El Cercle d’Economia ha movido ficha. En plenas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, la influyente entidad ha mostrado sus cartas, aunque la jugada no ha sido del gusto de todos. Lo ha hecho esta semana, a través de un documento con el que se ha inclinado a favor de la amnistía como “vía de solución” del conflicto catalán, eso sí, sujeta a matices. Todo un aliento para La Moncloa en su esfuerzo por atar el apoyo de ERC y Junts y un revés a la estrategia beligerante del Partido Popular.
A un mes de que termine el plazo para la convocatoria de nuevas elecciones, el prestigioso lobby se ha alejado de la CEOE para marcar perfil propio sobre una cuestión que supondrá un antes y un después en la política española. Un movimiento que no es trivial viniendo de uno de los principales altavoces de la burguesía catalana, cuyas célebres jornadas anuales reúnen a políticos, mandatarios y empresarios de primer nivel, incluido el Rey. En la memoria sigue aún el espaldarazo que la entidad —ahora liderada por el exbanquero Jaume Guardiola— dio a los indultos en 2021 y el revulsivo que supuso para la opinión pública.
Esta vez, en un documento titulado “Una salida para Cataluña, una propuesta para España” ha abogado por la amnistía con dos condiciones. La primera, que sea fruto de un “gran acuerdo” entre los principales partidos políticos, también el PP, contrario a esta medida de gracia. La segunda, que las formaciones independentistas renuncien a la unilateralidad y dejen de insistir en un referéndum que, según la entidad, “en las circunstancias actuales resulta inviable”. Les pide que hagan un “ejercicio de realismo y de pragmatismo” sin necesidad de “renunciar a sus ideas, perfectamente legítimas”.
El Cercle tiene claro su diagnóstico: considera que la “polarización creciente” en la que está sumida la política española ha llevado a una “parálisis alarmante” y receta por ello “medidas legislativas que contribuyan a pasar página”. El objetivo, “suturar juntos todas las heridas y evitar así la radicalización de posiciones en el conjunto del país”. La organización apuesta por dejar de “señalar culpables” para que el procés y sus protagonistas no sean una “losa colectiva” que impida “avanzar”.
Eso sí, lanza un aviso a navegantes. Advierte que la amnistía no debe responder a un “cálculo partidista”, es decir, que no tiene sentido si sirve únicamente para investir a Pedro Sánchez: “No podemos dejar de advertir de los riesgos que implicaría aprobarla tan solo para ganar una investidura”. Pero no es la única alarma. También avisa de la necesidad de que la fórmula legal sea impecable para evitar que el Tribunal Constitucional pueda llegar a revocarla. “Legislar mal podría provocar los efectos contrarios a los deseados. No es el momento para las prisas”, puntualiza.
Posturas inamovibles
Las reacciones no se han hecho esperar. Poco después de que el Cercle haya publicado su nota de opinión, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho una enmienda a la totalidad tachando la amnistía de “aberración democrática”. El dirigente popular ha dejado claro que su partido está “en las antípodas” porque, a su juicio, es un pacto “contra el Estado” e “indecente desde el punto de vista moral”: “Esta amnistía no es una reconciliación, es una transacción por siete votos para que alguien pueda ser presidente del Gobierno”. Ya presagiaba el documento que sumar el consenso de todo el arco político no iba a ser tarea fácil.
Tampoco los partidos independentistas se han mostrado especialmente entusiasmados con el posicionamiento, que los empuja a acatar “el marco establecido por la Constitución” y abandonar cualquier vía que pase por la “unilateralidad”. Aprovechando el pretexto del sexto aniversario de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), Carles Puigdemont ha recalcado que no cambiarán de táctica. “Ni hemos renunciado a ella ni renunciaremos, por más dificultades que haya y por más esfuerzos que algunos hagan por desdecirse (...). La mantenemos viva para cuando el independentismo en su conjunto sepa reunirse en una única estrategia”. Ya ERC libra otra batalla. Más allá de la amnistía, el Govern tiene la mirada puesta en la gestión y el foco en el traspaso de Rodalies y la financiación económica. A los republicanos aún les queda más de un año para gobernar y necesitan una baza para agotar la legislatura y evitar sobresaltos, pero lejos están de la reforma del Estatut y de la revisión del sistema de financiación autonómica que defiende el Cercle.
Quien también ha salido al paso ha sido el dirigente de la CEOE, cuya posición choca frontalmente con la defendida por el lobby catalán. Antonio Garamendi ha insistido en su rechazo a la medida de gracia que plantea el Gobierno y ha dado poco margen a interpretaciones: “No consideramos la palabra amnistía”. No es un secreto que la nota de opinión ha sentado como un jarro de agua fría a la patronal española. Con mayor optimismo ha recibido el documento Pimec. El presidente de la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa, Antoni Cañete, hace días que dice apostar por la amnistía para devolver el conflicto catalán al terreno de la política. Foment del Treball, en cambio, opta por no mojarse, aunque su presidente, Josep Sánchez Llibre, no esconde que ha mantenido contactos con Puigdemont en Bélgica.
Un impulso a Sánchez
En cualquier caso, a nadie se le escapa que el respaldo del Cercle d’Economia a la amnistía puede contribuir a allanar el camino hacia un pacto que permita a Sánchez revalidar la presidencia del Gobierno. Ya ocurrió hace dos años, cuando el foro defendió el perdón para los condenados por el ‘procés’ ante un Pablo Casado —entonces líder del PP— que no se sintió ni un poco interpelado. El posicionamiento de entonces ayudó a decantar la balanza y todo apunta que podría suceder de nuevo, si bien el apoyo a la amnistía, sujeto a condicionantes —la mayoría de los cuales parecen más bien improbables—, es más tímido del que se dio a los indultos.
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No cabe olvidar que, con 65 años de historia, este foro sigue siendo un punto de referencia para las élites catalanas. Un puntal del ‘establishment’ que cuenta con más de 1.300 socios y 118 entidades colaboradoras y que celebró por primera vez el año pasado unas elecciones. Esos comicios avalaron la candidatura continuista de Guardiola en detrimento de la que planteaba Rosa Cañadas, el único perfil que se ha atrevido hasta la fecha a plantar cara al status quo de la institución. Disputas internas al margen, el Cercle no es una patronal, ni tampoco un lobby. Estrictamente hablando, se trata de una asociación, pero en su seno acoge a eminentes directivos, empresarios, académicos e intelectuales con un objetivo común: dejar huella en el ritmo político y económico del país con pronunciado acento liberal.
De hecho, el documento salió a la luz el jueves, el mismo día que el ministro de la Presidencia en funciones y uno de los principales negociadores del Ejecutivo, Félix Bolaños, tenía cita en Barcelona con el presidente del grupo parlamentario de ERC y hombre de confianza de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové. Una misma jornada en la que Bolaños coincidió con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una velada organizada por otra patronal, la vallesana Cecot.
Sea como sea, las palabras de Guardiola no han sacudido por ahora el panorama. Tan sólo han servido para fijar posiciones ya conocidas de antemano. Pero la gesticulación y los mensajes públicos a menudo no coinciden con lo que se cocina bajo mano: nada impide que, aunque matizado, el apoyo del Cercle a la amnistía remueva pareceres y quiebre certezas. Quedan aún días de margen para la investidura, veremos entonces si la entidad recoge sus frutos.
El Cercle d’Economia ha movido ficha. En plenas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, la influyente entidad ha mostrado sus cartas, aunque la jugada no ha sido del gusto de todos. Lo ha hecho esta semana, a través de un documento con el que se ha inclinado a favor de la amnistía como “vía de solución” del conflicto catalán, eso sí, sujeta a matices. Todo un aliento para La Moncloa en su esfuerzo por atar el apoyo de ERC y Junts y un revés a la estrategia beligerante del Partido Popular.