Nunca antes, desde la aprobación de la Constitución hace casi medio siglo, un final de legislatura sumó tantos ingredientes de alto voltaje: una agenda legislativa sobrecargada, un horizonte económico lleno de incertidumbre, un Gobierno de coalición en minoría obligado a negociar para sacar adelante todas sus medidas y una polarización ideológica extrema a las puertas de unas elecciones que obligan a los partidos a marcar perfil propio para resintonizar con los ciudadanos.
La agenda económica será la clave no solamente del último cuatrimestre del año sino del desenlace de la XIV Legislatura. Mientras vigila la evolución de los precios y echa cuentas para el caso de que Rusia cierre el grifo del suministro de gas a Europa, el Gobierno prepara su proyecto de ley de Presupuestos para 2023. Si sale adelante será el tercero que la coalición PSOE-Unidas Podemos consigue tramitar con éxito después de varios años de inestabilidad provocada por causas bien diferentes: desde las tensiones en Cataluña al bloqueo institucional que siguió a la moción de censura, pasando por la pandemia de la covid-19.
Aprobar los Presupuestos suele ser condición indispensable para garantizar la continuidad de un Gobierno. Felipe González no lo consiguió en 1995 y se vio obligado a anticipar las elecciones que abrieron la puerta de la Moncloa a José María Aznar. José Luis Rodríguez Zapatero ni siquiera presentó el correspondiente proyecto cuando anticipó las elecciones de 2011 que ganó Mariano Rajoy. Mucho antes, Leopoldo Calvo Sotelo, con una UCD en descomposición, tampoco pudo sacar adelante los presupuestos de 1982: en octubre de aquel año los socialistas ganaron las elecciones con una histórica mayoría absoluta de 202 escaños.
En los tres casos, el fracaso a la hora de afrontar la tramitación de los Presupuestos anticipó un cambio político. Pero la lógica política, no obstante, no es una ciencia exacta: en 2019 Sánchez se vio obligado a convocar elecciones después de que su proyecto presupuestario cayese derrotado en el Congreso y, a pesar de eso, ganó todas las elecciones de ese año: dos generales, las municipales, las autonómicas y las europeas.
PP, Vox y Ciudadanos creen que el presidente Pedro Sánchez debería convocar elecciones anticipadas si PSOE y Unidas Podemos no consiguen negociar un proyecto capaz de suscitar el apoyo del Congreso. Pero en la Moncloa no piensan lo mismo. Sin negar el impacto negativo que tendría el rechazo de la Cámara Baja a las cuentas para 2023, suponen que se puede gestionar el último año de legislatura con una prórroga presupuestaria.
En todo caso, al Gobierno le sobran razones para intentarlo. Primero, porque confirmaría el éxito de ofrecer un año más de estabilidad política en una época de fragmentación y polarización, tanto para la sociedad española como para las autoridades de Bruselas. En segundo lugar, porque la gestión de los fondos Next Generation de la Unión está íntimamente vinculada a las cuentas. Tercero porque, si se aprueban, sería posible ajustar ingresos y gastos a las incertidumbres económicas, especialmente si la inflación y el crecimiento van a peor, porque el presupuesto vigente fue diseñado antes de que la guerra en Ucrania echase por tierra las previsiones económicas de España y de la UE. Y, por último, porque los Presupuestos son tradicionalmente una herramienta clave para cualquier gobierno en vísperas de unas elecciones.
Hacienda ya ha anunciado que el proyecto seguirá la línea de los dos anteriores. “Han sido claves para asentar la recuperación económica, reforzar el Estado de bienestar, aumentar los derechos sociales e impulsar un crecimiento económico más robusto e inclusivo, acelerando el cambio de modelo para hacerlo más sostenible con el planeta”, aseguran fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero.
Negociar, no obstante, será esta vez mucho más intenso. La pugna entre el PSOE y Unidas Podemos, que en las elecciones volverán a enfrentarse, hará más difícil resolver las diferencias dentro del Gobierno. Como también serán más complicados los acuerdos con los socios de la investidura: a un año de las elecciones el nivel de exigencia aumentará.
Turbulencias
Para complicar más las cosas, las turbulencias internacionales amenazan con seguir alimentando la inflación y llevar la economía europea hacia la recesión. En la Moncloa saben que dar la vuelta a las encuestas, que en estos momentos otorgan una ventaja de siete puntos al PP sobre el PSOE y de 11 puntos a la derecha sobre la izquierda, pasa por contener la inflación, mantener tasas de crecimiento elevadas y seguir creando empleo. Y por que los ciudadanos y las empresas empiecen a visualizar los efectos beneficiosos de la lluvia de millones que España está recibiendo de Europa.
El Gobierno quiere hacerlo, además, reduciendo al mismo tiempo el déficit y rebajando la deuda pública. Mientras dure el conflicto entre Rusia y Ucrania, todo indica que los socios europeos no se darán prisa a la hora de exigir el cumplimiento de la senda de estabilidad. Pero Pedro Sánchez quiere abonar la confianza de sus socios europeos justo ahora que la guerra ha cambiado las reglas de juego en Bruselas y España se prepara para asumir, durante el último semestre de 2023, el que será su último gran escaparate antes de la cita con las urnas: la Presidencia de la Unión Europea.
Con la vista puesta en ese objetivo, la Moncloa no deja de alimentar el perfil internacional del presidente. A la gira por América Latina que ha protagonizado esta semana hay que sumar la reunión que mantendrá con el canciller alemán Olaf Scholz y su gobierno el próximo martes en un marco muy semejante al que el Gobierno germano reserva a las grandes citas con Francia.
La agenda legislativa también está llena de retos para el Gobierno. Por delante, en el corto plazo, tiene dos nuevos impuestos, el de las eléctricas y el de la banca. Y siguen pendientes algunas iniciativas que se le atragantan: la ley de Vivienda y la reforma de la ley Mordaza son dos de las más significadas.
Pendientes están también la nueva ley de Seguridad Nacional, la reforma de la ley de Secretos Oficiales y dos asuntos clave para la polarización política española: el nuevo modelo de financiación autonómica, que el Gobierno prometió sacar adelante en esta legislatura, pero cuya negociación sigue sin comenzar, y la pendiente reforma fiscal.
El primero es un campo de minas que amenaza con enfrentar a los territorios que cuentan con menos recursos con los más ricos, al margen del color político de cada uno de ellos. Sin embargo, su eterno aplazamiento tampoco resuelve los problemas de infrafinanciación que sufren comunidades como la valenciana, en la que este asunto puede ser una de las claves del resultado de las elecciones autonómicas.
El segundo tiene todos los elementos para enfrentar a los socios de Gobierno. Unidas Podemos quiere entrar de una vez en harina para que quienes más tienen paguen más y mejorar así la progresividad del sistema fiscal aprovechando que en España se pagan todavía proporcionalmente menos impuestos que en el resto de la Unión Europea.
Vértigo
Pero en el PSOE dudan. No es únicamente que a muchos les dé vértigo tocar los impuestos en un año de elecciones, sino que la vicepresidenta Nadia Calviño teme poner en riesgo la actividad económica.
A todo lo cual hay que sumar otro ingrediente clave: la polarización ha sido el signo de identidad de la política española desde la moción de censura que convirtió a Sánchez en presidente por primera vez.
Un fenómeno que no ha cedido en intensidad con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP. El dirigente conservador está aplicando punto por punto la misma estrategia de enfrentamiento que utilizó para ganar por primera vez las elecciones gallegas en el año 2009, esta vez aupado por el deterioro económico provocado por la inflación: ofrecer constantemente acuerdos y hacerlos imposibles después. Lo que está pasando con la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial es un buen ejemplo.
En Génova saben que si la economía se hunde, su líder tendrá pie y medio en la Moncloa. Aunque las causas de la inflación y de una posible recesión poco tengan que ver con la política interna y que los problemas de la economía española sean menores que los de muchas de las economías de la UE.
Sánchez y Díaz cierran el curso político con la negociación para los presupuestos de 2023
El final de legislatura que ahora comienza añadirá a este fenómeno dos elementos inéditos que se desarrollarán en paralelo y que son el resultado de la lucha por el espacio político a izquierda y derecha.
De un lado, PSOE y Unidas Podemos están obligados a competir por un electorado fronterizo sin poner en peligro la viabilidad de una alianza que, ambos lo saben, están obligados a repetir si consiguen derrotar al bloque de la derecha en las próximas elecciones. Una pugna que se complicará aún más si el espacio político a la izquierda del PSOE no logra culminar de forma pactada la transición de UP a la plataforma política que está promoviendo la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.
Del otro asistiremos al pulso entre PP y Vox por el dominio del voto conservador. El éxito aparente que Feijóo está teniendo a la hora de recuperar votantes de la extrema derecha obligará a los de Santiago Abascal a tensar las relaciones para frenar al Partido Popular.
Nunca antes, desde la aprobación de la Constitución hace casi medio siglo, un final de legislatura sumó tantos ingredientes de alto voltaje: una agenda legislativa sobrecargada, un horizonte económico lleno de incertidumbre, un Gobierno de coalición en minoría obligado a negociar para sacar adelante todas sus medidas y una polarización ideológica extrema a las puertas de unas elecciones que obligan a los partidos a marcar perfil propio para resintonizar con los ciudadanos.