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El PSOE y Unidas Podemos (UP) han justificado este jueves su propuesta para derogar el delito de sedición en la necesidad de favorecer la "convivencia" en Cataluña, a lo que el PP ha reaccionado advirtiendo de que en realidad se trata de "conveniencia", para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el apoyo de los independentistas catalanes y Bildu.

El diputado socialista Francisco Aranda ha sido el encargado de defender la postura del PSOE, algo que le ha echado en cara la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, recriminando que el presidente del Gobierno se haya ausentado de este debate parlamentario, que la jefa de la Cámara Baja, Meritxell Batet, ha tenido que detener en varias ocasiones ante el griterío de sus señorías.

"Mi partido se puede equivocar, pero mi partido nunca se va a esconder. Los socialistas nos enfrentamos a los problemas de cara y hacemos política para buscar soluciones desde el diálogo y desde la búsqueda del entendimiento entre diferentes, que es lo único que construye país y sociedad", ha dicho Aranda, para acusar al PP de "sentarse en un sillón a fumarse un puro" ante los sucesos que desembocaron en el referéndum ilegal del 1-O.

Aranda ha confrontado la situación de Cataluña en 2017 y en 2022. Así ha afirmado que "nunca hubo más independentistas que con (Mariano) Rajoy", recalcando que entonces existía 'juntos por el sí' y se aprobaban "resoluciones ilegales" en el Parlament, mientras que "hoy se cumple la ley y la convivencia se recupera", a lo que ha añadido que "ahora hay un Govern roto y sin rumbo".

"Señorías del PP, cinco años después es obvio que la política del Gobierno surte efectos y les molesta", ha aseverado, para enmarcar la resistencia a esta reforma penal en una "jauría política" mayor que habría comenzado con la moción de censura contra Rajoy y cuyo objetivo sería deslegitimar al Gobierno.

En este punto, ha acusado al PP de que "están comprando a Vox su oferta a los españoles, que es odio, mentira y manipulación", y le ha avisado de que con esa "política teledirigida" y "moderación de boquilla" no lograrán sus objetivos: "Lo que les queda con Pedro Sánchez".

Aranda también ha aducido que la reforma penal que proponen PSOE y UP es necesaria para armonizar el derecho español con los países de nuestro entorno europeo y para "actualizar" un precepto penal de "redacción decimonónica".

En la misma línea se ha expresado el diputado 'morado' Jaume Asens, que ha puesto sobre la mesa cinco argumentos, haciendo hincapié en que "no se ajusta a los estándares de nuestro entorno, es una exigencia europea", y en que "es un paso importante para desjudicializar el conflicto en Cataluña".

Ha aducido igualmente que la sedición es un vestigio franquista, por lo que se trataría también de "una exigencia democrática", y que "es una amenaza al derecho de protesta y manifestación".

Además, ha cargado contra Junts al decir que "están mintiendo a la gente" por trasladar la idea de que "esto es un acto de renuncia, de rendición y de traición a Cataluña". "En su afán por desconectar de España están desconectando de la realidad", les ha advertido.

También se ha dirigido al PP para achacarle que "son una auténtica fábrica de independentistas" que "acuden al odio para confrontar territorios y pueblos". "El secesionismo fiscal, el independentismo de los ricos, de la señora (Isabel Díaz) Ayuso, esa es la verdadera amenaza" a España, ha sostenido.

Por su parte, Gamarra ha contestado que "la derogación de la sedición no es una demanda social sino un pago del Gobierno al independentismo catalán" a cambio de su apoyo para sacar adelante los PGE. "Aquí no estamos hablando de convivencia, de lo que estamos hablando es de conveniencia, que es una cosa bien diferente. Se han aprobado los PGE y sus socios exigen pagos al contado y hoy es día de cobro", ha ilustrado.

En esta línea, ha retado al PSOE a aclarar si acabará reformando el delito de malversación --por el que también fueron condenados los líderes del 'procés'--. "Sería interesante que respondieran", ha planteado, para ironizar a continuación con que aquí socialistas e independentistas tendrían "intereses comunes", en alusión a los condenados por los ERE de Andalucía.

Gamarra ha rechazado los argumentos de socialistas y 'morados', negando que haya necesidad de homologar el Código Penal español con otros europeos. A este respecto, ha mencionado los códigos italiano, alemán, francés y portugués y, "sin salir de España, el informe desfavorable del Tribunal Supremo (TS) en relación con los indultos".

Con todo, ha acusado al PSOE y a los diputados socialistas individualmente de "engañar" a los españoles, ejercer de "abogados defensores" de los condenados por el 'procés' y reescribir la sentencia del TS, alertando de que el objetivo final sería "la amnistía y la autodeterminación". "El 155 no es suficiente, es necesario el reproche penal y no la impunidad", ha concluido.

El diputado de Vox Javier Ortega Smith también ha acusado al PSOE y a Unidas Podemos de actuar con "connivencia y complicidad" para "recibir a cambio el beneficio de los Presupuestos".

El dirigente ha acusado a ambas formaciones de otorgar una "amnistía" a los golpistas con una "desviación de poder" que --según ha dicho-- "busca deslegitimar" a todos aquellos que se enfrentaron a los independentistas, en referencia a su partido, a los fiscales y al TS.

"Vox volverá a penar los delitos que ustedes van a derogar", ha dicho Ortega Smith, tras insistir en que España ni es "mercancía" propiedad del Gobierno ni está "en venta".

Por su parte, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha manifestado que la propuesta supone "un golpe al CP desde el propio Gobierno de España" y "un auténtico delito contra la democracia española". A su juicio, "el próximo intento de golpe de Estado estará apadrinado por el señor Pedro Sánchez".

"Esto es demencial. Es como si quieren negociar la normativa anti-incendios con pirómanos que están diciendo que quieren volver a quemar el bosque", ha subrayado para avisar de que los partidos que conforman el Ejecutivo "no se contentan con la sedición", sino que intentan modificar la malversación "por la puerta de atrás".

Desde Bildu han asegurado que la derogación de la sedición es "positiva" para la "desjudicialización del conflicto político en Cataluña". "No hay más que ver las reacciones de la derecha para ver que mala no es", ha señalado el diputado Jon Iñarritu.

Iñarritu también ha reprochado a dirigentes del PSOE como Patxi López y Nadia Calviño algunas de sus "incomprensibles" declaraciones. "Esta medida no puede ir enfocada en detener ni entregar a nadie", ha dicho, en alusión al ex presidente catalán Carles Puigdemont.

Por el PNV, el diputado Mikel Legarda ha defendido que la supresión de la sedición es una "respuesta" a la "crisis política" en Cataluña", apostillando que este delito "una suerte de ornitorrinco jurídico" que "sufre una notable incertidumbre estructural".

El diputado del BNG Néstor Rego ha incidido en que la propuesta "no solo va de Cataluña", sino de "democracia", porque "es necesario para avanzar", pero ha anunciado enmiendas porque que el delito de desórdenes públicos que se plantea supone una "conculcación aún más profunda de libertades y derechos".

Ana Oramas, de Coalición Canaria, ha avanzado que no apoyarán ni esta reforma "ni desde luego la malversación", mientras que José María Mazón, del Partido Regionalista de Cantabria, también ha mostrado su oposición. Y, desde Unión del Pueblo Navarro, Carlos García Adanero ha advertido al Gobierno sobre sus socios indepedentistas: "Les están chuleando".

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves por la noche la proposición de ley para introducir nuevos gravámenes a empresas energéticas y banca, en la que PSOE y Unidas Podemos añadieron vía enmienda el impuesto a las grandes fortunas. La iniciativa ha contado con el respaldo de 186 diputados del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, Más País-Equo, Compromís, CC, la CUP y BNG, mientras que los 152 del PP, Vox, Ciudadanos, Navarra Suma y Foro Asturias han votado en contra, y los 10 del PNV y PDeCAT se han abstenido, todo ello en una votación pública por llamamiento, pedida por Más País y Compromís, que ha obligado a que los diputados fueran poniéndose en pie en el escaño para anunciar a viva voz su voto.

Concluida la tramitación en la Cámara Baja el texto pasará al Senado para completar su curso en las Cortes. La iniciativa aprobada tiene la misma redacción que salió de la Comisión de Asuntos Económicos porque en el Pleno de este jueves no se han introducido cambios.

La proposición de ley sí que sufrió diferentes modificaciones en las últimas semanas. Uno de los principales cambios se produjo en torno al gravamen del 4,8% a los intereses y comisiones de la banca, ya que finalmente se incluyó una propuesta del PNV para que el tributo afecte a la actividad que los bancos desarrollen en España.

Con ese cambio no se precisaba la nacionalidad de los bancos, por lo que el PSOE y Unidas Podemos ya no vieron necesario incluir en el articulado una mención expresa a las entidades extranjeras que desarrollen su actividad en nuestro país, máxime cuando en la exposición de motivos si se deja claro que los bancos extranjeros con negocio en España también están afectados por el gravamen, según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press.

En lo referido al gravamen energético, se excluirá de la facturación objeto del gravamen los ingresos derivados de las actividades reguladas. De este modo, queda modificado el texto original para que el impuesto no afecte a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización.

Además, se incluyó en la exoneración los ingresos regulados de las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural y, en el caso de generación con retribución regulada y retribución adicional en los territorios no peninsulares, todos lo ingresos de las instalaciones, incluidos los que perciben del mercado y el despacho económico, respectivamente.

Al mismo tiempo, se introdujo otra enmienda transaccional para que el impuesto se aplique solo a la actividad que las empresas del sector desarrollen en España.

El texto se ha aprobado con los acuerdos alcanzados entre EH Bildu, PSOE y Podemos, quienes pactaron que a finales de 2024, cuando finalice la vigencia de los nuevos impuestos a banca y energéticas, se haga una evaluación de su aplicación y se estudie la posibilidad de convertirlos en permanentes, así como para que las haciendas forales vascas y navarras gestionen estos nuevos gravámenes.

Además, en el texto final sí está ya incorporada a la ley la enmienda por la que se crea el impuesto a las grandes fortunas, que gravará a aquellos patrimonios superiores a tres millones de euros para que no puedan quedar eximidos por las bonificaciones de los gobiernos regionales.

Este gravamen será del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones, y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros.

Además, para la determinación de la base imponible de este impuesto, resultarán aplicables las reglas contenidas en la ley del impuesto del patrimonio, de manera que se incluye una reducción en concepto de mínimo exento de 700.000 euros.

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves por la noche por unanimidad que la Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que aún no ha empezado a discutirse en fase de ponencia, tenga que ser debatida en sesión plenaria antes de remitirse al Senado, como había solicitado el PP, informa Europa Press.

Esta norma fue aprobada por el Consejo de Ministros a finales del pasado mes de junio, entró en el Congreso a principios de septiembre y su toma en consideración se aprobó el día 6 de octubre, tras tumbarse las enmiendas de totalidad presentadas por el PP y Vox.

La intención del Ministerio de Igualdad era que estuviera lista antes de final de año, algo que ya parece más difícil. La ampliación del plazo para la presentación de enmiendas parciales por parte del PSOE soliviantó a la ministra, Irene Montero, quien llegó a plantear un calendario para poder tenerla aprobada antes de 2023.

En concreto, pidió al socio mayoritario del Ejecutivo que las enmiendas se presentarán a más tardar el 2 de noviembre --una premisa que sí se cumplió-- y que el trabajo en ponencia hubiera concluido el día 18 de este mes, lo que no se ha producido.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que "lamentablemente" el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, tiene razón cuando defendió que la coalición abertzale y demás formaciones que quieren "marcharse" de España son el sostén del actual Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos, informa Europa Press.

"Lamentablemente los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados le dan la razón: el Gobierno está en sus manos", ha subrayado el líder de la oposición en un mensaje en la red social de Twitter, recogido por Europa Press, en el que ha criticado que las cuentas públicas tienen "más cesiones a los independentistas que medidas para los ciudadanos".

"No son los PGE que España necesita, sino los que exigen los socios de Sánchez para mantenerlo en Moncloa", ha zanjado Feijóo la publicación, después de que el Pleno del Congreso haya aprobado las cuentas del Ejecutivo para 2023 con los votos de Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Coalición Canaria y el PRC.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha defendido el acuerdo presupuestario logrado por su formación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que "beneficia a las clases populares", y ha afirmado que "se da la gran paradoja" de que no habría "Gobierno de progreso en el Estado" sin el sostén de las fuerzas de izquierdas que quieren "marcharse" de España. Además, ha advertido de que "los procesos independentistas no se frenan con el Código Penal". "Se parará una vez, pero no se va a parar siempre", ha afirmado en una entrevista con Europa Press.

Otegi ha rechazado que haya habido un cambio de 'Presupuestos por presos' y ha señalado que el pacto sobre las cuentas está "explicitado" con "luz y taquígrafos". También ha destacado la incorporación de la transferencia de Tráfico en Navarra a la Policía Foral, hasta ahora en manos de la Guardia Civil.

Unidas Podemos ha anunciado la noche de este jueves que presentará enmiendas a la reforma que deroga la sedición porque quiere modificar más delitos del Código Penal, aunque no ha dado detalles mayores detalles al respecto, informa Europa Press.

"Esta reforma es fruto de un acuerdo y no va lo lejos que querríamos", ha reconocido el diputado de Unidas Podemos Jaume Asens en su turno de palabra en el debate que se celebra en el Congreso sobre la proposición de ley orgánica que presentaron PSOE y Unidas Podemos para derogar el delito de sedición.

Asens ha asegurado que el Código Penal "aún está plagado" de delitos que no ven con buenos ojos desde la formación 'morada'. Ha celebrado, sin embargo, el texto presentado junto al PSOE. "Hoy es una victoria de la democracia que se apruebe esta propuesta legislativa", ha señalado.

En el marco de su intervención, el dirigente de Unidas Podemos ha defendido cinco razones para enviar el delito de sedición "al baúl de la Historia". Ha insistido en que este tipo penal es una "reliquia del pasado", una "anomalía preconstitucional" que "no se ajusta a los estándares" europeos, que --a su juicio-- representa una "amenaza al derecho de protesta".

Además, ha asegurado que la reforma que debate este jueves el Consejo "es un paso importante para desjudicializar el conflicto en Cataluña" que llega para "modernizar el Código Penal" como "una cuestión de higiene democrática".

En concreto, PSOE y Unidas Podemos han planteado derogar el actual delito de sedición y sustituirlo por otro desórdenes públicos agravados que contempla para las autoridades penas de 3 a 5 años de prisión --frente a los 10 a 15 años que recoge el Código Penal vigente-- e inhabilitación de 6 a 8 años --frente a los 10 a 15 años que establece la ley actual--.

El texto que se debate y vota este jueves propone eliminar el artículo 544 del Código Penal --que define el delito de sedición-- y modificar el artículo 557 para dar lugar a lo que el presidente del Gobierno denominó "desórdenes públicos agravados".

El PSOE y Unidas Podemos han defendido en el Congreso los nuevos gravámenes a empresas energéticas, banca y grandes fortunas, asegurando que nacen con el objetivo de defender los intereses de la gente y redistribuir los impactos económicos de la guerra en Ucrania, informa Europa Press.

Durante el debate en el Pleno del Congreso de su proposición de ley, el PSOE ha justificado el impuesto frente a una derecha "que protege los intereses de la banca y las energéticas más que las propias banca y energéticas". Así lo ha señalado el diputado socialista Pedro Casares, quien ha recordado que ya se cumplen diez años del rescate bancario, por lo que ahora es el momento para que el sector financiero "contribuya al conjunto de la sociedad".

Adicionalmente, Casares ha repasado algunos datos macroeconómicos del Gobierno como la reducción del desempleo o las previsiones de crecimiento económico para este año. Asimismo, ha destacado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital, lo que en conjunto ha hecho, en su opinión, que se reduzca el impacto de la crisis. "Ese es el éxito de la política económica de este Gobierno y contrasta mucho con la política del Partido Popular", ha concluido Casares.

Por parte de Unidas Podemos, Txema Guijarro ha apuntado que los tributos tiene por objeto, entre otros puntos, asegurar que "los que se beneficien de una situación calamitosa ayuden y paguen". También ha defendido que la proposición de ley es perfectamente legal y ha invitado a la oposición a que "expliquen que principio o precepto legal se ha violado".

Además, el diputado 'morado' ha indicado que no solo energéticas y banca son sectores con grandes beneficios en la actualidad y ha instado a tener en consideración las ganancias que se observan en otros sectores como la construcción o las farmacéuticas, que también "están viendo aumentar peligrosamente sus beneficios".

Por parte de EH Bildu ha intervenido Oskar Matute, quien ha recordado a la Cámara Baja la "sociedad desigual" en la que vive inmersa España, donde desde 1995 hasta la actualidad ha visto cómo la tasa de gente en riesgo de pobreza nunca ha bajado del 20%.

En este sentido, el diputado nacionalista ha justificado que aquellos "que han ganado más" aporten unos mayores recursos para que redistribuya la riqueza y conseguir que la igualdad sea real y la libertad "no sea solo tomarse unas cañas".

Así, ha enfatizado que al ser banca y energéticas las empresas con mayores beneficios en los últimos años, "tiene sentido" que sea en estas donde se repercuta la riqueza.

También en el lado de los apoyos, Íñigo Errejón, de Más País ha recordado que el Congreso de los Diputados trabaja "para el pueblo español" y no a favor de grandes empresas como "Iberdrola o Santander". Una reflexión a la que se suma Joan Margall, de ERC, quien considera que en un contexto de crisis económica es cuando hace falta "políticas redistributivas". No obstante, este último ha reclamado que Cataluña recaude al menos una parte del impuesto.

Más crítico ha sido el PNV, que a través de Idoia Sagastizabal ha recriminado la idea de gravar ingresos y no beneficios, así como el hecho de que el impuesto a grandes fortunas se haya introducido vía enmienda.

"Compartimos la filosofía de arrimar el hombro, pero seguimos observando deficiencias técnicas que hace de la proposición de ley muy vulnerable en algunos recursos", ha indicado Sagastizabal, quien además ha advertido que la salvaguarda foral acordada entre Bildu, PSOE y Podemos en los impuestos "en ningún caso" implica que la recaudación o gestión de los impuestos recaigan en las comunidades forales.

Un apunte particular lo ha hecho Ana Oramas, de Coalición Canaria, quien ha afeado a PSOE y Podemos el veto a una enmienda de su formación para excluir a las empresas de distribución de bombonas de butano y gasolina del archipiélago del gravamen energético, ya que estas adolecen unos altos costes de transporte entre las islas.

Así, la diputada ha asegurado que la facturación de estas empresas "es a coste", por lo que no generan ningún beneficio. Por todo ello, confía en que esta propuesta se pueda negociar bien en el Congreso o ya en el Senado.

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la nueva Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible que fijará destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el horizonte del 2030 con un amplio respaldo pero con la abstención del PP.

Los 'populares' han optado finalmente por no dar su apoyo a un texto en el que sin embargo han reconocido que se han recogido buena parte de las enmiendas que habían presentado gracias a acuerdos transaccionales con otros grupos pero que creen que aún se puede mejorar en su tramitación en el Senado.

Su portavoz, Paloma Gázquez, ha sostenido que el PP es "un partido de Estado y que siempre quiere lo mejor para España y para la cooperación" de ahí su abstención, aunque ha vuelto a apelar al "sentido de Estado" de los socialistas, recordando que cuando se aprobó la Ley de Cooperación Internacional vigente, en 1998, los 'populares' aceptaron todas las enmiendas presentadas por el PSOE.

Activistas ecologistas de la organización Última Generación han bloqueado temporalmente este jueves el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo Willy Brandt, el principal aeródromo de la capital de Alemania y ubicado en el sur de la ciudad.

Así lo ha señalado un portavoz del propio aeropuerto, confirmando una publicación lanzada por el propio colectivo ecologista en su perfil de la red social Twitter en el que se observaba a activistas sentados en el suelo o montando en bicicleta por la pista de despegue.

Previsiblemente, los manifestantes habrían ingresado en las instalaciones tras cortar una cerca metálica en los puntos norte y sur del aeropuerto. El colectivo ha informado de que antes de su protesta habían avisado a la Policía.

Asociaciones feministas han convocado diferentes protestas en Madrid con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres.

Por un lado, el Movimiento Feminista de Madrid ha convocado una manifestación que recorrerá la Gran Vía de Madrid bajo el lema "El machismo mata, viola, explota y borra a las mujeres, ¡Basta ya!". La marcha tiene previsto su inicio a las 18.30 horas desde la confluencia de las calles Alcalá y Gran Vía y terminará en la Plaza de España.

El PSOE ha confirmado su asistencia a esta manifestación, según ha informado, con una representación liderada por la secretaria de Igualdad de la formación, la también diputada Andrea Fernández.

Republicanos y Progresistas (PP), fuerzas dentro de la alianza del Partido Liberal (PL) para la reelección de Jair Bolsonaro a presidente de Brasil, van a recurrir el fallo del Tribunal Superior Electoral (TSE) que sancionó con más de cuatro millones de euros de sanción por intentar cuestionar sin pruebas los resultados de las elecciones de las que salió vencedor Luiz Inácio Lula da Silva.

El miércoles, el juez Alexandre de Moraes multó con 22,9 millones de reales (4,1 millones de euros) a la coalición al considerar que actuaron de mala fe litigando con una auditoría -elaborada por el PL de Bolsonaro, pero en nombre del resto partidos- en la que sin pruebas ponían en cuestión la validez las elecciones.

El presidente de Republicanos, Marcos Pereira, ha enfatizado que no cuestionó el resultado, sino que "por el contrario", lo reconoció públicamente "a las 20.28 horas el día de las elecciones", citando su publicación de Twitter de aquel día.