El PP de Alberto Núñez Feijóo dio este miércoles un paso más hacia el objetivo que se ha fijado de tratar de ocupar el espacio político de la ultraderecha. La enmienda a la totalidad que su grupo ha presentado en contra de la proposición de ley de Amnistía no pide directamente la ilegalización de los partidos independentistas, como reclama Vox. Pero, por primera vez, plantea su disolución en el caso de que tanto ellos como cualquier organización social sean declarados culpables de un delito de nueva creación —la “deslealtad constitucional”— que la derecha quiere incorporar al Código Penal.
La propuesta conservadora, presentada en el registro del Congreso apenas unos minutos antes del plazo legal, lo que da idea de las dificultades que el PP ha tenido para tratar de conciliar su iniciativa con la legalidad vigente, pone en la práctica fuera de la ley a cualquiera que defienda la independencia de una parte de España. Lo que, en el caso español, apunta a partidos con escaño en la Cámara Baja como Junts, Esquerra, EH Bildu, PNV y BNG, que representan a 1,6 millones de personas. Por no hablar de entidades civiles como la ANC u Òmnium Cultural, en el caso de Cataluña.
Los de Feijóo solo dejan una salida a quienes no quieran ser disueltos: realizar, “antes de la apertura de juicio oral, actos inequívocos de colaboración activa dirigidos al esclarecimiento de los hechos y la restauración del orden constitucional”. En ese caso, el PP se conformaría con la suspensión de actividades entre seis meses y cinco años.
La enmienda dice, textualmente, que “la autoridad o funcionario público, diputado, senador o miembro de una asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma” que realice “actos dirigidos a que sea efectuada” una “declaración [de independencia] o que la propicien” será castigado “con las penas de prisión de cinco a diez años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años”. Una redacción lo suficientemente imprecisa como para que en ella quepa desde un mitin a favor de la independencia a una declaración defendiendo el derecho a la autodeterminación.
“Actos preparatorios”
El PP propone además que sean castigados penalmente “los actos preparatorios encaminados a la comisión de cualquiera de los delitos” que llama de “deslealtad constitucional”. Entre ellos, además del ya citado, están la declaración de “independencia de una parte del territorio nacional o su integración en otro Estado” y la convocatoria de un referéndum o cualquier forma de consulta a la ciudadanía “que sea contraria a los requisitos establecidos por la Constitución”.
La enmienda del Partido Popular no tiene ninguna posibilidad de prosperar. En el Congreso hay una holgada mayoría absoluta que apoya la ley de Amnistía y rechaza cualquier propuesta que intente poner el independentismo fuera de la ley. Pero sí es muy reveladora de la España que los de Feijóo están dispuestos a impulsar, solos o en compañía de Vox. Una España en la que quedaría proscrito el derecho a defender la independencia de Cataluña, del País Vasco o de Galicia.
Vox también ha presentado una enmienda a la totalidad. En ella propone modificar el Código Penal para que negociaciones políticas como las que ha llevado a cabo el PSOE con Junts de cara a la investidura sean castigadas con penas de cárcel. Los ultras quieren penalizar con entre seis y diez años de prisión a cualquiera que lleve a cabo negociaciones políticas con quienes “hubieren sido condenados por sentencia judicial o estuvieren procesados o sustraídos a la acción de la justicia”.
También, por supuesto, piden incorporar al Código Penal la convocatoria de referéndums ilegales, así como castigar con multas “las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad”, y proscribir “la exhibición pública de emblemas y símbolos cuya significación implique un atentado contra la integridad del territorio nacional”. Además de ilegalizar a los partidos y organizaciones independentistas, sin esperar —como propone el PP— a que lleven a cabo acciones en favor de la independencia de un territorio.
El debate con Vox
La última vez que Vox planteó ilegalizar a los independentistas fue en el Senado, el pasado mes de noviembre, y el PP votó en contra. Lo hizo con el argumento de que la propuesta no estaba bien motivada y, por tanto, no sería aceptable para el Tribunal Supremo, que es la institución que decide sobre la legalidad o la ilegalidad de un partido.
“La disolución de un partido político es una de las medidas más graves que pueden ser adoptadas en democracia”, recordó entonces la portavoz del PP, Yolanda Ibarrola. Vox sabe que no hay fundamento para una ilegalización, remarcó. Su verdadera intención es buscar “un forzado protagonismo, un altavoz que les haga parecer los mayores defensores de España, principalmente frente al Partido Popular”.
Vox no ha tardado en recriminar al PP su postura. Su presidente, Santiago Abascal, se lo reprochó a través de las redes sociales: “Pide ilegalizarlos después de negociar con ellos y después de votar en contra de todas las propuestas de Vox para ilegalizarlos. Increíble, pero cierto”.
Abascal hacía referencia a que este endurecimiento de la posición del PP, que se aproxima mucho a Vox y alinea a Feijóo con las tesis radicales que defiende la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se dio a conocer este miércoles, el mismo día en que los conservadores no tuvieron más remedio que admitir que en agosto mantuvieron contacto con el entorno de Carles Puigdemont para sondear un posible apoyo a la investidura de su líder.
Pons y su cita con Junts
La cita, que el PP ha tratado de ocultar durante meses, fue dada a conocer por el diario La Vanguardia. Y, tras unos titubeos iniciales, el equipo de Feijóo no tuvo más remedio que confirmarla. De hecho, el portavoz parlamentario del Grupo Popular, Miguel Tellado, fue incapaz en rueda de prensa de desmentir que el vicesecretario del partido Esteban González Pons también habló con el partido de Puigdemont para explorar la posibilidad de un acuerdo.
Tellado intentó, sin mucho éxito, rebajar el alcance del diálogo con Junts a “un café entre concejales”, obviando que en la cita estuvo presente uno de los más estrechos colaboradores de Puigdemont y que la conversación giró en torno a las condiciones de los independentistas para apoyar una hipotética investidura de Feijóo.
El portavoz parlamentario del PP, mano derecha del presidente del partido y con toda seguridad el dirigente en activo que más y mejor información tiene a su alcance sobre lo que hacen sus compañeros, trató de escudarse en el desconocimiento para no aclarar si la reunión se llevó a cabo con el conocimiento de Feijóo. “Los concejales generalmente no llaman a Génova para decir que van a tomar un café”, alegó.
Tellado condena el acto ultra frente a Ferraz, pero acusa a Sánchez de tener "una estrategia de victimización"
Del mismo modo, fue incapaz de negar que el vicesecretario Esteban González Pons mantuvo también conversaciones con dirigentes de Junts de cara a la investidura. Afirmó no saberlo, pidió que se le pregunte al interesado y subrayó, de forma ambigua, que “cada uno es dueño de su agenda”. En todo caso, añadió, para quitarle importancia, que "los políticos mantienen contactos con otros políticos en actos públicos, sociales o institucionales, reuniones formales e informales” que “hay que ver con normalidad”.
La confirmación de estas reuniones dio pie al PSOE para denunciar que el PP mantuviese negociaciones en secreto, sin conocimiento de la opinión pública. “Le pedimos al PP transparencia, que le cuente a los ciudadanos cuántas reuniones más ha mantenido con Junts y de qué temas hablaron. El señor Feijóo debe, al menos para con sus votantes, una explicación clara. No puede pasarse la vida insultando y acusando a todo el mundo, mientras él aprueba reuniones con Junts de las que nos estamos enterando por la prensa. Que lo diga con claridad: Junts, el partido liderado por Carles Puigdemont, es un interlocutor válido para el PP. Y que se lo explique a Aznar, Ayuso y a Cayetana Álvarez de Toledo... Menos lecciones, y más aplicarse a uno mismo lo que se predica”, señalaron fuentes socialistas.
Vox, por su parte, también ha aprovechado la noticia para criticar a sus socios, con los que comparte tareas de gobierno en comunidades autónomas y ayuntamientos. “Un prófugo de la justicia como Puigdemont no es un interlocutor válido y lo único que hay que negociar con él es el color de los barrotes. Si juegas a lo mismo que el PSOE terminas siendo igual”, señaló la formación ultra.
El PP de Alberto Núñez Feijóo dio este miércoles un paso más hacia el objetivo que se ha fijado de tratar de ocupar el espacio político de la ultraderecha. La enmienda a la totalidad que su grupo ha presentado en contra de la proposición de ley de Amnistía no pide directamente la ilegalización de los partidos independentistas, como reclama Vox. Pero, por primera vez, plantea su disolución en el caso de que tanto ellos como cualquier organización social sean declarados culpables de un delito de nueva creación —la “deslealtad constitucional”— que la derecha quiere incorporar al Código Penal.