A un lado de la mesa, la jefa del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Mónica Gracia. Al otro, el ultra Daniel Esteve, líder de la plataforma dedicada al desalojo extrajudicial de viviendas Desokupa. Y ante ellos, un acuerdo de colaboración para la formación en defensa personal destinado a los afiliados. La alianza, que ya ha provocado la dimisión de un dirigente regional por la "deriva ultra" del sindicato, es vendida como algo "histórico". "Queremos que los compañeros se sientan más seguros", sostiene a cámara Gracia. Sobre todo, continúa la secretaria general de la organización, en un contexto de "violencia desmedida". "Hay un problema en las calles. La autoridad se ha perdido y los compañeros están cada vez más en riesgo", culmina.
La obsesión por el orden público, identificada por Jason Stanley en Facha (Blackie Books, 2019), ha sido un rasgo recurrente de la ultraderecha. Primero, se crea una sensación de caos, que vinculan directamente con la inmigración. Y luego, se ofrece como remedio con protestas como la flexibilización del acceso a las armas, la construcción de muros o el endurecimiento de las penas. "Las calles, antes seguras, ahora son escenarios de robos, violaciones y agresiones de todo tipo", señalaba el líder de Vox, Santiago Abascal, durante aquella moción de censura que presentó contra el Gobierno hace ya cuatro años. "Que me den Interior, que Bukele a mi lado va a ser papá pitufo. Te limpio España en tres días y me sobran dos", decía Esteve en una entrevista a pie de calle.
Los ciudadanos, por mucho relato apocalíptico que se haya intentado implantar en los últimos años, todavía no perciben que España sea un país inseguro. Eso es lo que parecen indicar, al menos, los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En el de julio, último disponible, solo el 4% de los encuestados situaban la inseguridad ciudadana como uno de los principales problemas que existen actualmente en el país, una cifra que hace dos décadas se situaba en el 18,7%. Por su parte, el Índice de Paz Global, que mide el nivel de seguridad en cada Estado y que elabora el Instituto para la Economía y la Paz (IEP, por sus siglas en inglés), sitúa a España en el puesto número 23 de 163 países de todo el mundo.
La tasa de criminalidad aún no rompe récords
Es cierto que la tasa de criminalidad –número de infracciones penales por cada millar de habitantes– ha experimentado un repunte en los últimos meses. En 2023, según los propios datos del Ministerio del Interior, se situó en el 51,3, frente al 48,6 de 2022 o el 46,7 del año prepandemia. Cinco fueron las regiones que se colocaron por encima de la media nacional: Islas Baleares, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana y Navarra. Ahora bien, a pesar del aumento, todavía no se ha superado el nivel récord registrado tres lustros antes. En 2008, con un país asolado por el terrorismo de ETA, la tasa de criminalidad llegó a colocarse, según el histórico del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el 52,1.
La subida no tiene tanto que ver con un incremento desmesurado de la criminalidad convencional, que ha aumentado un 2,1%, sino más bien con los ciberdelitos, que se han disparado un 25,5%. Así, de las 136.584 infracciones penales más que se registraron el año pasado, 95.651 –el 70%– eran estafas informáticas y otras cometidas online. ¿Y en cuanto al crimen convencional? ¿Ha habido un cambio respecto a la época prepandemia? Todo depende del delito. Tomando como referencia las cifras de hace un lustro, en 2023 se registraron menos hurtos, robos con fuerza en domicilios o negocios o sustracciones de vehículos que en 2018. Pero más homicidios –consumados y en grado de tentativa–, lesiones, riñas tumultuarias, robos con violencia, tráfico de drogas o delitos sexuales.
Algunos de estos datos, sin embargo, es necesarios ponerlos en contexto. Así, por ejemplo, Interior sostiene que la subida relacionada con las agresiones sexuales debe relacionarse con las "activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal" frente a este tipo de delitos, lo que se traduce "en una mayor disposición de las víctimas a denunciarlos". Y lo mismo ocurre con el narcotráfico. "El aumento está muy relacionado con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el marco de planes específicos como el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar", apuntan el último balance trimestral de criminalidad de 2023.
Ahora bien, ¿estamos mucho peor que los países de nuestro entorno? Los últimos datos de Eurostat, relativos a 2022, indican que no. La tasa de homicidios en España se situó en el 0,69 por cada 100.000 habitantes –en 2004 llegó a estar en el 1,2 y en 2012 en el 0,78–, menor que en Bélgica, Finlandia, Francia, Suecia, Países Bajos o Alemania. Lo mismo sucede con robos y hurtos, donde la tasa recogida por la oficina europea estadística es, de nuevo, más elevada en Suecia, Francia, Bélgica, Finlandia, Alemania, Países Bajos, Italia, Portugal o Grecia que en suelo español, donde se situó en 830 –la media europea fue de 1.502–. Y algo similar ocurre con la de violencia sexual, donde Suecia, Francia, Finlandia, Bélgica o Alemania presentan, de nuevo, peores datos que nosotros.
Las 'okupaciones' encadenan tres años de caída
Esteve encontró en el desalojo extrajudicial de viviendas un buen nicho de negocio. De ahí que buena parte de su fama tenga que ver con una okupación convertida durante años en plato principal de los grandes magacines matutinos de la televisión. Un fantasma convenientemente agitado por la ultraderecha de Vox –y también utilizado por el PP– en esa estrategia de crear primero una sensación de inseguridad para vender luego orden. "Yo si me encuentro mi casa ocupada a la vuelta de unas vacaciones echo la puerta abajo y saco a la gentuza que me ha quitado mi casa. Y con inteligencia, no lo haría solo. Hemos llegado a una situación totalmente insoportable", lanzaba Abascal en una entrevista reciente en un canal de YouTube.
En 2023, según los últimos datos de Interior, se registraron 15.289 denuncias por allanamiento y usurpación de inmuebles, lo que supone un descenso con respecto a los dos años previos –16.765 en 2022 y 17.274 en 2021–, si bien sigue estando por encima de niveles prepandemia. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska no desglosa en su estadísticas las cifras por las dos modalidades de ocupación ilegal –el allanamiento se refiere a la ocupación de vivienda habitada, mientras que la usurpación a casas vacías–. Algo que sí hace el INE. En 2022, contabilizó 255 condenas por allanamiento frente a 4.067 por usurpación. Datos que cinco años antes, en 2017, fueron superiores: 327 por el primer delito y 6.757 por el segundo.
¿Cómo están nuestros agentes?
En la firma del acuerdo con Club Desokupa, otra de las marcas con la que opera el ultra Daniel Esteve, la jefa del Sindicato Unificado de Policía habló de una supuesta "autoridad perdida" y de unos agentes "cada vez más en riesgo". Los datos de Interior reflejan 11.932 hechos conocidos de atentado contra agentes de la autoridad o funcionarios públicos a lo largo de 2021, frente a los 11.205 de 2020 y los 10.457 de 2019. Un repunte que, de nuevo, no rompe récords. En 2011, por ejemplo, se registraron 12.210 hechos de este tipo. Hay que tener en cuenta, no obstante, que estas cifras no aparecen desglosadas por tipo de víctima, lo que impide saber exactamente cuántos de estos hechos tienen que ver con agresiones concretas a agentes de policía y cuántos con otro tipo de funcionarios.
Los datos, en este caso de Eurostat, también muestran que la inversión española en orden público y seguridad no es baja. De hecho, nuestro país se encuentra en la parte alta de la tabla. En 2022 destinó un 1,9% del PIB a esta materia, por encima de la media europea –1,7%– y por delante de las principales economías del Viejo Continente: en Italia se destinó el 1,8% y en Alemania y Francia el 1,7%. Y también que contamos con más policías por millar de habitantes que otros países de nuestro entorno: 380,28 frente a los 311,06 de Alemania, los 291,19 de Países Bajos o los 338,29 de Bélgica –no hay datos relativos a Francia o Italia desde 2020–.
A un lado de la mesa, la jefa del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Mónica Gracia. Al otro, el ultra Daniel Esteve, líder de la plataforma dedicada al desalojo extrajudicial de viviendas Desokupa. Y ante ellos, un acuerdo de colaboración para la formación en defensa personal destinado a los afiliados. La alianza, que ya ha provocado la dimisión de un dirigente regional por la "deriva ultra" del sindicato, es vendida como algo "histórico". "Queremos que los compañeros se sientan más seguros", sostiene a cámara Gracia. Sobre todo, continúa la secretaria general de la organización, en un contexto de "violencia desmedida". "Hay un problema en las calles. La autoridad se ha perdido y los compañeros están cada vez más en riesgo", culmina.