Dragados logró 50 millones en contratos públicos tras confirmar el Supremo que participó en pactos ilícitos

La multa de 8,5 millones que en diciembre de 2015 impuso Competencia (CNMC) a Dragados por una infracción “muy grave”, al haber pactado de forma ilícita y en secreto con otras empresas cómo repartirse adjudicaciones y manipular así los precios, le ha salido más que barata. Aunque la ley del Sector Público prohíbe a las administraciones contratar a compañías castigadas por su pertenencia a cárteles empresariales  —grupos ocultos que rompen la libertad de mercado—, a Dragados le ha salvado la campana dado que la sanción tenía su origen en hechos datados entre 2008 y 2013. O sea, previos a la entrada en vigor de la citada ley: noviembre de 2015 en lo que respecta al artículo sobre el veto a nuevos contratos públicos.

Gracias a esa campana o golpe de suerte legal, desde que el 15 de junio de 2022 el Supremo avaló la sentencia de la Audiencia Nacional que daba la razón a la CNMC, la cuenta de las adjudicaciones públicas obtenidas por Dragados en distintos territorios y en solitario —es decir, sin acudir en UTE con otras empresas— va ya por 50,7 millones de euros. En números redondos, la cifra equivale a la multa de 2015 multiplicada por seis. Los datos han sido extraídos de una web especializada (pincha aquí) que a su vez bebe de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

En este caso, y en lo que concierne a la prohibición de hacerse con contratos públicos, nada habría cambiado incluso si la Audiencia Nacional hubiese tardado menos de seis años —la sentencia es de noviembre de 2021— en validar la resolución punitiva de la CNMC y si Dragados no hubiese disparado su último cartucho con un recurso de casación que el Supremo terminó por inadmitir.

Tanto fuentes de la CNMC como de Hacienda, a las que infoLibre facilitó la resolución sancionadora, la sentencia de la Audiencia Nacional y el auto de inadmisión del Tribunal Supremo han confirmado que la clave legal que ha librado a Dragados de quedar fuera de la lista de potenciales adjudicatarios de contratos públicos fue exactamente que los hechos sancionables tuvieron lugar antes de que entrase en vigor la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que a su vez modificó la de contratos. Portavoces del Ministerio que dirige María Jesús Montero lo resumieron así:  aunque la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público en virtud de la cual y en aplicación de la ley del Sector Público se prohíbe contratar a los miembros de cárteles económicos, “los hechos sancionados tuvieron lugar en el año 2013, es decir, con mucha anterioridad a la entrada en vigor de la señalada reforma, no siendo posible, por este motivo, aplicar una prohibición de contratar al caso señalado”.

Otra multa y otro golpe de suerte: ahora, judicial

Pero la suerte de Dragados no acabó ahí. El 7 de julio de 2022, apenas un mes después de que el Supremo hubiera cerrado el círculo al inadmitir su recurso por aquella multa de 8,5 millones, la CNMC dictó una nueva resolución contra otro cártel, este integrado por seis grandes constructoras del país. Y ahí también participaba Dragados, la filial de ACS, el holding que preside Florentino Pérez. En total, la pena punitiva ascendía a 203,6 millones. Además de Dragados, recibieron sanción Acciona Construcción SA, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr.

Como informó la CNMC, la práctica del enjuague se remontaba a 1992. Desde entonces, los miembros del cártel “se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas”. Asimismo, “intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos”. Entre las “miles de licitaciones afectadas” —continuaba el comunicado de la CNMC—, había “infraestructuras de interés general como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc.”.

El 87% de las sanciones impuestas por Competencia a grandes empresas están suspendidas por los tribunales

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De aquellos 203,6 millones de multa, a Dragados le tocaron 57,1 millones. Pero, siguiendo la que ya se ha convertido en pauta habitual, la Audiencia Nacional fue dictando suspensiones cautelares de las sanciones hasta que no se resuelvan los recursos judiciales que todos los multados suelen presentar. La multa de Dragados la dejó la Audiencia en suspenso en febrero de este año.

Lo narrado en los párrafos anteriores explica por qué, en su comparecencia ante el Congreso, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, reconoció hace menos de un mes que la prohibición de contratar no se está aplicando. En su intervención, se lamentó de que la Audiencia Nacional esté torpedeando todas las sanciones.

En agosto de 2021, infoLibre ya reveló una cifra alarmante: el 87% de las sanciones impuestas por Competencia a grandes empresas estaban ya entonces suspendidas por los tribunales. El amaño de concursos públicos se había convertido así en una infracción de graves consecuencias para la caja pública al inutilizar en la práctica un sistema creado para que la competencia reduzca los precios que ha de pagar la Administración a los adjudicatarios.