Alberto Fabra llegó a la presidencia del PP valenciano tras la marcha de Francisco Camps con una promesa: tolerancia cero frente a la corrupción. Un compromiso que se quedaba en papel mojado desde el mismo día de su anuncio puesto que, sólo el grupo parlamentario que heredó de su antecesor ya contaba con nueve cargos imputados en varios escándalos de corrupción de lo más sonado: caso Gürtel, caso Cooperación, caso Brugal.caso Gürtel..
Casi dos años después de llegar a la presidencia de PP regional y de la Generalitat Valenciana, el president ha afinado su discurso y ha puesto una línea roja. Para el presente, ningún procesado podrá ocupar escaño en las Corts. Para al futuro, ningún imputado podrá ser incorporado a las listas electorales. Una promesa, esta última, que dirige la mirada hacia Francisco Camps, que no tuvo reparos en plagar la candidatura a las pasadas autonómicas de cargos con causas pendientes con la Justicia –él mismo estaba imputado– y hacia el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que dio luz verde a esas listas.
La máxima de que ningún parlamentario del PP valenciano procesado pueda conservar su asiento en las Corts se ha cobrado ya una víctima política y pone de nuevo a prueba a Fabra puertas adentro de su partido. La semana pasada renunció a su escaño Angélica Such, procesada en Gürtel. Pero mantiene todavía en el punto de mira a Milagrosa Martínez, llamada La Perla por los cabecillas de la trama, y en la misma situación que Such –tendrá que declarar a finales de marzo– y al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, recientemente procesado. Al cierre de esta edición, ninguno de los dos había presentado su renuncia en el registro de la cámara según confirmaron fuentes de la dirección del Grupo Parlamentario Popular. No obstante, tanto en la dirección nacional del partido como en la regional se da por hecho que o renuncian a su acta o serán expulsados. En el grupo de no adscritos les esperaría un viejo compañero: el exconseller Rafael Blasco, imputado en el caso Cooperación.
El movimiento más inmediato se espera que afecte a Milagrosa Martínez. En los últimos días ha trasladado a todos los compañeros que la han querido escuchar que no tenía intención de tirar la toalla. Si todo sigue así, la última palabra la tendrá el propio Fabra. Este juicio a la trama valenciana del caso Gürtel arranca el 31 de marzo, pero en el Grupo Parlamentario esperan que la decisión sea tomada antes del pleno de este miércoles para que el asunto no siga coleando.
En el caso de Alperi, hace un parte de días, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) abrió juicio oral contra él por tres delitos contra la Hacienda Pública y cohecho impropio al considerar que existen indicios de que pudiera haber cometido fraude en los años 2007, 2008 y 2010 en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La cuantía defraudada excedería en cada ejercicio los 120.000 euros, para lo que se podría haber valido de personas interpuestas.
La marcha de Alperi y Martínez no pondría, de momento, en peligro la mayoría absoluta de los conservadores en las Corts. En las pasadas autonómicas obtuvieron 55 de los 99 escaños que tiene la cámara regional. A día de hoy, y tras la marcha de Blasco al grupo de los no adscritos, son 54 los diputados del PP. Pero el exconseller sigue votando con sus antiguos compañeros. El problema vendría si el resto de imputados –cinco quedarían con la marcha de los mencionados– acaban siendo procesados y se les aplica el mismo rasero. Es decir: cargo procesado, cargo sin asiento en el parlamento. No obstante, hay en el PP quien cree que la pérdida de mayoría podría ser utilizada por Fabra para legitimarse. Y que los socialistas no te atreverían a presentar una moción de censura a un presidente que ha limpiado su grupo de procesados por corrupción.
Esta es precisamente una de las dudas que ponen sobre la mesa las fuentes consultadas por infoLibre: "¿Va a ser capaz de mantener esta promesa?", apunta un diputado regional que considera que Fabra debería explicar muy claro al grupo cuáles son los criterios válidos a partir de ahora y si se van a aplicar a todos por igual. "Hay casos y casos y procesados y procesados", critica.
González y Fabra arremeten contra el modelo de financiación
En este sentido, uno de los nombres que más salen a relucir en los últimos días es el de José Joaquín Ripoll, expresidente de la Diputación de Alicante, e implicado en el caso Brugal que fue apartado de la primera línea de la política, pero que preside la Autoridad Portuaria de Alicante.
Otro de los temas que colea es la forma en la que Fabra ha hecho de su lucha contra la corrupción el eje de su discurso político, algo que critican desde su propio partido. Las fuentes consultadas consideran que sus medidas habrían tenido el mismo efecto si las hubiese anunciado con mayor discreción. Ahora, tras los anuncios, está en un callejón sin salida. "La permanencia de Alperi y La Perla ni la aguantan ellos ni la aguanta el presidente", resume gráficamente un dirigente conservador.
Como todos los barones del PP, Alberto Fabra deberá ser ratificado por la dirección nacional del partido si quiere ser el candidato a las autonómicas de 2015. Mientras los conservadores observan con preocupación las encuestas que apuntan a la pérdida de este tradicional feudo conservador, el president ha intentado hacer de la lucha contra la corrupción y la petición de una mejor financiación para su comunidad su ejes de Gobierno.
Alberto Fabra llegó a la presidencia del PP valenciano tras la marcha de Francisco Camps con una promesa: tolerancia cero frente a la corrupción. Un compromiso que se quedaba en papel mojado desde el mismo día de su anuncio puesto que, sólo el grupo parlamentario que heredó de su antecesor ya contaba con nueve cargos imputados en varios escándalos de corrupción de lo más sonado: caso Gürtel, caso Cooperación, caso Brugal.caso Gürtel..