Documentos hasta ahora secretos desvelan que Villarejo negoció con el PP una "estrategia jurídica" para dinamitar el 'caso Gürtel'

El demoledor informe donde la Fiscalía Anticorrupción pide al juez del caso Villarejo que impute al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por el espionaje a Luis Bárcenas entre 2013 y 2015 en la Operación Kitchen ha dejado al partido contra las cuerdas. Porque sus 52 páginas destapan datos de enorme relevancia y hasta ahora desconocidos. 

El informe de los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano desvela que un lote de documentos denominados Proyecto SMP y que hasta ahora habían permanecido en el más estricto secreto delata cómo el policía tuvo contactos con un abogado de miembros del PP investigados en el caso Gürtel. ¿El porqué y para qué de aquel acercamiento a quien, citando los papeles de Villarejo, el informe define como "Letrado Director"?  Básicamente, que la empresa de cabecera del grupo societario de Villarejo, Cenyt, desarrollaría un "proyecto de estrategia jurídica" con el "objetivo prioritario de evaluar la posibilidad de anulación total de actuaciones del SG", es decir, del "Sumario Gürtel", como remarca la Fiscalía en su informe, al que ha tenido acceso infoLibre.

El informe destaca asimismo que entre los "encargos puntuales" del PP a Villarejo a raíz de su reunión con Cospedal en 2009, el comisario ha identificado "el encargo recibido para la destrucción de ordenadores del Partido Popular". Esa identificación se produce en una de las conversaciones grabadas por él mismo. "Las cosas las voy a hacer a mi manera y tal. Bueno, o cuando me encargaron destruir los ordenadores, ¡por ejemplo!" La única destrucción de ordenadores que ha trascendido fue la de los que usaba Luis Bárcenas, quien primero interpuso denuncia y luego retiró la acusación contra el PP. El partido resultó absuelto.

Bárcenas dio el paso atrás en 2016, tres años después de que la difusión de los llamados papeles de Bárcenas hubiese derivado en una investigación judicial sobre la contabilidad paralela del PP. Aunque la versión oficial de parte de los imputados en Kitchen sostiene que el dispositivo desplegado solo buscaba localizar los fondos que logró ocultar el extesorero, Interior jamás comunicó nada al juez que instruía dentro de Gürtel la pieza sobre la caja B del PP. Y todo lo investigado indica que el fin de aquel operativo era evitar que Bárcenas conservase documentos incriminatorios para el PP.

El informe de Anticorrupción saca a la luz también un hecho inesperado: que cuando la investigación judicial sobre el espionaje a Luis Bárcenas ya estaba en marcha, quien fue secretario de Estado de Seguridad con Jorge Fernández Díaz como ministro, Francisco Martínez, cruzó el 5 de junio de 2019 un mensaje telefónico con el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. "Mi grandísimo error en el Ministerio fue ser leal a miserables como Jorge [Fernández Díaz], [Mariano] Rajoy o [María Dolores de] Cospedal". En el primer tramo de la conversación, Martínez ya había empleado un tono dolorido y quejoso:  "Tú sabes que me han utilizado vilmente. Unos y otros. Yo lo único que hice fue trabajar. Con un enorme coste personal y familiar. Y ahora esto". El magistrado se limitó a responder así: "Lo sé, lo sé".

En junio de 2019 el antiguo secretario de Estado aún no estaba imputado. Pero el antiguo jefe de la unidad de escuchas de la Policía, Enrique García Castaño, ya le había señalado como quien le dio órdenes de investigar a Bárcenas. Los mensajes que Martínez intercambió sobre Kitchen con Fernández Díaz y que terminó depositando en una notaría refuerzan para la Fiscalía la tesis de que el exministro participó en la operación así como en su financiación con fondos reservados: los indicios "son muy numerosos y concluyentes". Anticorrupción atribuye al exministro prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos y malversación. Son los mismos delitos que considera que perpetraron Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro.

El del mensaje dirigido por Martínez al presidente de la Audiencia Nacional no es el único citado por el informe donde aparece el nombre de Rajoy. El 17 de febrero de 2017, cuando García Castaño ya había sido destituido, Villarejo grabó una conversación con él. En ella le proponía utilizar la información que obtuvo de la Operación Kitchen como chantaje a sus superiores. El exjefe de escuchas (la UCAO) pregunta a su amigo: "¿La Cospe qué dice de todo esto?" Y Villarejo contesta: "No, la Cospe tal, que no sé qué, que ya hablaron con el presidente, que el presidente tal... ehhh... yo...". Más adelante, en esa misma conversación, Villarejo dice a García Castaño esto en referencia a Kitchen: "Tronco, una operación .... una operación para coger, una operación para quitarle al Bárcenas los papeles que le comprometían al presidente, no me jodas macho, eso qué es?". 

"Tenemos todas las grabaciones entre Bárcenas y Rajoy, las tenemos"

A Rajoy, Villarejo se refiere como el "barbas" o como "Asturiano". De hecho, ese mismo 17 de febrero de 2017 y con la defensa de su amigo García Castaño como tema, Villarejo conversa con su amigo Adrián de la Joya, empresario ahora imputado en Tándem y que mantuvo relaciones financieras con Bárcenas, y con un tercero. El informe transcribe así lo sucedido. Villarejo afirma: ¡No entienden! Del tonto polla del Asturiano (…), me podrá meter en el maco, me podrá no sé qué pero le busco una avería que se caga, eh". Y de la Joya replica de inmediato: “Tenemos todas las grabaciones entre Bárcenas y el puto Rajoy hablando de toda la mierda, las tenemos. ¿Cuánto dura esa grabación?”. Y Villarejo replica así: “Pero si es que no, verás, si es que me ordenaron a mí y a mi gente quitarla de un agujero, un zulo que había…” Fue para hacerse con documentación oculta en ese “zulo” de Bárcenas y su esposa para lo que la trama policial infiltró como chófer de Bárcenas a Sergio Ríos, quien cobraba de los fondos reservados.

En relación al Proyecto SMP, la Fiscalía se extiende sustentando sus afirmaciones en un oficio policial en poder del juez instructor, Manuel García Castellón, desde enero de 2019. "Por el contenido del conjunto documental intervenido –dice el informe de Serrano y Stampa–, el 'cliente' sería un abogado encargado de la defensa de miembros del Partido Popular investigados en el procedimiento judicial Gürtel"Gürtel. Y ese extremo, prosigue el texto, "fue corroborado por el propio investigado José Manuel Villarejo Pérez en su declaración judicial de fecha 11 de marzo de 2020".

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En esa comparecencia ante el juez Manuel García Castellón y los fiscales –la pieza estaba bajo estricto secreto de sumario–, el antaño poderoso comisario "manifestó que el letrado con el que tuvo esos contactos fue el ya fallecido Ignacio Peláez Marqués". Pieza notable entre las defensas de Gürtel, Ignacio Peláez fue quien denunció al primer instructor del caso, Baltasar Garzón. Su querella contra el entonces magistrado de la Audiencia por haber ordenado escuchas en prisión a los principales imputados de la trama acabó con su carrera judicial. En 2010, el letrado Peláez dijo lo siguiente: que Garzón sería el "único culpable" si el procedimiento se anulaba.

En ese "conjunto documental" bautizado por Cenyt como Proyecto SMP destaca "un estudio económico u hoja de presupuesto de "formato análogo al elaborado para otros proyectos" que se investigan en otras piezas de la macrocausa que conforma el caso Villarejo o Tándem. Y en esa hoja de presupuesto se cifra como "coste medio de la colaboración profesional" –literal– un importe de 15 millones de euros con una provisión de fondos de cinco millones, relata la Fiscalía. Y además, se incluían unos honorarios por éxito –según los términos que emplean Serrano y Stampa– de 8, 10 y 12 millones "según los niveles". La Fiscalía avisa de que "no se ha acreditado en las actuaciones que esos honorarios fueran aceptados por el cliente". Ni constan tampoco abonos "en las cuentas de Cenyt analizadas hasta la fecha que puedan ser atribuidos a la ejecución de este Proyecto SMP".

Pero el fallecido Ignacio Peláez no fue el único abogado de la órbita del PP con quien Villarejo se reunió. Citando como base uno de los archivos de audio que Villarejo grababa y que acabaron en poder de la Audiencia, en enero de 2017 se reunió con Javier Iglesias Redondo, "abogado directamente vinculado a los máximos dirigentes del Partido Popular". Dos notas de las páginas de 2016 y 2017 de la agenda de Villarejo y que reproducen en su informe los fiscales dice lo siguiente cuando habla de Iglesias: "JLH-vernos 17.30. Propone que Utilice a JGLES [Javier Iglesias Redondo] para mandar mensa a RAJOY sobre OLI". Oli es el policía José Luis Olivera, a quien Villarejo quería ver como director operativo (DAO) del Cuerpo. Y JLH es Javier López Hierro, el marido de María Dolores de Cospedal.