La gestión de la respuesta a la crisis de Cataluña por parte del Gobierno ha generado fricciones en el seno del propio Ejecutivo y también en las filas del Partido Popular. Si hace unas semanas las críticas iban dirigidas hacia el propio presidente del Gobierno y su mano derecha, Soraya Sáenz de Santamaría, por no haber aplicado ya el artículo 155 de la Constitución, este martes destacados miembros del PP y del Ejecutivo salieron a endurecer su posición respecto a los efectos que una convocatoria electoral de Carles Puigdemont podrían tener sobre la tramitación de esta iniciativa en el Senado.
Hace sólo una semana, destacados miembros del Ejecutivo trasladaron la idea de que el president tenía la oportunidad de frenar el 155 convocando autonómicas. Y que tenía de plazo hasta que el pleno del Senado diese luz verde al acuerdo del Consejo de Ministros para la aplicación del artículo 155. Estas declaraciones sorprendieron en sectores del PP y del Gobierno. "No se puede trasladar a Puigdemont este tipo de mensajes de debilidad", analiza un diputado. "No podemos plegarnos a sus condiciones, máxime cuando ha demostrado que no es de fiar", añade. A punto estaba de cumplirse el plazo del segundo requerimiento del Gobierno.
Este malestar siguió latente hasta el mismo lunes, cuando la vicepresidenta del Gobierno, en una entrevista concedida a Onda Cero, sostuvo que "el Senado tiene capacidad de adaptarse a lo que Puigdemont y el Parlament hagan", unas palabras que fueron interpretadas como una nueva invitación al president a dar marcha atrás. Y que resucitaron las críticas internas a la número dos del Gobierno, la persona a la Rajoy encargó la gestión del día a día del "desafío soberanista" y una de las protagonistas de las negociaciones con PSOE y Ciudadanos de cara a la puesta en marcha del artículo 155.
En la Moncloa niegan que haya habido un endurecimiento del discurso a la hora de responder sobre cuál sería la reacción del Gobierno si Puigdemont convoca elecciones. Pero este martes, Gobierno y PP salieron de forma unánime a repetir el mismo argumento: el artículo 155 de la Constitución seguirá su curso este viernes tras el pleno del Senado si el president, además de convocar elecciones en el marco de la Ley Electoral General (Loreg), no deja clara su firme intención de "regresar a la legalidad".
El "mandato del 1-O"
"De nada sirve si convoca elecciones y apela al mandato del 1-O, un referéndum que no existió", justifican las fuentes consultadas.
El primero en marcar de forma clara el endurecimiento del discurso fue el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Ni "el diálogo" ni la convocatoria de una elecciones autonómicas paralizarán una posible aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña vino a decir.
En una entrevista en RNE, señaló que la crisis en Cataluña no se soluciona "exclusivamente" celebrando elecciones autonómicas. Un nuevo escenario político, dijo, "podrá ayudar a resolver los problemas", pero "el incumplimiento de las obligaciones" por parte de Puigdemont "no se soluciona simplemente convocando elecciones", sino "alguna cosa más".
¿A qué se refería? A su juicio, es necesario que la Generalitat aclare "expresamente" si se ha declarado la independencia y precise cual es su voluntad de cumplir las leyes y "acatar la Constitución". "El asunto va mucho más allá que una mera convocatoria de elecciones, que es importante para el futuro, sin duda. Pero no es lo único", remarcó, según recoge Europa Press.
"El president ya ha ido demasiado lejos. Ha traspasado todos los límites", advierten las fuentes consultadas por infoLibre, en línea con las palabras de Catalá.
Mientras, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, aseguró este martes que lo primero que tiene que hacer el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, es "restaurar la legalidad" y asumir la "anulación" de la ley del referéndum y la ley de transitoriedad tras los fallos del Tribunal Constitucional, así como "pedir perdón" a los catalanes y al resto de españoles por lo que "ha hecho". Es más, ha avisado que un adelanto electoral no implicaría "una limpieza" porque el Estado de Derecho seguirá "funcionando" para que se asuman responsabilidades civiles y penales.
También desde el Gobierno, el titular de Fomento, Íñigo de la Serna, destacó que una convocatoria de autonómicas en Cataluña sería "un paso importante", pero "no significa una vuelta a la legalidad", y animó a Puigdemont a comparecer en el Senado para "decir que no se declaró la independencia".
"Excesivamente irresponsable"
En un sentido similar, el vicesecretario de Comunicación de los conservadores, Pablo Casado, exigió a Puigdemont que vuelva a la legalidad e insistió en que no basta con un adelanto de las elecciones autonómicas en Cataluña para paralizar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "Pretender con una convocatoria de elecciones que no tenga respuesta constitucional a todo lo que ya ha hecho, sinceramente es algo excesivamente irresponsable", subrayó.
Sectores del PP interpretan el malestar interno respecto a la gestión por parte del Gobierno de la crisis catalana como una nueva batalla entre dos sectores enfrentados: el de los partidarios de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el de los de la vicepresidenta. "Discrepancias entre ambas ha habido siempre. Pero esto es un asunto serio como para interpretarlo en clave de lucha de poder", valora un destacado dirigente regional.
La gestión del 1-O ya dejó tocada a la vicepresidenta a ojos de algunos de sus compañeros de partido.
Durante cierto tiempo, en el Gobierno se pensó que la buena sintonía existente entre Santamaría y el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, era un buen síntoma para la marcha de esa Operación diálogo. Que el president iba a dar un paso atrás e iba a reconsiderar sus planes independentistas. Pero el diagnóstico falló. También es la máxima responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo para el que pasó inadvertido el movimiento de miles de urnas.
¿En peligo la alianza PSOE-PP para el 155?
El efecto de este endurecimiento en el mensaje ya ha tocado a la alianza de Rajoy con el PSOE para adoptar estas medidas. La número dos de los socialistas, Adriana Lastra, advirtió de que si el presidente de la Generalitat convoca elecciones autonómicas en el marco de la ley entonces el PSOE entiende que "no hay base jurídica" para aplicar las medidas del Gobierno para intervenir la autonomía catalana al amparo del artículo 155 de la Constitución. Similares mensajes trasladó la portavoz en el Congreso, Margarita Robles, y el líder del PSC, Miquel Iceta.
Las fuentes conservadoras interpretan las advertencias del PSOE en clave interna, apuntando a las divisiones que han surgido en el seno del PSC después de que el pasado sábado se conociera el acuerdo del Consejo de Ministros relativo a la aplicación del artículo 155.
La gestión de la respuesta a la crisis de Cataluña por parte del Gobierno ha generado fricciones en el seno del propio Ejecutivo y también en las filas del Partido Popular. Si hace unas semanas las críticas iban dirigidas hacia el propio presidente del Gobierno y su mano derecha, Soraya Sáenz de Santamaría, por no haber aplicado ya el artículo 155 de la Constitución, este martes destacados miembros del PP y del Ejecutivo salieron a endurecer su posición respecto a los efectos que una convocatoria electoral de Carles Puigdemont podrían tener sobre la tramitación de esta iniciativa en el Senado.