La cuenta atrás de las elecciones andaluzas
Cuatro pactos de Moreno con Vox agrietan su fama de barón "moderado" del PP
Febrero de 2020. Tras una fulminante intervención de Angela Merkel, dimite el primer ministro de Turingia, liberal, después de haber llegado al cargo con el apoyo de los democristianos de la CDU –el partido de la canciller– y la ultraderechista AfD. Europa comprueba cómo la derecha conservadora traza una gruesa línea roja a los pies de los extremistas, corrigiéndose tras cometer el error "imperdonable", dijo Merkel, de apoyar lo que jamás se debe apoyar.
Al sur de Europa, al sur de España, las cosas funcionan de otra manera. Por las mismas fechas en que Merkel daba un puñetazo en la mesa, en febrero de 2020, en Andalucía, que con 8,4 millones de habitantes cuadruplica la población de Turingia, otro presidente regional gobernaba ya apoyado en Vox, un partido de la familia de la AfD, con el que había firmado un acuerdo de investidura en enero de 2019 y dos acuerdos presupuestarios en junio y octubre. Ese mismo presidente seguirá firmando junto a Vox en 2020 y mantiene hoy abierta la puerta a futuras colaboraciones tras las elecciones en 2022. Es Juan Manuel Moreno, del que puede afirmarse que hizo historia como el primer líder regional en pactar con la ultraderecha en España tras su espectacular regreso en 2018. El cordón sanitario no llegó a estrenarse.
A pesar de estos antecedentes, Moreno revalida este fin de semana su liderazgo en el PP de la comunidad más poblada de España en un congreso, que comenzó este viernes, en el que reivindicará para sí la etiqueta de la "moderación". Es el rasgo que más destaca de sí mismo: la lejanía con respecto a cualquier radicalismo. A menudo lo subraya mostrando sintonía con Alberto Núñez Feijóo, junto al que se sentó este viernes en la mesa de presidentes autonómicos en la apertura del congreso. Ambos son citados con frecuencia juntos, como parte de una misma sensibilidad dentro del PP. Pero los separa algo que, en política, explica mucho: los números.
Feijoó logró en 2020 su cuarta mayoría absoluta, mientras Moreno gobierna con sólo 26 diputados, siete menos que los que obtuvo en 2015 (33) y 24 menos que los que consiguió Javier Arenas en 2012 (50). Con tal resultado, Moreno –a diferencia del gallego– sólo logra alcanzar la mayoría absoluta (55) gracias a los 21 diputados de Cs y a los 11 de Vox, que eran 12 inicialmente. Esa ha sido la mayoría que ha dominado la legislatura, en la que los tres partidos desde el centro a la extrema derecha han aprobado tres presupuestos y se han puesto de acuerdo en los terrenos educativo, sanitario y fiscal.
No ha sido gratis. El PP ha firmado cuatro pactos –tres de ellos suscritos también por Cs– que incluyen cesiones a la ultraderecha en inmigración, género, memoria histórica o educación. Es cierto que Moreno, que afirma que no le gustan los "cordones sanitarios" porque el PP los ha sufrido, no se ha dejado arrastrar a los marcos de la ultraderecha, y también que ha tenido vías de diálogo con todos los partidos y no sólo con Vox; pero sigue cabiendo una pregunta: ¿Son estos acuerdos compatibles con la bandera de la moderación?
Inmigración: cesiones sin competencias
Pese a que la Junta no tiene competencias en inmigración, los pactos sobre esta materia exigidos por Vox han sido frecuentes. Ya en enero de 2019 firmaron un primer acuerdo el propio Moreno, entonces en busca de votos para su investidura, Teodoro García Egea (PP), Francisco Serrano y Javier Ortega Smith (Vox). El acuerdo obligaba a evitar "decisiones que puedan favorecer un 'efecto llamada'" y a "combatir a las mafias", además de a garantizar una inmigración "respetuosa con nuestra cultura occidental" [...]".
Políticamente era un éxito de Vox, que lograba colocar el "efecto llamada" y colar una alusión a la preferencia por una inmigración "respetuosa con nuestra cultura occidental", una forma de anteponer a los latinoamericanos, más comúnmente cristianos, y postergar a los africanos, con frecuencia musulmanes. La apelación a la "cultura" o la "civilización" occidental es una fórmula común de las derechas anti-Islam en Europa.
El acuerdo se ajustaba a la campaña que Vox tenía en marcha entonces para forzar a la Junta a facilitar a la Policía Nacional la documentación recabada de los inmigrantes al hacerse la tarjeta sanitaria por el Servicio Andaluz de Salud , de forma que pudiera ser utilizada para expulsar a 52.000. Eso es lo que había detrás del "apoyar documentalmente a la Policía Nacional", como recordaría Rocío Monasterio.
Los acuerdos alcanzados en junio y octubre de 2019 para los presupuestos de aquel año y 2020 volvieron a incorporar elementos del marco sobre inmigración de Vox. PP y Cs se comprometieron a que la Junta promovería un convenio con Interior para combatir la "inmigración irregular". El acuerdo sirvió al partido de ultraderecha para mantener en agenda el tema migratorio en Andalucía, a pesar de la falta de competencias. Además, las tres fuerzas acordaron sacar de los presupuestos 600.000 euros para la integración de inmigrantes y dedicarlos a infraestructuras judiciales. Fue una victoria de Vox, que presumía del logro apuntando ya contra los "menas".
El acuerdo de octubre introdujo un compromiso rotulado como "Seguridad centros menas". Se trataba de "contener posibles situaciones de conflicto" en dichos centros. Se firmó un 23 de octubre. Unos días después, el 4 de noviembre, Monasterio acudió a Sevilla para denunciar ante un centro de menores inmigrantes en La Macarena la situación de "inseguridad" que podía provocar una "manada de menas". Esa ha sido la dinámica: Vox ha ido colocando en sus acuerdos con PP y Cs temas que luego explotaba en sus campañas.
El último acuerdo presupuestario con las firmas de PP, Cs y Vox es de noviembre de 2020 para las cuentas de 2021 e incluye una medida que vincula inmigración y delincuencia. Se titula: “Seguridad en centros MENAS”. Vox celebró el acuerdo así: "Incremento de seguridad en los centros de menas. Queremos barrios seguros". Otro punto del acuerdo de hace un año explicita que habrá una rebaja de 3 millones del presupuesto de la Agencia de Cooperación Internacional para dar ese dinero al Banco de Alimentos. “Primero lo nuestro”, valoraba Vox el acuerdo, un mensaje clásico del nacionalismo xenófobo.
Memoria histórica: límites a las asociaciones
La memoria ha sido una de las obsesiones de Vox, un partido cuyo presidente, Santiago Abascal, acusa al PSOE de provocar la Guerra Civil y ve los gobiernos de la dictadura preferibles al actual. El partido desprecia en Andalucía a las familias de los que quieren buscar los restos de sus familiares. "Buscadores de huesos", los ha llamado.
El acuerdo de junio de 2019 de PP, Cs y Vox incluye una limitación a las ayudas a las asociaciones memorialistas. El Gobierno se comprometía a cambiar las reglas de las subvenciones para que "nunca pueda ir más del 20% del total del dinero a financiar gastos estructurales de la asociación". Se trataba de una exigencia que da pábulo al discurso de Vox según el cual las asociaciones de familiares de víctimas son chiringuitos, al estilo de las feministas, más interesados en sus ingresos que en arrojar luz sobre el pasado. Este requisito extra situó bajo sospecha a estas organizaciones, aunque el Gobierno no ha puesto en la mesa pruebas de que ahora hagan lo que se supone que se quiere evitar con la limitación del 20%.
El pacto de investidura PP-Vox recogía la aprobación de una Ley de Concordia para sustituir a la Ley de Memoria Histórica, aprobada sin votos en contra en 2017. La norma pactada no ha salido. Lo que sí satisfizo a Vox es la sustitución del cargo de director general de Memoria Democrática por un "comisionado de Concordia".
Género: victorias semánticas
Vox ha tenido entre ceja y ceja las políticas igualdad y contra la violencia de género desde el minuto uno. En este campo, se ha anotado varios logros. Algunos de los más destacados, semánticos. Es decir, políticos. El acuerdo de junio de 2019 recogía la supresión de la expresión "transversalidad de género” de los presupuestos y la creación del "teléfono de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar", término que Vox opone a la "violencia de género". Igualdad (Cs) habilitó el teléfono "intrafamiliar", pero manteniendo la línea "de género".
Vox logró un cuestionamiento de las políticas de género en noviembre de 2020, con un acuerdo con PP y Cs que incluye la realización de una “auditoría” de los informes de impacto de género, para valorar su coste y si logran o no sus objetivos. Los dos partidos de gobierno lo justificaban diciendo que no hay nada malo en comprobar y fiscalizar. Pero la carga profunda del acuerdo, que se alinea con el desprecio de Vox a las políticas con perspectiva de género, quedaba al descubierto con la forma del partido de Abascal de venderlo: “Auditar los inútiles informes de impacto de género”.
No es la única vez que ha ocurrido algo así: mientras los partidos de gobierno minimizan el alcance de una cesión, Vox lo magnifica.
Educación: choques por la autorización PARENTAL
El PP ha ejercido un papel de acicate para que Cs acepte llegar a acuerdos con Vox. Tras las elecciones de diciembre de 2018, Albert Rivera negaba que Cs fuera a llegar a ningún acuerdo con la ultraderecha. Es más, Juan Marín, líder de Cs en Andalucía, llegó a pedir al PP "explicaciones" por un café de Moreno con Francisco Serrano. Poco a poco al partido naranja se le fueron pasando los remilgos, pasando a acomodarse en lo que la politóloga Pippa Norris llama "zona de aquiescencia", es decir, el área que los partidos de ultraderecha acaban conquistando cuando sus posiciones son normalizadas. Esta "zona de aquiescencia" creció con la conocida como "foto de Colón" de febrero de 2019 y con la lectura de Cs hizo de los resultados de abril de 2019, cuando se sumó junto al PP y Vox al rechazo a la investidura de Pedro Sánchez (PSOE) renunciando a explorar un pacto de centro-izquierda.
Los acuerdos con Vox han incluido áreas controladas por su socio, como Educación. El pacto de octubre de 2019 recoge la creación de "una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias". Es lo que Vox llama "pin parental", aunque PP y Cs niegan que se llame así. A pesar de la firma, Cs se ha resistido a su aplicación, hasta el punto de que Educación renegoció con Vox una nueva redacción.
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A juicio de Moreno, Vox ha realizado una "colaboración positiva" para los "intereses de Andalucía". "Se deberían sentir orgullosos", le dijo al portavoz de Vox, Manuel Gavira, en un debate parlamentario en octubre. Pero a día de hoy Vox se presenta como una fuerza agraviada, a pesar de sus logros y de que las encuestas le pronostican una consolidación. El motivo es que no ha sido raro que el PP haga cesiones a Vox en los acuerdos que, al margen de permitirle sacar pecho, luego no se cumplen. Como es obvio, la Junta, por mucho que firmaran PP y Cs con Vox, no ha podido invadir las competencias de Interior en política migratoria. También tenía estrecho margen para "reformular" el programa agrario PFEA y con ello "mejorar el control de los fondos destinados a este programa", como se comprometieron Moreno y Marín en junio de 2019. ¿De qué iba entonces el acuerdo? Vox se ha esmerado en sembrar la sospecha de fraude sobre el antiguo PER.
Uno de los motivos que Vox alega para retirar ahora su apoyo a Moreno es otro incumplimiento, el que afecta al compromiso de desmontaje de la llamada "administración paralela". Moreno tampoco ha cumplido con Vox su compromiso de investidura –no suscrito por Cs– de suprimir las zonas educativas, una medida ultraliberal que en la práctica dejaría a la Junta sin capacidad para ordenar la escolarización y que beneficiaría a la escuela concertada más de lo que el Gobierno Moreno-Marín ya lo ha hecho.
Hay ocasiones en las que el Gobierno andaluz, al aceptar una exigencia de Vox, acaba arrastrando a la Administración a finalidades insólitas. He aquí un caso de libro: las ayudas de la Junta contra la "inmersión lingüística". El punto de partida del experimento es el acuerdo entre PP, Cs y Vox de junio de 2019. El partido de Abascal logró el compromiso del Gobierno andaluz de crear una línea de ayudas de 100.000 euros "para paliar los problemas" provocados por la "inmersión lingüística". Era un empeño de Vox, que quería hacer política contra el independentismo catalán con cargo al presupuesto de la Junta. ¿En qué terminó? La Junta acabó repartiendo subvenciones en cuatro comunidades bilingües –Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia y País Vasco– para proteger a los andaluces de la "inmersión lingüística" a través de programas de "humor andaluz", copla, teatro infantil, gastronomía, flamenco y "juegos populares".
