El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, considera que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "tiene su agenda" para renovar el Tribunal Constitucional y "en ese camino no prioriza llegar a un acuerdo" en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tras recordar la propuesta judicial que ha presentado Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que "no parece que el Gobierno quiera acordar" con su partido la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
De esta forma ha respondido a Pedro Sánchez, que ha avanzado desde Albania que el Ejecutivo nombrará en el mes de septiembre los dos magistrados del Constitucional que le corresponden, tras la reforma 'exprés' que fue aprobada por las Cortes, y se ha mostrado "convencido" de que el CGPJ "cumplirá con la ley" y también hará su propuesta para renovar la parte que le toca, otros dos nombres para el TC.
"Sánchez tiene su agenda y evidentemente su agenda no es llegar a un acuerdo en cuanto al CGPJ", ha afirmado el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, que ha recordado la propuesta "pública" para avanzar en la independencia judicial al renovar las intituciones que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo.
El dirigente 'popular' ha señalado que en ese "camino" el jefe del Ejecutivo "no prioriza" llegar a un acuerdo en el CGPJ sino "otras cuestiones que pueden estar relacionadas con otros motivos que él conocerá mejor que nadie".
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto con medidas urgentes que buscan "actualizar" la legislación básica en materia de incendios forestales para extender las medidas de prevención y extinción a "todo el año", de modo que todos los territorios deberán contar con una planificación no solo para las épocas de alto riesgo sino de bajo y medio.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha anunciado que el Gobierno actualizará las obligaciones y la legislación básica en materia de incendios que recoge la Ley de Montes porque la emergencia climática pone de manifiesto hasta qué punto incendios más virulentos, con olas de calor más intensas y cada vez más frecuentes obligan a ponerse "al día".
"Ya no podemos pensar que la temporada de riesgo extremo de incendios solo ocupa dos o tres meses en nuestro calendario", ha advertido Ribera, que apuntado que según la información de la Comisión Europea es "más que probable" que los días de riesgo extremo de incendios se incrementen en 40 días más al año.
La nueva Ley de Información Clasificada, cuyo borrador ha aprobado este lunes el Consejo de Ministros, no supondrá la desclasificación automática de ninguno de los documentos ya clasificados hasta ahora y que hayan cumplido sus plazos, sino que ésta se irá haciendo paulatinamente si así lo deciden "de oficio" las autoridades competentes o a instancias de personas afectadas que así lo soliciten.
Así lo ha explicado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que informado de que el Gobierno espera poder tener aprobada la nueva normativa a finales de este año o principios del que viene.
El anteproyecto prevé un régimen transitorio de aplicación. Para empezar, no estará en vigor hasta seis meses después de su aprobación por las Cortes, que el Gobierno calcula para principios de 2023.
El Gobierno ha aprobado un primer paquete de medidas de ahorro y eficiencia energética que recoge la obligatoriedad en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles de limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno, según anunció la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Ribera indicó que este paquete de medidas también obligará a apagar las luces de escaparates y edificios públicos que no estén en uso. En el caso de estas medidas, el periodo para su aplicación será de una semana desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y tendrán una vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023.
Asimismo, se obligará a los cierres automáticos de puertas en edificios y locales, aunque en este caso se dará de tregua para su entrada en vigor hasta el próximo 30 de septiembre.
Igualmente, deberán incorporarse carteles para explicar estas medidas de ahorro en los establecimientos, así como para informar sobre las temperaturas y niveles de humedad.
Las medidas también incluyen la exigencia de adelantar la inspección de eficiencia energética en aquellos edificios obligados que hayan realizado el anterior trámite antes del 1 de enero de 2021.
Ribera subrayó que esta primera batería de medidas se trata de un primer paquete "importante y potente" que será completado con el plan de contingencia que se presentará en septiembre y que permitirá poder "cumplir al 100% para poder garantizar la solidaridad con Europa".
El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el Real Decreto de medidas de sostenibilidad económica, que incluye la distribución de una beca complementaria de 100 euros para todos los beneficiarios de becas y ayudas de la convocatoria general de 2022-23.
Con la aprobación de la medida, los beneficiarios empezarán a cobrar este suplemento mensual en septiembre y lo harán hasta el mes de diciembre. El Gobierno destinará 400 millones de euros a financiar esta ayuda, "el máximo de lo que nunca se ha destinado a las becas en este país", como ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Las ayudas se destinarán a los jóvenes estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional y universitarios que obtengan una beca o ayuda dentro de la convocatoria general de becas para el curso 2022-23, así como a los beneficiarios de la convocatoria de ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para 2022-23.
El importe de la ayuda se ha calculado con la previsión de llegar a un millón de beneficiarios el próximo curso. De hecho, esta convocatoria ha batido el récord de solicitudes, con más de 1,36 millones, 136.000 más que en la anterior. Para cubrir estas necesidades, el Gobierno ha destinado este año 2.134 millones deeuros a las becas (también cifra récord), a los que habrá que sumar los 400 millones de la medida aprobada este 1 de agosto.
Esta medida ya fue anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el debate sobre el Estado de la Nación, y responde a la situación económica derivada de la invasión rusa de Ucrania y el incremento de la inflación, que ha provocado un fuerte impacto en las familias, como señala el Ejecutivo.
El Consejo de ministros ha aprobado este lunes el proyecto de ley de derechos de los animales que busca poner fin al maltrato animal "reformulando las penas" que podrán llegar hasta los tres años de cárcel.
Según ha informado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, el Ejecutivo ha dado "luz verde" a la segunda vuelta del proyecto de ley, cuyo anteproyecto fue aprobado en la mesa del consejo el pasado 18 de febrero.
Rodríguez ha recordado que este proyecto de Ley está impulsado por el Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 y que se tratará de una norma "pionera" en España para garantizar el bienestar animal y ofrece un marco legal común para el conjunto del país. Así, ha valorado las "bases" que han puesto ya en marcha "muchos" ayuntamientos y comunidades autónomas para garantizar el bienestar de los animales.
En definitiva, la portavoz del Gobierno considera que la ley, que se remitirá a las Cortes para su tramitación parlamentaria, tratará de dar respuesta a numerosos hogares que conviven con un animal "al que consideran un miembro más de la familia".
El Gobierno ha nombrado nueva presidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE) a la hasta ahora directora del Instituto de Estadística y Cartografía (IECA) de Andalucía, Elena Manzanera, en sustitución de Juan Rodríguez Poo.
A propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el nombramiento de Elena Manzanera, que cuenta con un perfil muy técnico por su carrera al frente del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, agencia dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía.
Manzanera sustituirá a Juan Manuel Rodríguez Poo en la presidencia de Estadística, después de que a finales de junio presentara su dimisión del cargo que ostentaba desde el año 2018 "por motivos personales".
Manzanera ha sido desde 2019 directora del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, ha desarrollado toda su carrera en el ámbito de la estadística pública desde su incorporación en 1990 al Instituto de Estadística de Andalucía, donde ha desempeñado diferentes funciones.
Ha sido jefa del Servicio de Planificación y Análisis del Turismo en la Dirección General de Planificación Turística (1997-2001) y jefa del Servicio de Estudios de la Dirección General de Estudios Andaluces (2001-2004).
Desde 2004 hasta 2019 ocupó el puesto de Subdirectora del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, según ha informado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
El Alto Representante de Política Exterior y Seguridad de la UE, Josep Borrell, ha advertido este lunes de que Europa se enfrenta a una "tormenta perfecta" este invierno por el alza de los precios de la energía, la ralentización del crecimiento económico y la proximidad de la temporada de frío.
"El Kremlin está utilizando la energía como un arma política. Debemos prepararnos para un posible corte del gas, principalmente a través del ahorro, la diversificación y la solidaridad entre nosotros", ha indicado Borrell en un comunicado.
El jefe de la diplomacia Europea ha razonado que tras de la anexión de Crimea por parte de Rusia, "debimos haber desarrollado, pero no lo hicimos, una verdadera unión energética de la UE, basada en la diversificación fuera de Rusia".
En un paso más, el Alto Representante comunitario ha señalado que "esta vez, lo que está en juego es aún mayor: no podemos permitirnos volver a cometer el mismo error".
En este marco, Borrell ha instado a crear una campaña mundial sobre eficiencia y ahorro energético siguiendo el esfuerzo diplomático del Global Methane Pledge, un acuerdo a través del cual Estados Unidos, la Unión Europea y más de un centenar de países se comprometieron a reducir las emisiones de metano en un 30% para el año 2030.
Además, el Alto Representante comunitario ha defendido a acelerar las inversiones en renovables y emprender "una campaña mundial" de ahorro y eficiencia energética para garantizar el acceso a energía "sostenible" en todo el planeta.
El jefe de la diplomacia europea ha recordado el reciente corte de suministro de gas de Moscú al 20% de la capacidad del gasoducto Nord Stream 1, que conecta Rusia con Alemania, un movimiento que, ha señalado, busca "crear nerviosismo en el mercado" y propiciar "el alza de precios", por lo que ha instado a prepararse para "todos los escenarios".
Además, ha indicado que la UE ha reducido "las importaciones de gas ruso del 40% de principios de año a alrededor de un 20 por ciento en la actualidad, principalmente a través de la compra de más gas natural licuado (GNL), cuya participación se ha duplicado del 19 % al 37 %", ha indicado Borrell.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han mantenido este lunes un encuentro en el que, según han señalado fuentes del Gobierno, ha servido para "fortalecer la coalición" entre el PSOE y Unidas Podemos.
Desde Moncloa apuntan que el encuentro, que se produjo justo antes de paréntesis estival, ha sido "muy positivo y fructífero" y que el Gobierno "es consciente de los grandes retos de país" que tiene España por delante.
Además, el Ejecutivo de coalición recalca su compromiso de "seguir trabajando mano a mano" empezando por la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.
El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, considera que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "tiene su agenda" para renovar el Tribunal Constitucional y "en ese camino no prioriza llegar a un acuerdo" en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tras recordar la propuesta judicial que ha presentado Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que "no parece que el Gobierno quiera acordar" con su partido la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
De esta forma ha respondido a Pedro Sánchez, que ha avanzado desde Albania que el Ejecutivo nombrará en el mes de septiembre los dos magistrados del Constitucional que le corresponden, tras la reforma 'exprés' que fue aprobada por las Cortes, y se ha mostrado "convencido" de que el CGPJ "cumplirá con la ley" y también hará su propuesta para renovar la parte que le toca, otros dos nombres para el TC.
"Sánchez tiene su agenda y evidentemente su agenda no es llegar a un acuerdo en cuanto al CGPJ", ha afirmado el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, que ha recordado la propuesta "pública" para avanzar en la independencia judicial al renovar las intituciones que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo.
El dirigente 'popular' ha señalado que en ese "camino" el jefe del Ejecutivo "no prioriza" llegar a un acuerdo en el CGPJ sino "otras cuestiones que pueden estar relacionadas con otros motivos que él conocerá mejor que nadie".
El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha asegurado este lunes que España es el "farolillo rojo" con el Gobierno de Pedro Sánchez porque, a su juicio, los datos no son "positivos" y no se están adoptando las medidas adecuadas. Dicho esto, ha pronosticado un otoño "complicado" y ha avisado que "negar la realidad de las dificultades no van a permitir afrontar las soluciones de manera adecuada".
"Resulta evidente que las medidas que están tomando no son las acertadas, que al negar la situación tampoco acierta y que reproducir las que hizo el presidente Zapatero tampoco parece que sea lo más acertado", ha declarado Bravo en una rueda de prensa en la sede del PP.
Tras subrayar que la situación "está peor que hace un año", el dirigente del PP ha repasado los datos del PIB y los de la inflación, en el 10,8%, ha destacado que hay expertos que apuntan a que "después del verano habrá dificultades desde el punto de vista económico". "Cuando uno mira atrás un año, la situación no está mejor", ha abundado, para añadir que España es "un gran país mejor que el Gobierno que le toca padecer".