La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha avanzado este lunes que el Ejecutivo está ultimando el próximo paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, que estará focalizado en el esfuerzo para las clases medias y trabajadoras, en las personas que son vulnerables y en los sectores que más dificultades están atravesando.
La ministra no ha querido detallar ninguna medida específica de las que se pretende aprobar en Consejo de Ministros antes de que finalice el año para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, dado que la vigencia del real decreto para hacer frente a la situación finaliza el próximo 31 de diciembre.
"Estamos ultimando el último paquete de medidas focalizado en el esfuerzo para las clases medias y trabajadoras, en las personas que son vulnerables y en los sectores que más dificultades están atravesando", ha asegurado la ministra durante su intervención este lunes en el debate de totalidad del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 en el Pleno del Senado.
En este aspecto, la ministra ha defendido la "prudencia" del Gobierno al presentar a Bruselas dos posibles escenarios de ingresos y gastos debido al "contexto de elevada incertidumbre" como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia que tiene "un significativo impacto económico mediante una elevada inflación".
La demanda real de gas natural en España se contrajo un 19% entre el 1 de agosto y el 4 de diciembre con respecto al mismo periodo durante los últimos cinco años, según los datos presentados este lunes por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
Esta cifra excluiría las exportaciones de electricidad, mientras que se elevaría el recorte hasta el 21% considerando la variación de saldos, añadió Ribera en una rueda de prensa para el balance mensual de los resultados de la aplicación del Plan Más Seguridad Energética (Plan+SE).
El Ejecutivo lanzó el pasado 1 de agosto su primer paquete de medidas de ahorro energético y eficiencia para cumplir con las exigencias de la Comisión Europea, que piden que los países reduzcan su consumo de gas en un 15% en la actual fase de manera voluntaria, porcentaje que descendería al 5% en una denominada situación de alerta.
En el caso de la demanda de energía y electricidad, Ribera estimó que entre el pasado 1 de agosto y el 30 de noviembre ha disminuido 7% con respecto a la media de los últimos cinco años, una reducción "enormemente significativa" ya que equivaldría a 12 días de consumo nacional de gas natural, dijo.
La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha defendido la puesta en marcha de la experiencia piloto de la jornada de cuatro días semanales (32 horas), para lo que se financiarán con hasta 150.000 euros a las empresas. En este sentido, ha dicho que servirá para "sentar las bases" para poder negociar este tipo de jornada en el futuro.
En declaraciones a los medios tras participar en un foro de La Región, Maroto ha defendido que "va en la línea de lo que se espera del Gobierno" y de las "mejoras de las condiciones laborales" y con el fin también de mejorar "la competitividad de las empresas".
La también ministra de Turismo ha explicado que se trata de "sentar las bases para lo que en un futuro" tendrán que "negociar con sindicatos y patronal". "Esperamos tener buenos resultados y generar en las empresa buena dinámica, una medida que puede mejorar la competitividad manteniendo las condiciones laborales de los trabajadores", ha expresado.
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado este lunes una investigación interna para revisar todos los hechos en relación a la institución y ha asegurado que "no habrá impunidad" para quienes tengan responsabilidades en la trama de corrupción destapada en Bélgica por el presunto pago de sobornos a eurodiputados y personal de la Eurocámara por parte de Catar.
"No vamos a barrer nada debajo de la alfombra", ha afirmado Metsola en una larga intervención en la apertura de la sesión plenaria en Estrasburgo (Francia) para censurar con firmeza la corrupción, lamentar que lo que considera un "ataque" a la institución y a la democracia de quienes tratan de comprar favores y advertir de que el Parlamento "siempre estará del lado de la ley".
La política maltesa ha dicho que han sido "los días más largos de su vida" y ha expresado tanto su "furia" como su "rabia y tristeza" por los hechos investigados, al tiempo que ha confirmado que ha estado colaborando con las autoridades belgas en la investigación y que durante el fin de semana estuvo presente en una de las redadas.
El pleno del Parlamento Europeo ha rechazado este lunes una petición del Partido Popular Europeo (PPE) para modificar la agenda de la sesión plenaria y celebrar un debate específico sobre la situación del Estado de derecho en España, en especial a la luz de la propuesta de reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición y revisar el de malversación.
En una intervención en la apertura de la sesión plenaria en Estrasburgo (Francia), el eurodiputado portugués Paulo Rangel ha pedido en nombre del PPE un debate sobre "el impacto en el Estado de derecho" de recientes decisiones en España que van dirigidas hacia "una menor independencia de la judicatura y una mayor intervención gubernamental".
El eurodiputado conservador ha defendido que ello supone una "violación de los principios del Estado de derecho" porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez está tomando medidas "unilaterales" y ha pedido un debate específico sobre este asunto.
Sin embargo, el cambio de agenda ha sido rechazado con 231 votos en contra de celebrar el debate, frente a 155 votos a favor y tres abstenciones.
El Pleno del Senado ha rechazado este lunes por amplia mayoría los cinco vetos generales al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 presentados por los grupos parlamentarios de PP, Junts, Ciudadanos, Vox y UPN, por lo que las cuentas públicas continúan su tramitación en la Cámara Alta.
El rechazo de los vetos ha sido posible gracias a la mayoría simple que ostenta el PSOE en la Cámara Alta, con 113 escaños del total de 265, y al apoyo de otras formaciones, lo que ha permitido sumar en cada una de las cinco votaciones al menos 148 votos en contra a los vetos.
Así, a los votos de los socialistas se ha sumado el grueso de los partidos que ya respaldaron las cuentas en el Congreso, como ERC (14 votos), PNV (10) o EH Bildu (2). A estos también se han unido otras formaciones como Más Madrid, PRC, Més per Mallorca, Geroa Bai, la Agrupación Socialista Gomera, el Partido Aragonés, Compromís o CC, mientras que Teruel Existe ha optado por la abstención.
De esta forma, tras superar su primer trámite en el Senado con holgura, las nuevas cuentas continúan su trámite con la votación este mismo martes de los 87 vetos a las secciones del proyecto de Presupuestos, que previsiblemente también serán rechazados por la mayoría de izquierdas.
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha pactado una enmienda transaccional con PSOE y Unidas Podemos en la tramitación de la Ley de empleo para que los padres y madres con hijos menores de 16 años o con mayores dependientes a cargo, especialmente, si son familias monoparentales, tengan prioridad en la búsqueda de empleo.
En la enmienda transaccional, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que se somete a votación este lunes en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, han acordado añadir al listado de "colectivos vulnerables de atención prioritaria", a los efectos de la Ley de Empleo, a las personas con trastornos del espectro autista, a las víctimas de trata de seres humanos, a las víctimas de terrorismo y a las personas adultas con hijos menores de 16 años o mayores dependientes a cargo, especialmente, si constituyen familias monomarentales y monoparentales".
La enmienda pactada modifica el artículo 50.1 del proyecto de Ley de Empleo que ya incluye como colectivos vulnerables a las personas jóvenes, especialmente con baja cualificación, personas en desempleo de larga duración, personas con discapacidad, personas con capacidad intelectual límite y personas LGTBI, en particular trans.
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha mostrado este lunes su preocupación por el aumento de la violencia en Perú y, ante la posibilidad de que se dispare aún más la tensión, ha apelado a la "contención" de todas las partes, con un mensaje específico a las fuerzas de seguridad para que actúen con "precaución" y "proporcionalidad".
"Ha habido casos en los que la Policía parece haber recurrido a un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza y a un uso indiscriminado del gas lacrimógeno", ha afirmado una portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Marta Hurtado, en un comunicado.
Esta oficina ha pedido investigaciones "imparciales, transparentes y efectivas" sobre los sucesos vividos este fin de semana, dentro de una ola de protestas que ya se ha saldado con la muerte de dos personas, de 15 y 18 años, y decenas de heridos.
Miles de personas han tomado este lunes el aeropuerto de Arequipa, en el sur de Perú, lo que ha desatado un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad que se ha saldado con al menos cuatro heridos, según las primeras informaciones recogidas por los medios locales.
Unos 2.000 manifestantes contrarios al actual Gobierno han entrado en la pista principal del aeropuerto, mientras que se han registrado ataques contra otras instalaciones. En la zona se han desplegado efectivos de la Policía Nacional y también de las Fuerzas Armadas, informa la emisora RPP.
Arequipa es una de las tres regiones de "alta conflictividad" en las que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró el domingo el estado de emergencia, para contener una ola de protestas que ha dejado por el momento dos muertos. Boluarte también propuso un adelanto electoral, en abril de 2024.
PSOE y Unidas Podemos han terminado la ponencia en la que se negociaban las enmiendas a la Ley de Bienestar Animal sin acuerdo sobre la exclusión en la misma de los perros de caza, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias socialistas. Los dos socios de Gobierno dejan así para la Comisión de Derechos Sociales, que se celebra este martes 13 de diciembre, el posible acuerdo.
Para la Secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, este acuerdo es "viable" ya que, según ha explicado en declaraciones a los medios en el Congreso, existe "voluntad de alcanzarlo" y "la negociación se está dando en buenos términos".
En la Cámara baja se ha celebrado este lunes la ponencia sobre esta norma en la que los grupos parlamentarios negocian las enmiendas al texto. El PSOE ha presentado una propuesta para excluir a los perros de caza de la norma. Frente a esto, Unidas Podemos propone excluirlos de la aplicación de la ley mientras participen en actividades cinegéticas.
La intención de los morados es llegar aun texto de consenso común y, según ha indicado la secretaria de Estado, el que ellos han presentado es "totalmente asumible" para el PSOE, ya que se puso en marcha en 2020 en Castilla-La Mancha, bajo el mando del Gobierno del socialista Emiliano García Page.
Ana de Armas es, gracias a su interpretación como Marilyn Monroe en Blonde, una de las cuatro nominadas al premio a la mejor actriz dramática en la 80.ª edición de los Globos de Oro. La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 10 de enero en su ecenario habitual, el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, y que estará conducida por el cómico Jerrod Carmichael.
Armas, que ya estuvo nominada al premio a mejor actriz de comedia o musical en 2020 por su papel en la primera entrega de Puñales por la espalda luchará por la estatuilla con Cate Blanchett (Tár), Olivia Colman (El imperio de la luz), Viola Davis (La mujer rey) y Michelle Williams (Los Fabelman)
Las actrices Mayan Lopez y Selenis Leyva fueron las encargadas de anunciar los nominados de los galardones que anualmente entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y que en su nueva edición volverán a ser retransmitidos en directo por la NBC.