'Gürtel' y 'Kitchen' cierran el círculo de la utilización del Estado por el PP: primero para financiarse y después para ocultar las huellas

El 6 de febrero de 2009 cinco detenciones de segundo nivel activaron lo que se convertiría en el monumental caso Gürtel. El terremoto acabó rompiendo el sismógrafo en mayo de 2018 con una sentencia que derribó casi de inmediato a Mariano Rajoy y su Gobierno previa moción de censura. Dictada por la Audiencia Nacional tras una instrucción torpedeada desde su inicio, utilizada como base de una atroz campaña de desprestigio de los jueces que la firmaron y aún pendiente de varios recursos ante el Tribunal Supremo, la sentencia definió lo sucedido en Gürtel como fruto de "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional". Un sistema basado en cientos de contratos amañados. Y en sobornos. Y en "aportaciones a la caja B" del PP efectuadas como "contrapartida por adjudicaciones irregulares".

En resumen, a través de la "manipulación de la contratación pública central, autonómica y local" –lo expresa así la sentencia– se produjo una utilización del Estado para lo que podría calificarse como fines privados. Es lo que se desprende de sus 1.691 páginas. Ahora, transcurridos más de once años de aquel febrero de 2009, otra investigación judicial ya ha hecho aflorar lo que los indicios conocidos retratan como una segunda gran apropiación de recursos públicos desde el poder. Una apropiación estrechamente conectada a la de Gürtel. Porque los recursos se emplearon esta vez en desarrollar la llamada Operación Kitchen, centrada en el espionaje a Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, para localizar y sustraer documentos relativos a la caja B que el extesorero hubiese conservado en su poder y que pudiesen incriminar a altos dirigentes del PP.

Desplegado por el Ministerio del Interior en 2013, el operativo se prolongó al menos hasta 2015. Y como mínimo, aunque todo apunta a que la cifra crecerá, el ministerio le destinó 53.000 euros de fondos reservados.

Cuatro años antes de que Interior pusiera en marcha el dispositivo diseñado para vigilar a Bárcenas y su mujer y encontrar dónde habían escondido los archivos ansiados por el PP, la figura clave de la llamada policía patriótica, José Manuel Villarejo, ya había recibido de María Dolores de Cospedal "encargos puntuales". Tras aquella reunión secreta del 21 de julio de 2009 el propio Villarejo señala en otra de sus conversaciones grabadas que entre esos encargos se contó la destrucción de ordenadores. En ese audio no dice que se tratara de los de Bárcenas pero el contexto no deja lugar a dudas. La Fiscalía ya ha pedido la imputación de Cospedal, entonces secretaria general del PP, al igual que la del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz.

Con un confidente captado como chófer del extesorero para que se infiltrase en su entorno más cercano a cambio de 2.000 euros por mes, un informe policial subraya que el operativo fue coordinado por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Pero, según el mismo informe, se llevó a cabo "con conocimiento del Asturiano"Asturiano. Ese es uno de los dos apodos con que el entonces poderoso Villarejo se refería a Mariano Rajoy. El otro mote era "el barbas", como deslizó el chófer-espía en una conversación telefónica con el comisario y donde aseguraba que había visto que los Bárcenas tenían pruebas de un viaje de Rajoy pagado por la trama Gürtel. Martínez ya está imputado. Rajoy, que declaró como testigo en el primer gran juicio de Gürtel, permanecerá a salvo. Al menos, de momento: la Fiscalía no ve indicios suficientes de delito.

2013, el año en que se cruzan las líneas de las dos tramas

Los datos expuestos en los párrafos anteriores señalan por tanto 2013 como el año en que la investigación judicial sobre Gürtel, entonces protagonista estelar del debate público, se cruzó con la secreta y turbia Operación KitchenGürtelOperación Kitchen. Vistas desde ahora como las dos piezas de un solo tándem, se cruzaron por cuestión de fechas. Y por confluencia de tareas y metas. Liquidada la red corrupta que durante más de una década había prosperado al amparo de administraciones públicas gobernadas por el PP, la puesta en marcha de un operativo de espionaje contra Bárcenas se solapó con otro, este de carácter jurídico y mediático e inscrito en Gürtel.

La instrucción del caso avanzó a trancas y barrancas erizada de recursos, querellas contra los policías encargados de investigar, dilaciones o peticiones de nulidad. La kafkiana situación había llegado para entonces a tal extremo que en la cronología aparece lo siguiente: el primer juicio donde aparecía la etiqueta Gürtel fue el del portavoz parlamentario socialista en Valencia, Ángel Luna, azote de Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana durante la etapa de auge de la trama y sus contratos millonarios para la feria de turismo Fitur. El PP acusó a Luna de revelación de secretos por enarbolar en las Cortes copia de un informe policial del caso. El Tribunal Superior (TSJCV) tenía la opción de archivar la querella pero decidió sentarlo en el banquillo. Finalmente, el político resultó absuelto en abril de 2011. El firmante de la denuncia interpuesta por el PP fue Rafael Blasco, hoy condenado por desviar ayudas de cooperación con ONG.

Dos años después del juicio contra Ángel Luna, es decir, de nuevo en 2013 y mientras el ministerio que dirigía Jorge Fernández Díaz ponía al servicio de Kitchen dinero y agentes  –la unidad de seguimientos contaba con 71 integrantes, aunque no se sabe cuántos intervinieron– además de un mínimo de siete colaboradores externos, el PP persistía en una estrategia dirigida a dinamitar Gürtel por la vía legal. Nada más estallar el caso, presentó una querella contra Baltasar Garzón, el juez que había iniciado el procedimiento, por no inhibirse en favor del TSJ madrileño. 

La denuncia del PP no prosperó. Pero Garzón acabó expulsado de la carrera tras una segunda querella. Esta, por ordenar escuchas en prisión e interpuesta por el ya fallecido Ignacio Peláez. Entonces defensor del empresario José Luis Ulibarri, que sigue en espera de sentarse en el banquillo en una de las piezas del sumario todavía por juzgar, Peláez era el abogado con quien Villarejo declaró ante el juez de Operación Tándem haberse reunido para negociar un plan destinado a lograr la nulidad de las actuaciones. Según el policía, a quien nadie puede contradecir aquí dado que Peláez ha fallecido, él  era el "letrado director". En el informe donde pide la imputación de Fernández Díaz, Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, la Fiscalía sostiene que el "letrado director" actuaría "en representación de varios encartados del Sumario G (SG)". SG, continúa el informe, significa "Sumario Gürtel".

Personado como acusación popular, el PP permaneció dentro de la causa hasta que el tercer juez instructor de Gürtel, Pablo Ruz, lo expulsó en abril de 2013. La Sección Cuarta de la Audiencia ratificó el paso dado por el juez. El tribunal concluyó que, lejos de actuar como una verdadera acusación, la estrategia de los letrados del PP "más bien corresponde a una auténtica parte coadyuvante en la defensa de los tres imputados". Esos tres imputados eran Luis Bárcenas, su mujer y el antiguo senador Jesús Merino. El partido todavía no había roto amarras con el extesorero. Al mes de aquel auto, Bárcenas confesó el 15 de julio de aquel año la existencia de la caja B. Diez días después, comenzaron los seguimientos.

Antes de todo aquello, el PP había conseguido demorar la instrucción de una causa que ya en 2009 se vio amenazada de cierre en la parte valenciana por un tribunal que entonces presidía un juez "más que amigo" de Francisco Camps. Y el partido no fue objeto de ningún registro policial hasta el 19 de diciembre de 2013: es decir, hasta casi cinco años después del estallido del caso. Forzado por la negativa del PP a facilitar documentos, aquel registro de 14 horas en la sede central de Génova lo ordenó Pablo Ruz. El magistrado terminó abandonando la Audiencia en 2015 tras agotarse los cinco años de su comisión de servicios.

En diciembre del año anterior, 2014, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había sacado a concurso la plaza que ocupaba Ruz en la Audiencia Nacional. La convocó a propuesta del presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes. Bajo su batuta y con el apoyo de una vocal del sector progresista, la mayoría conservadora del Consejo hizo triunfar la fórmula que garantizaba la marcha de Ruz. Y el desembarco de un cuarto juez en la instrucción de una causa que ya acumulaba miles de páginas y decenas de imputados en sus diferentes piezas: solo en la de la llamada Época 1, la que originó la sentencia citada en el primer párrafo de este texto, el número de acusados ascendió a 37, de los que terminaron condenados 29. Lesmes y los 20 vocales del CGPJ habían sido designados para el cargo en diciembre de 2013, en plena tormenta del caso Gürtel por los papeles de Bárcenas y con Mariano Rajoy como presidente.

Transcurridos siete años desde la toma de posesión de un consejo designado por las Cortes con una aplastante mayoría absoluta del PP -186 diputados de 350- y de nuevo ante una tempestad de dimensiones todavía desconocidas, se mantiene el CGPJ de 2013. El mismo que en 2017 nombró presidenta de la Sala Penal de la Audiencia a una de las juezas recusadas y apartadas de Gürtel por su cercanía al PP: Concepción Espejel, a quien Cospedal se había referido como "querida Concha" cuando en 2002 fue nombrada presidenta de la Audiencia de Guadalajara. 

Hoy, el bloqueo del partido de Pablo Casado a su renovación hace que el diseño del mapa judicial español mediante "nombramientos discrecionales" continúe en manos del Consejo elegido durante la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Su composición no ha variado pese a los cambios políticos. Estuvo a punto de hacerlo en diciembre de 2018, fecha en que expiró su mandato. Pero el acuerdo alcanzado y que reequilibraba el reparto de cuotas quedó hecho trizas. ¿La causa? la difusión de un whatsapp donde el PP se jactaba de que seguiría teniendo el control efectivo del Tribunal Supremo. En los casi dos años que lleva en funciones, el CGPJ que echó a andar en diciembre de 2013 ha asignado de forma discrecional 12 plazas del Supremo, 13 en Tribunales Superiores (TSJ) autonómicos y 14 presidencias de Audiencias Provinciales. Ahora, otros 30 puestos están en espera otros 30 puestos están en esperadesde que el 28 de julio el Consejo paralizó por segunda vez el reparto de plazas discrecionales.