El espionaje a Sánchez y Robles agita aún más la legislatura

La convocatoria de comparecencia urgente anunciada por el Gobierno a primera hora del lunes (festivo en la Comunidad de Madrid) ya anticipaba un nuevo frente para un Ejecutivo que acaba de dejar atrás la pandemia y todavía lidia con las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. A las 9.30 de la mañana el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, acompañado por la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, llegó a la sala de prensa de La Moncloa, mucho menos concurrida de lo habitual, y reveló que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han sido espiados.

Bolaños no dio muchos detalles, pero se esforzó en aclarar que los teléfonos del presidente, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron infectados con el software de espionaje Pegasus y eximió de toda responsabilidad al Centro Nacional de Inteligencia (CNI): “El ataque es ajeno a organismos del Estado”, precisó. Es más, el ministro de la Presidencia recalcó que este hecho se ha conocido gracias a dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional (integrado en el CNI) de los que tuvo conocimiento este fin de semana. Dichos informes confirman tres intrusiones: una en mayo de 2021, al presidente del Gobierno, y otra a ambos en junio de 2021. Los atacantes extrajeron 2,6 gigas de datos del teléfono de Sánchez y nueve megas de Robles de sus terminales institucionales.

Pegasus es un programa que nació en 2011 en Israel y que permite a terceros acceder a dispositivos, como los teléfonos móviles. Al igual que otras herramientas de espionaje goza de una fortaleza particular: es capaz de infectar dispositivos de forma silenciosa, sin que el usuario tenga que hacer siquiera clic en ningún enlace. Otros gobiernos como el de Reino Unido, presidido por Boris Johnson, y el francés, liderado por Emmanuel Macron, también han ordenado una investigación interna.

El ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes ha calificado las intervenciones de “ilícitas” y “externas” y ha anunciado que el Ejecutivo ha puesto las pruebas a disposición de la Audiencia Nacional. El hecho de que estos ataques sean de carácter “externo”, tal y como han precisado después fuentes gubernamentales, no significa que se hayan realizado desde el extranjero, sino que se han producido al margen de las administraciones del Estado. “No descartamos nada”, admitían fuentes del Ejecutivo. “Lo que es seguro es que es ilegal”, añadían. 

Estas fuentes del más alto nivel han recalcado que van a poner en marcha una “acción de Estado” para esclarecer lo ocurrido y tratar de averiguar si este espionaje ha afectado a otros miembros del Ejecutivo o, incluso, a miembros de administraciones menores, como presidentes autonómicos y alcaldes. Tras conocer lo ocurrido la vicepresidenta Yolanda Díaz, al igual que la ministra Ione Belarra, han llamado a “depurar responsabilidades”, pero estas fuentes son más prudentes y evitan hablar de dimisiones. Desde el entorno de la vicepresidenta explican que Díaz quiere esclarecer  “por qué no se evitó” y admiten que la dirigente gallega se enteró de lo sucedido poco antes de comenzar la rueda de prensa.

En lo que se detienen en el Gobierno es en la “gravedad” del asunto: “Esto es un tema serio, no va de patochadas”, han precisado, después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tildara de “casualidad política no menor” que estas informaciones se produzcan en “pleno debate con el independentismo” y con la “estabilidad del Gobierno”. El dirigente conservador se ha cruzado con Bolaños este lunes, pero fuentes del PP explican que no han hablado del espionaje aunque sí lo han hecho sus jefes de gabinete.

El PP y el independentismo muestran su escepticismo ante el espionaje

La palabra ‘casualidad’ ha sido tendencia este lunes en las conversaciones informales del acto del dos de mayo, que parecía más un mitin del PP (por la elevada afluencia de personalidades vinculadas a la formación) que una cita de carácter institucional. El protagonismo de estos ‘corrillos’ no ha recaído en Díaz Ayuso, sino en el espionaje denunciado por el Gobierno, que en el PP tachan de “oportuno”: “Si el Gobierno está pensando en dar la vuelta al relato al contar esto, se equivocan”, señalaban desde la dirección del PP. “A los catalanes no les basta y a nosotros, tampoco”.

Si bien algunas fuentes cercanas a Feijóo aseguraban que el espionaje no iba a ser un “campo de batalla” contra el Gobierno, otras voces ya anticipaban el registro de una batería de iniciativas parlamentarias en aras de obtener más información. Estas fuentes han evitado hablar de dimisiones, pero sí consideran que el Gobierno está “en la cuerda floja”. Lo que demandan en el PP es mayor interlocución con el Ejecutivo en asuntos de Estado, entre ellos el de la Seguridad Nacional. “Al final los gobiernos cambian y también nos tocará lidiar a nosotros con estas cuestiones”, razonaban.

La reacción en el independentismo ha sido similar a la del PP. El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha comparecido pasadas las 12 del mediodía y ha censurado “los giros en el relato” del Ejecutivo, “ese relato que están constantemente construyendo para evitar asumir responsabilidades” . Junqueras ha manifestado que no tiene por qué darle más credibilidad a un informe hecho por los propios servicios de inteligencia españoles que al de “una entidad de prestigio” como Citizen Lab, que destapó el espionaje a más de 60 dirigentes relacionados con el independentismo.

Los dirigentes independentistas han denunciado que el CNI es el que está detrás del espionaje, un extremo que el Gobierno ha evitado confirmar. En todo caso, y tal y como apuntaban recientemente varios expertos a infoLibre, si este espionaje masivo se ha realizado desde los servicios de inteligencia españoles, debería haber contado con autorización judicial.  Pese a que teóricamente el software Pegasus solo se vende a Estados, fuentes acreditadas admiten que empresas privadas también podrían tener acceso al mismo “si lo pueden pagar”.

Por su parte, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reprochado la falta de transparencia con la que ha actuado el Ejecutivo central. “La violación de la intimidad de Sánchez y Robles es un crimen gravísimo que amenaza la democracia. Mi solidaridad hacia ellos, como víctimas, y mi máxima exigencia hacia ellos, como responsables de no haber hecho nada hasta el estallido del CatalanGate”, ha escrito a través de su cuenta de Twitter.

Para el diputado Oskar Matute, representante de EH Bildu, lo sucedido “revela que la gravedad del espionaje no era infundada ni era una exageración como intentaron hacernos creer a los independentistas. Estamos ante un escándalo muy grave que debe ser aclarado. Hace falta mucha información”, apuntó en entrevista con Radiocable. Mientras que Aitor Esteban (PNV) lo ha calificado como un “hecho de extrema gravedad”: “Es necesario conocer el alcance de este descontrol e identificar a sus responsables para exigir las dimisiones correspondientes. Urge poner en marcha la comisión de investigación", ha afirmado.

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Lo que demandan los socios parlamentarios del Gobierno es que el Congreso abra una investigación propia sobre el presunto espionaje que involucra a activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados. Una petición a la que se niega la formación mayoritaria del Gobierno, el PSOE, y que sí apoya Unidas Podemos. Lo que sí  ha forzado el Ejecutivo es la rebaja de la mayoría absoluta necesaria para constituir la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, más conocida como Comisión de Secretos Oficiales.

El pasado jueves se aprobó por mayoría absoluta que los portavoces de ERC, Gabriel Rufián, EH Bildu, Mertxe Aizpurua, Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, y la CUP, Albert Botrán, accedieran a la comisión, junto con los del resto de formaciones que tienen grupo propio en el Congreso. La función de esta comisión es la de auditar los “fondos reservados” con los que se financia, entre otras instituciones, el CNI. Algunos diputados que han participado en esta comisión en el pasado, como el citado Aitor Esteban, han lamentado la “escasa información” que el Gobierno les ha proporcionado sobre los asuntos de Estado.

Esta semana también está prevista la intervención de la ministra Margarita Robles en la Cámara Baja para hablar sobre el presunto espionaje. A esta comparecencia se le podría sumar la de la de la directora del CNI, Paz Esteban, en la Comisión de Secretos Oficiales.