Entre 2011 y 2015 la Administración General del Estado (AGE) dejó sin gastar 12.522 de los 32.509 millones de euros incluidos en el conjunto de programas dedicados a fomentar las actividades de investigación científica. Esta cifra, que evidencia que prácticamente cuatro de cada diez euros presupuestados para I+D en el último lustro nunca se gastaron procede de la Intervención y volvió a ponerse encima de la mesa esta semana tras la publicación del último informe de la la Fundación Cotec, de referencia en el sector.
Otras organizaciones como la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce) también llevan tiempo alertando de estos bajos niveles de ejecución presupuestaria. El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de este colectivo José Molero, que lleva varios año analizando esta cuestión,explica que este porcentaje de gasto tiene que ver con el peso preeminente que tiene la financiación en formato crédito en relación a las subvenciones a fondo perdido en el conjunto de los recursos destinados a investigación científica, una práctica que empezó a instaurar en 2005 el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Actualmente, seis de cada diez euros destinados a investigación, desarrollo e innovación tecnológica son préstamos.
Un portavoz autorizado de la Secretaría de Estado de I+D+I confirma este análisis a preguntas de infoLibre. "Hay que distinguir entre los recursos destinados a subvenciones, que se ejecutan al 95-98%, y los que se dedican a créditos, que están destinados sobre todo a empresas y que no se han ejecutado como querríamos durante estos años de dificultades", señala. Pese a ello, entre 2011 y 2015, el gasto no financiero sufrió un recorte del 29,1%, seis puntos por encima del sufrido por el financiero (-23%).
Vuelta al Tesoro
Los recursos no ejecutados vuelven al Tesoro, es decir, no se trasladan al proyecto del ejercicio siguiente. Según explican en la Secretaría de Estado de I+D+I esta es una cuestión que se pretende subsanar con la creación de la Agencia Estatal de Investigación, un nuevo organismo encargado de financiar la investigación científica que se pondrá en marcha cuando se aprueben los PGE de 2017, que están en la última fase de tramitación parlamentaria.
"Al principio, esta estrategia se criticó pensando que su objetivo era fomentar la investigación a través de empresas privadas. Tras comprobar que el dinero no se gasta y el porcentaje de créditos sigue subiendo, creo que la única interpretación que queda es que son trampas contables para que en los presupuestos no aparezcan de forma visible los recortes", señala Luis Santamaría, investigador del CSIC y presidente de la Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología en España (AACTE).
Esta tendencia se empezó a revertir cuando la recuperación comenzó a llegar a las partidas presupuestarias de las diversas políticas. Así se deduce de la comparación entre 2013, el ejercicio en el que menos se invirtió programas dedicados a fomentar las actividades de investigación científica, 5.932 millones de euros; y 2017, cuando está previsto dedicar 6.490 millones de euros no deja lugar a dudas. Mientras que las partidas dedicadas a subvenciones aumentaron un 14,9%, las destinadas a créditos, apenas un 6%.
Pese a ello, seis de cada diez euros del dinero público que se presupuesta para las actividades de I+D se sigue dedicando a una partida de financiación, la de los créditos bonificados, que históricamente no se viene ejecutando y que, por tanto, no está llegando a su objetivo, que es financiar la actividad innovadora de las empresas. El citado portavoz de la Secretaría de Estado de I+D+I admite que "todavía hay un exceso" de esa partida, si bien mantiene que es "importante" mantenerla porque durante estos años ha posibilitado, entre otras cuestiones, facilitar anticipos reembolsables con cargo al Fondo Feder de la Unión Europea.
Las causas
José Molero, de Cosce, cree que hay varias causas que explican el escaso éxito del modelo de financiación a través de préstamos. Por un lado, está la dificultad que tienen las universidades y los centros públicos de investigación para trabajar con líneas de financiación porque la mayoría de ellos "o no quieren o no pueden endeudarse". Por otro, la falta de incentivos que tienen las empresas para solicitar estos créditos blandos en un contexto de bajos tipos interés en la banca tradicional. También la exigencia de avales y garantías a empresas que tienen altos niveles de riesgo tecnológico también puede ser una rémora para acceder a esta financiación.
El cóctel que amenaza con llevar al colapso a la I+D española: escasez de recursos y excesiva burocracia
Santamaría recuerda, además, que la I+D pública está subvencionando muchos de esos créditos. "En muchas colaboraciones público-privadas, la mayor parte de la innovación la están haciendo exclusivamente las universidades y los organismos públicos de investigación. Aun así a las empresas, como tienen que cofinanciar, si no ven que van a tener un aprovechamiento económico rápido y claro no les interesa", señala. Otra cuestión clave es la excesiva burocracia. "En muchas convocatorias europeas antes de que esté evaluado y conseguido el proyecto se pide que se justifique todo el presupuesto hasta con tres ofertas para cualquier partida que pase de 1.000 euros", añade.
Lo que también está en juego, en parte, es el sistema de financiación de la investigación científica en España. Molero no ve positivo el modelo de apostar más por créditos que por subvenciones. "No me parece una buena política porque los préstamos suponen una parte excesiva del total. Si en lugar del 60% fuera el 10 o el 15% sería más tolerable", señala Molero. A su juicio, habría que explorar otras fórmulas como las reducciones fiscales a la I+D o el riesgo y ventura para que si sale bien, el Estado gane con la empresa y, si sale mal, que también asuma esa situación. "Lo óptimo sería tener varias opciones para ver qué es mejor según el momento del proceso innovador de cada empresa", asevera.
Por otro lado, Santamaría advierte también de las consecuencias de debilitar el sistema público. "Los países que, durante la crisis, mantuvieron el sistema público cuando se desmoronó la inversión en I+D de las empresas se han recuperado mejor porque lograron mantener las redes de colaboración y el trabajo que se estaba haciendo. Aquí hicimos todo lo contrario, recortar la inversión pública, lo que también debilitó a la privada. Y el resultado ha sido catastrófico", sentencia.
Entre 2011 y 2015 la Administración General del Estado (AGE) dejó sin gastar 12.522 de los 32.509 millones de euros incluidos en el conjunto de programas dedicados a fomentar las actividades de investigación científica. Esta cifra, que evidencia que prácticamente cuatro de cada diez euros presupuestados para I+D en el último lustro nunca se gastaron procede de la Intervención y volvió a ponerse encima de la mesa esta semana tras la publicación del último informe de la la Fundación Cotec, de referencia en el sector.