Poco a poco, el cerco contra las casas de apuestas y juegos de azar se va acotando. La oposición social hacia este tipo de negocios ha aumentado notablemente en los últimos meses. Y esto se ha trasladado a la política. Tanto nacional, donde el PSOE y Unidas Podemos pactaron "controlar la extensión de las casas de apuestas" en su preacuerdo para un Gobierno de coalición, como autonómica. Distintas comunidades intentan frenar la proliferación de los salones de máquinas de juego y locales de apuestas a base de medidas que limitan las autorizaciones o que ponen condiciones a su ubicación. La última en hacerlo ha sido Madrid. La presidenta del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció el pasado martes que el Consejo de Gobierno había decidido la tramitación urgente de un decreto que suspenderá temporalmente la concesión de nuevas autorizaciones de apertura de este tipo de establecimientos. La suspensión, no obstante, tiene fecha de caducidad: se levantará en el momento en el que entre en vigor el nuevo decreto de planificación de la actividad sobre el que ya está trabajando el Gobierno.
"Nosotros somos un Gobierno liberal, que está a favor de la libre competencia y de conjugar esta actividad reglada con una planificación equilibrada y con un problema de salud pública, que está afectando a población vulnerable, especialmente a menores de edad", explicó Díaz Ayuso en rueda de prensa. Los números muestran la dimensión del problema. Según una nota de prensa de la propia Comunidad de Madrid, actualmente hay 678 puntos de apuestas en la región, de los que 171 son locales específicos de apuestas. En 2014 había 76 casas de apuestas registradas. El aumento, por tanto, ha sido astronómico: en cinco años, estos establecimientos han aumentado un 125%. Y se multiplican, sobre todo, por las zonas con menor renta de las ciudades. Según el resultado de los datos de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, los tres distritos con menores rentas de Madrid, situados al sur de la ciudad, acumulan casi el doble de locales de juego de azar que aquellos con mayores rentas per cápita. Usera, Puente de Vallecas y Villaverde tienen 78 establecimientos, frente a los 43 de los distritos de Salamanca, Chamartín y Chamberí.
Es un problema que cada vez tiene más visibilidad. Así que muchas autonomías se han puesto manos a la obra para solucionarlo. Sin embargo, algunas se han encontrado en frente a la justicia como una piedra en el camino. La Generalitat Valenciana aprobó, en el año 2015, un decreto que limitaba la proliferación de este tipo de negocios. Y la medida más polémica fue la que regulaba la distancia mínima que debía existir entre un local y otro. Según ordenó la norma, ninguna casa de apuestas podría abrirse si no estaba a una distancia mínima de 800 metros de otra. El decreto fue recurrido y la Audiencia Nacional anuló el reglamento, que acabó en el Tribunal Supremo. Y este concluyó que la limitación que incluía la norma, aunque estaba justificada, no era proporcional. O, al menos, no se había probado que lo fuera. "El decreto autonómico no ofrece datos ni razones que puedan considerarse suficientes para dar cumplimiento a aquella exigencia de justificación en lo que se refiere a la concreta limitación impuesta", dijo el alto tribunal en el fallo.
Aun así, otras comunidades cuentan con normas similares. De hecho, Madrid aprobó el pasado mes de mayo una normativa que impedía, entre otras cosas, que un local de apuestas estuviera a menos de 100 metros de otro. No obstante, se dio una moratoria a los centros que incumplen. Y el resto de autonomías, ¿cómo funcionan?
Cataluña: la más restrictiva; Navarra: la más antigua
Según un informe elaborado por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid y publicado en octubre, la capital de España tiene 400 locales de apuestas. Sin embargo, tal y como recoge El País, en Barcelona tan solo hay 46. La explicación radica en que en Cataluña, desde el año 2004, se exige que cada establecimiento se encuentre a una distancia mínima de un kilómetro de otro. Es, por ello, la autonomía que más restringe la ubicación de este tipo de locales.
El Gobierno foral de Navarra, por su parte, cree que ha llegado la hora de renovar su normativa sobre este tipo de locales. La presidenta, María Chivite, considera que se ha quedado "obsoleta". Un decreto de 1990 ya estableció que no está permitida la apertura de nuevos salones de juego cuando su emplazamiento esté a menos de 400 metros de otro establecimiento de esta naturaleza. Más de una década después, prohibieron la entrada a este tipo de locales a menores. Para renovar el reglamento, el pasado mes de octubre el Ejecutivo aprobó la suspensión de la concesión de autorizaciones para abrir nuevos lugares de apuestas, salones de juego y bingos en los próximos seis meses.
Extremadura y Valencia: lejos de otros negocios similares y de centros de enseñanza
Hay otras comunidades que, por su parte, han preferido distanciar estos locales de otros similares y de centros de enseñanza. Así buscan evitar que los menores y los jóvenes se vean tentados a entrar. Según los expertos, son el perfil más proclive a sufrir adicciones.
El Ejecutivo extremeño quiso que estos negocios no se situaran cerca unos de otros ni que estos pudieran estar a poca distancia de los centros de enseñanza, también los universitarios. Así, prohibió nuevas autorizaciones de locales de juego a menos de 250 metros unos de otros y a menos de 300 de centros públicos o privados de enseñanza.
En Castilla y León hay una normativa similar. No se permite ni la apertura de un local a menos de 100 metros de centros de enseñanza —universitaria o no— ni a menos de 300 de otro establecimiento similar.
La Comunitat Valenciana aprobó una ley que sustituyó la anulada por el Supremo. Fue en noviembre de 2018, antes de que el alto tribunal tomara su decisión pero después de que lo hiciera la Audiencia Nacional. Según estableció la normativa, no se pueden abrir nuevos locales de este tipo a menos de 700 metros de otro. Un mes después, la autonomía se decidió a proteger a los menores de este tipo de locales. Así, aprobó una norma que abordaba la prohibición de publicidad de juegos de azar en horario infantil y durante la emisión de programas deportivos.
Murcia, Aragón y Euskadi: locales distanciados entre ellos
Murcia, Aragón y Euskadi tienen limitaciones similares. La primera legisló en septiembre de 2018 para que ningún local de juego estuviera a menos de 200 metros de otro. Pero además, para proteger quienes entraban y jugaban, decretó que las máquinas de apuestas debían tener un dispositivo de bloqueo manejado por los empleados, que debían activarlo al comprobar que el cliente es menor.
En Aragón, por su parte, no se permite que haya salones a menos de 300 metros de distancia entre sí desde el año 2015. Pero en la comunidad, según los datos actualizados de la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, ya son 143 los locales existentes. Son 119 salones, 14 bingos, 9 locales de apuestas y un casino, con un total de 821 terminales entre todos ellos.
Euskadi legisló en el año 2016. Entonces, el Ejecutivo aprobó que los salones de juego estuvieran distanciados por, al menos, 500 metros, y que la distancia que separara un local de apuestas de otro fuera de 200 metros.
Asturias, Baleares y La Rioja: lejos de los menores
Otras comunidades también tienen restringida la apertura de este tipo de centros. Se trata de Asturias y Baleares, que prohiben la instalación de locales de juego a poca distancia de lugares frecuentados por menores. La primera aprobó, el 11 de abril de este año, un decreto por el que se implantó un servicio de control a la entrada de este tipo de negocios, que debe también disponer de información actualizada de los datos de los Registros de Interdicciones de acceso al juego —para controlar a quienes sufren problemas de salud relacionados con este tipo de locales—, y la prohibición de instalar un salón de juego a menos de 100 metros de centros que impartan enseñanza a menores.
Baleares, en el decreto que aprobó en mayo, limita los establecimientos de forma similar. Con esta norma, el Ejecutivo autonómico estableció limitaciones respecto a la instalación de estos establecimientos de juego en las zonas de influencia de centros de enseñanza de menores de edad, zonas de ocio infantil y centros permanentes de atención a menores. La distancia mínima se estableció en 100 metros, aunque en Palma de Mallorca se aumentó hasta los 500 y en otros municipios hasta los 250.
La Rioja tiene una normativa similar. Ordenó, el pasado mes de marzo, no otorgar nuevas autorizaciones de apertura para la práctica de juegos y apuestas en establecimientos de juego o la instalación de máquinas de apuestas en establecimientos de hostelería a menos de 200 metros de escuelas y de centros de protección de menores de edad.
Galicia y Canarias: restricción del número de locales
El Consello de la Xunta de Galicia acordó el pasado mes de mayo planificar las autorizaciones de instalación de salones de juego y locales de apuestas. Y estableció lo siguiente: sólo podría haber 118 salones de juego y 41 tiendas de apuestas. Pero la limitación tenía fecha de caducidad: a los nueve meses, si no hubiera entrado en vigor una ley, se anulaba el acuerdo.
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En Canarias se emplea una fórmula parecida, pero está establecida por ley. En 2014 el Gobierno aprobó un decreto para regular las apuestas en el ámbito deportivo, limitando a 95 el número de licencias para la instalación de locales de apuestas: 44 en Gran Canaria; 24 en Tenerife; 11 en Lanzarote; 10 en Fuerteventura; 4 en La Palma; 1 en El Hierro, y 1 en La Gomera. Pero estos pueden estar a 50 metros de centros no universitarios. El Ejecutivo, por eso, pretende restringir más la norma.
El resto de comunidades son más laxas en sus regulaciones. En Andalucía, de hecho, la derecha de PP, Ciudadanos y Vox impidió que saliera adelante una norma del PSOE que pretendía prohibir la apertura de este tipo de negocios a menos de 500 metros de los colegios. La iniciativa, que tuvo el apoyo de Adelante Andalucía, también contemplaba el incremento del control de acceso a los menores a las casas de apuestas, de modo que, entre otros aspectos, se prohibirá el juego y la entrada de menores acompañados por un adulto, aunque sea su tutor. Los conservadores, en cambio, argumentaron que lo que se solicitaba ya estaba suficientemente regulado.
El Gobierno de Cantabria, por su parte, acaba de aprobar en el proyecto de Ley de Medidas Administrativas que acompaña a los Presupuestos Generales de Cantabria para 2020 una modificación de la Ley del Juego para establecer una distancia mínima de 500 metros entre los salones de juego y los centros educativos. Por último, en Castilla-La Mancha se legisló en el año 2013 para regular los requisitos de adecuación del local y los requisitos de entrada para los menores. Ahora, el Gobierno ha mostrado su predisposición a restringir la autorización de nuevos locales, incrementar la inspección y fijar sanciones más duras para las infracciones más graves.
Poco a poco, el cerco contra las casas de apuestas y juegos de azar se va acotando. La oposición social hacia este tipo de negocios ha aumentado notablemente en los últimos meses. Y esto se ha trasladado a la política. Tanto nacional, donde el PSOE y Unidas Podemos pactaron "controlar la extensión de las casas de apuestas" en su preacuerdo para un Gobierno de coalición, como autonómica. Distintas comunidades intentan frenar la proliferación de los salones de máquinas de juego y locales de apuestas a base de medidas que limitan las autorizaciones o que ponen condiciones a su ubicación. La última en hacerlo ha sido Madrid. La presidenta del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció el pasado martes que el Consejo de Gobierno había decidido la tramitación urgente de un decreto que suspenderá temporalmente la concesión de nuevas autorizaciones de apertura de este tipo de establecimientos. La suspensión, no obstante, tiene fecha de caducidad: se levantará en el momento en el que entre en vigor el nuevo decreto de planificación de la actividad sobre el que ya está trabajando el Gobierno.