Hasta 25 empresas contratadas por el PP durante la campaña de las elecciones del 20 de diciembre de 2015 incumplieron la ley al no informar al Tribunal de Cuentas de los trabajos que realizaron para la formación conservadora. Las citadas 25 sociedades facturaron un total de 2.843.271 euros al partido de Rajoy, un importe que representa el 23% de la cantidad total que el PP gastó en la campaña para los comicios del 20D (12,2 millones), según un informe del Tribunal de Cuentas [ver en PDF] conocido este lunes.
Si se contemplan además las coaliciones electorales en las que participó el PP con formaciones regionales aparecen nuevos incumplimientos: seis empresas contratadas por la candidatura PP-Partido Aragonés evitaron informar al Tribunal de Cuentas de trabajos realizados por importe de 133.866 euros y dos firmas que trabajaron para la lista PP-Foro Asturias eludieron su obligación de justificar trabajos realizados por importe de 50.461 euros, de modo que la cuenta total de proveedores que actuaron al margen de la ley se eleva hasta los 31 y su facturación alcanza los 3.027.599 euros.
Según el artículo 133.5 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, tienen obligación de "informar al Tribunal de Cuentas" las empresas que facturen "por gastos electorales superiores a 10.000 euros" a los "partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que hubieran alcanzado los requisitos exigidos para recibir subvenciones estatales o que hubieran solicitado adelantos con cargo a las mismas", como sucede en el caso del PP y sus coaliciones.
El PP no responde
Entre las 31 firmas que trabajaron para el PP e incumplieron la ley al no informar al Tribunal de Cuentas hay sociedades pertenecientes a distintos sectores –desde empresas de seguridad hasta hoteles, pasando por agencias de publicidad o de eventos– que facturaron volúmenes muy dispares a la formación conservadora y sus aliados regionales: hay trabajos que superan por la mínima el listón de los 10.000 euros que obliga a informar al tribunal, pero también encargos de entidad que superan, en tres casos, los 500.000 euros: es el caso de las facturas de Cibeles Mailing, dedicada a la comunicación y distribución (665.118 euros), la imprenta Sundis S.A. (531.162 euros) y la empresa de envíos Urbequipo S.L. (521.578).
El Tribunal de Cuentas envió el pasado 1 de octubre un borrador del informe publicado este lunes. El documento llegó a la sede del PP en la calle Génova de Madrid tres días después. Dos semanas más tarde, el 18 de octubre de 2016, la administradora general del PP, Carmen Navarro, devolvió al tribunal un escrito de alegaciones [ver en PDF]. En ese texto, sin embargo, no hay ninguna referencia a la treintena de firmas que trabajaron para el partido durante la campaña y que esquivaron la obligación de informar de sus trabajos para el PP al órgano encargado de revisar la contabilidad electoral.
Al margen del PP, hay otros partidos con proveedores que esquivaron igualmente su obligación de informar de los trabajos superiores a 10.000 euros que realizaron en periodo electoral, aunque los volúmenes son muy inferiores a los tres millones de euros del caso del PP y sus coaliciones. Así ocurre con Democrácia i Llibertat –la marca de Convergència el 20D, con cinco proveedores que dejaron de informar de trabajos por 415.066 euros–, ERC –un proveedor que no informó de una factura de 23.172 euros–, Geroa Bai –una empresa que no informó de trabajos por 122.913 euros–, la coalición PSOE-Nueva Canarias –un proveedor por valor de 17.685 euros–, el PSC –tres firmas que facturaron 78.200 euros– y Podemos –una sociedad que le cobró 14.622 euros–.
Figura igualmente en el capítulo de actuaciones irregulares la pretensión de Ciudadanos de que se subvencionaran como gastos electorales un total de 387.667 euros cuyos conceptos, según el tribunal, "no tienen consideración de gasto electoral". Se trata, en buena medida, de gastos vinculados a reformas en su sede de Madridgastos vinculados a reformas en su sede de Madrid, y que el órgano fiscalizador afirma que no pueden ser financiados con subvenciones electorales, de modo que será el partido el que tenga que cargar con ellos. Ciudadanos alegó que "los gastos en la sede se realizaron originalmente para actos de la campaña electoral y que, tras los resultados obtenidos en las elecciones, se decidió el carácter permanente de la sede", extremo que no acepta el tribunal, pues "por su naturaleza e importe" la "gran mayoría de los referidos gastos no revisten una finalidad puramente electoral".
Gastos de campaña
En cuanto al gasto en campaña, el PP aparece nuevamente en primera posición. El partido de Rajoy gastó un total de 12.186.193 euros. Si se suman también las coaliciones en Aragón –con el PAR–, Asturias –con Foro Asturias– y Navarra –con Unión del Pueblo Navarro–, el importe crece hasta los 13.099.675 euros. En segundo lugar aparece el PSOE, que desembolsó un total de 8.783.165 euros, a los que hay que sumar los 1.083.807 euros que gastó el PSC y los 373.158 euros de la coalición con Nueva Canarias. En total, los socialistas consumieron 10.240.132 euros. En tercer lugar, Ciudadanos empleó 3.453.090 en su primera gran campaña de escala nacional. Podemos y sus confluencias gastaron 2.936.991 euros e Izquierda Unida-Unidad Popular 1.002.659 euros.
Entre los partidos catalanes, destacan los casi 1,4 millones que gastó la antigua Convergència. Por detrás, con un presupuesto de 863.371 euros, aparece Unió –que, además, no consiguió ni un solo escaño–. En tercer lugar está ERC (670.654 euros). En Euskadi, el PNV contó por su parte con un presupuesto de 787.715 euros, algo más que los 658.669 de Euskal Herria Bildu. Las cifras de otras formaciones fueron más modestas: Coalición Canaria gastó 558.931 euros, Geroa Bai 228.791 euros y Nós –la coalición gallega encabezada por el BNG– 227.003 euros.
Claro que a los 36.215.499 euros de presupuesto que suman todas esas formaciones y coaliciones hay que sumar otros 19.151.263 euros que gastaron en el envío de propaganda electoral. Es decir, que los partidos destinaron más de 55 millones de euros a pedir el voto para el 20D. Y también en este segundo capítulo fueron el PP y sus coaliciones quienes más gastaron: 6.187.780 euros consumidos en hacer llegar a los electores papeletas y sobres. Por detrás aparecen el PSOE y el PSC, con 6.159.989 euros; Ciudadanos, con 3.293.529 euros; y Podemos y sus confluencias, con 1.440.471 euros.
Precisamente sobre el envío de propaganda electoral, el Tribunal de Cuentas destaca en el apartado de recomendaciones de su informe que "sería conveniente evaluar la eficiencia material y económica de los envíos directos y personales a los electores de sobres y papeletas o de propaganda electoral tal y como se realizan en la actualidad, teniendo en cuenta que la disponibilidad de estos está garantizada en las mesas electorales, así como la posibilidad de implantar un nuevo procedimiento, más acorde con el actual desarrollo de los medios y técnicas de información, que ofrezca las precisas garantías en su ejecución y permita reducir los fondos públicos destinados a su financiación".
El Tribunal de Cuentas pide multar a los beneficiarios de ayudas públicas no justificadas
Deudas millonarias
Por último, el documento del tribunal recoge datos sobre las vías que han empleado los partidos para financiarse. En el caso del PP y las coaliciones en las que participaron, los conservadores suscribieron operaciones de endeudamiento por un total de 10.714.960 euros, pidió 6.417.708 euros en adelantos de subvenciones y echó mano de otros 2.757.320 euros aportados por el partido. El PSOE, el PSC y la coalición socialista con Nueva Canarias, por su parte, se endeudaron en 10.005.602 euros, pidieron adelantos de subvenciones por valor de 5.656.456 euros y contó con otros 658.055 euros en concepto de aportaciones del partido.
Los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, siguieron vías muy diferentes para financiar su primera gran cita electoral a escala nacional. La formación morada y sus confluencias declararon al Tribunal de Cuentas operaciones de endeudamiento por importe de 79.600 euros, adelantos de subvenciones de 452.353 euros y aportaciones del partido por valor de 3.481.006 euros, de los que la mayor parte (2,8 millones) corresponden a la campaña de microcréditos puesta en marcha por el partido. En el caso de Ciudadanos, en cambio, el 99% de sus recursos provinieron de operaciones de endeudamiento: 7.662.574 de los 7.724.534 euros con los que contó el partido de Rivera fueron deuda, 31.600 euros aportaciones del partido y los restantes 30.360 aportaciones privadas.
Hasta 25 empresas contratadas por el PP durante la campaña de las elecciones del 20 de diciembre de 2015 incumplieron la ley al no informar al Tribunal de Cuentas de los trabajos que realizaron para la formación conservadora. Las citadas 25 sociedades facturaron un total de 2.843.271 euros al partido de Rajoy, un importe que representa el 23% de la cantidad total que el PP gastó en la campaña para los comicios del 20D (12,2 millones), según un informe del Tribunal de Cuentas [ver en PDF] conocido este lunes.