Las empresas contratadas por los partidos políticos para prestar servicios en época de campaña electoral tienen la obligación de presentar estas facturas ante el Tribunal de Cuentas cuando el importe supere los 10.000 euros. Este viernes, el órgano fiscalizador hizo público el informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 28 de abril de 2019 y una de las conclusiones es que 49 de estas empresas contratadas no han cumplido con el organismo. El saldo resultante de esas facturas no declaradas es de 2.902.323,05 euros.
Según la información facilitada por el organismo fiscalizador, lideran el ranking de incumplidoras las firmas contradadas por el PP, por un importe de 1.092.311,51 euros, y Unidas Podemos con facturas que suman 931.384,02, casi el total correspondiente a Facebook Ireland Limited.
En el caso del Partido Popular, son once los proveedores que no han informado al Tribunal de Cuentas. Las cantidades van desde los 10.125,82 no consignados por Litografía imprenta Arteara S.L a los 538.232,41 de Loginser, SL, especializada en el transporte urgente.
En el caso de Unidas Podemos, a los 912.152,54 euros no informados por Facebook hay que sumar 19.231, 48 a Víctor Lasa Ruiz.
De los grandes partidos con representación en el Congreso, el siguiente partido en volumen de proveedores que no han informado a la entidad fiscalizadora es Vox, con facturas por 324.701,62 de doce proveedores. Es el mismo número de empresas contratadas por el PSOE y que no han presentado sus facturas. Suman 195.602,08.
"Sería conveniente que las formaciones políticas indicaran a las empresas que les hayan facturado un importe superior a 10.000 euros por operaciones de campaña electoral que aporten al Tribunal de Cuentas la información que deben facilitarle, dentro del plazo límite del que disponen dichas formaciones para presentar la contabilidad electoral, de forma que se garantice su disponibilidad en tiempo oportuno para la fiscalización", puede leerse en el apartado de recomendaciones a los partidos en este informe de fiscalización.
Gastos de naturaleza no electoral
Otra de las deficiencias detectadas tiene que ver con las restricciones legales en materia de gastos electorales. El Tribunal de Cuentas ha observado que gastos por importe de 701.883,94 euros no tienen naturaleza electoral al no corresponder a ninguno de los conceptos comprendidos en el artículo 130 de la LOREG. Del total, 72.036,93 euros se refieren a gastos no permitidos por el artículo 53 de la LOREG, 22.461,50 euros a gastos realizados fuera del plazo establecido y 153.181,19 euros a gastos con justificación insuficiente. Estos gastos no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales.
¿De qué tipo de gastos estamos hablando? La galería es muy variada desde alquileres de locales para la noche electoral a material de oficina pasado por actuaciones musicales.
El partido que más gastos de naturaleza no electoral ha declarado, según el Tribunal de Cuentas es Unidas Podemos (290.727,41 euros). Le sigue Vox (112.488,95), PSOE (67.354,74), Ciudadanos (59.555,37) y Partido Popular (50.463).
El "maquillaje" de Ciudadanos
Uno de los gastos de naturaleza no electoral de Cs al que alude el informe es el de "servicios de maquillaje a los candidatos de campaña". El Tribunal de Cuentas responde a las alegaciones del partido que ahora lidera Inés Arrimadas que "su falta de realización no afecta al normal funcionamiento de las oficinas o servicios requeridos en el proceso electoral".
En el caso del Partido Popular, el órgano fiscalizador les responde que los gastos de "mantelería" de un "acto-cena" no son susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales. Lo mismo sostiene sobre "parques infantiles hinchables" o "gastos de formación de portavoces del candidato".
Unidas Podemos, por su parte, ha alegado, contrariamente a criterio del tribunal, que la creación y difusión de mensajes electorales a través de servicios de mensajería instantánea pueden considerarse gastos electorales. Lo mismo señalan con "gastos de asesoramiento" o con los derivados de la colocación y retirada de pancartas con el lema "Vota Izquierda Unida Guadalajara". "No se consideran electorales aquellos gastos que no hagan referencia expresa a la denominación de la formación que los realiza, en este caso, la coalición electoral, con independencia de que la factura sí se hubiera emitido a nombre de la coalición", sostiene el Tribunal de Cuentas.
En cuanto a la regularidad de los ingresos y gastos electorales, el informe señala que las formaciones políticas han declarado recursos por un total de 58,90 millones de euros, de los que un 40% procedía de endeudamiento bancario, un 39% de adelantos de subvenciones electorales, un 21% de aportaciones de la propia formación política y el resto de aportaciones privadas.
El Tribunal de Cuentas alerta de incumplimientos legales en las donaciones a las fundaciones políticas
Los gastos regulares que han sido considerados justificados por el Tribunal de Cuentas, tras efectuarse las correspondientes comprobaciones y ajustes, han ascendido a 60,05 millones de euros, de los que 34,86 millones corresponden a operaciones electorales ordinarias y 25,19 millones al envío directo y personal de propaganda electoral.
Recomendación al Gobierno
Entre las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas hace al Gobierno, el organismo recuerda la moción relativa a la modificación de la normativa sobre financiación y fiscalización de los partidos políticos, aprobada por el Pleno de la institución el 30 de octubre de 2001, "algo que se viene reiterando en sucesivos informes". "Sería conveniente evaluar la eficiencia material y económica de los envíos directos y personales a los electores de sobres y papeletas o de propaganda electoral tal y como se realizan en la actualidad, teniendo en cuenta que la disponibilidad de estos está garantizada en las mesas electorales, así como la posibilidad de diseñar e implantar un nuevo procedimiento, más acorde con el actual desarrollo de los medios y técnicas de información, que ofrezca mayores garantías en su ejecución y permita reducir los fondos públicos destinados a su financiación", subraya.
Las empresas contratadas por los partidos políticos para prestar servicios en época de campaña electoral tienen la obligación de presentar estas facturas ante el Tribunal de Cuentas cuando el importe supere los 10.000 euros. Este viernes, el órgano fiscalizador hizo público el informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 28 de abril de 2019 y una de las conclusiones es que 49 de estas empresas contratadas no han cumplido con el organismo. El saldo resultante de esas facturas no declaradas es de 2.902.323,05 euros.