Tras denunciar a 38 alcaldes por no retirar la simbología franquista en sus municipios, el abogado Eduardo Ranz presenta este martes, aniversario de la proclamación de la II República, una denuncia contra otra treintena de regidores por incumplir la Ley de Memoria Histórica.
Pero no acaba aquí. Esta vez también denunciará a 15 Obispados y Arzobispados –entre los que se encuentran los de Madrid, Zaragoza o Valencia– por la misma razón: mantener los vestigios franquistas en sus propiedades, algo que van en contra de la citada ley. Además, otro de los puntos de esta acción es demandar a las citadas instituciones eclesiásticas por tener enterrados en sus territorios los cadáveres de Francisco Franco, Primo de Rivera o Queipo de Llano, entre otros. Y apunta a una legislación nada desdeñable: el derecho eclesiástico, que impide que sean enterradas personas que no sean pontífices, cardenales u obispos en las inmediaciones de la Iglesia.
Ranz recibe a infoLibre en su despacho en el centro de Madrid. Explica que está siendo un trabajo duro, con una gran recogida de información que después hay que preparar para las denuncias, pero se muestra optimista y con ganas seguir trabajando en este, y otros casos relacionados con la memoria histórica.
P: ¿Por qué decidió comenzar esta batalla contra los alcaldes que mantienen vestigios franquistas en sus municipios?
R: Yo había hecho antes exhumaciones a pie de fosa, y también hice dos procedimientos legales que tenían que ver con este tema, pero no había hecho nada de simbología. Y al pie de fosa eran los propios familiares quienes te comentaban que no solo no podían juntarse con sus abuelos, con sus padres o con sus tios, sino que encima tenían que sentir la humillación de que, en muchos casos, una calle en el pueblo estaba dedicada a quien había ordenado ejecutar a su familia.
Entonces vi que era un problema generalizado, que no era en un pueblo ni en dos, sino que era a nivel nacional. Estas navidades me hice con un listado de simbología, que es mínimo en comparación con todo lo que hay, y lo fui a adaptando a la forma legal. El 11 de febrero [aniversario de la proclamación de la I República] presentamos todas estas denuncias, derechos de petición, Defensora del Pueblo, etcétera, por darle una fecha un poco más especial.
P: ¿Cómo se han financiado todas estas denuncias?
R: He firmado todas como letrado y como ciudadano. No he necesitado ni pagar tasas ni he tenido otro coste similar. Solo el trabajo que ha salido de este despacho. No ha habido coste económico, no es como una exhumación que hace falta un gran desembolso de dinero. Aquí solo son gastos de oficina.
P: ¿Ha recibido apoyo por parte de víctimas, familiares o colectivos por la memoria histórica?
R: Económico nada, pese a lo que dicen algunas personas, no he cobrado absolutamente nada ni lo voy a hacer. Sí he recibido mensajes de cariño de ciudadanos anónimos, de colectivos con los que estoy en contacto para trabajar en la retirada de la simbología y en la realización exhumaciones, que es también un trabajo importante. En ese sentido, he recibido mucho cariño.
Por desgracia, también he recibido otros e-mails que no son tan agradables, que tienen un contenido que no es delictivo pero sí es innecesario. Han llegado al punto de hackearme la página web del despachó, la mía profesional, que no tiene nada que ver con este tema de derechos humanos. Tengo una idea de quién ha sido, pero no puedo identificarle porque no tengo pruebas. He tenido que ir a comisaría, poner una denuncia, hablar con un informático para que lo arreglara... En definitiva, hace que lo malo, que es escaso, se acabe convirtiendo en más relevante que lo bueno.
P: ¿Qué tipo de correos son?
R: Son correos del tipo: cuánto me han pagado por esto, porqué no retiras la calle de Santiago Carrillo –yo desconocía que tuviera una calle–, recordando quién ganó la guerra y quién la perdió... Ya digo, no son delictivos, pero son innecesarios. No he respondido ninguno, por supuesto.
P: ¿Qué respuestas judiciales han tenido a las denuncias presentadas el 11 de febrero?
R: En un primer momento, de una forma totalmente eficiente, sin precedentes, en 15 días se archivó la denuncia ante la alcaldesa de Madrid. Con lo cual, si este precedente ocurría en Madrid, era cuestión de tiempo que fuera ocurriendo en el resto de España. Me atrevo a decir que ha sido la vez en democracia que los juzgados han trabajado tan eficientemente, inadmitiendo la denuncia contra alcalde [en referencia al exalcalde, Alberto Ruiz Gallardón] y alcaldesa.
Respecto a los Ayuntamientos, he tenido respuestas positivas, como es el caso de Utrera (Sevilla), que van a entrevistarse con vecinos, la alcaldesa de Cáceres –que también es senadora del PP– ha dicho que va a indicar a los vecinos que tenían placas del instituto de la vivienda con símbolos franquistas para que las retiraran, y el Ayuntamiento de Madrid me ha comunicado que va a dar traslado a la Comisión de las Artes para la elaboración del mapa de vestigios franquistas que, por supuesto, no van a retirar.
Este martes presento otra denuncia contra Ana Botella y otro derecho de petición al Ayuntamiento de Madrid solicitando la retirada del nombre de las calles dedicadas a generales, militares, etcétera, relacionados con la dictadura, al amparo de una sentencia de Bilbao que así lo especifica.
P: ¿Ha habido más apoyo ciudadano desde que se hizo pública la anterior tanda de denuncias?
R: Sí, muchísima gente ha llamado al despacho o me ha mandado e-mail indicando dónde había simbología en sus ciudades. Al fin y al cabo, los testimonios vivos son los vecinos, no son ni los políticos ni los abogados, ni siquiera los historiadores. Es el propio vecino el que da fe de que siente esa ofensa, esa humillación. El listado se ha ampliado sustancialmente, voy a intentar dar curso a prácticamente todo lo que he recibido. No me puedo comprometer a todo, porque las cifras han sido muy elevadas, pero prácticamente a todos los vecinos que han escrito voy a dar curso a su petición.
El abogado Eduardo Ranz durante la entrevista.
P: Después de la tanda de este martes, ¿podría haber un nuevo conjunto de denuncias más adelante?
R: En principio, mi idea ahora es centrarlizarlo, porque es un derecho que estamos generando, un derecho que no está regulado como materia. En un primer momento centralizarlo para que lo que vaya bien en un sitio vaya bien en otro, mezclar las fuentes de información y, cuando esté más o menos estabilizado, que sea cada colectivo territorial el que administre, el que actúe en su localidad, y solicite lo que considere necesario.
No tengo ninguna necesidad de capitalizar este trabajo para toda la vida. La finalidad era reabrir el debate en la sociedad, más o menos se ha conseguido, y quien mejor lo puede hacer es el vecino a nivel local.
P: Uno de los apoyos más importantes que ha recibido ha sido el de la Defensora del Pueblo, ¿cómo lo valoró?Defensora del Pueblo R: Ha habido dos casos ahí. La Defensora del Pueblo dijo en un primer momento que iba a dar traslado a una comisión de cultura de memoria histórica. Después, su adjunto envió una notificación diciendo que, directamente, se admitía a trámite la queja que habíamos presentado ante la defensora del pueblo. Además, procedía a dar traslado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a la Federación de Municipios y Provincias.
Este trabajo lo valoramos de una forma muy positiva, porque da pistas de por dónde hay que orientar el trabajo, a quién hay que dirijirse. Con ello, que este trabajo sirva para lo que se está pretendiendo: generar reparación y, con ello, cerrar heridas.
P: ¿Por qué a pesar de existir una ley de memoria histórica que obliga a la retirada de simbología franquista, esta se sigue manteniendo?
R: La ley fue muy buena cuando se aprobó pero no ha tenido un desarrollo posterior, no se ha modificado, no se ha aplicado en los juzgados, no se ha hecho un reglamento, no se ha adaptado... En ese sentido, es una mina llena de preguntas. Todo ello sumado a que a día de hoy, la Ley de Memoria Histórica está derogada de facto. Las últimas ayudas y subvenciones que se otorgaron para realizar exhumaciones fue en noviembre de 2011. Las firmó el entonces ministro Ramón Jáuregui y, desde entonces, no se ha vuelto a abonar ni un solo céntimo para proceder a exhumaciones.
Eso fue en noviembre de 2011. Estamos en abril de 2015. Si no hay una financiación para ello es como si se hubiera derogado la ley. Lo que ha hecho el gobierno no es ilegal, pero sí es inmoral.
P: ¿Qué le parece que, con el Gobierno de Mariano Rajoy, esta ley haya dejado de tener dotación económica? dejado de tener dotación económica
R: Me parece impresentable que un gobierno, tras cuarenta años de democracia, no resuelva este problema. Por desgracia, las víctimas del franquismo sienten que si fueran otra clase de víctimas, la respuesta por parte del Estado habría sido radicalmente opuesta.
P: ¿Hay algún cargo condenado por incumplimiento de la ley de memoria histórica?
R: No. No hay nadie. De hecho, solamente hay una causa abierta en España y otra en Buenos Aires (Argentina), la denominada 'querella argentina'. En España se ha abierto recientemente una causa de investigación del franquismo. Una jueza de Almazán que, con dos ovarios, ha procedido a reabrir el caso. Es todo lo que hay.
P: ¿Cómo es posible que, tras ocho años, no haya condenados con tantos incumplimientos como señalas?
R: Por el mismo motivo que la ley, a día de hoy, no es una ley ejemplar, aunque fue novedosa en su día. Se necesitan tres cosas: una buena legislación a la que referirnos, una partida presupuestaria destinada a la retirada de simbología –que no es especialmente costoso– o las exhumaciones: por último, un buen acceso a archivos. Cuando existan estas tres cosas, podremos empezar a hablar de castigos contras las personas que han incumplido la ley, de reparación para las víctimas, de verdad, de justicia... Hasta que no se combinen estos tres factores, ya podemos ponernos estupendos los abogados o los arqueólogos, que esta materia será muy escasa.
No obstante, estoy en contra de que un familiar reciba una pensión por exhumar a su familiar, pero que por lo menos no le cueste dinero.
P: La candidata del PP a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre ha pedido recientemente a Mariano Rajoy que derogue "leyes ideológicas", poniendo como ejemplo la Ley de Memoria Histórica, ¿qué le parece?Esperanza Aguirre ha pedido recientemente a Mariano Rajoy que derogue "leyes ideológicas"
R: No la he escuchado, pero yo voy a presentar una denuncia contra la actual alcaldesa. Si finalmente gana las elecciones Esperanza Aguirre, aquí desde luego no vamos a parar de insistir. Debería enterarse de que la ley ya está derogada de facto, de una forma absolutamente inmoral y debería sensibilizarse con un problema que, de la misma manera que es impensable que una víctima del nazismo pasee por la calle y vea esvásticas, aquí porqué una víctima del franquismo o un ciudadano, en general, tiene que sentir la humillación de ver por las calles una simbología que representa la victoria frente a los vencidos.
P: En otros países del entorno de España, ¿sería posible que pasara algo así?
R: No ha ocurrido. La prueba está en que Madrid es la única ciudad del mundo que tiene un monumento, como es el caso del Arco de la Victoria, que recuerda o refuerza la victoria de un bando frente a otro. No ocurre en ninguna otra ciudada del mundo. Otro ejemplo es el Valle de los Caídos, donde están enterrados los dictadores. Mussolini está enterrado en una tumba muy humilde, Hitler no se sabe dónde está y el general Francisco Franco está en una construcción megalómana que se ve a kilómetros por la carretera de A Coruña.
P: ¿Qué cree que debería hacerse con el Valle de los Caídos? Valle de los Caídos
R: No estoy a favor de dinamitarlo, al igual que no estoy a favor de dinamitar ningún tipo de simbología. Al fin y al cabo, es el patrimonio histórico-artístico de una ciudad. Lo que sí que habría que hacer es explicar correctamente lo que es. Eso me temo que no lo hacemos. También hay que tratar de sacar los más de 30.000 cuerpos que hay en las criptas del Valle de los Caídos, en la medida que la técnica forense lo permitiera, y creo que es fundamental sacar el cuerpo de Franco de la capilla, no así el de José Antonio, que es más discutible, porque sí fue una víctima de la Guerra Civil. El dictador, en cambio, murió en su cama de forma natural.
Actualmente, según entra uno en el Valle de los Caídos hay una placa que dice: "Aquí yace el anterior Jefe del Estado". De todas las denominaciones que se le pueden dar al general Francisco Franco, quizá esa no sea la que se ajusta más a la realidad. Pero, aunque sea dándolo por bueno, esa definición, a día de hoy, es para Juan Carlos I. Digo yo que no le hará mucha ilusión cer la inscripción de esa placa. Tiene un punto de "esto no nos preocupa", pero también un punto de ignorancia. Creo que es muy preocupante. Sobre todo hay que orientarlo en algo que, para mí, es muy importante, que son las garantías de no repetición.
P: ¿Y en el caso del Arco de la Victoria?
R: Lo primero, y como poco, una placa que a la entrada de la ciudad explique, sinceramente, lo que es el Arco de la Victoria. En segundo lugar, abrirlo. Dentro de las columnas hay hasta un ascensor, según dicen los expertos, que está estropeado. En algún momento se utilizó como almacén. Debería estar abierto al público para que lo pueda visitar todo el mundo. Y, tercero, la simbología más sangrante, la más ofensiva, retirarla, siempre y cuando un arquitecto lo autorice.
Juan Lobato suma al abogado y experto en memoria histórica Eduardo Ranz a su candidatura para liderar el PSOE-M
P: Pese a que el PSOE impulsó la Ley de Memoria Histórica, existen casos en los que el propio partido ha tenido reticencias para cumplirla. Uno de ellos es el de la cruz falangista Vigo, inaugurada por el propio Franco. Los socialistas vigueses aseguran que basta con retirar los símbolos franquistas, pese a que las sentencias judiciales dicen lo contrario, ¿cuál es su opinión?la cruz falangista Vigo
R: La cruz de O Castro es uno de los elementos más sangrantes, junto al Valle de los Caídos, el Arco de la Victoria, la sede del Banco de España en Alicante y Melilla, que es la ciudad que más simbología por habitante tiene de España, con diferencia.
Volviendo al caso de Vigo, la reacción por parte del alcalde me parece vergonzosa. Me parece muy mal que un alcalde que ideológicamente debería ser mucho más sensible con este tema, se justifique pensando que eso es lo que los ciudadanos quieren, cuando esa no es la realidad. Además, fue ministro del primer Gobierno socialista de España.
Tras denunciar a 38 alcaldes por no retirar la simbología franquista en sus municipios, el abogado Eduardo Ranz presenta este martes, aniversario de la proclamación de la II República, una denuncia contra otra treintena de regidores por incumplir la Ley de Memoria Histórica.