Quienes más saben llevan años desgañitándose para alertar sobre la necesidad de llevar a cabo cuanto antes un giro radical que ponga freno al calentamiento global. Si no, las consecuencias serán desastrosas. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) avisaba hace solo un año, en el mayor análisis realizado sobre la crisis, de olas de calor entre cuatro y cinco veces más recurrentes –y entre ocho y trece si ponemos el foco en las más raras, esas que ocurren una vez cada medio siglo–, sequías que se doblarán en frecuencia e inundaciones que ocurrirán entre 1,5 y 1,7 veces más. Y eso siempre que se hagan los deberes marcados en el famoso Acuerdo de París. Unas alertas que preocupan a buena parte de la sociedad. Y parece que también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que en los últimos meses ha elevado a su máximo órgano –Gran Sala– diferentes demandas centradas en la inacción de los gobiernos en la lucha contra el cambio climático.
Estrasburgo tiene en la actualidad al menos tres grandes casos sobre la mesa. De ellos, probablemente el más ambicioso es el llegado desde suelo luso. Principalmente, por la magnitud de la demanda. En concreto, la acción se dirige contra 33 Estados. En el listado de demandados figura la Unión Europea al completo, además de Suiza, Reino Unido, Noruega, Rusia, Turquía y Ucrania. Entre todos, acumulan una parte importante de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial. El país pilotado por Vladimir Putin emitió en 2020 el 4,66% de lo que se expulsó en todo el planeta, según la información recopilada en la Base de datos de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global (Edgar, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea. Mientras, las emisiones alemanas o turcas representaron el 1,77% y 1,13% de las cantidades globales, respectivamente.
La demanda fue impulsada tras el verano de 2020 por media docena de jóvenes. El más mayor tiene 23 años. El más pequeño, 14. Todos ellos, pertenecientes a la misma familia, comenzaron a recaudar fondos para plantarse ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace un lustro. Era septiembre de 2017. Y la región portuguesa de Leiria, que les ha visto crecer, acababa de ser arrasada por las llamas. Aquel año, los brutales incendios que asolaron Portugal dejaron más de un centenar de víctimas mortales y casi medio millón de hectáreas calcinadas. Fue el ejercicio más negro registrado en el país desde la década de los noventa. Doce meses en los que, según el instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF), se registraron 17.698 fuegos.
Estrasburgo ha aceptado que el caso se tramite, como solicitaron los demandantes, de forma prioritaria. Y ha decidido que se haga cargo de él la Gran Sala, compuesta por 17 jueces y cuyas sentencias son definitivas. Por lo general, las salas ordinarias se inhiben en favor de esta instancia superior cuando el asunto bajo la lupa "plantea una cuestión grave" relativa a la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos o sus protocolos o cuando "la solución dada" a una cuestión pueda "ser contradictoria con una sentencia dictada anteriormente" por el tribunal. "Es un acontecimiento extremadamente significativo que demuestra cuán importante es la cuestión del cambio climático para los derechos humanos", han explicado a The Guardian desde Global Legal Action Network (GLAN), colectivo que respalda a los jóvenes.
Los demandantes argumentan que los "incendios forestales" que golpean su país son "el resultado directo" del "calentamiento global", al tiempo que alegan que corren el riesgo de "contraer problemas de salud" como consecuencia de estos fuegos. De hecho, aseguran que "ya han tenido" por este motivo "trastornos del sueño", "dificultades respiratorias" o "alergias". Además, recuerdan la imposibilidad de pasar tiempo al aire libre, hacer ejercicio o acudir a la escuela cuando las llamas asolan el país. Pero los jóvenes no se quedan ahí. También muestran su preocupación por las "muy fuertes tormentas" que se registran en invierno y que pueden causar "estragos" sobre la casa en la que viven algunos de los demandantes. Desastres naturales que les provocan una "ansiedad" ligada también "a la perspectiva de vivir en un clima cada vez más cálido", con las consecuencias para ellos y las familias que pudieran formar.
De un colectivo suizo a un exalcalde francés
Los jóvenes portugueses, que del mismo modo lamentan el daño que las sequías provocan sobre los cultivos de sus familiares, se quejan del incumplimiento por parte de los Estados de los compromisos asumidos en relación al Acuerdo de París, en concreto al de contener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales y de esforzarse para limitar dicho incremento a 1,5 ºC. Un pacto sellado en 2015 sobre el que también han puesto el foco el colectivo suizo Verein KlimaSeniorinnen –Mujeres Mayores para la Protección del Clima– o Damien Carême, eurodiputado francés y alcalde durante casi dos décadas de Grande-Synthe, una comuna gala ubicada al norte del país. Ellos también han llevado a Estrasburgo la inacción gubernamental para combatir el cambio climático. Y sus demandas están sobre la mesa de la Gran Sala.
En este caso, los pleitos son únicamente contra Suiza y Francia. La organización decidió acudir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras solicitar sin éxito durante años a las autoridades nacionales que tomasen las medidas necesarias para cumplir con las metas fijadas en el Acuerdo de París, una ofensiva ante Estrasburgo a la que se sumaron otras cuatro ancianas que se quejaban del empeoramiento de problemas de salud durante las olas de calor. El exalcalde, por su parte, alegó que las medidas que habían sido adoptadas por el Estado francés para hacer frente al calentamiento global "habían sido insuficientes". De hecho, hace solo un año el Conseil d'Etat consideró que no era factible cumplir con el objetivo de reducción de emisiones del 12% para el periodo 2024-2028 si el país adoptaba rápidamente nuevas medidas.
La ofensiva judicial a varios frentes trata de poner de relieve que los derechos humanos están estrechamente relacionados con la actual crisis climática. Así, los demandantes no dudan en señalar en todos los casos que la pasividad de los diferentes gobiernos en esta materia atenta contra el derecho a la vida –artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)–, el derecho al respeto a la vida privada y familiar –artículo 8 del CEDH–. Los muchachos portugueses, incluso, ponen sobre la mesa una posible violación del artículo 14 del Convenio, que prohíbe la discriminación, tomado en conjunto con los dos anteriores. Y lo hacen argumentando que el "calentamiento global" afecta en particular a su generación y que, dada su edad, la injerencia de este sobre sus derechos es todavía más importante que en el caso de las generaciones mayores.
"No recuerdo algo similar. Creo que es la primera vez que un asunto prospera sin que se hayan agotado los recursos nacionales y que no se dirige solo contra un Estado o una empresa, sino contra multitud de ellos al mismo tiempo", apunta al otro lado del teléfono Javier Andaluz, responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción, en referencia al caso impulsado por los jóvenes portugueses ante Estrasburgo. El activista resalta la importancia de "apelar a todos los estamentos" para hacer frente a una crisis que afecta a todo el planeta y que se agravará si no se lleva a cabo un cambio radical del modelo productivo y del sistema económico predominante. Es decir, es fundamental no quedarse solo en el ejecutivo o el legislativo, sino también hacer partícipe al poder judicial, que "siempre" ha estado "de lado" en todo lo que tiene que ver con este asunto.
Los juicios por el clima
¿Sobreviviremos al cambio climático?
Andaluz, en conversación con infoLibre, considera que una de las claves de todos estos litigios estará en ver si los jueces entran a valorar –y cómo– la suficiencia de las medidas adoptadas para cumplir con los objetivos que se marcaron en el Acuerdo de París. "Habrá que ver cómo se produce el fallo y si obliga y a qué a los diferentes Estados o si solo hace una mención genérica al respecto", señala el activista. Como referencia, el caso Urgenda en Países Bajos. Allí, la Corte Suprema dictaminó en diciembre de 2019, tras un largo proceso judicial impulsado por la Fundación Urgenda, que el Estado debía dar pasos para lograr en el plazo de un año reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25% respecto a las emitidas en 1990. Un fallo histórico.
Pocos meses más tarde, el Constitucional alemán se pronunció en similar sentido en el caso Neubauer. Era abril de 2021 cuando los magistrados germanos concluyeron que los objetivos que se fijaban en la ley de cambio climático impulsada por Elecutivo de Angela Merkel eran "insuficientes" para proteger a las nuevas generaciones, por lo que instaba al Gobierno a "tomar medidas más urgentes y a corto plazo". Para entonces, diferentes colectivos españoles –Ecologistas en Acción, Greenpeace, Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Oxfam Intermón y Fridays for Future– ya habían iniciado su propio Juicio por el Clima. Primero, presentaron ante el Tribunal Supremo una demanda contra el Gobierno por no haber aprobado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Y luego, cuando esté se aprobó formalmente, denunciaron la escasa ambición del mismo.
Las organizaciones consideran que el objetivo marcado en el PNIEC de reducir para 2030 las emisiones un 23% respecto a las cifras de 1990 es totalmente insuficiente para hacer frente al cambio climático. "Debe llegar a un 55%", apunta Andaluz, que reconoce que en los últimos años se han dado pasos, aunque se quedan cortos, en la buena dirección. Por eso miran con atención a Estrasburgo. Lo que falle puede marcar a partir de entonces el comportamiento del resto de tribunales. Una sentencia favorable, considera el activista, podría "facilitar mucho" acciones legales por parte de los ciudadanos para exigir a sus países una mayor ambición en la lucha contra la crisis climática.
Quienes más saben llevan años desgañitándose para alertar sobre la necesidad de llevar a cabo cuanto antes un giro radical que ponga freno al calentamiento global. Si no, las consecuencias serán desastrosas. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) avisaba hace solo un año, en el mayor análisis realizado sobre la crisis, de olas de calor entre cuatro y cinco veces más recurrentes –y entre ocho y trece si ponemos el foco en las más raras, esas que ocurren una vez cada medio siglo–, sequías que se doblarán en frecuencia e inundaciones que ocurrirán entre 1,5 y 1,7 veces más. Y eso siempre que se hagan los deberes marcados en el famoso Acuerdo de París. Unas alertas que preocupan a buena parte de la sociedad. Y parece que también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que en los últimos meses ha elevado a su máximo órgano –Gran Sala– diferentes demandas centradas en la inacción de los gobiernos en la lucha contra el cambio climático.