Existe una elevada "coincidencia" del informe provisional del Tribunal de Cuentas con las "críticas" de Europa Laica. Lo señala en un comunicado la propia organización que preside Antonio Gómez Movellán, reforzada tras publicar infoLibre las conclusiones iniciales de la fiscalización del órgano supervisor sobre las relaciones del Estado con las confesiones religiosas, especialmente con la Iglesia católica. Antes incluso de que el informe sea llevado al pleno de la institución fiscalizadora para su aprobación, Europa Laica apunta contra el fondo de las relaciones entre el Estado y la Iglesia y pide la reforma clave, la que mayor incidencia tendría, la que enterraría el actual statu quo. "Es el momento de que el Gobierno progresista cumpla con las promesas electorales de los partidos que lo componen, proceda a denunciar los Acuerdos con la Santa Sede del año 1979 [conocidos coloquialmente como 'Concordato', por ser continuadores del Concordato de 1953] y acabe con este vergonzoso sistema de detraer de nuestros impuestos dinero para una Iglesia que, de forma arrogante, ni siquiera justifica sus gastos, además de contradecir el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado", señala la organización, que hace hincapié "en la desidia de los gobiernos y las administraciones en el control del dinero público cuando se trata de regalárselo a la Iglesia católica".
"El Tribunal de Cuentas", señala Europa Laica, ha comprobado que "la única obligación que tiene la Iglesia de justificar estos ingresos públicos" es a través de la entrega de una "memoria justificativa de gastos" que, en opinión del órgano fiscalizador y en sintonía con lo que Gómez Movellán viene denunciando, "no es tal". La memoria es una "patraña", añade, y sólo debería considerarse "una memoria de actividades". El documento con el que la Conferencia Episcopal da cuenta del destino de los fondos asignados por el Estado "no responde a lo acordado de justificar el gasto de los ingresos tributarios" y el Gobierno debería "exigir una memoria en verdad justificativa con criterios analíticos y de contabilidad, acordados con la Administración del Estado", señala la organización defensora de la separación estricta entre la esfera pública y la religiosa.
Una denuncia continuada
No es extraño que la entidad que preside Gómez Movellán –y que, antes que él, presidió Francisco Delgado– ponga especial énfasis en la memoria que cada año publica la Conferencia Episcopal. Año tras año Europa Laica ha presentado un "contrainforme" [ver aquí el último, con la autoría de Enrique Ruiz del Rosal] poniendo de relieve las omisiones y contradicciones de la supuesta política de "transparencia" de la Conferencia Episcopal. Sin el acceso que el Tribunal de Cuentas ha tenido a la información y con las limitaciones propias de una organización que vive de sus afiliados, Europa Laica ha llegado grosso modo, antes que el Tribunal de Cuentas, a varias conclusiones similares. La diferencia es que Europa Laica lleva su análisis más allá de la casilla de la Iglesia y las exenciones fiscales, para recorrer toda una miríada de subvenciones, ayudas, retribuciones y conciertos por valor de miles de millones de euros de dinero público.
Europa Laica cuestiona todo el caudal de fondos públicos que recibe la Iglesia para multitud de entidades, y que calcula en unos 11.000 millones al año sumando todos los conceptos y metiendo ahí desde el presupuesto de la Fundación Pía de los Santos Lugares, hasta todos los conciertos educativos y sanitarios con organizaciones de la iglesia, pasando por subvenciones a ONG católicas, IRPF, sueldos de profesores de religión y capellanes castrenses, una estimación de las exenciones... La organización que preside Gómez Movellán continuará denunciando todos los espacios de intersección entre las esferas pública y religiosa, pero de momento obtiene una reforzamiento en cuanto a aquellos aspectos en los que se centra el Tribunal de Cuentas.
Responsabilidad del Estado
Más incluso que hacia la Iglesia, Europa Laica apunta el dedo hacia la Administración pública, a la que considera responsable de haber permitido sus privilegios económicos. Por "desidia en el escrutinio", señala la organización en su comunicado, "nunca se ha puesto pega alguna a la memoria y nunca se han formulado objeciones". El tribunal declara, en su informe provisional, que la memoria no permite conocer el destino efectivo de los fondos asignados vía IRPF, lo cual impide saber si llegan a entidades con finalidades económicas. Ello compromete el cumplimiento de la legislación comunitaria y del principio de libre concurrencia. Dicho principio "claramente se violaría", según Europa Laica, en el caso del dinero del superávit destinado a la televisión 13TV.
Dicho superávit, logrado gracias al dinero público ingresado por el Estado vía IRPF, "es atípico ya que no existe ningún acuerdo" que permita obtener beneficios gracias a esta asignación, expone Europa Laica. "El hecho mismo de declarar la existencia de superávits es una señal de que el Estado, a través de la asignación tributaria, da más dinero de lo necesariamente declarado como necesidades de sostenimiento de la Iglesia", añade la organización, que también destaca la alerta sobre la falta de acción del Gobierno para forzar a la Iglesia a "alcanzar la autofinanciación".
También está "en cuestión todo el sistema de exenciones", señala Europa Laica, que destaca la "censura" que el informe provisional hace de la gestión de la Fundación Pluralismo y Convivencia. "Hay un desorden de gestión que hace imposible valorar convenientemente el cumplimiento de los objetivos pretendidos con estas subvenciones [a las confesiones minoritarias], en parte por la incapacidad de estas entidades religiosas, evangélicas, judías o musulmanas, de cumplir con las obligaciones que requieren la recepción de subvencione públicas", señala. Y añade: "El Tribunal de Cuentas, visto el desorden en la concesión de estas subvenciones, recomienda que se establezcan nominativamente en el Presupuesto del Estado, recomendación que Europa Laica, obviamente, no comparte".
La falta de justificación y control se extiende a las ayudas públicas a las confesiones minoritarias
Aviso de la casilla de la Iglesia
Aparte de pedir la supresión de la casilla de la Iglesia, algo que lógicamente no puede hacerse de un día para otro –de hecho, es poco probable que el Gobierno abra ese melón, que no está en ningún programa electoral–, Europa Laica sí solicitó medidas inmediatas a la Agencia Tributaria para garantizar su neutralidad en el proceso de presentación de declaraciones de la renta. La aplicación informática de la Agencia Tributaria para la declaración anual del IRPF "introduce en los pasos finales un aviso de alerta en caso que el/la contribuyente no haya señalado ninguna de las dos casillas de asignación tributaria, incitando con ello a dudar de que se trate de un dato obligatorio que debe cumplimentar", señala Europa Laica. A juicio de la organización, esto supone una "actitud proactiva a favor de dar un paso atrás en la declaración para señalar cualquiera de ellas o ambas [la de la Iglesia, la de fines sociales o las dos], siendo así que en tal aviso ni siquiera se informa del derecho que asiste a no marcar ninguna de estas casillas".
Europa Laica cree que se produce una "inicitación" a marcar la casilla de la Iglesia, a pesar de que la orden por la que se regulan los modelos de declaración "no incluye ninguna referencia a que dichas casillas deban tener un tratamiento equivalente a los datos obligatorios para la declaración de dicho impuesto"."No se entiende, por tanto, a qué motivos obedece ese aviso paraconfesional de la Agencia Tributaria", añade, por lo que insta a la Agencia Tributaria a retirar del programa informático de la declaración del IRPF, a partir de este mismo ejercicio, el aviso de alerta que aparece cuando no se ha marcado ninguna de las casillas de asignación tributaria.
Existe una elevada "coincidencia" del informe provisional del Tribunal de Cuentas con las "críticas" de Europa Laica. Lo señala en un comunicado la propia organización que preside Antonio Gómez Movellán, reforzada tras publicar infoLibre las conclusiones iniciales de la fiscalización del órgano supervisor sobre las relaciones del Estado con las confesiones religiosas, especialmente con la Iglesia católica. Antes incluso de que el informe sea llevado al pleno de la institución fiscalizadora para su aprobación, Europa Laica apunta contra el fondo de las relaciones entre el Estado y la Iglesia y pide la reforma clave, la que mayor incidencia tendría, la que enterraría el actual statu quo. "Es el momento de que el Gobierno progresista cumpla con las promesas electorales de los partidos que lo componen, proceda a denunciar los Acuerdos con la Santa Sede del año 1979 [conocidos coloquialmente como 'Concordato', por ser continuadores del Concordato de 1953] y acabe con este vergonzoso sistema de detraer de nuestros impuestos dinero para una Iglesia que, de forma arrogante, ni siquiera justifica sus gastos, además de contradecir el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado", señala la organización, que hace hincapié "en la desidia de los gobiernos y las administraciones en el control del dinero público cuando se trata de regalárselo a la Iglesia católica".