Hace unos meses Enrique López acaparaba todos los focos: mediáticos —con sus prodigadas apariciones televisivas— y políticos —era el número dos del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y el responsable de Justicia en el Partido Popular de Pablo Casado—. Todo cambió el 18 de febrero de 2022, un día después de que el entonces secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, señalara públicamente a la presidenta madrileña y sembrara la duda sobre los contratos que favorecieron a su hermano en lo peor de la pandemia. Previamente, la propia Ayuso acusó a Génova de atacarla "sin pruebas" de una manera "cruel".
Ese 18 de febrero comparecieron en la sede de la Puerta del Sol el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para defender la legalidad del contrato de las mascarillas de Tomás Díaz Ayuso. La presencia de López también fue anunciada, pero finalmente decidió no aparecer en la foto. Un desplante que no gustó a la presidenta madrileña y que ella misma se ha cobrado este miércoles, al apartar a López de las labores de coordinación del Ejecutivo madrileño que ahora desempeñará Enrique Ossorio, consejero de Educación.
"Lo que queremos es reforzar el trabajo de la Comunidad, donde ningún consejero es apartado, todos mantienen las mismas competencias, confío en todos", ha afirmado Ayuso en rueda de prensa. Sin embargo, en su entorno sí admiten que se ha producido una pérdida de confianza en López y otros casadistas como Ana Camins, la exsecretaria general del PP de Madrid, a la que Ayuso apartó del organigrama directivo, al igual que a los vicesecretarios de Organización, Carlos Izquierdo, y de Territorial, David Pérez. Este último es consejero de Transportes en el gobierno madrileño.
Ayuso culminó esos cambios tras el congreso del PP de Madrid, celebrado hace escasas semanas. Ese congreso, en el que fue elegida presidenta de la formación, fue el foco de conflicto entre la presidenta madrileña y Pablo Casado. En los meses previos, López optó por la equidistancia: defendió la posición oficial de Génova —y argumentó que no era necesario adelantar el congreso—, aunque reconoció que Ayuso sería "una gran candidata" a presidir el PP madrileño.
Feijóo lo excluye de su dirección
Tras la abrupta salida de Pablo Casado de la dirección del PP, Enrique López también fue apartado de sus responsabilidades en Génova. El presidente Alberto Núñez Feijóo no le reservó ningún hueco en el organigrama nacional a pesar de que López se puso a "disposición del partido" y de la dirección de Feijóo. Sus funciones fueron traspasadas al vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, al que el líder del PP nombró interlocutor con el Gobierno en materia de Justicia.
Con Pablo Casado al frente del PP, López llevó a cabo la negociación con el Ministerio de Justicia de la nueva composición del Consejo General del Poder Judicial, unas conversaciones que no dieron demasiados frutos. También fue un actor clave para alcanzar en otoño pasado el pacto con el PSOE sobre la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Asimismo, el consejero madrileño participó en la estrategia de lawfare judicial del partido conservador contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
En la nueva cúpula de Génova hay incluso quien vincula a López con el recurso al Tribunal Supremo para pedir la absolución del extesorero del PP, Luis Bárcenas, por las obras de Génova. El objetivo detrás de esta estrategia sería revocar la condena al partido como responsable civil. Según explicó González Pons, la cúpula del PP que dirige Alberto Núñez Feijóo no conocía ese recurso y, en este caso, la "estrategia jurídica'' chocaba con la "lógica política".
El recurso tenía fecha de 19 de abril de 2022, entonces Feijóo ya presidía el PP. Sin embargo, González Pons culpó públicamente al equipo jurídico de la formación. "Si los abogados nos hubieran permitido a la nueva dirección leer el recurso, seguramente no se habría presentado", aseguró. Desde la formación conservadora deslizaron también en privado que algún miembro de la dirección de Casado tuvo que dar el visto bueno al recurso y López se situó en las quinielas.
Una trayectoria judicial marcada por su afinidad con el PP
Fue un gobierno encabezado por José María Aznar el que situó a Enrique López como portavoz del Consejo General del Poder Judicial en el año 2001.Tras el cambio de Gobierno que dio la victoria a José Luis Rodríguez Zapatero se presentó como el ariete contra el Ejecutivo socialista durante el año y diez meses que estuvo en funciones. Un escenario similar al actual, cuyo mandato expiró hace 1.300 días. "El CGPJ se va a convertir en la oposición al Gobierno", señaló el actual consejero hace casi dos décadas.
Desde junio de 2005 hasta junio de 2013 ocupó el puesto de magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En 2013, y tras seis años de vetos en el Senado por parte del PSOE ante la intención del PP de nombrar a López magistrado del Tribunal Constitucional, este ansiado puesto llegó para el juez, que obtuvo la plaza por designación del Consejo de Ministros que presidía entonces Mariano Rajoy, en la cuota de miembros del tribunal de garantías que corresponde al Gobierno. Pero no le duró mucho, ya que un año después López dimitió tras ser detenido por conducir ebrio, sin casco y saltarse un semáforo en rojo.
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A partir de 2014, llegó una etapa de cierto ostracismo para López. Tocado por su paso fulminante por el Constitucional y su abrupta dimisión, regresó a su plaza en la Audiencia Nacional y un año después llegó la recusación de los juicios de Gürtel junto con Concepción Espejel, también por sus vínculos con el PP. La decisión de apartar a los jueces es de los miembros de la Sala de lo Penal, esto es, de los compañeros de los magistrados, que en el caso de López fue de catorce votos frente a cuatro.
López fue colocado en la Sala de Apelaciones, un tribunal de nueva creación a consecuencia de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015 para introducir una instancia adicional en la Audiencia Nacional. En esta plaza, López y los otros dos magistrados designados, José Ramón Navarro y Eloy Velasco, revisaron sentencias como la de la agresión a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra), confirmando las condenas a los ocho jóvenes acusados, o las de los raperos Valtonyc, Pablo Hasel y el grupo La Insurgencia. En el caso de los dos últimos, rebajaron las condenas.
Tampoco duró mucho el magistrado en este puesto, pues dos años después, el Tribunal Supremo anuló su designación tras estimar el recurso de otros aspirantes al puesto, que alegaron que su elección para la Sala de Apelaciones no se ajustó a derecho en los requisitos del concurso. López siguió adscrito a la Sala de lo Penal, pero Casado llegó al rescate y le fichó como pportavoz de Justicia e Interior. Unos meses después, Ayuso lo incluyó en el Ejecutivo madrileño como consejero y las sombras de duda sobre su cercanía al PP se terminaron de confirmar.
Hace unos meses Enrique López acaparaba todos los focos: mediáticos —con sus prodigadas apariciones televisivas— y políticos —era el número dos del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y el responsable de Justicia en el Partido Popular de Pablo Casado—. Todo cambió el 18 de febrero de 2022, un día después de que el entonces secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, señalara públicamente a la presidenta madrileña y sembrara la duda sobre los contratos que favorecieron a su hermano en lo peor de la pandemia. Previamente, la propia Ayuso acusó a Génova de atacarla "sin pruebas" de una manera "cruel".