El Partido Popular considera que Bruselas ha "desmontado" la "mentira" de Moncloa acerca de que se reformaba el delito de malversación para que España se equiparase a Europa cuando, según ha dicho, fue una reforma "al gusto" de ERC con la que se buscaba "salir del paso de los trapicheos políticos" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Así se han pronunciado varios dirigentes del partido después de que la Comisión Europea plantee una pena máxima de al menos cinco años para delitos de malversación en toda la Unión Europea, según la propuesta de directiva presentada este miércoles para tipificar los delitos de corrupción y armonizar las penas en el continente. Esta propuesta obligaría a España a volver a reformar el delito de malversación.
En concreto, Bruselas pide que las infracciones referidas a malversación, tráfico de influencias y cohecho sean castigadas con penas de cárcel de una duración máxima de al menos cinco años, un suelo para la pena máxima de cada delito que en el caso de España supondría endurecer los dos tipos atenuados creados con la última reforma penal.
La consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha anunciado que el Govern repetirá "todos los exámenes" de los 72 procesos de oposición celebrados el sábado organizados por una empresa externa y que sufrieron incidencias leves, graves y muy graves.
Así se ha pronunciado en rueda de prensa este jueves tras reunirse con representantes sindicales de CC.OO. de Catalunya, UGT de Catalunya y IAC-CATAC, y junto con la secretaria de Administración y Función Pública, Alícia Corral; la directora general de Función Pública, Anna Molina, y el subdirector de Relaciones Sindicales y Políticas Sociales, Joan Núñez.
La consellera ha explicado que han tomado esta decisión después de recibir más de 3.000 formularios de incidencias registrados por los opositores a través del buzón habilitado desde el martes, de los que han extraído que habría un 93% de los procesos afectados (67 de los 72) y un 99,7% de los aspirantes (12.965 opositores).
Además, el Govern ha recabado información de los sindicatos, de los tribunales y de los funcionarios que estaban haciendo seguimiento de los exámenes; en concreto, Vilagrà ha explicado que han entrevistado a 40 personas para obtener toda la información necesaria para tomar la decisión.
El Plan de Cobertura de Radiotelevisión Española (RTVE) para la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo sólo reserva a Podemos e IU el 1% de los bloques informativos que se incluirán en los Telediarios, algo menos de la mitad que lo previsto para Más Madrid y la quinta parte de lo que se dará sobre Ciudadanos.
Podemos ya había protestado por quedarse fuera del reparto de los espacios gratuitos de propaganda electoral que RTVE emitirá en su programación nacional de TVE y Radio Nacional, y ahora la formación morada vuelve a quedar orillada en el Plan de Cobertura Informativa que ha diseñado la Corporación y al que ha tenido acceso Europa Press.
Desde RTVE argumentan que, conforme a la ley, la distribución de tiempos a los que los medios públicos están sometidos se realiza en función de los resultados electorales de los últimos comicios municipales, los celebrados en mayo de 2019, y entonces las listas presentadas con las marcas de Podemos e Izquierda Unida sólo lograron un 1,08% de los votos.
El Grupo Confederal de Unidas Podemos ha presentado este jueves en el Congreso de los Diputados una proposición de ley en la Cámara Baja con la intención de dar personalidad jurídica y plena capacidad de obrar al Parque Nacional de Doñana y a su entorno, de modo que pasaría a ser sujeto de derechos.
La iniciativa parlamentaria, presentada este jueves por el diputado de UP, Juan López de Uralde, abarcaría no solo a las 54.252 hectáreas que comprende el Parque Nacional sino a otras 20.000 hectáreas de zona periférica y tierras colindantes. En total, pasarían a ser sujeto de derechos 74.279 hectáreas de superficie.
El objetivo de la proposición de ley es conferir a Doñana y su entorno los derechos de protección, conservación y mantenimiento y en su caso, restauración por los que deberán velar tanto la administración como los propietarios colindantes.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha insistido hoy en la lucha de Colombia contra el "yugo español" en la conquista de América y lo ha equiparado a la lucha contra el feudalismo que se desarrolló en Europa y también en España. Así lo ha afirmado durante la rueda de prensa conjunta que ha ofrecido con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, tras la reunión de trabajo mantenida entre ambos con motivo de la visita oficial del presidente colombiano a España.
Unos días antes de viajar a nuestro país, Gustavo Petro aseguró que el pueblo colombiano luchó en su día para "liberarse del yugo español, de destronar reyes y duques y príncipes, de acabar con privilegios, de acabar con un régimen productivo de esclavistas que condenaban al hombre negro a ser esclavos por perpetuidad", añadiendo que "el ejército libertador" fue más poderoso que el "ejército del yugo".
Al ser preguntado si mantenía esta misma visión, Petro ha insistido en que no ve "nada problemático" en decir que las gentes y los pensamientos revolucionarios les liberaron del yugo. Una situación que ha comparado con el feudalismo en Europa al recordar que cuando estudiaba Bachillerato, en las clases de historia, les enseñaban que el feudalismo era un sistema de dominación en el que se separaba a la gente en dos clases: siervos y señores de la tierra, los feudales.
"Esta sociedad era una sociedad del yugo", ha exclamado recordando que por eso los pueblos se levantaban contra el "yugo feudal". Y ha añadido que este tipo de razonamiento se superó hace mucho tiempo, pero ha insistido en que llegó a América y no ve problemático decir que lucharon contra él: "No creo que hoy haya defensores de ese tipo de yugos que nos quieran siervos o esclavos"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que el planteamiento de Bruselas de armonizar las penas en Europa por el delito de malversación coge a España "con los deberes hechos" por haber introducido ya el delito de enriquecimiento ilícito. No obstante, ha eludido pronunciarse sobre si España tendría que volver a reformar el citado delito para ampliar las penas en otros supuestos, después de haberlas rebajado.
Sánchez ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa conjunta que ha ofrecido hoy con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de visita oficial en España. El jefe del Ejecutivo respondía a la pregunta de si, tras la propuesta de la Comisión Europea, que plantea una pena máxima de al menos 5 años por los delitos de corrupción, va a corregir su última reforma del Código Penal en la que se rebajaban las condenas para la malversación que no fuera para enriquecimiento propio.
El presidente ha respondido que esta propuesta de la UE está en las fases iniciales, pero ha añadido que el Gobierno cree que se trata de una "buena noticia" que se armonicen las penas por estos delitos. En su opinión, este planteamiento de la Comisión coge a España "con los deberes hechos" porque en la última reforma del Código Penal se incluyó el delito de enriquecimiento ilícito que no está reconocido en todos los países de la Unión Europea y que España sí tiene.
Con respecto al incidente del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la celebración de la fiesta de la Comunidad de Madrid el 2 de mayo, Sánchez ha afirmado que quien no respeta las normas pierde la razón. "Algo que no podemos olvidar son unas mínimas reglas para la convivencia, en una democracia se han de respetar las reglas y las instituciones públicas, independientemente de qué color político gobierne una u otra institución", ha respondido Sánchez, en una rueda de prensa junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de visita de Estado en España.
En la misma línea, ha señalado que con independencia del territorio "sea Madrid, Cataluña o el Gobierno de España, lo relevante siempre es respetar las reglas" pues según ha indicado, quien no la respeta "pierde toda la razón".
La Comisión parlamentaria de Radio y Televisión para la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en medios públicos estatales ha ratificado el reparto de spots de propaganda electoral presentado por RTVE en su programación de ámbito estatal durante la campaña de las elecciones locales del 28 de mayo, que deja fuera a Podemos, Izquierda Unida y su coalición de Unidas Podemos.
Así lo ha confirmado María Teresa Pérez, secretaria de Acción Institucional de Podemos, que ha insistido en que su formación recurrirá ante la Junta Electoral Central esta decisión "injustificable" y "antidemocrática". "Tenemos que hacer valer el voto de los electores de Unidad Podemos y que Unidas Podemos tiene el mismo derecho que todas las demás fuerzas a emitir sus mensajes en campaña. Hay una estrategia, claramente, por parte del bipartidismo, para invisibilizar y silenciar a la única fuerza política que no se calla y que dice las cosas claras y que quiere transformar este país", ha subrayado.
Pérez ha calificado de "muy preocupante" que el bipartidismo "quiera controlar por detrás el ente público" pagado con los impuestos de la ciudadanía española y ha lamentado que RTVE está "permitiendo que el bipartidismo haga una estrategia para invisibilizar a los adversarios políticos de esta forma tan burda y tan antidemocrática".
El expediente sancionador que ha abierto la Junta Electoral Central (JEC) a la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, por vulnerar por tercera semana consecutiva su deber de neutralidad en las ruedas de prensa institucionales de Moncloa podría acabar con una multa de entre 300 y 3.000 euros, según recoge la Ley Electoral.
En una resolución comunicada este jueves, la JEC explica que ha decidido incoar expediente sancionador por las críticas al PP que vertió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de la semana pasada, cuando se le preguntó por la reacción del primer partido de la oposición ante la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera del Valle de Cuelgamuros.
El organismo arbitral recuerda que el artículo 50 de la Ley Electoral prohíbe, desde la convocatoria de las elecciones hasta su celebración, cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros de la administración, en aras del deber de mantener el principio de neutralidad de los poderes públicos.
La Junta Electoral Central (JEC) ha apercibido a un nuevo miembro del Gobierno, en este caso la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, por haber vulnerado la neutralidad institucional haciendo electoralismo al haber criticado en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ley promovida por el PP y Vox para legalizar pozos en los alrededores del Parque Nacional de Doñana.
Así lo hace el organismo arbitral en un acuerdo dictado este miércoles y publicado este jueves por el que estima parcialmente la reclamación presentada por el PP.
El artículo 50.2 de la Ley Electoral prohíbe, desde la convocatoria de las elecciones hasta su celebración, cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos por las autoridades pública.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado este jueves que los "históricos" datos de empleo del mes de abril "demuestran la fortaleza de España y la bondad de las reformas" y de las políticas económicas emprendidas por el Ejecutivo.
En su comparecencia ante la prensa tras reunirse en el Palacio de la Moncloa con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, Sánchez ha resaltado el aumento de la ocupación en más de 420.000 afiliados durante el primer cuatrimestre del año, lo que ha situado el total de cotizantes en la cifra "inédita" de 20,6 millones de personas.
El jefe del Ejecutivo también ha hecho hincapié en que el descenso del paro en 73.890 personas durante el mes de abril ha dejado el volumen total de desempleados "en la cifra más baja desde el año 2008" y con menos de 200.000 jóvenes en paro.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha advertido este jueves que Podemos ya expresó dudas sobre la reforma de la malversación después de la propuesta de la Comisión Europea de una armonización penal que obligaría a España a endurecer los nuevos tipos de este delito.
Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, tras su visita a la Fundación Mar de Niebla, en Gijón, acompañada de la candidata a la Alcaldía gijonesa, Olaya Suárez, donde ha remarcado que en el país hay una crisis territorial y que debe resolverse desjudicializando y apostando siempre por el diálogo y el reconocimiento de la plurinacionalidad de España.
Ha insistido en las dudas sobre la reforma legislativo, al respecto, al tiempo que ha garantizado que lo que van a hacer es acompañar y trabajar "firmemente", como han hecho anteriormente, "incluso cuando tenía un enorme coste electoral hacerlo", ha apostillado.
La ministra ha reiterado que solamente si Podemos está "con fuerza" en los municipios y en las comunidades autónomas será posible aplicar la Ley de Vivienda.