Arrimar el hombro para superar la crisis. Con esta máxima comenzó su andadura a comienzos de mayo la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, un órgano no permanente con el que se ha buscado definir las vigas maestras de un proyecto de futuro en apenas unas semanas. El encargo era especialmente importante tras una crisis sanitaria que ha conseguido poner a todo el país contra las cuerdas. Por eso, los grupos parlamentarios han escuchado atentamente a expertos procedentes de todas las disciplinas en más de un centenar de comparecencias. Pero no solo eso. La Cámara Baja también dio la oportunidad a la ciudadanía de participar directamente en el órgano. Y vaya si lo ha hecho. Con propuestas para reforzar el sistema sanitario público, para potenciar la investigación, para llevar a cabo cambios impositivos o para atajar la despoblación. En algunos casos, incluso, los documentos remitidos al Congreso de los Diputados recogen planteamientos de lo más peculiares, como controlar el peso de los trabajadores, y sentidos homenajes a seres queridos fallecidos durante la pandemia.
La apertura de un buzón de participación para completar los trabajos realizados en la Carrera de San Jerónimo no tiene precedentes en la historia del Parlamento. Y la primera experiencia ha evidenciado el interés de los ciudadanos por participar en la toma de decisiones. Desde la puesta en marcha de la iniciativa hace un mes, se han recibido las opiniones e ideas de más de 350 particulares, según los documentos publicados en la página web del Congreso de los Diputados. Algunos de ellos prefirieron participar de forma anónima, aportando exclusivamente sus siglas. Otros, sin embargo, no tuvieron reparos en figurar con su nombre y apellidos. Es el caso, por ejemplo, de Manuel Ibáñez Roldán, que aplaudía la decisión de dar voz a las calles. “La gran alegría de esta mañana ha sido que al despertar he encendido la radio y lo primero que he escuchado es que se habilitaba un email para que los ciudadanos pudiéramos sugerir ideas que sirvan a la reconstrucción […]. Ya era hora de que los ciudadanos pintáramos algo, si es que los políticos tienen la voluntad de escuchar y no es solo otro gesto más”, arrancaba el documento remitido.
No es el único escrito que refleja las ganas que tenía la ciudadanía de dar su opinión, de poner sobre la mesa sus preocupaciones, de aportar su granito de arena en la reconstrucción. “Muchas gracias por escuchar a la población, estoy muy agradecida de poder participar y que mi voz se escuche”, finaliza otra de las cartas remitidas a la Cámara Baja. El diputado de Més Compromís Joan Baldoví es uno de los portavoces del Grupo Plural en una comisión que nunca ha terminado de convencerle por su “formato”. “Yo entendía que, de cara al público, la gente iba a recitar su catecismo y poco a intentar acordar. Y a mí me gusta más la discreción y la intimidad cuando se trata de acordar cosas”, explica a infoLibre. Su larga trayectoria política a nivel municipal –primero como concejal y después como alcalde del municipio valenciano de Sueca– le hace plenamente consciente de la importancia de prestar atención a las demandas que vienen de la calle. Por eso, aplaude cualquier intento de darles voz. “Es interesante si luego los partidos sabemos hacerles caso”, apunta al otro lado del teléfono.
“Transmitía entusiasmo en todo lo que hacía”
Buena parte de las aportaciones particulares durante estas semanas se centran en el ámbito sanitario. De ellas, hay varias centradas en la situación de precariedad laboral de los interinos. “Actualmente, más de la mitad de los médicos que ejercemos nuestra profesión en el Sistema Público de Salud y, por tanto, lo sostenemos con nuestro trabajo y esfuerzo, somos interinos, sin que ello suponga seguridad alguna en el plano laboral”, se queja un médico. Un problema en el que también insiste otro facultativo desde el Hospital Clínico de Salamanca, quien solicita a las formaciones políticas un “compromiso firme” que se traduzca en “medidas reales”. Un paso al frente que, dice, sólo puede concebirse a través de “un aumento de la partida presupuestaria” y un incremento de los contratos que conlleven “una mejora laboral”. Otros ciudadanos, como María Enriqueta, ponen sobre la mesa otra posible estrategia para reforzar el gasto sanitario. Y es directa. “Anule el presupuesto para armamento y destine esos fondos en sanidad pública y gasto social”, apunta la mujer, que se pregunta de qué ha servido durante la pandemia todo el material bélico almacenado.
Juan María Casado también centra sus planteamientos en este mismo ámbito. Considera necesario recuperar “el ánimo y la ilusión” de los médicos tras un tsunami que tuvieron que afrontar sin los adecuados medios de protección, algo que “debería avergonzarnos”. Además, pide crear las especialidades médicas de urgencias e infecciosas, potenciar el papel de la enfermería y reforzar la atención primaria, cuestiones que se encuentran dentro de las prioridades planteadas por algunos de los grupos parlamentarios. Casado no es médico, sino profesor jubilado de la Universidad de Córdoba. Sin embargo, la sanidad siempre estuvo presente en su entorno familiar. Parte de lo propuesto lo aprendió, cuenta, de su hermana menor, Nanda, “la mejor y más preparada enfermera”. Falleció el pasado mes de mayo mientras trabajaba después de haber superado, aparentemente, la infección por coronavirus. Su carta, por tanto, es también un reflejo de lo vivido en tantos y tantos hogares españoles. “Siempre estaba estudiando, formándose sin descanso y transmitía entusiasmo en todo lo que hacía”, recuerda el hombre en sus últimas líneas.
Otras tantas comunicaciones remitidas ponen el foco en cuestiones laborales. Lo hace por ejemplo J.G.R, empleado de recogida de residuos con más de una década de antigüedad encadenando contratos de relevo y temporales. Su carta también representa a miles de trabajadores. “Lo que pido es una regularización […]. No nos dejen atrás, por favor, nuestras familias dependen de ello”, apunta. En su caso, la propuesta apenas supera la página de extensión. Mucho más allá va E.G., que pone sobre la mesa de la comisión un documento de una quincena de folios y más de tres centenares de propuestas centradas en varios ámbitos –desde consumo hasta economía pasando por movilidad–. En materia laboral, plantea una hora como máximo para comer, obligatoriedad del teletrabajo cuando sea posible, “multazos a los malos empresarios (por ejemplo, los corruptores)” o que el día de trabajo finalice como tarde a las 18.00 horas. Varios ciudadanos también proponen una reducción de la jornada laboral a 35 horas, cuatro días a la semana y horario continuo.
Entre los casi cuatrocientos escritos, algunos son un grito de auxilio por la despoblación. “Las zonas más rurales de España necesitamos mucho apoyo”, sostiene en un documento una ciudadana de Cantavieja, un pequeño pueblo de Teruel que apenas llega al millar de habitantes. La mujer quiere pensar que todavía hay posibilidades de repoblar todas estas zonas de la geografía española que se han dejado morir en las últimas décadas. También lo piensa X.O., que pide que se promocione, subvencione o ayude la emigración de los jóvenes de las grandes urbes a los pueblos y se promueva la creación de “nuevas iniciativas naturales y ecológicas”. “En resumen, llenar de vida el rural a los que queremos abandonar la ciudad y vivir de un modo más sostenible y no tenemos recursos para hacerlo”, señala. De hecho, el impulso de todos estos territorios también se han incluido en el borrador de conclusiones del grupo de trabajo económico. Así, por ejemplo, se plantea la puesta en marcha de oficinas de lucha contra la despoblación o el impulso a la creación de empresas en estas zonas rurales.
Algunos ciudadanos se han atrevido incluso a plantear la apertura del melón constitucional. Es el caso de Manuel Monge, que considera que la Ley Fundamental necesita una “revisión” que la adapte “a la realidad española y los tiempos presentes”, o el del constitucionalista de la Universidad de Córdoba Ángel Gómez, que cree que debería garantizarse el derecho al medio ambiente “como fundamental y no sólo como principio rector de la política social y económica”. Otros, a poner sobre la mesa ideas en materia impositiva. J.C.A., por ejemplo, plantea que el tipo del impuesto de sociedades sea progresivo “con relación a un ratio beneficio/número de trabajadores, penalizando a las empresas que obtienen grandes beneficios con exiguas plantillas”. En el mismo gravamen, que es el único de los grandes cuya recaudación no se ha recuperado desde la Gran Recesión, se fija también otra de las propuestas registradas en la Cámara Baja. En este segundo caso, el particular plantea establecer una escala que se mueva entre el 20% para las pequeñas empresas y un 40% para aquellas con “ganancias” superiores a los 10 millones de euros.
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De cárceles a industrias y control de la masa corporal
La participación ciudadana también ha dejado ideas de todo tipo. Ana María Armas cree que una buena manera de financiar la ciencia y la investigación pasaría por establecer lo que ha denominado “el euro solidario”: “solicitar a cada ciudadano, con independencia de su edad o cualquier otra circunstancia, la aportación mínima mensual de un euro, pudiendo posibilitarse otras fórmulas como una aportación anual”. Otro ciudadano plantea controlar los índices de masa corporal en una revisión médica anual “obligatoria” de trabajadores, de forma que se pueda multar a la empresa si después de un primer aviso los empleados siguen sin ajustarse a los rangos saludables. Manuel Ibáñez, por su parte, propone convertir los centros penitenciarios “en industrias” en las que los presos hagan sus jornadas de ocho horas de trabajo para que “no nos cueste su manutención”. “Se les debe pagar a razón de salario de mercado y se debe dividir en tres partes: una para la manutención del preso, otra para enviárselo a su familia y otra para cancelar los daños que sufrió su víctima”, desarrolla.
Pero el buzón también ha sido un termómetro perfecto sobre la opinión que algunos ciudadanos tienen de la clase política. Varios son los documentos en los que directamente se exige meter un tijeretazo en esta línea. “Que rebajen el 50% de los ministerios y el 50% de los diputados”, dice uno de ellos. “Reduzcan sus puestos ejecutivos y de tantos asesores y coleópteros adjuntos, al menos nos servirá para paliar algún despilfarro o tapar agujeros”, sostiene otra de las comunicaciones. Algunos, incluso, muestran su enfado por el comportamiento de los parlamentarios en el hemiciclo: “Podríamos ahorrarnos el sueldo de casi 300 señorías, cuyo trabajo puede ser fácilmente sustituido por un equipo de sonido con insultos, aplausos y mofas pregrabadas”. Una crispación política a la que Manuel Ibáñez también cree que hay que ponerle fin. “Los debates en el Congreso no pueden seguir siendo un ring de boxeo”, apunta en su carta, en la que propone que a los grupos de la “oposición” se les pase a llamar “colaboradores”.