La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha recalcado que votará "no" a la reforma laboral si no se incluye la prevalencia de los convenios firmados en el País Vasco frente a los estatales y ha recordado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no tiene mayoría suficiente en el Congreso y le ha advertido de que dos años de legislatura es "mucho tiempo", a pesar de que el jefe del Ejecutivo dice que la agotará y llegará hasta 2023.
En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, la dirigente jueltzale ha afirmado que el presidente "se tendrá que mojar" si pretende "mantener el apoyo de quienes le hemos ayudado", en referencia a, entre otros aspectos, la transferencia a Euskadi de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Atutxa ha denunciado que "ahora nos dicen que existen problemas legales o técnicos" y que "llevamos escuchando 40 años que hay voluntad política pero que técnicamente no se puede hacer".
Las comunidades autónomas de España han notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 159.161 nuevos casos de covid-19, 70.803 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas, según los datos del departamento liderado por Carolina Darias.
La cifra total de contagios en España se eleva ya a 7.930.528 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 3.156,63 puntos, frente a 3.127,91 puntos de ayer miércoles. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 1.495.774 positivos.
En el informe de este miércoles se han añadido además 112 nuevos fallecimientos. Hasta 90.620 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio.
Actualmente, hay 17.269 pacientes ingresados por covid-19 en toda España (17.028 miércoles) y 2.227 en UCI (2.228 miércoles). En las últimas 24 horas se han producido 2.428 ingresos (2.466 miércoles) y 2.176 altas (2.184 miércoles). La tasa de ocupación de camas se sitúa en el 13,87% (13,71% miércoles) y en las UCI en el 23,62% (23,77 miércoles).
Las ONG Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han reclamado al Gobierno que "deje" el juego de uso partidista del debate social en torno al modelo de producción ganadera y declare de manera inmediata una moratoria de todos los proyectos de ganadería industrial e inicie una senda hasta su eliminación definitiva.
En un comunicado conjunto, las ONG ambientales instan al Gobierno a establecer una moratoria "a cualquier proyecto nuevo" o a toda ampliación de proyectos existentes; se alinee con marcos legislativos internacionales y establezca un diálogo social con el sector ganadero y la sociedad civil para diseñar una estrategia para transformar el sector y reducir de manera "paulatina" la ganadería industrial hasta su "total desaparición".
Para las ONG esta estrategia debería incorporar las externalidades negativas de la ganadería industrial en la fiscalidad. Además en la transición hacia la ganadería extensiva consideran que es posible aprovechar los fondos de la PAC y de recuperación post-covid.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este jueves a empezar a diseñar "el puente" para transitar hacia la gestión del covid-19 como una enfermedad endémica. Eso sí, ha precisado que este proceso se hará "con todo el rigor científico" y no ocurrirá "de un día para otro", después del aviso de la OMS, que todavía considera prematuro tratar al covid como endémica.
"Debemos empezar a diseñar el puente, cuando se pueda, para transitar hacia la gestión como una enfermedad endémica", ha señalado el presidente en un acto ante inversores. Así, ha añadido que este proceso no será inmediato pero es el momento para que los Gobiernos anticipen este trabajo de "diseñar el futuro".
Este martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) mostró su desacuerdo con el hecho de tratar el covid-19 como endémica, tal y como propusieron algunos países, entre ellos España, ya que "no se cumplen las condiciones para ello".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado por teléfono este jueves con el primer ministro británico, Boris Johnson, con quien ha tenido ocasión de repasar además de las relaciones bilaterales y la próxima cumbre de la OTAN en Madrid otros asuntos de actualidad internacional, según han informado Moncloa y Downing Street.
La conversación telefónica se ha producido un día antes de lo previsto inicialmente, ya que Moncloa había adelantado que Sánchez hablaría con el premier este viernes.
Según ha explicado Sánchez en su Twitter, han hablado del fortalecimiento de las relaciones bilaterales y los lazos económicos así como de "la importancia del vínculo transatlántico para la defensa de Europa ante la próxima Cumbre de la OTAN en Madrid".
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, se ha congratulado de que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, siga las recomendaciones que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras aprobarse la moratoria de instalación de macrogranjas en esta región hasta 2025.
Así lo ha trasladado en Twiter tras conocer que el Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado la Ley de Medidas Adminitrativas y Tributarias autonómica, popularmente conocida como Ley de acompañamiento a los Presupuestos, que incluye la moratoria de instalación de macrogranjas hasta 2025.
El propio presidente regional ha precisado este jueves que la moratoria que su Gobierno aplicará a la autorización de las llamadas macrogranjas, no implica su prohibición, sino una "pausa procesal" para abordar con "consenso y con "cabeza" esta cuestión, que genera "sensibilidad social".
El Juzgado de lo Social 1 de León ha estimado la demanda de la Seguridad Social contra la empresa de reparto Glovo y ha declarado la existencia de una relación laboral entre dicha mercantil y 142 riders, pues concluye que se trata de "trabajadores por cuenta ajena, aunque la empresa les obliga a darse de alta en el régimen de autónomos".
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el magistrado considera que "se dan todos los requisitos", en especial la "dependencia" y la "ajenidad", para considerar que los trabajadores son "falsos autónomos".
En su sentencia, el juez explica que, tras el juicio y el análisis de la documentación aportada por las partes, ha quedado acreditada la existencia de la "dependencia" por cuanto "los repartidores no disponen de organización empresarial propia y autónoma, sino que prestan sus servicios insertados en la organización de trabajo del empleador, sometidos a la dirección y organización de la plataforma, pues es la empresa Glovo, que presta servicios de recadería y mensajería, quien establece todos los aspectos relativos a la forma y precio del servicio de recogida y entrega de los pedidos.
Los Ejecutivos autonómicos de Galicia, Castilla y León, Murcia y Andalucía, todos ellos gobernados por los conservadores, han avisado al Gobierno de Pedro Sánchez que están estudiando llevar a los tribunales el reparto "a dedo" de los fondos europeos, siguiendo así la senda marcada por la Comunidad de Madrid, que ya ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo por este motivo.
Así se han ido pronunciando los Gobiernos presididos por los barones del PP a lo largo de este jueves después de que se conociera que el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso presentara un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno central por el reparto de fondos europeos de forma "adicional" y "arbitraria", por la concesión de nueve millones de euros de los Next Generation para la promoción del empleo a cuatro autonomías -País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura-.
Varias comunidades autónomas, como es el caso de Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía, entre otras, se han abierto en las últimas horas a explorar un cambio en la forma de evaluar la pandemia del coronavirus dada la menor gravedad que, aparentemente, conlleva la variante ómicron, aunque la mayoría de Ejecutivos autonómicos apelan a la prudencia para empezar a tratar el covid-19 como una enfermedad endémica como puede ser la gripe.
Así se han ido pronunciando diferentes Gobiernos regionales sobre la posibilidad de empezar a cambiar la forma de medir la pandemia del covid-19, que fue debatido este mismo miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.
En concreto, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció en la rueda de prensa posterior a este encuentro que España comenzará a cambiar el sistema de vigilancia y control del covid-19 una vez se haya superado la sexta ola, "nunca antes", ya que "la enfermedad pandémica poco a poco va adquiriendo características de endemia".
La Policía Nacional ha confiscado en el polígono industrial de Cobo Calleja (Fuenlabrada) y en otro de Pinto más de 180.000 test de antígenos de origen chino que distribuían sin los permisos y la documentación oportuna entre sus compatriotas, han informado a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.
La operación se desarrolló el día 4 cuando agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y de la Agencia Tributaria entró en ambos polígonos de forma simultánea tras detectar numerosos antígenos sospechosos en comercios asiáticos de Madrid, especialmente en el distrito de Usera.
Allí encontraron más de 180.000 test sin homologación, sin documentación o con albaranes diferentes.. Por ello, han confiscado y retenido estos artículos para que los técnicos de la Agencia Española del Medicamento determinen si existen irregularidades. De momento, no hay detenidos.
A finales de diciembre, agentes de la Policía Nacional ya intervinieron unos 300.000 test de antígenos de covid-19 en varias naves del polígono industrial de Cobo Calleja, en una operación similar.
El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha pedido a los partidos políticos "altura de miras" para aprobar la reforma laboral, porque "no sería comprensible dejar pasar esta oportunidad" de una reforma que "recupera derechos" de los trabajadores.
Según sus palabras, las discrepancias entre distintos partidos responden a "una escenificación" de ellos para "marcar perfil político" en un proceso para el que quedan "tres semanas" y sobre el que espera que concluya en acuerdo.
Asimismo, ha argumentado que esta modificación de la legislación laboral entra dentro del "cambio de paradigma" en Europa, en el que se incluye una salida a la crisis que "se está haciendo en términos más sociales que en la anterior".