Quieren derogar la ley de 2005 que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Defienden que las parejas homosexuales sean penalizadas en las adopciones. Rechazan que la escuela explique a los niños que las relaciones heterosexuales no son las únicas que existen. Las declaraciones de algunos de sus dirigentes están llenas de frases en las que alimentan la teoría de la conspiración de un que un lobby homosexual está imponiendo su ideología y sus demandas al conjunto del país.
Pero aún así, la derecha extrema se escandaliza cuando son señalados públicamente como responsables, siquiera parcialmente, del discurso de odio contra las personas LGTBI que en las últimas semanas se ha traducido una agresiones cada vez más frecuentes. La guinda, el asesinato a golpes este fin de semana en A Coruña de un joven homosexual.
Para perseguir a quien se atreva a relacionar la violencia contra las personas LGTBI con las posiciones políticas que defiende su partido, el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, anunció este lunes que su partido se querellará contra cualquiera que sostenga esta tesis. Los primeros de la lista, el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero y la tuitera socialista Martu Garrote.
Buxadé acusó a “la izquierda”, en general, de haber puesto en marcha una campaña “infame y asquerosa” de “demonización y deshumanización” de Vox acusando a sus dirigentes de promover el odio contra quienes describió como “personas de tendencia homosexual”. Ciudadanos que en su opinión, aseguró citando al líder de la derecha extrema española, Santiago Abascal, por quienes sí están siendo perseguidos es por el “islamismo radical”.
“No vamos a admitir ninguna campaña de deshumanización, ni vamos a dejar ninguna mentira en el aire”, advirtió. “Tendrán que responder ante los tribunales”.
Hasta el portavoz nacional del PP ha salido en defensa de sus aliados ultras. José Luis Martínez-Almeida, que también ocupa el cargo de alcalde de Madrid (al que accedió precisamente gracias a sus votos), calificó de “rastrero” señalar la influencia del discurso de odio en la multiplicación de casos de violencia contra las personas LGTBI.
Lo cierto es que Vox defiende desde hace años posiciones contrarias a las de los activistas LGTBI e incluso planea recortar algunos de los derechos conquistados en España. Abascal ha defendido la derogación de la ley que hizo posible en nuestro país el matrimonio entre personas del mismo sexo, que quiere sustituir por una norma que regule lo que él llama “uniones de hecho” para equiparar lo que hoy es un matrimonio a la relación entre dos personas que comparten intereses. “Nosotros no consideramos que la relación entre dos hombres o entre dos mujeres sea un matrimonio. Sí, una unión civil que necesita ser regulada. Creo que es bueno que las personas se unan, que dos hermanas viudas, o dos amigos viudos puedan hacerse una unión civil para cuidarse unos a otros o legar”, declaró en 2019 en una entrevista emitida por Antena 3.
Tampoco cree Abascal que los homosexuales deban tener los mismos derechos que los heterosexuales a la hora de adoptar. Deben ser penalizados, defendió también en programa de Antena 3, esta vez emitido en 2020. “Si hay un niño al que no le quiere nadie y lo van a adoptar dos homosexuales, yo los aplaudo”, pero “pudiendo elegir es preferible que esté con un padre y una madre”. Una afirmación en la que no reconoce homofobia: “No sé por qué se nos tacha de homófobos”. En Vox “hay militantes que son homosexuales y a los que nosotros representamos”, declaró a modo de explicación.
La influencia de Vox
No son sólo propuestas. Vox ya está haciendo uso de su influencia en gobiernos locales y autonómicos para traducir en normas su ideología homófoba. Es el caso de veto parental con el que pretenden dotar a los padres de la capacidad de impedir que sus hijos sean educados en materia de igualdad y en el respeto a las diferentes orientaciones sexuales. Está ocurriendo en Murcia, donde el PP cedió a la demanda de los ultras para apuntalar la supervivencia política de su presidente, el tránsfuga Fernando López Miras.
La portavoz de la derecha extrema en Madrid, Rocío Monasterio, concedió su apoyo a la presidenta Isabel Díaz Ayuso (PP) apelando, entre otras cosas, a la derogación de “leyes de género propias de la izquierda más radical”, en referencia a normas que afectan la comunidad LGTBI y a la violencia machista. Algo que el PP ya se ha mostrado dispuesto a atender, aunque sólo sea parcialmente: están dispuestos a revisar la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación y la de protección Integral contra la LGTBIfobia.
Vox ha incrementando además su relación con Fidesz, el partido ultra que gobierna Hungría, y con su presidente, el derechista Viktor Orbán, coincidiendo precisamente con la entrada en vigor en ese país de una legislación abiertamente discriminatoria contra el colectivo LGTBI, a cuyos miembros equipara con los pederastas.
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Las declaraciones de dirigentes de Vox contra los derechos de las personas LGTBI son además habituales. El portavoz ultra en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, tuiteó en enero de 2020 lo siguiente: “Estamos de acuerdo, la no discriminación está protegida por la Constitución. El problema es que en España hemos pasado de un extremo a otro. De pegar palizas a los homosexuales a que ahora esos colectivos impongan su ley”.
Un año antes, su homóloga madrileña, Rocío Monasterio, arremetía contra las celebraciones del orgullo: “Esta fiesta y esta forma de tratar al colectivo es lo contrario a lo que creo que tiene que ser el respeto a la persona. No creo que para este colectivo sea bueno una visión denigrante y casi de una caricatura que muchos no comparten”, dijo en una entrevista en La Contra TV. En la misma línea, su director de Comunicación, Juan Ernest Pflüger, publicó en Twitter en 2019: “¿Por qué los gays celebran tanto el día de San Valentín si lo suyo no es amor, es sólo vicio?”
El orgullo, que en los últimos años se había convertido en un icono de la ciudad de Madrid —además de un motor económico— está en la diana de Vox. Desde que el gobierno local, formado por PP y Ciudadanos, depende de sus votos, la organización de esta fiesta multitudinaria ha visto cómo el ayuntamiento se negaba a colgar la bandera arcoíris. Y ha tenido que escuchar al portavoz local de los ultras, el también diputado en el Congreso Javier Ortega Smith, defendiendo sacar la fiesta del centro de la capital con la excusa de que “molesta a muchos madrileños”.
Quieren derogar la ley de 2005 que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Defienden que las parejas homosexuales sean penalizadas en las adopciones. Rechazan que la escuela explique a los niños que las relaciones heterosexuales no son las únicas que existen. Las declaraciones de algunos de sus dirigentes están llenas de frases en las que alimentan la teoría de la conspiración de un que un lobby homosexual está imponiendo su ideología y sus demandas al conjunto del país.