No habrá nueva radiotelevisión valenciana. Al menos de momento. El tripartito valenciano había acelerado los trámites para constituir esta semana el Consejo Rector e iniciar en agosto emisiones en pruebas. Pero el consenso alcanzado con el texto de la ley, con el voto a favor de Ciudadanos y la abstención del Partido Popular, se ha roto al poner las formaciones sus candidatos sobre la mesa. El primero de los nombres en generar discordia fue el del presidente de la corporación, a propuesta del PSPV-PSOE. Se trata de Josep López, veterano periodista de la extinta RTVV, corresponsal en Bruselas durante los primeros años y marginado por el Partido Popular a partir de 1995. Su proximidad al president Ximo Puig y las relaciones familiares de su esposa (es prima de dos altos cargos socialistas) provocaron el veto de Ciudadanos y PP.
Pero ha sido Maite Fernández, a propuesta del PP, la que ha hecho saltar por los aires el frágil entendimiento. Fernández fue, entre diciembre de 2013 y julio de 2015, directora general de Relaciones Informativas con Alberto Fabra. Antes, desde 2007, dirigió los Informativos de Canal 9 a través de distintas responsabilidades. En febrero de 2010, tres periodistas a su cargo denunciaron haber sufrido abusos sexuales desde diciembre de 2007 por parte de Vicente Sanz, el todopoderoso exsecretario general y exjefe de Recursos Humanos de RTVV, quien fue condenado en octubre de 2015 a 15.660 euros de multa y otros 210.000 euros de indemnización.
Según una de estas periodistas “fuimos tres las que denunciamos, pero al menos una veintena sufrimos abusos”. Un hecho conocido y silenciado en la tele. De hecho, el ir y venir de redactoras al despacho de Sanz era casi diario. Allí se comportaba como un sátiro: les obligaba a mostrar sus genitales y él tomaba fotos y se masturbaba. El acoso también era psicológico: “Sabía cómo infundir miedo, te envolvía, te bloqueaba”. “Desde su ordenador veía las cámaras del edificio y nos enviaba mensajes diciéndonos la ropa que llevábamos puesta”, recuerda para infoLibre otra de las denunciantes, quien añade que Fernández “estaba al corriente y encubrió los hechos”.
“¿Cómo no lo iba a saber?”, se pregunta y explica que las veía llegar con la cara desencajada, llorosa, e incluso en ocasiones “hacía de correa de transmisión y nos decía que Sanz nos llamaba, que subiéramos a su oficina”. “Después, en el juicio, se lavó las manos y dijo que jamás relacionó aquello con nada extraño”, lamenta esta exredactora, quien acabó con una baja por ansiedad de la que Fernández, su superior directa en la sección de Política, jamás le preguntó el motivo: “No hacía falta, ella conocía el por qué”.
Indignación
Por esta razón, ambas extrabajadoras se sienten “indignadas” ante la propuesta de Fernández para el Consejo Rector: “Un pésimo precedente para la nueva tele”. “Es como si el PP no se arrepintiera de sus errores o, peor aún, estuviera orgulloso de lo que allí ocurrió”, subrayan. No son las únicas en reprobar a Fernández, ya que también fue una de las comisarias políticas más activas en silenciar la Gürtel o imponer la consigna, entre otras, de que el accidente del metro de julio de 2006, que se saldó con 43 muertos y 47 heridos fue fortuito e inevitable y la única causa fue la velocidad y el conductor, uno de los fallecidos, el único culpable.
Unos argumentos rebatidos por la comisión de investigación celebrada en el primer semestre de 2016 en Les Corts, donde se llegó a la conclusión de que falló la seguridad y faltaron inversiones. También que hubo 13 responsables políticos, entre ellos Lluís Motes, entonces jefe de Informativos y superior de Fernández, quien coordinaba los Informativos no diarios y por tanto supervisó un reportaje especial del 10 julio de 2016 titulado El tren 3736. Tragedia del metro de Valencia. “El reportaje más infame jamás emitido en Canal 9”, revelaron en su día los sindicatos. Un ejemplo de “servilismo” e “información sesgada y manipulada”, tal y como denunció este martes en un escrito la asociación de víctimas, quien pidió a los grupos que Fernández no entre en el Consejo Rector para evitar “una clara muestra de un periodismo supeditado al poder y deshonesto con su público”.
Por su parte, Fernández declinó este martes las llamadas de infoLibre y prefirió “no hacer ningún comentario”.
Canal Nou manipuló las informaciones sobre el accidente de metro de Valencia, según Unió de Periodistes Valenciá
A septiembre
Tras el veto a Fernández, el inicio de la nueva radiotelevisión ha quedado encallado. La exjefa de Informativos entró en la terna después que Podemos cediera uno de sus consejeros, precisamente el representante del Consejo Ciudadano, elegido provisionalmente por los partidos políticos hasta su constitución, al PP, quien amenazaba de romper el consenso si no obtenía al menos dos de los diez miembros del Consejo Rector. El veto posterior de Podemos y Compromís a Fernández generó una negociación en paralelo entre PP y socialistas. Si los segundos convencían a sus socios del voto a Fernández, estos no rechazarían la totalidad del Consejo Rector y el nombre Josep López podría prospera en tercera votación y con mayoría simple. Algo que, según fuentes de Compromís consultadas por infoLibre “ni ha ocurrido ni ocurrirá”, ya que Fernández “no puede ser consejera”.
Sin acuerdo, el punto del pleno sobre la nueva RTVV previsto para este miércoles y jueves quedarán suspendidos, según estas mismas fuentes. El calendario se aplazaría a septiembre con la obligación de los grupos de presentar perfiles alternativos que eviten la fricción.
No habrá nueva radiotelevisión valenciana. Al menos de momento. El tripartito valenciano había acelerado los trámites para constituir esta semana el Consejo Rector e iniciar en agosto emisiones en pruebas. Pero el consenso alcanzado con el texto de la ley, con el voto a favor de Ciudadanos y la abstención del Partido Popular, se ha roto al poner las formaciones sus candidatos sobre la mesa. El primero de los nombres en generar discordia fue el del presidente de la corporación, a propuesta del PSPV-PSOE. Se trata de Josep López, veterano periodista de la extinta RTVV, corresponsal en Bruselas durante los primeros años y marginado por el Partido Popular a partir de 1995. Su proximidad al president Ximo Puig y las relaciones familiares de su esposa (es prima de dos altos cargos socialistas) provocaron el veto de Ciudadanos y PP.