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La Fiscalía Anticorrupción está empezando a poner negro sobre blanco en la investigación por la presunta financiación ilegal del PP de Madrid en tiempos de Esperanza Aguirre. En un nuevo escrito, hace un balance de todo lo que ha conseguido acreditar a lo largo de estos últimos años de pesquisas y que arroja un relato que determina que el partido se financió de forma irregular y así sufragó las campañas electorales autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008, siempre fiscalizando una parte en a para no superar los límites legales y que la Cámara o el Tribunal de Cuentas no detectaran los sobrecostes, pero pagando bajo cuerda actos y publicidad por importes muy superioresa. La financiación, según el Ministerio Público, llegaba a través de "donaciones" de empresarios afines que aportaban dinero en efectivo o a través de Fundescam, desviando dinero público de contratos de publicidad.
Así lo refleja el escrito aportado a la pieza 9 del caso Púnica, de fecha 26 de mayo y al que ha tenido acceso infoLibre, en lo que parece un preludio de un próximo cierre de la instrucción. En él se avala el archivo de las actuaciones para Cristina Cifuentes y el principal señalado es el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, al que se considera principal ejecutor de la trama de financiación ilegal. También se destaca al ex secretario general Francisco Granados, uno de los principales investigados en esta macrocausa de corrupción, pero queda diluido, de momento, el papel que se había otorgado en un principio a la expresidenta Esperanza Aguirre, pues no aparece como responsable, colaboradora o ni siquiera conocedora de las actividades ilícitas. Anticorrupción se limita a recordar que Aguirre era la presidenta del partido y de la Comunidad de Madrid en aquellos años.
"Puede concluirse que las cuestiones de índole económico financiera derivadas de la gestión ordinaria del partido y las extraordinarias derivadas de los procedimientos electores autonómicos y locales recaen de forma directa en las figuras del secretario general autonómico y el gerente. Siendo esta última una figura clave en el funcionamiento del PP, al centralizarse en su persona todos los gastos que acometía el partido, especialmente en la campaña electoral, teniendo el mismo fluidas relaciones con los prestadores de servicios", explican los fiscales.
El escrito analiza los gastos electorales del PP de Madrid en las tres convocatorias electorales citadas y de lo indagado hasta la fecha se concluye que en todos los casos hubo una "ocultación del gasto real". Ante el órgano fiscalizador correspondiente, la Cámara de Cuentas madrileña en caso de las elecciones autonómicas y el Tribunal de Cuentas en comicios generales, el entonces gerente declaró unos gastos ajustados al límite impuesto por la ley, entre algo más de dos millones y medio y 3,2 millones de euros –según el año–, cuando en realidad se habían utilizado millones más. En 2007, dice el informe, desde el Comité de Campaña del partido "se autorizaron gastos electorales que no fueron declarados a la Cámara de Cuentas ni se pagaron a través de la cuenta de campaña, de tal manera que la contabilidad presentada ante el órgano fiscalizador no respondía a la realidad de lo sucedido".
Para poder ejecutar tal plan, explica la Fiscalía, "era necesario contar, desde el punto de vista de los prestadores de los servicios, con empresarios afines que, realizando el servicio, posteriormente lo facturasen bajo otros conceptos y, desde la perspectiva de los ingresos y gastos, se hacía necesario, por una parte, utilizar fuentes de captación de recursos, bien opacas, bien alterando el destino declarado y, por otra, trasladar esos recursos a los prestadores de los servicios, bien en metálico, bien a través de las facturas alteradas".
Anticorrupción detalla un sistema de especial "complejidad" que se materializó, por una parte, a través de la contratación de empresarios afines a los que tiene indentificados y que prestaron servicios que no habrían sido facturados oficialmente al partido. La captación de recursos se produjo mediante diferentes vías: en primer lugar, "aportaciones que, bajo el concepto de partícipes y colaboradores, diferentes empresarios donaron a la fundación Fundescam, cuyos ingresos usuales, a salvo de estas donaciones en el momento de las elecciones, únicamente provenían de las subvenciones a fundaciones afines a partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid que, de forma anual concedía la Comunidad de Madrid y de un convenio de colaboración con la Fundación Caja Madrid"; en segundo lugar, "mediante ingresos en metálico que eran entregados por distintos empresarios a miembros del Partido Popular de Madrid y que luego estos entregaban a Beltrán Gutiérrez para su custodia y aplicación". Los recursos captados a través de Fundescam mediante dinero en efectivo ascendieron a 1.044.800 euros.
El patronato de la fundación estaba compuesto por altos cargos del PP de Madrid, entre ellos Aguirre y Granados así como otros consejeros de la Comunidad. Y el que se encargaba de solicitar a la Vicepresidencia del Gobierno regional, la que ocupaba Ignacio González, la subvención anual era Beltrán Gutiérrez, que presentaba el correspondiente escrito al que adjuntaba las facturas que debían de justificar la subvención. No obstante, "aún a sabiendas de ello, entre tales facturas aportó varias que no respondían a servicios prestados a la fundación, sino que se trataba de facturas derivadas de trabajos electorales", dice la Fiscalía, que apunta que no sólo lo hizo así en el año electoral de 2007, sino en ejercicios posteriores.
De la contabilidad intervenida en los registros al despacho profesional y domicilio de Beltrán Gutiérrez, Anticorrupción sostiene que gastos realizados desde el PP de Madrid para la campaña de las elecciones generales de 2008 "fueron abonados desde la cuenta de Fundescam así como que se presentaron facturas para justificar la subvención concedida por la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid que faltaban a la verdad en cuanto al objeto de las mismas, pues recogían objetos que quedaban dentro del ámbito subvencionable cuando, realmente, el gasto había sido otro".
La libreta de Granados y el archivo "Día a Día"
En los comicios autonómicos de 2011, los investigadores han acreditado la misma "ocultación de gasto real" a la hora de fiscalizar los recursos para la campaña. Además de identificar a los "empresarios afines", los fiscales consideran que "la principal fuente irregular de captación de recursos fue a través de aportaciones de dinero en efectivo" que eran entregadas, "directa o indirectamente", al entonces secretario regional del PP madrileño, Francisco Granados. "Una vez entregadas, él mismo registraba los pagos de forma manuscrita en una libreta negra, tras lo cual descontaba cantidades de las que se apropiaba y el resto lo hacía llegar al gerente, que se encargaba de hacer los pagos en efectivo que no deseaban hacer constar ante la Cámara de Cuentas". Fue el hallazgo de esa libreta negra entre los efectos incautados a Granados tras la apertura de la causa lo que desembocó en la investigación de la presunta financiación ilegal del PP presidido por Esperanza Aguirre. "A la anterior fuente de financiación se sumó la derivada de la cuenta de la Fundescam y, ya de forma trasparente, la derivada de la propia cuenta electoral" del partido.
En la entrada y registro en el despacho profesional y del domicilio particular de Beltrán Gutiérrez se halló un archivo electrónico llamado "Día a Día" en el que se reflejaban apuntes que "permiten explicar parcialmente los gastos y pagos reales", no lo que se declaró a la Cámara de Cuentas. Lo que se constata es que en 2011 fueron pagados más de 6,6 millones de euros, de los que 2,38 millones se pagaron desde la cuenta de funcionamiento del PP de Madrid; 114.405 euros lo fueron desde la cuenta de Fundescam; 1,6 millones fueron pagos en efectivos consecuencia de la existencia de la caja b; y casi 3 millones lo fueron desde la cuenta electoral.
Desde la cuenta de funcionamiento del partido se utilizaba una "facturación interpuesta" para ocultar gastos electorales y así hacerlos pasar por otros servicios. Desde Fundescam, se abonaron servicios que poco tenían que ver con los fines de la fundación, como sondeos de intención de voto para el PP así como otros que incluso no estaban relacionados con el propio concepto de las facturas que se presentaron.
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La nueva pieza
La pieza 9 de Púnica sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid se abrió en 2016 y desde entonces la lista de imputados no ha parado de engordar. En septiembre de 2019 fue cuando se incluyó a Esperanza Aguirre y recientemente se abrió una nueva línea de investigación, con un escrito presentado por el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, quien está cumpliendo condena por la primera época de actividades de la trama Gürtel, sobreposibles irregularidades para desviar dinero público a la formación política cuando fue gerente de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo. Asegura tener documentación que “acreditaría la existencia de irregularidades” sobre "un sistema de facturación impuesto” que perseguiría "satisfacer necesidades económicas del PP de Madrid", para lo cual aporta como "ejemplo" una serie de facturas que el juez instructor, Manuel García Castellón, ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que examine y compare con la documentación que a su vez ha remitido a la Audiencia Nacional la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid sobre la contabilidad de esa sociedad.
Pero lejos de continuar con las actuaciones en la misma pieza 9, el magistrado ha desgajado esta investigación de la referida a la caja b del PP madrileño, llevándose las actuaciones a una nueva pieza separada de la macrocausa, la número 13. Este movimiento ha sido recurrido por la Fiscalía Anticorrupción ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al considerar que ambas piezas tienen "el mismo objeto de investigación". "Carece de lógica la formación de una pieza separada, pues no es que no sea conexo, es que forma parte del mismo objeto de investigación", dice el escrito consultado por este periódico. "Todo parte de lo mismo", añade, pues "la investigación aporta indicios de la existencia de un plan a través del cual altos cargos de la Administración autonómica madrileña podrían haberse hecho con dinero público para satisfacer necesidades del partido, electorales o no, y enriquecer a alguno de los consejeros y altos directivos de los entes públicos".
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