La política fiscal de Feijóo: bajar impuestos supuso a las arcas de la Xunta un coste de 666 millones en un año

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Los sucesivos gobiernos del PP en la Xunta insisten en aplicar recortes de impuestos sin evaluar los efectos de hacerlo. Así lo reitera el Consello de Contas, equivalente al Tribunal de Cuentas, desde hace años y también se repite en el informe sobre la gestión económica y financiera del Gobierno gallego –la contabilidad general– en 2022, que acaba de ser entregado al Parlamento. El documento, que tiene la inevitable lectura política de corresponder al año en el que Alberto Núñez Feijóo dejó la Presidencia de la Xunta, tiene también el interés añadido de ofrecer una radiografía sobre el "coste real" para el fisco de esas bajadas de impuestos: al menos, 666 millones de euros en un solo año.

Evidencia el ente fiscalizador de las cuentas públicas gallegas que el "coste real" de las rebajas de impuestos no tiene por qué corresponderse mecánicamente con sus importes, con lo que se deja de ingresar. Entre otros aspectos, porque determinados "beneficios fiscales" –rebajas– pueden compensarse con incrementos de recaudación a través de la subida de otros tributos. Así, por ejemplo, en el año 2020 el efecto de las rebajas fue prácticamente "neutro", recuerda; en 2021 la balanza comenzó a desequilibrarse y en 2022 ya tuvieron un claro "coste real".

Según los cálculos de Contas, en ese año de la dimisión de Feijóo, las rebajas de impuestos equivalieron al 0,55% del Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia. Mientras, "las medidas normativas adoptadas al alza", las subidas impositivas, fueron equivalentes al 0,34% del PIB. Por lo tanto, y hasta atendiendo solo a los impuestos de los que Contas pudo obtener datos –a través de la Agencia Tributaria de Galicia–, el coste real no fue de 517 millones, como había presupuestado la Xunta, sino de 666,5 millones de euros.

Entre las partidas que Contas pudo analizar destacan los casi 260 millones de euros que costaron las rebajas del impuesto de sucesión y donaciones, los casi 187 millones de impacto en las cuentas públicas por el recorte en el tributo de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. También los casi 185 millones por el recorte en el impuesto de patrimonio, un tributo reservado a la población más rica, la que tiene patrimonios superiores a 700.000 euros –sin tener en cuenta la vivienda habitual hasta 300.000 euros–.

Es necesario tener en cuenta que es previsible que, en los años siguientes, el impacto real de estas decisiones políticas sobre los impuestos sea mayor. No en vano, ya en 2023 entró en vigor el descuento doble del impuesto de patrimonio (pasó de estar bonificado al 25% a llegar al 50%) y el propio presidente Rueda prometió en campaña seguir ahondando en estos recortes en ejercicios próximos.

Casi 3.000 millones en el total de "beneficios fiscales", un 20% más

Más allá del coste real de las rebajas fiscales de la Xunta, el informe del Consello de Contas referente a 2022 analiza también el impacto total de todas las rebajas de impuestos y "beneficios fiscales", tanto los derivados de la normativa autonómica como los que resultan de normas de ámbito estatal. La suma total se acercó ese año a los 3.000 millones de euros en Galicia, según el informe.

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Atendiendo a las leyes de presupuestos, que cada año incluyen una estimación de "beneficios fiscales", los de 2022 se situaban en 2.658,8 millones de euros. Esto, destaca Contas, supuso "un incremento del 20,38%" en un solo año. A la normativa gallega le sería atribuible un 9,4% de subida, calcula.

Traducido a euros, las rebajas en impuestos propios o cedidos por el Estado fueron estimadas para 2022 en 516 millones de euros. Un año antes, en 2021, se situaban en 471 millones de euros. Apenas media década antes, en 2018, no llegaban a los 400 y una década antes, según datos manejados por la propia Xunta, rondaban los cien millones anuales.

Así todo, el panorama trazado por Contas para 2022 no es muy diferente al de los ejercicios previos. La tendencia de fondo sigue siendo ahondar en la línea de estos "beneficios fiscales". No obstante, según indica el informe, el Gobierno gallego ahora responde que sí tiene intención de cumplir la reiterada recomendación de "evaluar la eficacia y eficiencia", los efectos de sus recortes de impuestos, mientras que en años previos simplemente se negaba a hacerlo.