El director general de Avalmadrid, Pedro Embid, fue quien encargó al despacho de abogados Racmo Gestión el informe para intentar exculpar penalmente a la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el supuesto trato de favor otorgado a la empresa de la que sus padres eran socios. Lo reconoció él mismo durante su comparecencia en la comisión que investiga las presuntas irregularidades destapadas en la sociedad de garantías por un expediente del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre.
“Fue una decisión operativa mía”, asumió ante los diputados que le preguntaban por ese documento. En la sesión anterior, el pasado viernes, la presidenta de Avalmadrid entonces, Rosario Rey, había dejado claro que el informe no había sido iniciativa suya. En todo caso, Embid aseguró que lo había encargado cumpliendo un mandato de Rey para hacer “un análisis exhaustivo del trabajo de los despachos [que gestionan la recuperación de los avales impagados] y de la situación de cada expediente”. Pero también reconoció que la presidenta no sabía que se había pedido un informe sobre MC Infortécnica SL, la empresa de los padres de Díaz Ayuso que había dejado sin pagar un aval de 400.000 euros concedido en febrero de 2011.
Como ha publicado este periódico, el informe elaborado por Racmo Gestión tiene fecha de 25 de julio de 2019 y una extensión de apenas tres páginas. Su objeto era doble: en primer lugar, determinar cuál era la mejor opción para reclamar por la vía civil y recuperar la deuda pendiente por el aval fallido de MC Infortécnica SL. Y en segundo, “determinar si hay acción penal posible contra los herederos de los deudores fallecidos”. Los autores del documento se refieren a Leonardo Díaz Álvarez, el padre de la presidenta madrileña, y Juan Manuel Pitarch Divar. Los otros seis morosos están vivos. Pero Avalmadrid no preguntó si cabía emprender una acción penal contra ellos.
El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez sí preguntó este martes a Pedro Embid por qué el informe se interesaba por posibles acciones penales sólo contra los avalistas fallecidos y no por los demás. Pero el director general fue incapaz de explicarlo. “No creo que se limitara a eso”, replicó. Cuando Gutiérrez le leyó la frase textual del informe reproducida más arriba, esquivó la respuesta aduciendo que no podía “valorar un documento interno de la compañía”.
Los juristas consultados por infoLibre califican de “incomprensible” que se pregunte por unos avalistas y no por otros... salvo que se pretenda a toda costa evitar la vía penal, en cuyo caso lo mejor es no preguntar si es posible ir a dicha jurisdicción.
El informe fue filtrado a Libertad Digital para que lo publicase el 13 de agosto, el primer día de la sesión de investidura en la Asamble de Isabel Díaz Ayuso.
Un despacho sin especialistas penales
El diputado de Unidas Podemos Jacinto Morano quiso saber también por qué Embid le encargó a Racmo Gestión, un despacho especializado en procedimientos civiles y mercantiles, ese informe sobre posibles acciones penales, en lugar de contratar a abogados especializados en Derecho Penal. El director general de Avalmadrid justificó su decisión en el hecho de que Racmo Gestión fuera la adjudicataria del servicio de recobro de expedientes, así como porque se trata de un “despacho grande con especialistas en asuntos penales”.
Sin embargo, Racmo se publicita en su web únicamente como un bufete especializado en “auditoría legal y crediticia, valoración de carteras y gestión de activos”, inmobiliarios, residenciales, comerciales y hoteleros, “así como grandes carteras de deuda”. Pero no menciona que tenga ningún departamento penal.
Además, se da la circunstancia de que a Racmo se le encargó un segundo informe que cargaba sobre Cobralia la responsabilidad por las negligencias cometidas durante siete años en la recuperación del aval impagado de MC Infortécnica SL. Es decir, se contrató el análisis a un competidor de Cobralia que precisamente acababa de sustituirle –desde junio de 2019, apenas un mes antes de que emitiera ambos informes– como proveedor de servicios en Avalmadrid.
Aún faltan por recuperar 270.000 euros de MC Infortécnica SL
La diputada del PSOE Pilar Sánchez Acera preguntó a Pedro Embid si Avalmadrid pensaba reclamar el dinero que aún le adeuda MC Infortécnica SL. “Ya se han llevado a cabo las mejores actuaciones para intentar recuperar esa operación”, le contestó el directivo. “¿Y piensa hacer algo más?”, abundó la representante socialista. “Se analizará qué hacer dentro de lo posible”, continuó Embid, quien repitió dos veces que Avalmadrid “ya ha hecho todas las actuaciones jurídicas que cabía hacer”. Cuando Sánchez Acera se interesó por saber qué “frutos” habían dado esas actuaciones, Embid dijo que no podía revelar datos de operaciones concretas.
La realidad es que Avalmadrid hizo bastante poco desde que MC Infortécnica SL incumplió el primer pago del aval, que debería haber ingresado el 15 de diciembre de 2011. Según consta en el informe elaborado por la auditoría interna de la sociedad de garantías y presentado en la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos el 30 de julio de 2019 –y al que ha tenido acceso infoLibre–, Avalmadrid entregó a Cobralia el expediente de MC Infortécnica SL ocho meses después de que el Comité de Morosidad aprobara ejecutar la hipoteca y a los avalistas.
Después, la sociedad de garantías sólo entregó a Cobralia un certificado de saldo, pese a que había que interponer dos procedimientos. Además, Cobralia sólo presentó una demanda de ejecución hipotecaria, pero no de ejecución dineraria de los avalistas. “No existe documentación justificativa para la adopción de esta decisión procesal”, explican los auditores. Éstos también señalan las “debilidades” del seguimiento a que sometido el expediente de MC Infortécnica SL: “Hasta enero de 2015 no se conoce que únicamente se había interpuesto procedimiento de ejecución hipotecaria”. Y cuando Cobralia plantea a Avalmadrid dos posibles vías de actuación, la sociedad no responde.
Finalmente, los auditores constatan que Avalmadrid no efectuó hasta junio de 2019 “un análisis profundo” de los inmuebles de los avalistas. De hecho, algunos de esos bienes, concluyen, “ya no se encuentran en el patrimonio de los avalistas”. Aunque el informe no lo dice, los inmuebles habían sido vendidos o donados a familiares y terceros a lo largo de esos siete años a lo largo de esos siete añosen que Avalmadrid no había actuado con la diligencia debida. Entre ellos se encuentran los que pasaron a manos de Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás.
Hasta el momento, la sociedad de garantías no ha recuperado ni un euro, y sólo le ha sido adjudicada una nave en Arenas de San Pedro (Ávila). Era el único bien hipotecado y no ha sido capaz de venderlo.
Además, hay que tener en cuenta que la operación fue reavalada por la Comunidad de Madrid y por la sociedad pública de reafianzamiento Cersa para cubrir el fallido de MC Infortécnica SL: 102.030,55 euros puso la primera y 206.123,5 euros la segunda. Un total de 308.154 euros. El resto lo ha asumido Avalmadrid en sus cuentas.
No firmó la denuncia como respaldo a su equipo
A Pedro Embid también se le inquirió en la comisión sobre la denuncia en la Fiscalía que Avalmadrid interpuso por acuerdo de su Consejo de Administración en abril de 2019. Tras abrir el Banco de España un expediente sancionador a la sociedad de garantías y a una quincena de sus ejecutivos y consejeros, el Consejo de Administración encargó un informe forense a Forest Partners, que revisó los 167 expedientes donde el supervisor había hallado irregularidades. También encargó un informe a PricewaterhouseCoopers para que analizara las implicaciones penales de las anomalías descubiertas.
Pedro Embid se negó a firmar el escrito de denuncia al fiscal, donde se mencionan los nombres de antiguos ejecutivos de Avalmadrid, entre ellos el de Juan Antonio Chorro García, director de Riesgos en ese momento. Según explicó Embid, firmar esa denuncia hubiera supuesto “invalidar” el “respaldo” que el director general debe dar a su equipo. “No era necesario, menos aún cuando había propuesto una alternativa: que fuera la secretaria del Consejo de Administración, quien instrumenta sus acuerdos, la que lo firmara con un mandato expreso” de ese órgano. Además, detalló, apartó al director de Riesgos de su puesto. “No lo despedí porque pedimos asesoramiento laboral y nos dijeron que debíamos respetar la presunción de inocencia”, respondió a una pregunta de la diputada de Ciudadanos Ana Isabel García García.
Juan Antonio Chorro fue degradadado a subdirector comercial, demandó a Avalmadrid en el juzgado de lo Social por una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo el pasado mes de diciembre y ha terminado llegando a un acuerdo con la empresa antes del juicio.
En cualquier caso, Embid negó cualquier tipo de “desavenencia” sobre el envío del escrito al fiscal. Es más, aseguró que ni votó ni dio su opinión sobre ese asunto en el Consejo de Administración, donde se sienta como invitado permanente, con voz pero sin voto. Incluso recalcó que está “de acuerdo con la decisión tomada por el consejo”. Pero cuando la socialista Sánchez Acera le planteó: “Usted se negó a firmar el escrito, pero no niega su contenido…”, su respuesta reabrió las dudas: “Ni lo niego ni lo dejo de negar”.
Destitución ‘fantasma’
Otro punto de fricción se debió a su supuesta destitución, que según el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez fue anunciada por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, en La Sexta en julio de 2019. Pedro Embid, por el contrario, asegura que la presidenta de Avalmadrid sólo le comunicó el 5 de julio que se le estaban buscando posibles sustitutos. “Me pareció bien, sólo le pedí celeridad porque la interinidad no es buena para las empresas y porque se avecinaba un cambio de gobierno que podía dejar descabezada Avalmadrid sin sus dos principales directivos [Rosario Rey y él]”, recordó. Como motivos para su cese, Embid indicó que le habían referido “la reducción del número de operaciones” que estaba sufriendo la sociedad de garantías por el “ruido mediático y el daño reputacional” que le estaban infligiendo las noticias sobre las supuestas irregularidades.
El 29 de agosto de 2019, Rosario Rey fue, en efecto, destituida de su cargo, pero Pedro Embid continuó. “Me tuve que quedar en Avalmadrid para reunirme con los bancos, que estaban alarmados”, después de que ese mismo verano dimitiera el consejero independiente, Orlando García, y otro más “se prejubilara”. “Si me voy en ese momento”, añadió, “Avalmadrid se queda sin firma, no se hubieran podido pagar las nóminas, la luz y los requerimientos de pago de avales de los bancos”. Embid reveló que, como resultado de la alarma suscitada, “algunos bancos” han cerrado los convenios que tenían con la sociedad de garantías para ofrecer condiciones especiales a sus clientes. “El colapso habría sido irreversible”, sentenció.
Según publicó también este periódico, los representantes de Santander y Caixabank, socios protectores de Avalmadrid, abandonaron el Consejo de Administración el año pasado, el primero en septiembre y el segundo en mayo, en los meses de las turbulencias descritas por Pedro Embid. Aunque ambas entidades negaron que su decisión estuviera motivada por la revelación de las anomalías de funcionamiento de la sociedad de garantías.
En realidad, la Consejería de Economía no tardó mucho en reemplazar a Rosario Rey. El 10 de septiembre nombró presidente de Avalmadrid a Isaac Martín BarberoIsaac Martín Barbero, viceconsejero a las órdenes de Manuel Giménez. El vacío de poder duró sólo 12 días.
Casi 63 millones de euros de dinero público desde 2004
Pedro Embid ha sido el único de los comparecientes que hasta el momento ha llevado papeles a la comisión para detallar cifras concretas. También es el primer cargo en activo de Avalmadrid en acudir a la comisión. Así, por ejemplo, cifró en 21,7 millones de euros las cantidades aportadas por la Comunidad de Madrid desde 2004 hasta 2019 para dotar el Fondo de Provisiones Técnicas de la sociedad de garantías. Las contribuciones a los fondos específicos –por ejemplo, para ayudar a pymes o autónomos de ciertos sectores– suman otros 25 millones en ese mismo periodo. Si a esas cantidades se le suman los 16,1 millones que puso la Comunidad de Madrid como capital, la cifra total de dinero público que ha recibido Avalmadrid en los últimos 15 años asciende a 62,8 millones de euros.
También reveló que desde 2017 sólo la Comunidad de Madrid ha realizado aportaciones al Fondo de Provisiones Técnicas, que forma parte del patrimonio de la sociedad y no puede ser inferior al 1% del riesgo vivo –de los avales en vigor– de Avalmadrid. Antes de esa fecha, Caja Madrid –el segundo socio protector tras la Comunidad, relevada por Bankia desde 2010– sumaba contribuciones para ese mismo fondo por importe de 14 millones de euros. “Si al presidente de Avalmadrid lo nombra la Comunidad, si al Fondo de Provisiones Técnicas sólo aporta la Comunidad de Madrid, si los fallidos se reavalan con dinero público, si además tiene vocación de servicio público para ayudar a las pymes y los autónomos, y carece de ánimo de lucro [Embid acababa de explicar que todos sus beneficios pasan a engrosar el Fondo de Provisiones Técnicas]… entonces, ¿cómo se puede negar el carácter público de Avalmadrid?”, le planteó el diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé. “No voy a valorar esa cuestión”, eludió de nuevo la respuesta Pedro Embid, “soy un profesional, ése es un tema de ustedes”. Las dudas sobre el carácter público o privado de la sociedad de garantías ha ocupado buena parte de las intervenciones y debates en las tres primeras sesiones de la comisión.
Este martes también compareció en la Asamblea Javier Gilsanz, autor del informe que Avalmadrid encargó a PricewaterhouseCoopers sobre las implicaciones penales de las irregularidades destapadas por el Banco de España. Gilsanz se negó a contestar todas las preguntas que le formularon los diputados, amparándose en el secreto profesional.
El director general de Avalmadrid, Pedro Embid, fue quien encargó al despacho de abogados Racmo Gestión el informe para intentar exculpar penalmente a la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el supuesto trato de favor otorgado a la empresa de la que sus padres eran socios. Lo reconoció él mismo durante su comparecencia en la comisión que investiga las presuntas irregularidades destapadas en la sociedad de garantías por un expediente del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre.