunes, 15 de julio, a las 10.00 horas, en la sede de los juzgados de Plaza de Castilla.

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha urgido a las fuerzas política a renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Genero ante los datos "absolutamente escandalosos de 21 mujeres muertas" en lo que va de año y ha pedido al presidente del PP, Albero Núñez Feijóo, que rompa con Vox.

"Es una necesidad que podamos hacer esa renovación del pacto", ha argumentado la portavoz en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en la que ha recordado que "todas las fuerzas políticas saben que hay una única que niega una realidad tan vil como la violencia machista, una violencia que asesina a las mujeres por el hecho de ser mujeres".

Ha recordado, no obstante, que es el partido político que gobierna en cinco comunidades autónomas en 140 ayuntamientos con el Partido Popular y considera que "hay motivos más que de sobra y suficientes para que de una vez el señor Feijóo rompa con la ultraderecha en este país".

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado este martes que las CCAA de su partido acudirán a la Conferencia Sectorial con la propuesta de que puedan "atender a los menores hasta el límite de su capacidad", pero ha esbozado una serie de condiciones como "fondo de contingencia con dinero suficiente para dotar a las comunidades autónomas de medios personales, materiales, técnicos y económicos para abordar la grave situación de los menores".

"La posición del PP se concreta en lo siguiente, solidaridad toda, chantajes ninguno. Y ésta es, precisamente, la posición que llevará el Partido Popular mañana a la Conferencia Sectorial que el Gobierno ha convocado a rastras para abordar la situación cada vez más preocupante de la inmigración y de los menores no acompañados", ha manifestado Sémper en una rueda de prensa en la sede del PP, alertando que se necesitan esos medios para que no se generen problemas de inseguridad.

Después de que Vox haya avisado al PP que dará por rotos los pactos autonómicos si no evita ese reparto de menores migrantes, Sémper ha indicado que el PP es un "partido de Estado y ha rechazado las "amenazas" de la formación de Santiago Abascal, asegurando que no les "impresionan los órdagos de Vox".

Al ser preguntado si hay riesgo de real de ruptura de esos gobiernos con Vox, Sémper ha recalcado que la posición del PP es la de la "sensatez" y "los órdagos y la amenazas no funcionan" con su formación.

La juez del Tribunal Supremo a cargo de la instrucción del 'caso Tsunami Democràtic' ha acordado el archivo de la causa penal abierta por terrorismo contra el expresidente catalán Carles Puidemont y el diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg.

La magistrada Susana Polo ha adoptado esta decisión tras recibir el auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón archivó la causa de 'Tsunami Democràtic', después de que la Sala de lo Penal invalidara todas las diligencias acordadas por el instructor en los últimos tres años porque el juzgado prorrogó la investigación el 30 de julio de 2021, 24 horas fuera de plazo.

El Gobierno ha hecho un llamamiento directo al Partido Popular para que pacte una reforma de la ley de extranjería que fije el reparto de menores migrantes entre comunidades a través de una reforma de la ley de extranjería.

La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, solicitaron "altura de miras, responsabilidad y solidaridad" al PP tras la reunión del Consejo de Ministros de cara a la cita de la Conferencia Sectorial de este miércoles.

El Gobierno reconoció que la modificación legal, pactada entre Moncloa y Canarias, sólo puede salir con los votos de los populares, ya que descartan que Junts acceda a entrar en el acuerdo. 

Por eso, los ministros apelaron a los derechos humanos y a la solidaridad para cerrar un acuerdo. A la vez que Pilar Alegría volvió a exigir a los populares que rompan sus acuerdos con la ultraderecha.

Informa Antonio Ruiz Valdivia.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto de ley orgánica que modifica la Ley Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) en materia de tráfico, después de que el Tribunal Supremo anulara el traspaso de competencias aprobado a través de un real decreto en 2023, al entender que "no era el mecanismo legislativo adecuado". El siguiente paso será remitir el texto a las Cortes Generales para su aprobación definitiva.

Así lo ha explicado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha destacado que el alto tribunal consideró que un real decreto no era el instrumento "para dar una competencia a una comunidad que no la tenía regulada en su estatuto autonómico" ni las funciones o servicios prestados por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

En este sentido, Torres ha señalado que tras el fallo del Supremo el Ejecutivo ha acatado la sentencia y se ha puesto a trabajar junto al gobierno de Navarra "en llegar a un acuerdo consensuado". Así, ha detallado que la Comisión Negociadora culminó ese trabajo el pasado 23 de abril, que acordó modificar la Lorafna.

El ministro ha puesto en valor que la reforma fue aprobada por el Parlamento Navarro el pasado 23 de mayo "con un amplio apoyo, una mayoría más que absoluta, de 45 votos de 50". El PPN y Vox votaron en contra.

El Gobierno ha aprobado prorrogar un año el plazo para que hijos y nietos de exiliados españoles puedan solicitar la nacionalidad española. La Ley de Memoria Democrática del año 2022 prevé un plazo para la solicitud de la nacionalidad que vence en octubre de 2024 y que va a ser prorrogado. Hasta el momento se han presentado 30.000 solicitudes.

Así lo ha explicado el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, quien ha justificado la prórroga en la necesidad de "dar más tiempo" y ha recordado, además, que la ley ya preveía la posibilidad de ampliar los plazos. El ministro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se ha mostrado convencido de que la prórroga es una "magnífica noticia" que "será aplaudida por los españoles que vuelven a asumir que son de nuevo españoles con todos los parámetros legales establecidos".

La Ley de Memoria Democrática establece en su Disposición Adicional Octava que los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil.

Igualmente, podrán adquirir la nacionalidad española los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

El Tribunal Supremo ha denegado la petición realizada por la Abogacía del Estado de suspender cautelarmente varios apartados del acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) de 6 de mayo de 2024, que estimó denuncias del Partido Popular (PP) contra el CIS por la realización a finales de abril de la denominada "encuesta flash sobre la situación política española" y que se realizó de urgencia cuando el presidente Pedro Sánchez se tomó cinco días para reflexionar sobre su futuro.

Esa encuesta, recuerda el Supremo, incluía un apartado dedicado a la intención de voto de los electores, durante el periodo electoral de las elecciones al Parlamento de Cataluña y cuando ya estaban convocadas las elecciones europeas.

La Abogacía del Estado presentó recurso en el alto tribunal contra el acuerdo de la JEC, que incoó expediente sancionador al presidente del CIS, José Félix Tezanos, y pidió además como medida cautelar mientras se resolvía su recurso que quedaran en suspenso los dos primeros apartados del acuerdo.

El primero declaró que el CIS vulneró presuntamente la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) y la Instrucción 1/2024 de la JEC por no comunicar previamente la realización de la encuesta, pese a preguntar por intención de voto. Y el segundo instaba al Presidente del CIS a que durante el resto del periodo electoral se abstuviera de realizar actuaciones como la examinada que supongan vulneración de la legislación electoral.

Además, la Abogacía del Estado pedía en su recurso que también que se suspendiera la Instrucción 1/2024 de la Junta Electoral que establece la obligación de comunicación previa de la realización de encuestas con preguntas sobre intención de voto.

La migración, la ley de amnistía y la esposa del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez, fueron los temas que marcaron la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo del pasado 9 de junio, según se refleja en el estudio postelectoral realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

Esas han sido las tres respuestas más repetidas por los encuestados al ser preguntados por cuáles habían sido los temas más debatidos por los diferentes partidos y candidatos a lo largo de la campaña electoral.

En concreto, de los 3.010 encuestados entre el 17 y el 21 de junio, un 13,1% considera que fue la inmigración, un 5,7% dice que la Ley de Amnistía, seguido de Begoña Gómez con un 5%. En cuarto y quinto puesto se mencionan los temas nacionales (4,8%) y el ascenso de la extrema derecha (4,4%). Eso sí, también hay un 29,1% de ciudadanos que dicen no saber cuáles han sido los temas más debatidos.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha aprobado destinar 152,9 millones de euros en subvenciones a programas de empleo y formación en administraciones públicas y planes en Andalucía, Canarias y Extremadura, según ha informado el Departamento dirigido por Yolanda Díaz.

En concreto, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de determinadas subvenciones en el ámbito del empleo y de la formación en el trabajo para el ejercicio presupuestario 2024.

Estas subvenciones corren a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y se destinan los servicios y programas dirigidos tanto a las personas demandantes de empleo como a las personas ocupadas, para la mejora de su empleabilidad mediante la colaboración del SEPE con los órganos de la Administración General del Estado, organismos públicos y las instituciones que forman el sector público estatal, para realizar acciones de formación que tengan como objetivo la generación de empleo de calidad y la mejora de oportunidades de las personas trabajadoras.

También a la ejecución de obras y servicios de interés general y social de competencias exclusivas del Estado. La Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, dispone, en su artículo 2.2. que conforman las políticas activas de empleo el conjunto de decisiones, medidas, servicios y programas orientados a la contribución a la mejora de la empleabilidad y reducción del desempleo, al pleno desarrollo del derecho al empleo digno, estable y de calidad, a la generación de trabajo decente y a la consecución del objetivo de pleno empleo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 40 de la Constitución Española y en el marco de la estrategia coordinada para el empleo de la Unión Europea.

En total, el importe máximo de las subvenciones será de 152.950.190 euros, de los que 50 millones serán para la región de Andalucía, 15 para la comunidad autónoma de Extremadura, y 75 para Canarias (45 millones se enmarcan en el 'Plan Integral de Empleo' de Canarias y 30 millones en el Plan Integral de Empleo de La Palma).