Documentos del PP confirman que no va a retirar su recurso al TC

"Está muy claro que al Partido Popular no le gusta la legislación actual: ni su contenido, ni la manera en que fue aprobada, renunciando a buscar cualquier tipo de consenso. Por eso, porque no nos gusta, incluimos su reforma en el programa electoral y recurrimos la ley al Tribunal Constitucional (TC)". Así arranca un documento Partido Popular bajo el título "¿Por qué el proyecto de la ley del aborto no sigue adelante?" Con un sector de su electorado, el más conservador, enfadado por la marcha atrás de este proyecto que lideraba Alberto Ruiz-Gallardón, los conservadores intentan vacunarse de las críticas que apuntan a que da por buena la ley de plazos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Una interpretación que cobra fuerza si se tiene en cuenta que el retoque anunciado por Mariano Rajoy se limita al tema de las menores de 16 años y el consentimiento paterno.

De este tipo de documentos, de un argumentario interno del partido difundido este miércoles entre sus cargos públicos –"El PSOE aprobó una ley sin contar con los ciudadanos y en contra de la doctrina Constitucional", reza el texto–, y de las declaraciones del presidente el martes, cuando anunció la retirada del anteproyecto y del portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, se desprende que el PP no tiene ningún tipo de intención de retirar el recurso. Fue presentado en 2010 ante el alto tribunal y llevaba la firma de 71 diputados del Grupo Parlamentario Popular con Federico Trillo como comisionado. Las fuentes consultadas apuntan a que no lo retirarán, primero, por "convicción". Y, a renglón seguido, añaden que existe una "enorme complejidad técnica" que lo impide.

En realidad, la retirada no está exenta de dificultad. Fuentes del TC consultadas por infoLibre apuntan a que el Grupo Parlamentario Popular no podría desistir de su recurso porque su composición, al cambiar la legislatura, es distinta. No están hoy en dia todos los diputados que lo firmaron. Sirva como ejemplo el caso del propio Federico Trillo.

Políticos sin escaño

Otras fuentes jurídicas apuntan que la legislación del alto tribunal no contempla esta posibilidad en su articulado, que es la jurisprudencia la que impide retirar ese recurso planteado en 2010 por más de 50 diputados del partido de Mariano Rajoy, entonces en la oposición. "Ni reuniendo las firmas de todos ellos pidiendo la retirada el TC echaría atrás el recurso. Y es que no todos los diputados que firmaron en su día hoy mantienen el escaño", reflexionan las citadas fuentes. Este fue uno de los argumentos con los que el TC, en un auto de 1999 del que da cuenta el diario El País, rechazó la solicitud de retirada de un recurso planteado en 1993 por los conservadores sobre la Regulación de Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal de Cataluña.

Eso ocurre cuando el recurso lo presenta un grupo parlamentario. Los gobiernos, en cambio, sí pueden hacerlo, porque se considera que quien presenta el texto es la institución, al margen de que el partido de Gobierno ya no sea el mismo. Junto al recurso del PP hay otro del Ejecutivo navarro. Gaspar Llamazares, en representación de la Izquierda Plural, reclamó este miércoles desde la tribuna del Congreso de los Diputados que Navarra retire la impugnación.

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Así las cosas, todas las miradas se dirigen al Tribunal Constitucional. A comienzos de año, el alto tribunal respondió por carta al propio Llamazares, que se había interesado por el retraso de más de cuatro años en dictar sentencia sobre el recurso que capitaneó Federico Trillo. El TC aseguró que este procedimiento se encontraba "concluso" y únicamente "pendiente de señalamiento para votación y fallo". Y que el motivo de la espera era el de dar plazo a que el Gobierno decidiese si daba luz verde definitiva a la reforma a efectos de que el recurso pudiese darse por decaido. El ponente es el magistrado conservador Andrés Ollero, conocido por sus posiciones antiabortistas.

¿Una jugada maestra?

A la espera de lo que dicte el TC, los grupos de la oposición comentan estos días por el Congreso que Rajoy puede estar a la espera de una "jugada maestra". A saber: que el TC declare inconstitucional el texto y que ello vuelva a reconciliar al PP con el ala dura de su electorado. Si así fuere queda una pregunta en el aire: ¿Por qué no aguardó a la sentencia? ¿Por qué dejó que Gallardón se quemara?