Los doce asesinatos que aún persiguen a Martín Villa en la causa argentina contra el franquismo

La justicia argentina mantiene con vida la causa sobre los crímenes del franquismo y la Transición. El Juzgado Criminal y Correccional Federal nº1, que dirige la magistrada María Servini, ha rechazado esta semana la petición del exministro español Rodolfo Martín Villa de archivar el procedimiento convertido en última esperanza de unas víctimas a las que se ha negado sistemáticamente en nuestro país una justicia que llevan décadas reclamando. La resolución judicial, a la que ha tenido acceso este diario, es clara. Por un lado, resalta que nos encontramos ante la posible comisión de delitos de lesa humanidad que son "imprescriptibles". Y por otro, rechaza que se haya violado su derecho a ser juzgado en plazo razonable: "Se encuentra holgadamente justificado el plazo de duración". 

Martín Villa, que medró durante la dictadura vistiendo una camisa azul de la que se olvidó con la muerte de Franco, lleva años bajo la lupa de la justicia argentina. En el año de la pandemia, defendió su inocencia ante la jueza argentina, a la que hizo llegar una veintena de cartas de apoyo de exlíderes políticos y sindicales –entre ellos, los expresidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy–. Reconoció que hubo "comportamientos policiales" contrarios a los derechos de las personas, pero rechazó hablar de genocidio y crímenes contra la humanidad. Meses más tarde, Servini le procesó. Pero aquella decisión fue revocada en apelación. Se consideró que no había aún base sólida para el procesamiento. Y es en eso en lo que trabaja la jueza desde entonces.

Cinco muertos en la matanza de Vitoria

Doce son los asesinatos que persiguen a Martín Villa en el procedimiento. De ellos, cinco datan de su corta etapa al frente del Ministerio de Relaciones Sindicales. Y perdieron la vida en la matanza de Vitoria. Los hechos se remontan al 3 de marzo de 1976, apenas tres meses y medio después de la muerte del dictador. Aquel día era jornada de huelga general en una ciudad que desde comienzo de año había experimentado una notable movilización obrera contra los topes salariales. Varios miles de trabajadores se encontraban reunidos en asamblea en la iglesia del barrio de Zamaraga. A eso de las 17.00 horas, policías armados penetraron en la parroquia con gases lacrimógenos. "Si desalojan por las buenas, vale; si no, a palo limpio. Sacarlos como sea", se oía por el canal interno policial.

Aquella intervención fue una masacre. Y los agentes eran conscientes de ello. "Después de tirar más de mil tiros y romper la iglesia, te puedes imaginar cómo está la calle", se escucha en la emisora policial. A medida que iban abandonando el templo, los obreros eran alcanzados por pelotas de goma y balas de fuego. Se registraron más de un centenar y medio de heridos. Y cinco muertos: José Castillo, Pedro María Martínez, Romualdo Barroso, Bienvenido Pereda y Francisco Aznar. El primero, con 32 años, era padre de familia y trabajador de la empresa Basa. El último, de apenas 17 años, un estudiante que trabajaba en la Panificadora Vitoriana. El Supremo obligó a la justicia militar a asumir el caso. Pero acabó sobreseído al no dar con los autores de los homicidios.

Norma Menchaca y Josu Zabala en el verano de 1976

Pocos meses después, fueron asesinados también en Euskadi Norma Menchaca y Josu Zabala. La primera muerte se produjo el 9 de julio, pocos días después de que Martín Villa cogiese las riendas del Ministerio de Gobernación –luego conocido como Interior–. Aquella tarde, la mujer había salido a celebrar el Día de la Sardina en Santurtzi, una festividad que algunos vecinos aprovecharon para organizar una manifestación a favor de los presos políticos. Fue en el transcurso de aquella marcha cuando pistoleros ultras, habitualmente ubicados en la órbita de grupos parapoliciales, segaron su vida. La investigación judicial por el asesinato de Menchaca, considerada víctima del terrorismo, fue sobreseída en solo cinco meses al no haber "elementos suficientes" para acusar.

Dos meses más tarde, era Josu Zabala quien perdía la vida en la calle. Sucedió el 8 de septiembre, día grande de las fiestas de Hondarribia. El joven delineante, trabajador de la empresa Laminaciones de Lesaka, participaba en una manifestación que discurría por el municipio guipuzcoano entre fuertes medidas de seguridad. De pronto, la Guardia Civil cargó contra los manifestantes. En plena refriega, Zabala cayó muerto. Un disparo a bocajarro le entró por la espalda y le salió por debajo del corazón. Apenas un año después, el guardia civil implicado en aquellos hechos fue amnistiado.

Arturo Ruiz y los tres fallecidos en la Semana Pro-Amnistía de 1977

Otra de las muertes que persigue al exministro del Interior es la de Arturo Ruiz, punto de partida de la llamada Semana Negra de la Transición. El muchacho, que combinaba sus estudios con algunos trabajos que le salían como albañil, fue asesinado en Madrid el 23 de enero de 1977. Acudió al centro para participar en una manifestación por la amnistía total de los presos. Y fue tiroteado al grito de "¡Viva Cristo Rey!". A las pocas horas, se produjo la primera detención. El arrestado era Jorge Cesarsky, un argentino vinculado al grupo paramilitar Triple A –Alianza Anticomunista Argentina– que había llegado a España a mediados de los sesenta que estaba bien posicionado dentro de los círculos franquistas de la época.

Él fue el único condenado en relación a aquellos hechos. El principal acusado de efectuar los disparos, el ultra José Ignacio Fernández Guaza, desapareció. Durante la investigación se supo que, tras el crimen, el ultra ligado a Fuerza Nueva contactó con su pareja para que le mandara 15.000 pesetas a una dirección en Gernika vinculada a un guardia civil. De hecho, su vinculación con las Fuerzas de Seguridad era estrecha. Algo que él mismo reconoció el pasado mes de noviembre, cuando El País le localizó en Argentina tras cuatro décadas desaparecido. "La Dirección General de Seguridad sabía qué pasaba. [...] Teníamos carta blanca", aseguró, al tiempo que insinuó que elementos policiales le ayudaron a desaparecer.

Bajo la lupa de la jueza Servini se encuentran también otras tres muertes de la Semana Proamnistía. El 12 de mayo, Rafael Gómez, un hombre de avanzada edad, fallecía por disparos de la Guardia Civil durante una manifestación en Rentería. Horas después, el 13 de mayo, José Luis Cano fallecía en Pamplona tras recibir un disparo en la nuca de la Policía Armada, un caso que estuvo en manos de la justicia militar hasta que la Ley de Amnistía de 1977 lo metió en un cajón. Y el 15 de mayo, Francisco Javier Núñez es golpeado por antidisturbios en Bilbao. Unos días después, murió por una cirrosis hepática. La familia siempre ha dicho que cuando fue a denunciar la agresión, un grupo de hombres le montó en una furgoneta, le ató y le hizo ingerir un litro de coñac y aceite de ricino.

Germán Rodríguez y los Sanfermines de 1978

También persigue al exministro del Interior lo acontecido durante los Sanfermines de 1978. Todo estalló el 8 de julio, tras el despliegue de una pancarta en la plaza de toros de la ciudad: "Amnistía total. Presoak kalera. San Fermín sin presos". Tras aquella reivindicación, la Policía Armada intervino, según un informe elaborado por la Universidad de Navarra a instancias del Ayuntamiento de Pamplona, con botes de humo, pelotas de goma y fuego real. Aquellos primeros enfrentamientos se trasladaron a la calles. Y provocaron la muerte de Germán Rodríguez, un joven de 23 años que militaba en la Liga Comunista Revolucionaria y que murió como consecuencia de un disparo recibido durante las protestas.

Cuarenta y seis años después, el crimen sigue impune. Los tres procedimientos judiciales que se abrieron en relación con todos estos hechos fueron cerrados sin responsables. "La investigación judicial fue insuficiente y negligente", recoge el informe elaborado por la universidad. El documento, además, recuerda el tupido velo que se ha corrido alrededor de estos sucesos: "La información que sobre el tema consta en la Inspección General de la Policía Nacional y en el Ministerio del Interior no ha sido desclasificada ni se aportó durante la fase de instrucción del sumario".