Las residencias de mayores, las que se convirtieron en la zona cero de la pandemia, son un negocio. Y más que antes de la llegada de la crisis sanitaria. Si en 2019 las empresas privadas que gestionan estos centros facturaban 4.650 millones de euros, en 2022 sus ingresos escalaron hasta los 4.900 millones, un 5,4% más, según los últimos datos disponibles del Observatorio Sectorial DBK. En 2020, año del covid, el montante que recibieron estas compañías fue de 4.500 millones, un 4% menos que un año antes que ahora, a la luz de las cifras, se ha recuperado con creces. Desde entonces, la facturación ha aumentado un 8,9%. Y la explicación, fundamentalmente, está en los precios.
Lo señalan ellos mismos en sus informes. "Esta evolución estuvo marcada por el positivo comportamiento de la demanda y la tendencia al alza de las tarifas", concluyen en la nota de prensa que presenta sus últimos datos. Pero también lo apuntan así otras fuentes. El responsable de Negociación Colectiva Privada de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Jesús Cabrera, señala que "las plazas privadas han trasladado el incremento del IPC [Índice de Precios al Consumo] a las familias y las administraciones autonómicas también pagan más por las plazas concertadas". "Las residencias, a la hora de facturar, están teniendo en cuenta la subida de las pensiones e incrementando sus cuotas en función de la actualización de estas cifras", coincide el colaborador de Fundación Alternativas Octavio Granado.
El comparador especializado Inforresidencias le pone números a estas palabras. Según sus datos, el precio medio de una residencia privada para personas mayores en nuestro país era de 1.870 euros al mes en 2022, un importe que en 2021 era de 1.830 y en 2023 ha escalado hasta los 1.990.
Aunque hay diferencias. Si el importe que pagan los residentes por una cama en un geriátrico privado de Aragón se sitúa en 1.695 euros al mes, el que tiene que destinar una persona mayor en el País Vasco se sitúa en 2.282.
De este modo, y según el último documento presentado por el observatorio, las plazas privadas han pasado de suponer unos ingresos de 2.660 millones en 2021 a 2.830 millones en 2022 (un 6,4% más), mientras que las concertadas han aumentado, en el mismo periodo, de 1.470 a 1.570 millones de euros (un 6,8% más). Con respecto a 2020, las plazas privadas han incrementado su facturación un 8,2% y las concertadas un 10,6%.
La explicación de esta última cifra, señala Cabrera, está en la mayor financiación de las administraciones autonómicas. Y en este sentido destaca por ejemplo la Comunidad de Madrid, que en 2022 pasó de pagar 52 euros a destinar 72 por cada plaza y día, un incremento del 40%. O Andalucía, que según el comparador Inforresidencias incrementó estas cifras de 55,79 a 58,30 entre 2022 y 2023. O Cataluña, que en el mismo periodo aumentó de 65 a 67,2 euros lo abonado al día por cada plaza concertada.
Sin embargo, no toda la explicación está en los precios. O al menos así lo entiende la presidenta de la asociación catalana Coordinadora 5+1 y miembro de la Plataforma Estatal de Familiares de Residencias, María José Carcelén, que apunta también a los "recortes en alimentación" y a la precariedad de las plantillas que consiguen que "salgan las cuentas". "Si las empresas se quejan de que no llegan con la subida del IPC y sin embargo siguen aumentando sus ganancias, pues tienen que estar ajustando, y eso sólo significa una cosa", lamenta.
La previsión es que esta senda continúe. Así lo prevé Juan Ortín, director del observatorio DBK, que manifestó a la revista Entre Mayores que para el cierre de 2023 "se estima un ascenso del volumen de negocio del 4,1%, similar al previsto en 2024, año en el que se podría llegar a alcanzar la cifra de 5.300 millones de euros". Este año el observatorio publicará el nuevo estudio del sector, correspondiente al año pasado.
Los grandes beneficiados y su modelo
Lo que está claro es que detrás de estos números hay grandes beneficiados. Y son los enormes grupos residenciales. Según el listado que ofrece Informa —responsable del observatorio DBK— a infoLibre, las empresas que sacaron la mayor tajada de esta subida de precios y, por ende, de ingresos, son, aunque no por orden del volumen de negocio, Amavir, DomusVi, Grupo Vitalia Home, Orpea Ibérica y Sanitas Mayores. Según sus propias webs, la primera empresa cuenta con 6.820 plazas en toda España; la segunda, con más de 25.000; la tercera, con 9.762; y la cuarta, con más de 8.500. Sanitas Mayores, por su parte, ofrece cifras de sus centros, que son un total de 43 en todo el país.
Estas compañías siguen basando todavía su modelo en las macrorresidencias que, sin embargo, se convirtieron en la fórmula más fallida durante la crisis sanitaria. Lo señalaron así los datos oficiales de 14 comunidades autónomas obtenidos por este periódico. Amavir, DomusVi y Orpea, de hecho, fueron las empresas que peores datos de fallecidos acumularon durante la pandemia. Todas ellas, por cierto, controladas por fondos de inversión o multimillonarios españoles o franceses.
Vayamos al detalle. DomusVi, con 16.291 plazas en las autonomías que facilitaron los datos a infoLibre, acumuló 1.096 fallecidos; Amavir, con 6.059 plazas, 819; y Orpea, con 6.992 camas, 597.
Un estudio científico también avaló esta idea de que el tamaño sí fue vital en la pandemia. Se publicó en septiembre de 2022 en la revista la revista Epidemiologia y desveló que, concretamente en Cataluña, el riesgo de morir por covid fue el triple en residencias de entre 150 y 200 plazas que en las de entre 30 y 70. Si se analizan sólo aquellos centros donde entró el virus, el riesgo fue dos veces mayor en las residencias de 150 a 200 plazas que en los de 30 a 70.
Apenas unos meses antes, una investigación similar llevada a cabo sobre centros madrileños evidenció que el modelo público-privado de estos centros en la región fue "letal" en la pandemia. En concreto, señaló este documento, las residencias totalmente públicas tuvieron una mortalidad del 7,4%, un dato que en las privadas con plazas concertadas fue del 20,6% y en las públicas de gestión privada del 21,9%.
Casi todas las plazas, privadas
Aun así, el modelo residencial de nuestro país continúa asentado sobre las plazas privadas. Así lo evidencia Envejecimiento en red, una plataforma ligada al CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) que realiza las estadísticas más sólidas sobre el sector. La última, referida a 2022, cifraba en 393.581 las plazas residenciales existentes en nuestro país, de las cuales el 52,2% se encuentran en estos macrogeriátricos de más de 100 camas y el 73,5% pertenece a centros privados.
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En 2020, sin embargo, el número de camas en geriátricos de nuestro país se situaba en 384.251, un número del que el 51,3% se encontraba en residencias de más de 100 plazas y el 73,2% pertenecía a centros de titularidad privada.
Actualmente, las residencias públicas tan sólo suponen el 26,5% del sector, pero el objetivo del nuevo modelo que el Gobierno quería implantar para estos centros incluye la desinstitucionalización de la dependencia. Dicho de otro modo: que se priorice la atención a domicilio que el ingreso en un geriátrico. Sin embargo, y como denunció la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en un informe del pasado mes de febrero, en 2022 el servicio de ayuda a domicilio sólo alcanzó una cobertura del 5,5%, una tasa seis décimas más que en el año previo a la pandemia pero todavía claramente insuficiente, a juicio de la organización, que ofreció otro dato revelador: la media de horas de atención y cuidados sólo alcanza las 20,2 horas mensuales, una cifra que resulta dos décimas menos que en 2019.
"Estos datos tan limitados y la escasa o nula evolución que registran en los últimos años hacen inviable avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares, y casi siempre en perjuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados: las mujeres", lamentaron.
Las residencias de mayores, las que se convirtieron en la zona cero de la pandemia, son un negocio. Y más que antes de la llegada de la crisis sanitaria. Si en 2019 las empresas privadas que gestionan estos centros facturaban 4.650 millones de euros, en 2022 sus ingresos escalaron hasta los 4.900 millones, un 5,4% más, según los últimos datos disponibles del Observatorio Sectorial DBK. En 2020, año del covid, el montante que recibieron estas compañías fue de 4.500 millones, un 4% menos que un año antes que ahora, a la luz de las cifras, se ha recuperado con creces. Desde entonces, la facturación ha aumentado un 8,9%. Y la explicación, fundamentalmente, está en los precios.