José Luis Martínez Parra, vicepresidente de la constructora Teconsa, acaba de convertirse en otro de los arrepentidos del caso Gürtel al confesar el pago de un soborno millonario a cambio de la adjudicación de obras públicas.
El empresario ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional donde reconoce que dadas las “magníficas relaciones” del grupo de Francisco Correa con distintas administraciones “gobernadas por el PP” le encargó “la gestión para la adjudicación de obras públicas a su favor”. Y lo hizo "sabedor del coste que conllevaba la citada gestión para pago de los favores que se le iban a conceder". Por ese encargo, relata el texto, Teconsa abonó 1.800.000 euros: 1.380.000 los entregó en efectivo y 420.000 en facturas falsas emitidas por Cresva, una sociedad del lugarteniente de Correa, Pablo Crespo.
Acusado en la pieza del caso Gürtel que centrada en la corrupción en ese municipio madrileño se juzgará el próximo otoño, el empresario confirma así la versión aportada por Correa a la Fiscalía Anticorrupción hace una semana. Y corrobora que, como publicó infoLibre, Correa no será el último que intente buscar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción de cara a este nuevo macrojuicio del caso Gürtel, el de Boadilla, señalado para finales de septiembre. De los 27 procesados por las actividades de la trama corrupta en el municipio madrileño Boadilla del Monte, la intención de la mayoría es pactar con el Ministerio Público condenas de prisión más bajas a cambio de la confesión de los hechos y el pago de multas e indemnizaciones.
La confesión de Martínez Parra se produce apenas meses después de que en noviembre fuese condenado a 11 años y siete meses de cárcel en otra pieza de Gürtel, la visita del papa a Valencia. En su escrito, el empresario enumera las obras que a partir de 2002 obtuvo en Boadilla tras el “encargo” a Correa: una piscina municipal, un colegio, 96 viviendas y la redacción de dos proyectos también para viviendas. A tenor de sus datos, el daño para las arcas municipales fue enorme: el precio de las 96 viviendas "excedió en 2.867.546 euros sobre el previsto". Y ni siquiera se molestó el ayuntamiento en tramitar ningún expediente de modificación.
El escrito del dueño de Teconsa encierra una incógnita: porque fecha en 2007, sin precisar cuándo de forma exacta, el pago de los 1,8 millones de la organización de Correa pero admite que la concesión de las obras incluidas por él mismo en el lote del pacto con Gürtel había comenzado en 2002.
El empresario asegura en su escrito que ignora cómo se repartieron esos 1,8 millones los destinatarios del soborno. La existencia de esa mordida ya se conocía desde 2014. Entonces un informe de la unidad policial contra la corrupción, la UDEF, señaló que la trama se había repartido en Boadilla exactamente la cifra cuyo pago reconoce ahora el empresario.
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De acuerdo con el análisis de la agenda de Pablo Crespo efectuado por la UDEF, el reparto se realizó entre varias personas que la agenda identificaba por las iniciales de sus nombres y apellidos, o bien por los apodos con que eran conocidos. Atendiendo a las notas del lugarteniente de la trama, 390.000 euros correspondieron a Correa y otros 390.000 euros al exdiputado regional del PP Alfonso Bosch.
También recibió 390.000 euros a Tomás Martín Morales o “TM”, quien fuera consejero delegado de la empresa municipal de vivienda. A Arturo González Panero, El Albondiguilla, alcalde de la localidad entre 1999 y 2009, anotado como “Alb”, el inicio del apodo por el que es conocido, le fueron entregados presuntamente 210.000 euros. Por su parte, el propio Crespo, percibió 300.000.
En junio, durante el juicio sobre la visita del papa a Valencia, Martínez Parra culpó a su padre, ya fallecido, de haber pactado con la trama. Pero ni dio datos sobre pagos ni asumió ninguna responsabilidad. Ahora, admite que aunque el presidente de Teconsa era su progenitor él "siempre estuvo a su lado y fue conocedor y consentidor de la mayoría de las decisiones ue se tomaban".
José Luis Martínez Parra, vicepresidente de la constructora Teconsa, acaba de convertirse en otro de los arrepentidos del caso Gürtel al confesar el pago de un soborno millonario a cambio de la adjudicación de obras públicas.