El esquema para explicar la relación PP-Vox se suele valer de dos líneas narrativas. La primera es que hay un partido radical que arrastra a uno moderado hacia posiciones duras que le son impropias. Desde esa premisa, son noticia las "cesiones" del PP. ¿Por ejemplo? Que en un acuerdo no aparezca "violencia de género" sino "intrafamiliar", como en la Comunidad Valenciana, tras lo que se subraya la "incomodidad" del PP. O que se pacte la derogación de una ley emblemática, como la de memoria en Extremadura. La segunda línea describe a PP y Vox como una coalición negativa, cuyo único empeño es la "derogación del sanchismo" y sus leyes–educación, vivienda, eutanasia, memoria, trans–, pero que carece de proyecto compartido. Ambos relatos asigna un rol a cada partido, uno desmesurado y otro más tibio, que comparten enemigo pero no ideas porque sus naturalezas son distintas.
Pero, ¿es realmente así la relación del PP y Vox?
Mirada en detalle, es mucho mayor la coincidencia que la discrepancia. La sintonía es amplia en aspectos centrales como la fiscalidad, la gestión económica, los servicios públicos, la vivienda, la cultura, la natalidad, las relaciones laborales, el medio ambiente, la identidad nacional, los medios de comunicación... PP y Vox tienen un diagnóstico y un programa común, que de hecho ya están poniendo en práctica. En su cooperación hay agitación en superficie, pero cierta calma en el fondo.
¿Discrepan sobre cómo nombrar a la violencia del hombre contra la mujer, sobre si celebrar o no el día del orgullo Lgtbi? Sí, discrepan. Pero es mucho más en lo que coinciden. Lo muestran sus medidas, sus acuerdos y sus programas.
infoLibre analiza el modelo de España que une a PP y Vox a través de sus antecedentes en una comunidad donde han cooperado (Andalucía), de sus medidas en otra donde comparten gobierno (Castilla y León) y de sus acuerdos recientes en otras tres (Comunidad Valenciana, Baleares y Extremadura). Esta es la España que comparten PP y Vox, a las puertas del Gobierno.
1. Fiscalidad a beneficio de los propietarios
Los acuerdos que PP y Vox llevan firmando entre 2019 y 2023 inciden en la defensa de dos bienes supremos, "libertad" y "familia". Todo ello tiene trastienda ideológica. La "familia" presentada como un espacio que debe ser protegido del Estado para desarrollar en "libertad" sus estrategias educativas, de acceso a la vivienda o de acumulación de bienes ofrece el marco óptimo para defender políticas de bajada de impuestos, que a su vez redundarán en un Estado del bienestar más frágil y en menos incentivos para pagar impuestos que lo sostengan. Dicho de otro modo, la pancarta "Sí a la familia" lleva en el envés "No al impuesto de sucesiones". España ya se ubica entre los Estados del bienestar atrasados de tipo "familista", como Italia o Grecia, que atribuyen a las familias funciones propias de los servicios públicos y suspenden en progresividad y redistribución, reforzando las desigualdades de partida. Por cierto, en los acuerdos de la Comunidad Valenciana, Baleares y Extremadura no hay ni una alusión a la "desigualdad".
La consideración de "la familia" como "célula básica" de la sociedad (Baleares) desdibuja las condiciones sociales como criterio en el diseño de las políticas. Esto genera efectos en múltiples campos. El principal, el económico-fiscal. Los pactos firmados tras el 28M están plagados de beneficios fiscales a los propietarios, con la laminación de Sucesiones-Donaciones y Patrimonio en los tres acuerdos. Baleares y Extremadura reducen también Transmisiones Patrimoniales. Los tres prometen rebajas del IRPF. ¿En qué línea? En Andalucía la reforma tributaria aprobada la legislatura pasada con el apoyo de Vox beneficiaba más que a ningún otro grupo a los que ganaban más de 120.000 euros.
PP y Vox no detallan cómo se compensa la merma de ingresos, cuando además prometen en sus programas múltiples rebajas de impuestos a las "familias" y "empresas" y al mismo tiempo reducir el déficit y la deuda. Según sus previsiones, todo cuadrará con menos "gasto político" y con el estímulo económico que supondrán sus bajadas de impuestos. De momento tanto Feijóo como Santiago Abascal niegan la previsión de recortes. Eso sí, hay algo que podría cambiar el guión: los dos partidos están de acuerdo en realizar auditorías del sector público, que según las tesis de ambos revelarán una situación económica peor que la conocida.
En el marco de las políticas pro-familia, otra idea se abre camino en los acuerdos: promover la "natalidad". El diagnóstico que trazan ambos partidos, allí donde han sido sido socios parlamentarios o de gobierno, desliga la baja fecundidad de la "precariedad", palabra que no aparece en ninguno de los pactos. ¿Cómo se promueve la natalidad, entonces? El "fomento" de la natalidad se logra poniendo "a las familias en el centro de las políticas públicas" (Extremadura).
2. Más fondos públicos para la educación privada
PP y Vox coinciden en la prioridad número uno en educación: la "libertad" de las familias para elegir la educación de sus hijos. Esto significa que los padres tienen el derecho a llevar a sus hijos a un colegio privado y que lo pague el Estado, fórmula conocida como educación concertada y que de hecho en España es un modelo ya consolidado. En 2021 la concertada, en su mayoría en manos de la Iglesia, recibió 7.200 millones en su séptimo récord seguido. Los fondos públicos para la red privada han crecido un 26% entre 2011 y 2021, casi 10 puntos más que en la pública. Pero Feijóo y Abascal la ven discriminada.
"Los centros de educación concertada no sufrirán discriminación alguna respecto a los centros públicos", acuerdan en Baleares. ¿A qué discriminación podrían referirse? La Lomloe pretende –hasta ahora sin éxito– que no se presenten los cobros a las familias como si fueran obligatorios, una práctica que contribuye a dejar fuera de la concertada a los alumnos más pobres, y establece que la educación que separa a niños y niñas –en su mayoría en manos del Opus– no debe recibir fondos públicos. Se trata de medidas que se pueden obstaculizar desde las comunidades, pero su reversión correspondería al Congreso.
El otro lado de la moneda del acuerdo educativo de PP y Vox es el combate contra el "sesgo ideológico" (Extremadura). En ninguno de los tres pactos se recoge como tal el "pin parental". Pero la idea está ahí: "Implementaremos los mecanismos necesarios para garantizar el conocimiento y la aprobación previa de materias extracurriculares" (Baleares). Los dos partidos enfatizan su apuesta por el "mérito" y el "esfuerzo" en Baleares, donde anuncian la suspensión de la Lomloe hasta que llegue su derogación.
3. La vivienda, un problema de "propiedad"
¿Cuál es el problema de la vivienda para PP y Vox? Una insuficiente protección de la propiedad frente: 1) "Las políticas intervencionistas, prohibicionistas y de ataque a la propiedad privada" (Baleares). 2) La "ocupación", contra la que la Comunidad Valenciana y Baleares tendrán organismos específicos, en la estela de los existentes en Castilla y León, que recibieron siete visitas en su primer mes. PP y Vox rivalizan en este terreno. "Tolerancia cero. Reformaremos tanto del Código Penal como de las Leyes [...] para proteger [...] a los propietarios [...] de las mafias de ocupación", dice Vox su programa. El PP detalla en el suyo todo un paquete de "medidas anti-okupación".
Del mismo modo que del diagnóstico educativo se excluyen las desigualdades de partida y se presenta el esfuerzo como solución, del diagnóstico de la vivienda se excluyen las desigualdades de acceso y se presenta el mercado como solución. ¿Medidas concretas? Incentivos para los propietarios y avales para la compra. Se demoniza cualquier medida que atente contra la "propiedad". El epígrafe de vivienda del pacto de Baleares se llama así: "Acceso a la vivienda y defensa de la propiedad privada".
4. Fomento del "autoempleo"
"Autoempleo": he aquí una figura enaltecida por PP y Vox. Toda la acción común de ambos partidos hasta la fecha coincide en su promoción, que ahora alientan en Baleares con deducciones y en Extremadura con "tarifa cero" para nuevos autónomos, que el PP lleva en su programa del 23J.
No es una apuesta ideológicamente neutra. El trabajo autónomo es más precario, como muestra Eurostat. El emprendedor aislado tiene menos posibilidades de sindicación. A menudo los presidentes del PP compiten sobre qué comunidad tiene más autónomos, como si ello fuera positivo per se. Pero hay pistas que invitan a vincular el autoempleo no tanto con la prosperidad como con la falta de opciones. En Andalucía las ciudades con menor renta suelen tener más de un 20% de autónomos. Un informe del Observatorio de la Fundación La Caixa de 2021 cifraba en un 21,7% el "autoempleo involuntario" en España, por encima de la media europea, del 16,9%.
PP y Vox también han dado pistas en Castilla y León de su modelo de relaciones laborales. ¿Cómo? El Gobierno llegó a suscitar la pública preocupación de la Organización Internacional de Trabajo y un requerimiento del Ministerio de Trabajo por su voluntad de supresión del servicio de mediación de conflictos colectivos, que se ha concretado en un recorte de su financiación.
5. Sin "trabas" para las empresas
PP y Vox coinciden en que el progreso económico español tiene su enemigo mortal en la burocracia. Es la tesis de Juan Manuel Moreno en Andalucía: si se facilitan las cosas a los "inversores", traerán su dinero y habrá riqueza y empleo para todos. Igual razonamiento aplican PP y Vox en Castilla y León. Ahora esta idea se extiende mediante pactos a la Comunidad Valenciana, Baleares y Extremadura. "Suprimiremos las trabas burocráticas que frenan la dinamización", prometen en Extremadura. "Apostaremos por la simplificación administrativa y la atracción de inversiones", dicen en Baleares.
Se deja fuera del análisis cualquier causa estructural del atraso de una comunidad. A todas parece cuadrarles la receta madrileña –impuestos bajos y facilidades a la inversión–, como si no existiera el efecto capitalidad. En coherencia con la voluntad de poner las cosas fáciles a los más adinerados, tanto PP como Vox quieren eliminar el impuesto a las grandes fortunas. El PP recoge además en su programa mejoras fiscales para "nuevos residentes".
6. Requisitos ambientales como lastre
Los requisitos ambientales son un lastre. Así lo ven PP y Vox. Acuerdo extremeño: "Revisión y flexibilización de las barreras ambientales que impiden el desarrollo [...]. Revisaremos las prohibiciones y limitaciones de la Red Natura 2000 que están ahuyentando e impidiendo el desarrollo de las empresas y la instalación de nuevos proyectos [...]. Recuperaremos [en política forestal] las actividades tradicionales que están desapareciendo por las limitaciones, prohibiciones y obligaciones ambientales". Acuerdo balear: "Protegeremos a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores en todas las instancias, especialmente frente a las normativas comunitarias que les perjudican".
Ni PP ni Vox aceptan que sea necesaria ninguna corrección del exceso regadío en tiempos de cambio climático y sequía. En la Comunidad Valenciana el pacto habla de "ampliación" del regadío y en Baleares de su "fomento".
Dos casos prácticos evidencian hasta dónde están dispuestos a llegar PP y Vox, en posiciones de poder, para complacer las exigencias del sector agroganadero. En Doñana defienden juntos una ley para legalizar regadíos que esquilman el acuífero. En Castilla y León pretenden la rebaja de los controles a la tuberculosis bovina.
¿Qué política medioambiental, agroganadera y de agua harían PP y Vox a nivel nacional, bajo esta presión desde las autonomías?
7. Más turismo y más cerca de la primera línea
A pesar de que el país está inmerso en una espiral de récords, España está lejos de alcanzar su techo como receptor de turistas, según PP y Vox. Pero, claro, hay que quitar trabas. La derecha ha alcanzado mayoría en la comunidad más turística del país: Baleares. ¿Y qué fórmulas acuerdan? "Lucharemos contra la turismofobia", dice su su pacto, que prevé derogar las "moratorias" y los "apartados lesivos" de la Ley de Sostenibilidad, que prevé la instalación de camas elevables en los hoteles para proteger la salud de las kellys, medida que para la presidenta, Marga Prohens, es una "tontería".
El pacto en Baleares promete más turismo de cruceros, aunque se hará –no se sabe cómo– "evitando una sensación de saturación". Las dos formaciones reclaman al Gobierno que relaje la legislación de costas para incrementar la "actividad humana" en primera línea. Habrá además "lucha" contra la "venta ambulante" en "zonas turísticas". En cuando a la Comunidad Valenciana, PP y Vox dicen adiós a la "tasa turística".
Por supuesto, se excluye de cualquier catálogo de medidas la limitación del uso de la vivienda para alquiler turístico, sean cuales sean sus consecuencias para los precios. De nuevo, el bien supremo a proteger es el libre uso de la "propiedad".
8. Vinculación de la inseguridad con la inmigración
La inmigración es uno de esos temas en los que se suele presentar al PP como un partido de naturaleza moderada que se resiste a los excesos de Vox. ¿Admite matices ese esquema? Veamos. Antes de que irrumpiera Vox, allí donde el PP ha tenido que competir con partidos conservadores fuertes –convergentes en Cataluña, PNV en Euskadi–, ha usado discursos propios de la extrema derecha. Ejemplos. El "limpiando Badalona" en 2015 de Xavier García Albiol, más tarde elegido presidente del PP en Cataluña. O las declaraciones en 2014 del entonces alcalde de Vitoria, Javier Maroto, cuando señalaba a los magrebíes por venir "exclusivamente" a "vivir de las ayudas sociales". En 2018, tras ser elegido presidente del PP, Pablo Casado, alertaba de la llegada de "millones de africanos" y de que no podía haber "papeles para todos".
Discursos así no evitaron la llegada de la extrema derecha a las instituciones. Ambos partidos ya han acordado medidas de señalamiento contra la población extranjera pobre y en situación irregular. El laboratorio de las medidas de corte xenófobo ha sido Andalucía. Entre 2019 y 2020 PP y Vox acordaron garantizar una inmigración "respetuosa con nuestra cultura occidental", una forma de anteponer a los latinoamericanos, más comúnmente cristianos, y postergar a los africanos, con frecuencia musulmanes. Además, vincularon los centros de "menas" con la inseguridad y acordaron una rebaja de 3 millones del presupuesto de la Agencia de Cooperación para dar ese dinero al Banco de Alimentos.
Ahora en Baleares PP y Vox han introducido en su acuerdo el compromiso de colaborar "documentalmente" con la Policía Nacional para la identificación de inmigrantes irregulares, una especie de institucionalización de la delación. Las principales medidas sobre "inmigración" en este acuerdo están en el apartado de "seguridad". En la Comunidad Valenciana también se pone a la Generalitat a trabajar con la Policía Nacional contra "inmigración irregular", una voluntad que fuerza el marco competencial autonómico.
Lo cierto es que los disparos en el tema de la inmigración desde el ámbito autonómico son con balas de fogueo, porque las competencias son estatales. Exactamente las competencias que ahora quieren PP y Vox.
9. Políticas de identidad y una televisión pública para la "concordia"
Los dos partidos exaltan la "tradición" y promueven la construcción de "identidad" desde las instituciones. "Aprobaremos una Ley de Señas de Identidad que proteja los valores y costumbres y tradiciones de la Comunidad Valenciana", firman. Lo "tradicional" suele ir ligado a lo "rural". "Defenderemos al mundo rural, sus tradiciones, fiestas, modo de vida", recoge el acuerdo para defender la "identidad y cultura" de Baleares. En Extremadura María Guardiola (PP) y Ángel Pelayo (Vox) acuerdan "defender el mundo rural, las tradiciones y la identidad" de la comunidad "ante ataques y menosprecios". Entre estas "tradiciones" vinculadas a la "identidad" figuran la caza y los toros.
¿Qué reivindicación "identitaria" cabría esperar de una colaboración PP-Vox a nivel nacional? Los acuerdos firmados tras el 28M dan pistas: "Defenderemos la unidad de España" es el medida número 1 de los pactos en la Comunidad Valenciana y Baleares. En ambos se añade: "Reivindicaremos la historia de España". Así, sin más detalle.
En el caso balear, se "defiende" la Constitución como expresión de "reconciliación" entre españoles. Otra vez el caso andaluz muestra cómo PP y Vox entienden las políticas de identidad. La Junta, en cumplimiento de un acuerdo con Vox, ha repartido subvenciones en comunidades bilingües para proteger a los andaluces de la "inmersión lingüística", salvaguardando sus "raíces". ¿Se intenta proteger la identidad oficial de otras identidades y lenguas?
Cuatro pactos de Moreno con Vox agrietan su fama de barón "moderado" del PP
Un valor nacional es la "concordia". El término parece a priori más propio del PP, cuya fundación es Concordia y Libertad, pero Abascal y los suyos lo hacen propio, lo reiteran en su programa y lo ponen en sus pactos. En Extremadura el acuerdo para derogar la ley de memoria invoca la "concordia". Pero lo más llamativo es su empleo en la Comunidad Valenciana y Baleares: la radiotelevisión pública –firman– debe "favorecer la concordia".
10. Apropiación ideológica de las instituciones
La "ideología" es siempre mencionada como un influjo pernicioso que hay que neutralizar en las aulas, el reparto de ayudas, los medios públicos... Lo llamativo es que en al menos tres comunidades PP y Vox ya han pactado medidas ideológicamente discriminatorias. En Andalucía acordaron una limitación a las ayudas a las asociaciones memorialistas, a las que se impusieron requisitos extra dando pábulo al discurso de Vox según el cual se trata de chiringuitos más preocupados de captar fondos que de arrojar luz sobre pasado. Ahora PP y Vox pactan en la Comunidad Valenciana, presidida por Carlos Mazón (PP), no dar ayudas a "asociaciones que promuevan los països catalans", y en Baleares excluyen a las que "colaboren con las mafias" de la inmigración.
Está por ver el encaje jurídico de estas medidas, pero son una declaración de intenciones. En realidad, PP y Vox ya han demostrado su disposición a utilizar el poder para satisfacer a grupos ideológicamente afines. En Andalucía una ayuda aprobada por PP y Vox ha servido para encargar el asesoramiento a embarazadas a grupos antiabortistas. La Junta de Castilla y León, en la que Vox gobierna junto al PP, prevé financiar un curso de verano del Issep, una escuela de formación vinculada al partido de extrema derecha.
El esquema para explicar la relación PP-Vox se suele valer de dos líneas narrativas. La primera es que hay un partido radical que arrastra a uno moderado hacia posiciones duras que le son impropias. Desde esa premisa, son noticia las "cesiones" del PP. ¿Por ejemplo? Que en un acuerdo no aparezca "violencia de género" sino "intrafamiliar", como en la Comunidad Valenciana, tras lo que se subraya la "incomodidad" del PP. O que se pacte la derogación de una ley emblemática, como la de memoria en Extremadura. La segunda línea describe a PP y Vox como una coalición negativa, cuyo único empeño es la "derogación del sanchismo" y sus leyes–educación, vivienda, eutanasia, memoria, trans–, pero que carece de proyecto compartido. Ambos relatos asigna un rol a cada partido, uno desmesurado y otro más tibio, que comparten enemigo pero no ideas porque sus naturalezas son distintas.