Una estafa entre trabajadores cierra el círculo de los ERE

El último capítulo del caso de los ERE comienza a adoptar la forma de un epílogo moralizante. O desmoralizante, según se mire. Trabajadores que se aprovechan de trabajadores, podría titularse. Una supuesta estafa entre antiguos compañeros, que en su día trabajaron juntos y que más tarde lucharon juntos para evitar el cierre de su empresa y –cuando esto no fue posible– encontrar una solución para los que se quedaban en la calle.

La Fiscalía de Jaén solicita penas de prisión para dos extrabajadores de Primayor, empresa sucesora de Cárnicas Molina, la primera en la que se aplicó el sistema de ayudas públicas supuestamente irregular por el que ahora mismo están siendo juzgados los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Un broche perfecto para el caso allí donde se detectó. El motivo de la acusación es que los dos extrabajadores estafaron presuntamente a sus propios colegas al apropiarse de casi 75.000 euros que pertenecían a la asociación de exempleados de Primayor, que tenía entre sus cometidos recibir y canalizar las ayudas para amortiguar el impacto del cierre.

El cierre de Cárnicas Molina en 1999, en Jaén, supuso un trauma laboral no sólo en la capital, sino en toda la provincia, escasamente industrializada. La Junta de Andalucía se había implicado hasta las cejas en su intento de salvación de Molina, incluyendo una intervención con dinero público que ofreció decepcionantes resultados. Las manifestaciones de trabajadores, con notable repercusión mediática, apuntaban directamente al PSOE. El presidente Manuel Chaves y su hombre fuerte sobre el terreno, Gaspar Zarrías, radicado políticamente en Jaén, prometieron una solución.

Cárnicas Molina fue la primera empresa para la que se utilizó el sistema de reparto de ayudas sociolaborales que Mercedes Alaya consideró irregular, y por el que ahora están sentados en el banquillo Chaves, Griñán y Zarrías. El cierre de Cárnicas Molina, antecedente de Primayor, sirvió además para que algunos de los supuestos máximos responsables de los ilícitos descubiertos durante la instrucción, caso del considerado por la jueza Alaya conseguidor de los ERE, Juan Lanzas, conocieran el sistema de ayudas supuestamente irregular, según la instrucción.

No todos los trabajadores de Molina pudieron prejubilarse. Hubo otros recolocados en Campocarne, que luego fue absorbida por un grupo segoviano, cuya filial andaluza era Primayor. Pero esta empresa terminó declarándose en concurso de acreedores en 2007. El Gobierno andaluz volvió a prometer una solución. La intervención provindencial debía llegar entonces de los Ruiz Mateos (con Dhul), o de Proasego. La Junta dedicó a estas empresas incentivos de al menos 14,2 y 9,5 millones de euros, respectivamente. Sirvieron para poco. Más dinero público dilapidado. La prometida fábrica de los Ruiz Mateos se ha quedado a medio hacer y ahí sigue, a las afueras de Jaén.

Los despedidos sin solución se agruparon en la Asociación para la Promoción y Mejora del Entorno de Primayor, destinada entre otros fines a canalizar las ayudas para apoyar a los 147 exempleados. Esta figura de la asociación de extrabajadores, frecuente en la gestión de ayudas sociolaborales de la Junta, fue también puesta en el punto de mira por Mercedes Alaya, que la consideró "un invento extremadamente caro". La jueza cree que por ahí se fue parte del dinero indebidamente cobrado por intermediarios en la gestión de los expedientes.

Falsificación de firmas

Como presidente de la asociación de extrabajadores de Primayor quedó Manuel López, que militó en UGT. Había ejercido de combativo portavoz del colectivo durante los largos años de manifestaciones a las puertas de la delegación de la Junta en Jaén. Era el teléfono que los periodistas marcaban para conocer la posición de los trabajadores. Un hombre curtido en el conflicto, en el que sus compañeros depositaron su confianza. López fue presidente de esta asociación entre 2008 y 2015. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, durante ese tiempo la asociación fue titular de una cuenta en La Caixa. Para el acceso a sus fondos era necesario presentar la firma mancomunada de tres de los cuatro miembros autorizados de la junta directiva: el presidente, el tesorero, el secretario y el vicepresidente. Según la Fiscalía, entre 2010 y 2015 el acusado López cobró 46 cheques simulando las firmas de otros miembros de la directiva de la asociación "con ánimo de lucro ilícito propio". Se hizo así con 61.202,7 euros, a los que hay que sumar una transferencia a su cuenta por importe de 4.000 euros, según el escrito de acusación del Ministerio Público.

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La Fiscalía acusa a López de conciliar además intereses con un segundo miembro de la asociación, José Luis Cobo, para proporcionarle a éste cheques por valor de 8.932 euros. El perjuicio total de la estafa supuestamente cometida entre ambos asciende a 74.134,7 euros, según el Ministerio Público.

Manuel López ha admitido los hechos, según la Fiscalía. No así el otro acusado, que defiende su inocencia. Los delitos imputados son falsedad en documento mercantil y estafa. La Fiscalía pide para López cinco años de prisión y para Cobo, tres años y nueve meses. Ambos se enfrentan además a la devolución de todo lo supuestamente distraído y a multas de más de 2.000 euros. Si no pudieran hacer frente a la devolución del dinero, la responsabilidad subsidiaria correspondería a La Caixa. La acusación particular, que representa a la asociación de extrabajadores, eleva la cantidad defraudada a 10.000 euros y solicita para los acusados ocho años de prisión por apropiación indebida y falsedad documental.

La Junta de Andalucía no considera comprobado que el dinero supuestamente defraudado sea público o tuviera un origen público, por lo que no se ha personado como acusación en la causa instruida en el juzgado 2 de Jaén. Un portavoz de la Junta en Huelva se remite a unas declaraciones de 2016 –cuando se conocieron las detenciones– realizadas por la delegada, Ana Cobo, en las que manifestaba que los acusados deberían dar cuenta del origen y destino del dinero, y añadía que la Junta se personaría como acreedora en caso de que se acreditara que el dinero era público. El problema es que determinar si el dinero que había en la cuenta era público no ha sido objeto de la investigación judicial. En todo caso tendría origen público. Una vez ingresado en la cuenta pertenecía a los trabajadores.