La consolidación fiscal —la reducción del déficit presupuestario y de la deuda pública— se hace, básicamente, de dos maneras: aumentando impuestos o recortando gastos. Y el camino que se elige tiene consecuencias para los gobiernos, como acaba de demostrar la investigación Consolidación fiscal y votación: los costos electorales de la estabilidad presupuestaria, firmado por los profesores de Economia Aplicada Santiago Lago, María Cadaval y Ana Herrero.
Lo que los investigadores han encontrado es que los efectos negativos sobre la intención de voto de un hipotético aumento del impuesto sobre la renta personal se concentran entre individuos que expresan una preferencia por partidos como el PP y Vox. Por el contrario, la vía de los recortes en programas relacionados con los ingresos, como la atención médica, la educación y las pensiones, “no logra atraer a los votantes que prefieren otras opciones políticas y es menos atractiva para aquellos que previamente han declarado una intención de votar por los partidos gobernantes” en estos momentos.
”Lo que observamos es que la intención de voto de los ciudadanos (en relación con la consolidación fiscal) varía según su ideología política”, explica María Cadaval, profesora de la Universidad de Santiago. “Los votantes de izquierda que apoyan a los partidos en el Gobierno prefieren políticas de austeridad a través de los impuestos” y los “de derecha aprueban en mayor medida los recortes de gasto”.
Dicho de otro modo: los votantes más inclinados a la izquierda tienden a desmovilizarse más —o a cambiar de bando— cuando las políticas de consolidación fiscal que están en vigor son recortes. Y cuando las medidas para reducir el déficit y la deuda son subidas de impuestos, los que se desmovilizan más —o tienden a cambiar de signo político— son los ciudadanos que se autoubican a la derecha.
Roles bien diferenciados
Cuando quien hace los recortes es la derecha, explica la profesora Cadaval, tiene una lectura distinta cuando la hace la izquierda. Cuando la derecha hace recortes de gastos es “porque son necesarios”. Cuando la izquierda hace recortes de gastos, “es que son unos traidores”. Hay una percepción muy distinta. “Hay cosas que solo puede hacer la derecha y hay cosas que solo puede hacer la izquierda”.
“En todos los casos”, sea la política que sea” la que se implemente para llegar a cabo la consolidación fiscal, explica a su vez la profesora Herrero, “las personas encuestadas muestran una menor probabilidad de votar al partido que está tomando las decisiones”. Todo el mundo castiga la consolidación, “pero es verdad que proporcionalmente los de izquierda castigan más los recortes de gasto y los votantes de derecha más los aumentos de impuestos”.
La preocupación por reducir la deuda y el déficit tiene sesgo ideológico: es mayor entre las personas con mayor nivel educativo, más edad e ideología de derecha (o que manifiestan intención de votar al PP o a Vox) que entre las personas con menos estudios, más jóvenes o que se de¡claran de izquierdas (o apoyan a los partidos del Gobierno).
Recortes sí, pero…
Los electores de derechas, sin embargo, se lo piensan dos veces cuando se les pregunta si esos recortes de los que son partidarios deben llevarse a cabo en educación, sanidad o servicios sociales. “Contestan muy alegremente: ‘Hay que recortar el gasto porque es ineficiente’, pero ya luego cuando les dices: ‘Vale, muy bien, pues entonces dígame qué partida de gasto es la que yo voy a recortar, educación, sanidad o servicios sanitarios’, dicen: ‘No, no, eso no me lo toques”.
Del lado de la izquierda también hay contradicciones cuando se desciende a la letra pequeña. Si se les pregunta qué opinan de una subida de impuestos a través del IRPF ya no se muestran tan seguros de su apuesta inicial por que el ajuste se haga por la vía de los ingresos. Ahí también hay “una contradicción que es importante”, destaca Cadaval.
Es algo que ocurre, además, con independencia de qué administración este en el origen de la decisión. Los investigadores trataban de averiguar si los ciudadanos son más comprensivos con las medidas de consolidación fiscal cuando viene impuestas por Bruselas, pero no encontraron diferencias. El efecto sobre las tendencias de voto de los electores ante los recortes o del incremento de impuestos no tiene en cuenta la administración que toma la decisión. “Aquí no hemos encontrado diferencias significativas. A los ciudadanos, a la hora de decidir el voto, lo que les importa es el contenido y no tanto quién toma la decisión, si es el Gobierno nacional o la Unión Europea”, explica Ana Herrero.
Si hace unos años otras investigaciones indicaban cómo los votantes se mostraban más comprensivos con las medidas, fuesen cuales fuesen, cuando llegaban impuestas desde Bruselas —las consideraban menos ideológicas—, ahora eso ha cambiado. “A los entrevistados les da igual que sea Europa, que sea el Gobierno central o que sea la comunidad autónoma” quien esté en el origen de las medidas, señala Cadaval, pero castigan, eso sí, al Gobierno central, que es quien hace los ajustes.
Castigo asegurado
El estudio confirma, basándose en datos empíricos, que si el Gobierno actual, situado posiciones progresistas, pone en marcha estrategias de consolidación fiscal basadas en recortes, sufrirá el castigo de sus propios votantes. Lo que paradójicamente acabará favoreciendo a los partidos conservadores, que son genuinamente partidarios de esas medidas. La reducción en la probabilidad de votar por el Gobierno de coalición sería elevada entre las mujeres, los empleados y los votantes declarados de PSOE y Sumar, pero también papor parte de los indecisos y de aquellos que creen que el sector público juega un papel necesario en la sociedad.
Del mismo modo, un Gobierno conservador que decidiese recortar déficit y deuda subiendo los impuestos, acabaría siendo penalizado por sus electores ideológicamente más afines, lo que a su vez alimentaría la posibilidad de una victoria en las urnas de los partido progresistas, tradicionalmente partidarios de que la consolidación fiscal se lleva a cabo incrementando la fiscalidad.
El trabajo se basa en una encuesta telemática realizada en marzo de 2022 que fue diseñada expresamente para responder a la pregunta sobre los efectos electorales de la consolidación fiscal. En ella se recogieron las opiniones de 1.501 personas seleccionadas para que fuesen representativas del onuunto de la población española.
Sus conclusiones sacan a la luz que los ciudadanos, en general, tienen “una comprensión bastante precisa de lo que significa la deuda pública”, pero no tanto de las reglas fiscales de la Unión Europea. Solamente “un porcentaje pequeño sabe realmente de lo que van, a otra gente simplemente le suena y casi la mitad no sabe de lo que estamos hablando”.
¿Quiénes están mejor informados? Los ciudadanos que tienen mayor interés en temas relacionados con la política y con asuntos económicos. Y también aquellos que tienen un nivel educativo más alto, según las conclusiones del estudio (los investigadores no hallaron relación con el nivel de ingresos).
El efecto sobre los indecisos
“Uno de los resultados más interesantes” para los que tienen que tomar decisiones de este tipo, explica la profesora Herrero, es qué pasa con los no votantes, es decir, los que se abstienen, los que son indecisos o los que tienden a votar nulo”. Y en este caso, la conclusión es que “el votante es claramente más sensible a las caídas de gasto que a los aumentos de impuesto. Es decir, que si tú quieres movilizar ese voto, que ahora mismo a efectos de elección de diputados no cuenta absolutamente nada, es más probable que te voten si ejecutas consolidaciones por la vida de aumentar los impuestos que si recortas los gastos”.
“Cuando se recorta el gasto”, apunta Cadaval en conversación con infoLibre, ”la probabilidad de votar por el Gobierno de coalición se reduce también entre los abstencionistas y los indecisos, no sólo entre sus votantes más afines”.
Herrero asegura que, “en general, el ciudadano medio tiene mucha desinformación sobre quién toma las decisiones. Hay mucho castigo de políticas realizadas a nivel regional y local que se materializa en las elecciones generales”. La gente no visualiza correctamente quién tiene en realidad la responsabilidad sobre sanidad y educación y acaba castigando al gobierno central por lo que hace su comunidad autónoma. “En general hay bastante confusión en este asunto”.
Los barómetros fiscales —un estudio periódico titulado Opiniones y actitudes fiscales de los españoles— revelan que “gran parte de la gente sigue pensando que la sanidad y la educación son competencias del Gobierno central. Es verdad que hemos mejorado en los últimos años, pero todavía hay mucho desconocimiento”.
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Como era de esperar, los resultados muestran que las preferencias por los ajustes fiscales basados en recortes de gasto son más pronunciadas en individuos con un fuerte interés en los asuntos económicos, una ideología de derecha y fuentes de información con una línea editorial conservadora. Los mismos que en estos momentos tienen intención de votar a PP y Vox.
En contraste, la preferencia por dar mayor peso a los impuestos en la composición del ajuste es mayor entre empleados, estudiantes y amas de casa; individuos con un intenso interés en la política y aquellos que tienen la intención de votar en las generales por PSOE o Sumar. Son personas que responden más favorablemente a preguntas sobre la calidad de la gestión de los servicios públicos y sobre el papel del sector público y que consideran que la relación entre calidad y costo de los servicios españoles es similar o mejor que en otros países europeos.
El estudio recuerda que la austeridad fiscal, como respuesta a los problemas de insostenibilidad presupuestaria, aumenta la polarización política y reduce la participación electoral. Los gobiernos tienden a temer que la implementación de recortes fiscales los saque del poder debido a las consecuencias electorales negativas de reducir el gasto o aumentar los impuestos.
La consolidación fiscal —la reducción del déficit presupuestario y de la deuda pública— se hace, básicamente, de dos maneras: aumentando impuestos o recortando gastos. Y el camino que se elige tiene consecuencias para los gobiernos, como acaba de demostrar la investigación Consolidación fiscal y votación: los costos electorales de la estabilidad presupuestaria, firmado por los profesores de Economia Aplicada Santiago Lago, María Cadaval y Ana Herrero.