La eterna espera por las identificaciones de Pico Reja: "Mi abuelo murió sin saber si su padre estaba ahí"

Ángel Rodríguez enseña con el móvil una foto de su padre, Eugenio Rodríguez.

Ángel Rodríguez Franco perdió a su padre cuando apenas tenía tres años. Se llamaba Eugenio Rodríguez García. Era fogonero en la fábrica de cerámica de La Cartuja-Pickman. Y un sindicalista bastante combativo. Cuando estalló la guerra, le sacaron de su casa y nunca regresó. Durante años, su familia no supo si estaba vivo o muerto. Pero un día, de casualidad, su hijo entró en contacto con un militar que le ofreció trabajar como mecánico en el Ejército. Fue ahí, con todo el trajín del papeleo, cuando el joven se enteró de que a su padre le habían aplicado el bando de guerra y le habían asesinado aquel verano de 1936.

Tras décadas de silencio, y con la democracia ya asentada, Ángel comenzó a investigar un poco más de la mano de su nieto Eugenio. Y por las fechas, todo parece indicar que los restos pueden estar inhumados en la fosa de Pico Reja. Por eso, en cuanto se pusieron en marcha los trabajos de exhumación, el hombre empezó a acudir semana tras semana al cementerio de San Fernando. "Era uno más del equipo", recuerda su nieto en conversación con infoLibre. Han pasado ya veinte meses desde que culminó la exhumación. Y la familia sigue sin tener ninguna información sobre el proceso de identificación. Buenas o malas noticias que ya no podrá recibir Ángel. Falleció hace unos meses.

"Se fue sin saber si su padre estaba o no allí", lamenta su nieto. El hombre era consciente, de que el proceso de análisis genético iba a ser "muy difícil". Pero eso no le frenó a la hora de facilitar a las autoridades allá por 2018 la muestra necesaria para las identificaciones. "Fue de los primeros", dice Rodríguez. Ahora, seis años después, la "incertidumbre" de la familia "es total". "Sabemos que a algunas personas les han dicho que deben volver a entregar una muestra. Nosotros, en principio, no estamos en esa lista, por lo que suponemos que la de mi abuelo está bien", cuenta su nieto.

La de Pico Reja es, según la Sociedad de Ciencias Aranzadi, la mayor fosa común abierta en Europa occidental desde Srebrenica. Y las cifras dan buena cuenta de ello. Se han roto todas las estimaciones. La previsión inicial era de algo más de 1.100 muertos, de los que entre 850 y 900 serían víctimas de la represión franquista. Pero después de casi tres años de trabajo y una inversión de 1,5 millones de euros, lo que finalmente fue localizado bajo tierra fueron más de 10.000 personas, de las que 1.786, el doble de lo previsto, habrían sido víctimas de los golpistas.

Ana Sánchez cree que algunos de esos restos pueden corresponder con los de su tío Ramón Sánchez Moreno. Tras el golpe de Estado, cuatro falangistas se lo llevaron. Y no volvió. Hasta hace una década, no había constancia de su muerte en el registro civil. Se dio orden de incluir el fallecimiento en la Navidad de 2013. Y se hizo en base al testimonio que su hermano Antonio Sánchez Moreno dio en el proceso que acabó con su asesinato. Ambos estaban vinculados a las juventudes comunistas. De hecho, a este último le acusaron de ayudar a vecinos en el local del Partido.

"Inaceptable que aún no sepamos nada"

"Puede inferirse que el final [de Ramón] fue idéntico al de su hermano aunque a manos de personas desconocidas y no de un pelotón de fusilamiento sin que esto último convierta en legítimo lo que nunca debió ocurrir", reza el auto del magistrado encargado del Registro Civil Exclusivo de Sevilla, que fija como fecha de defunción del joven, que apenas rozaba la veintena, el 22 de julio de 1936. Es por la fecha por lo que la familia cree que puede estar inhumado en Pico Reja. "Fue la fosa que se estuvo llenando hasta septiembre u octubre de 1936, si bien se han descubierto restos posteriores", cuenta su sobrina.

Antonio, por su parte, fue asesinado en abril de 1937, de ahí que piensen que sus restos pueden estar en Monumento, otra de las fosas del cementerio de San Fernando que aún está pendiente de abrir y que podría ser todavía más grande que Pico Reja. En una y en otra es también donde Rogelia Beltrán cree que pueden estar los restos de su bisabuelo materno Antonio Beltrán o de su abuelo materno Rogelio Pérez. Al primero, cuenta su biznieta, le asesinaron en octubre de 1936. Y al segundo, un mes más tarde, tras ser sacado a rastras de su domicilio.

Y en Pico Reja busca también Miguel Guerrero a su abuelo. El hombre, con el que comparte nombre y apellido, era delegado sindical y trabajaba para la minera inglesa Río Tinto Company. Cuando se produjo el golpe de Estado, se organizó una columna con gente de la cuenca minera onubense para marchar sobre Sevilla y dar apoyo a la resistencia obrera. Medio millar de personas que sufrieron una emboscada de la Guardia Civil la mañana del 19 de julio de 1936. Sesenta y ocho personas fueron detenidas. Entre ellas, el abuelo Miguel, que terminó condenado en consejo sumarísimo por rebelión militar. El 31 de agosto, todos menos uno, que se salvó por ser menor, fueron asesinados.

Al igual que la de Ángel, todas estas familias siguen aún a la espera de unas pruebas de ADN cuyo resultado no termina de llegar. Y ya son, explica Guerrero, "dieciséis meses de espera". La "última remesa de muestras" de Pico Reja, continúa, se envió en mayo de 2023 a la Universidad de Granada, que es la que se encarga de las identificaciones a través de un convenio suscrito con la Junta de Andalucía. Pero desde entonces sólo un puñado de personas han recibido una llamada. Entre ellas, Rogelia Beltrán: "Me dijeron que el resultado con respecto a mi bisabuelo Antonio era no concluyente y me preguntaron si podía conseguir la muestra de otro familiar, que me enviarían un kit de ADN. Pero me niego, no caerá sobre mi responsabilidad la custodia de esa muestra".

Las familias se quejan de la lentitud. "Es inaceptable que a estas alturas sigamos sin saber nada. Muchos familiares directos están falleciendo", lamenta Sánchez, que recuerda que en una reunión que tuvieron hace más de un año se les aseguró que podrían estar "en cuatro meses". Pero, sobre todo, critican la falta de información. "Estamos totalmente olvidadas, es como si nos mataran una y otra vez", señala Beltrán. De ahí que los colectivos memorialistas se concentraran el pasado miércoles frente al Parlamento andaluz para exigir a la Junta que "agilice" los cotejos genéticos.

Más de un año de espera

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No es la primera vez que las víctimas del franquismo denuncian lentitud en las pruebas de ADN. En marzo de 2022, por ejemplo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) denunciaba tres años de espera en relación con las exhumaciones en el cementerio de la Salud de Córdoba. Aquello llevó al Defensor del Pueblo Andaluz a abrir una queja de oficio y a pedir información sobre lo que estaba ocurriendo a la Consejería de Cultura y la Universidad de Granada. Actuaciones que decidió concluir al considerar, en base a las respuestas recibidas, que el problema se encontraba "en vías de solución".

A preguntas de este diario, el Comisionado para la Concordia de la Junta de Andalucía explica que el "plazo de resolución de la identificación genética" oscila, con carácter general, "entre 12 y 18 meses". Y cuando se trata de grandes fosas, "los tiempos de toma de muestras y envío al laboratorio" de la Universidad de Granada "se suelen dividir por campañas, que duran aproximadamente entre seis y nueve meses". En el caso de Pico Reja, confirman que el último envío de muestras de víctimas data de mayo de 2023, mientras que las de familiares "se han realizado de forma continuada, siempre a petición de ellos, registrándose el último envío en junio de 2024".

"Hay que tener en cuenta que una vez en el laboratorio los técnicos se encuentran dificultades en el procesamiento de la información genética de las muestras de ADN tomadas a los restos de las víctimas por su mal estado de conservación. Así, resulta muy complejo poder obtener la información genética necesaria para cotejarla con el ADN de los familiares. Por ello, con la finalidad de aumentar la información obtenida para intentar dar respuesta a la demanda de los familiares, el proceso de análisis de los restos óseos se repite hasta tres veces con distintos procedimientos", concluyen desde el departamento.

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