Las estrategias del fiscal y de los procesados en el primer día del juicio de las tarjetas ‘black’

Las primeras siete horas del juicio contra los 65 exconsejeros y ex directivos de Caja Madrid y Bankia, que gastaron de forma presuntamente ilegal 12 millones de euros con las tarjetas black han mostrado las estrategias de las acusaciones, sobre todo de la Fiscalía Anticorrupción y Bankia, pero también de las defensas encabezadas por los letrados de los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato. También han jugado un papel importante los abogados del exsecretario de Estado del PP Estanislao Rodríguez-Ponga y del inspector de Hacienda José María Buenaventura Zabala.

El juicio, que comenzó con una hora de retraso tras la sustitución de la magistrada Carmen Paloma González Pastor por su compañero Juan Francisco Martel, celebró este lunes su primera sesión, lo que se denomina cuestiones previas. En esta parte del juicio, las partes pueden aportar nueva documentación, pero también pueden alegar posibles vulneraciones de los derechos de los procesados durante la instrucción.

Y esto fue lo que hicieron tanto el fiscal Alejandro Luzón como el representante legal de Bankia, pero también todos los abogados de los 65 procesados. El tribunal, compuesto por el mencionado Juan Francisco Martel, la presidenta Ángela Murillo y Teresa Palacios, que será la encargada de redactar la sentencia, dio la palabra en primer lugar al fiscal Luzón, que también es el responsable de la pieza principal del caso Bankia, en la que se investiga la fusión y la salida a bolsa de la entidad durante la presidencia de Rodrigo Rato.

Y como nueva prueba, el fiscal aportó el informe del perito del caso Bankia Antonio Busquetscaso BankiaBankia en el que asegura que los directivos de la entidad financiera tuvieron voluntad de ocultar la existencia de las tarjetas, ya que no informaron a la Agencia Tributaria de que se estaban usando como complemento salarial.

Nuevos correos de Caja Madrid

El representante legal de Bankia aportó en su turno nueve documentos que podrían suponer un impulso para la acusación: nuevos correos internos de Caja Madrid y Bankia en los que se muestran las presuntas irregularidades cometidas por los procesados.

Precisamente, un mensaje con destino a Blesa del entonces secretario general de Caja Madrid, Enrique de la Torre, dio inicio a la investigación de las blackblack, que el Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB), el organismo público que en la actualidad es el dueño de Bankia, envió a la Fiscalía Anticorrupción, que acabó presentando una querella en la Audiencia Nacional.

infoLibre ha tenido acceso a esos nuevos mensajes, sobre los que han informado este fin de semana el diario El País y la Cadena Ser. Y ha podido comprobar que en varios de ellos las trabajadoras que se encargaban de las gestiones de las tarjetas se remiten a "las indicaciones de Sánchez Barcoj", en referencia al director general de Medios, Ildefonso Sánchez Barcoj, al que según la acusación Blesa encomendó la gestión de las tarjetas pese a que este no tenía atribuidas esas funciones "sorteando así al órgano competente".

La comparecencia del abogado Carlos Aguilar, el defensor del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, para el que el fiscal reclama la mayor pena, seis años de cárcel, inició los turnos de las defensas, que en todo momento han mostrado una coordinación en su estrategia. Todas ellas han apoyado las peticiones de sus compañeros de banquillo de forma independiente al origen de que sus nombramientos fueran a propuesta del PP, del PSOE, de IU, de UGT, de CCOO y de los cuadros de Caja Madrid (Accam).

Tres directrices

Esta estrategia, que tendrá que dilucidar el tribunal en la fase inicial de cuestiones previas, consta de tres directrices esenciales: asegurar que ni Bankia ni su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), pero tampoco el dueño último de las acciones, el FROB, estaban legitimados para denunciar los hechos, porque no existía cuando los directivos y consejeros utilizaban las tarjetas, ya que el banco se creó en diciembre de 2010 tras la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otra cinco cajas de ahorros de menor tamaño.

Los procesados quieren demostrar que la única que podía denunciar los hechos era la sucesora de la Caja, la Fundación Caja Madrid, que se desentendió de la denuncia, al considerar que era Bankia la entidad perjudicada, ya que fue la que heredó el negocio de las cajas fusionadas.

Precisamente, el primero de los abogados que defendió con mayor vehemencia la supuesta falta de legitimidad de Bankia para denunciar los hechos fue el letrado de Rodríguez-Ponga, que aseguró: "Pese a que tanto Bankia como el FROB dicen que tienen legitimidad para denunciar e investigar los hechos, yo creo que no, porque no existe perjuicio", pues los gastos de las black se produjeron antes de la creación de Bankia.

En este sentido, el abogado del número dos de Blesa, Ildefonso Sánchez Barcoj, llegó a reconocer que durante la existencia de Bankia los procesados sí hicieron uso de las Visa: "Durante 95 días utilizaron las tarjetas emitidas por Bankia gastando nada más que 55.900 euros", explicó el letrado.

Pero este abogado también aseguró que la presencia de Bankia y BFA como acusación era "indebida", al considerar que sólo Caja Madrid puede ser víctima como titular de las tarjetas: "Y Caja Madrid no ha ejercitado la acción penal. La intervención de ambos sin ser víctima de los delitos cometidos con las tarjetas y cuyo gasto solo soportó Caja Madrid y pretendiendo la acción civil como perjudicados, viola el artículo 24 de la Constitución Española", dijo el abogado, que completó: "Deben ser excluidos como acusación".

Segundo punto

El segundo punto de la estrategia de las defensas es tratar de conseguir la nulidad del caso por la supuesta infracción cometida por Bankia contra los derechos fundamentales de los acusados, cuyos gastos con las tarjetas fueron enviados por la entidad financiera al Frob primero y después a la Fiscalía Anticorrupción sin orden judicial.

Los encargados de ahondar en este hilo argumental fueron los representantes legales de Rodríguez-Ponga y Sánchez Barcoj, al asegurar este último sobre las tablas Excel en las que se reflejaban los gastos: "Son propiedad de Caja Madrid y no de Bankia, que es una ocupante de esos documentos que no son de su titularidad. Es una prueba ilegítimamente obtenida por lo que debería expulsarse del procedimiento".

Pero en este apartado del argumento de las defensas destaca la interpretación del abogado del economista Juan Emilio Iranzo, que aseguró que estos gastos formaban parte de la intimidad de las personas: "No hay autorización judicial para la cesión de datos, que contienen una enorme sensibilidad porque permiten conocer aspectos íntimos, como por ejemplo sus orientaciones sexuales". En similares términos se expresó el letrado del ex jefe de la Casa Real Rafael Spottorno, quien aseguró que esos correos vulneraban la intimidad de su defendido.

Como tercer punto de la estrategia de defensa se encuentra el intento de convencer al tribunal de que los delitos de apropiación indebida y administración desleal están prescritos. El encargado de esta misión fue el letrado del inspector de Hacienda José María Buenaventura Zabala, cuyo abogado es José Antonio Choclán. Este letrado aseguró a los magistrados que no se puede imputar a los exconsejeros un delito continuado, por lo que los delitos estarían prescritos.

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"Mala fe procesal"

Pero los letrados de los exdirectivos Sánchez Barcoj y Mariano Pérez Claver también se opusieron a que el tribunal acepte incorporar al juicio los nuevos correos electrónicos aportados este lunes por la mañana por Bankia: "Son 700 folios por ambas caras, lo que suponen 1.400 páginas que Bankia tiene en su poder porque los ocuparon. Y en el último momento aportan los 1.400 folios a la Sala y a estas defensas, lo que es absolutamente improcedente", dijo el letrado de Sánchez Barcoj, mientras que el defensor de Amat llegó a denunciar "mala fe procesal".

Por su parte, el letrado del exdirectivo Mariano Pérez Claver reclamó al tribunal que pida a Bankia un correo electrónico cuyo contenido probaría, según explicó, que las tarjetas habían sido expedidas con anterioridad a la presidencia de Blesa. "Esta prueba es esencial porque demostraría que ya existían las tarjetas con anterioridad. Es esencial que Bankia confirme cuando se expidió esa tarjeta", dijo.