La Comisión Europea no quiere hacer valoraciones de la aprobación el jueves por el pleno del Congreso de la ley que suprime el delito de sedición y reforma el de malversación porque no comenta cambios legislativos mientras son propuestas de ley, si bien analizará todas las reformas que se tramiten cuando realice su evaluación anual del Estado de derecho en todos los países de la UE, informa Europa Press.
"Estamos siguiendo el asunto, pero no comentamos los proyectos de ley", ha indicado a Europa Press el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, al ser preguntado por la tramitación de la nueva ley que también modifica el sistema de elección y llegada de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Por ello, ha añadido el portavoz, el Ejecutivo comunitario emplaza toda evaluación de las reformas que se tramiten en España al informe sobre el Estado de derecho que los servicios comunitarios publican anualmente para examinar la salud democrática en cada Estado miembro y que se publica habitualmente en el mes de julio.
Wigand tampoco ha querido entrar a valorar el recurso de amparo que el PP ha presentado ante el Tribunal Constitucional para tratar de frenar que las Cortes no voten las enmiendas que buscan facilitar la renovación del propio órgano de garantías porque, ha dicho, "no le corresponde a la Comisión evaluar la conformidad de las leyes nacionales con la Constitución", sino a los propios Estados miembro.
El Partido Popular ha registrado este viernes, ante el Tribunal Constitucional (TC), una ampliación de su recurso de amparo por la tramitación de la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos para derogar la sedición y rebajar la malversación, "mediante la que pretenden reformar dos leyes orgánicas -una del Tribunal Constitucional y otra del CGPJ- vía enmiendas de adición", han informado fuentes del Grupo Parlamentario del PP (GPP) en el Congreso
En este escrito, los conservadores han adjuntado el acta de la reunión de la Mesa de la Comisión de Justicia en la que se recoge que los letrados daseguraron que hay enmiendas que podrían "no tener una conexión material" además de no guardar "relación de homogeneidad mínima" con la proposición de ley, ha explicado el PP. Según la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Comisión "obvió dichas advertencias y rechazó la petición del GPP de no incluir dichas enmiendas".
Los conservadores indican también que, aunque el dictamen de la proposición de ley fue votada en el Pleno del Congreso, su petición de amparo era referente al trámite parlamentario, "por lo que el traslado de la iniciativa al Senado para proseguir su curso parlamentario no impide que el Alto Tribunal pueda actuar". "Con ello, el GPP pretende defender los derechos fundamentales de los parlamentarios para que se cumplan con todas las garantías. Esto es creer en el Estado de derecho y defenderlo", han defendido las fuentes.
El Congreso de la República de Perú ha rechazado este viernes la reforma constitucional para el adelanto de elecciones presidenciales para abril del año 2024, tal y como había propuesto esta misma semana la jefa de Estado, Dina Boluarte.
La reforma constitucional formulada apuntaba al adelanto de elecciones generales para diciembre de 2023, y el recorte de los mandatos presidencial y parlamentario hasta el 30 de abril del año siguiente.
La medida tan solo ha recabado el apoyo de 49 congresistas, mientras que otros 33 se han manifestado en contra y 25 más se han abstenido, quedando muy lejos de las cifras requeridas para sacar adelante una reforma constitucional, recoge la emisora RPP.
Unidas Podemos ha pedido este viernes que el Tribunal Constitucional suspenda su pleno extraordinario del lunes por "haberse quedado sin objeto" el recurso del PP reclamando la suspensión cautelarísima de la votación de la reforma del Código Penal, pues el Congreso ya votó y continuó así el curso parlamentario de la norma.
En un escrito dirigido al tribunal de garantías, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación morada ampara esta solicitud fijándose en el propio recurso del PP en el que se solicitaba una suspensión cautelarísima habida cuenta de que se iba a se producir el jueves 15 de diciembre la votación en el Pleno del Congreso y, de no acordarse la paralización solicitada "el perjuicio será irreparable y el objeto de este procedimiento perderá virtualidad".
Según Unidas Podemos, el PP no añadió a esta petición "ninguna otra de suspensión cautelar del trámite de la ley", por lo que, a su juicio, "es evidente que el recurso ha quedado sin objeto y, por lo tanto, el Tribunal Constitucional no tiene nada sobre lo que decidir".
Decenas de profesionales sanitarios han vuelto a concentrarse por segundo día frente a la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) para trasladar su apoyo a los miembros del comité de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria que llevan encerrados en estas instalaciones desde primera hora de la tarde del jueves.
Así, por segundo día consecutivo, decenas de personas, la mayoría ataviadas con batas blancas, se han situado en la acera frente al número 6 de la calle Sagasta para trasladar su solidaridad y apoyo a los nueve miembros del comité encerrados en las dependencias de la Consejería de Sanidad.
"No estáis solas", han gritado desde la puerta los congregados, que también han coreado consignas para pedir un interlocutor valido para retomar las negociaciones como "Escudero, basta ya, ven a negociar". Precisamente, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha reiterado este viernes la voluntad de diálogo por parte del Gobierno regional pero con los interlocutores que la Comunidad considere que son los más idóneos.
La ministra de Educación de Perú, Patricia Correa, y su homólogo de Cultura, Jair Pérez, han presentado este viernes su renuncia al cargo como respuesta a la muerte de manifestantes civiles en el marco de las protestas violentas en favor del expresidente Pedro Castillo.
"Nuestro país enfrenta una crisis política de grandes dimensiones que demandan convicciones democráticas, respeto al orden y a la vez a la integridad física y a la vida de cada ciudadano peruano, que lamentablemente se han visto vulneradas en las últimas horas", ha dicho Correa en un comunicado.
Asimismo, en su perfil de Twitter —donde ha compartido el escrito— la ya exministra de Educación ha aseverado que "la muerte de connacionales no tiene justificación alguna" y ha recriminado a las fuerzas del Estado el uso de la violencia "desproporcionada y generadora de muerte".
El Partido Popular y Vox han pedido este viernes a la Mesa del Senado que frene la tramitación de la reforma del Código Penal, que modifica el Tribunal Constitucional, deroga el delito de sedición y cambia las penas por malversación, y que se llevará a cabo en la Cámara Alta el próximo martes 20 de diciembre, un día después del pronunciamiento del tribunal de garantías sobre la petición del PP para frenar el curso parlamentario de la norma.
Los 'populares' han solicitado, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la suspensión de la tramitación de la proposición de ley en el Senado esgrimiendo, entre los argumentos, el "evidente fraude de Ley" que supone no tramitarlo como proyecto de ley para "evitar la literalidad del artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial" y "no recabar los informes pertinentes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, y del Consejo de Estado".
El grupo parlamentario que dirige Javier Maroto también ha criticado la urgencia de la tramitación porque, según ha explicado, es "incomprensible" que en una reforma "tan importante para la salvaguarda de nuestro ordenamiento Constitucional" se impida su trámite "de conformidad con los plazos ordinarios".
Las recusaciones planteadas por Unidas Podemos contra el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez podrían dar lugar a la suspensión del procedimiento que se sigue en estos momentos en el TC por el recurso del PP para frenar la tramitación parlamentaria de la reforma del propio tribunal, por lo que, si se discuten en el Pleno señalado para el próximo lunes, permitirán al Senado aprobar definitivamente la reforma.
UP ha solicitado apartar a González-Trevijano y Narváez alegando que tienen un "interés directo" en que no se renueve el TC porque son los dos magistrados que sustituirán los dos candidatos designados por el Gobierno —el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez— una vez se consume la reforma ideada por los 'morados' y el PSOE en dos enmiendas incorporadas a la proposición de ley para derogar la sedición.
Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, estas recusaciones son la principal baza para impedir que en el Pleno extraordinario fijado para las 10.00 horas del 19 de diciembre la mayoría conservadora del TC —seis de once magistrados— admita las medidas cautelarísimas reclamadas por el PP en el recurso de amparo que presentó el pasado miércoles contra dichas enmiendas.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha anunciado este viernes que está a punto de cerrarse una lista de consenso para la asamblea extraordinaria que el partido celebrará en enero en la que no estará en cabeza ni el vicesecretario general del partido, Edmundo Bal, ni ella, que sólo figurará en la última plaza de modo simbólico.
En una rueda de prensa en el Congreso, la presidenta del partido ha indicado que esa candidatura está "muy avanzada", que se hará pública en los próximos días y que dará "protagonismo a quienes se van a partir la cara por el proyecto liberal" en las elecciones locales y autonómicas del próximo mes de mayo.
"Bal y yo somos referentes, ya somos conocidos y tenemos protagonismo. Ahora es el momento de darle atención a otros compañeros que tienen muchísimo talento, incluso más que nosotros, que están preparados para encabezar esta nueva etapa y se lo van a jugar todo en mayo", ha enfatizado Arrimadas. Cuando Bal se postuló para liderar Ciudadanos, ella insistió en apostar por esa lista de unidad, pero anuncio que se presentaría si no había unidad y él no renunciaba a su candidatura.
El número de personas hospitalizadas por Covid-19 en España ha crecido un 6,33% en la última semana. Por su parte, la cantidad de pacientes en UCI ha crecido un 10,7% respecto al viernes pasado y se han constatado un total de 122 fallecidos.
En concreto, Sanidad ha informado este viernes de 4.431 personas hospitalizadas en España actualmente, 264 más que el viernes anterior. Mientras, este viernes hay 269 personas en UCI, 26 más que el pasado viernes.
El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha reclamado al Tribunal Constitucional que vuelva al "sentido común", dé un "paso atrás" y tome la decisión "correcta" de no suspender la reforma que desbloquea su renovación antes de que se apruebe en el Senado, dado que si finalmente ocurre sería "muy grave" y requeriría una reflexión por parte de las Cortes Generales "para hacerse respetar".
En declaraciones a los medios en el Congreso, el diputado también ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de sumarse a la "retórica golpista", que hasta ahora solo proclamaban los "reaccionarios", porque es "peligroso" para el país que la oposición empiece a cuestionar la "legitimidad" de las urnas, del Gobierno y el Congreso.
Durante su comparecencia, Errejón ha criticado que ayer se bordeo una "peligrosa crisis institucional, constitucional y democrática" con la posibilidad de que el actual TC, con "mandato caducado" y con mayoría "al servicio del PP", intentó "amordazar" al Congreso con la convocatoria de un pleno antes de que la cámara aprobara la proposición de ley sobre su reforma. No obstante, ha destacado que afortunadamente no dio ese paso al aplazar al lunes la deliberación de la suspensión cautelar de estos cambios planteada por los populares.
Eso sí, ha manifestado que es "sorprendente" y no supone una buena señal que el Constitucional, que tarda años en dictaminar muchos recursos y resolvió tras una década el presentado contra el matrimonio homosexual, actúe con tanta celeridad y sospecha que es una decisión "marcadamente política".