El 18 de marzo llegó el momento. Al mediodía de ese jueves, el Congreso de los Diputados aprobó, con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones, la Ley de Eutanasia. Lo hacía en presencia de activistas como Ángel Hernández, Asun Gómez o David Lorente, tres iconos de la lucha por una normativa de muerte digna que entró en vigor el pasado 25 de junio y que, más de tres meses después, todavía no se aplica de forma plena.
Este martes quedó ejemplificado en el caso de Javier. De 58 años y enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) desde hace uno, lleva meses esperando a poder acogerse a su derecho, como desveló la Cadena Ser y confirmó este diario a través de Carmen Díaz, la médica consultora de su caso que elaboró, tras el médico responsable, el segundo informe favorable para realizarle la eutanasia. No puede hacerlo, explicó él mismo, porque la Comunidad de Madrid no se lo permite. Y razón no le falta. La Comunidad tenía que tener lista para ese 25 de junio la Comisión de Garantías y Evaluación que debe aprobar, en última instancia, una eutanasia. Sin ella no se puede realizar ninguna. Pero todavía no existe. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, espera que esté lista para el 4 de octubre. Si no ha sido antes, se justificó hace una semana, es porque los plazos que dio el Ministerio de Sanidad fueron "muy cortos". Sin embargo, otras comunidades sí cumplieron en forma.
Por eso Ángel Hernández, el hombre que tuvo que ayudar a morir a su compañera, como siempre la llama él, cuando la eutanasia todavía no era un derecho reconocido en España, ha enviado un escrito al departamento exigiendo la creación de este órgano. "No se ha dado cumplimiento al mandato legal, estándose produciendo perjuicios para personas en situación dramática que no pueden acceder en esta Comunidad a la efectiva prestación del derecho a la eutanasia, como ha sucedido [...] con la experiencia sufrida por Javier, que lleva tres meses esperando a la aplicación de la ley por la inactividad de esa Comunidad, hechos que claramente conllevan una responsabilidad patrimonial de esa Administración como responsable directo de la privación de un derecho a quien cumple los requisitos para ello", denuncia en su escrito, al que ha tenido acceso infoLibre.
"Según informan en el portal web de esa Comunidad, el modelo para formular la solicitud del ejercicio del derecho a la eutanasia por escrito estará disponible en todos los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, según hemos podido comprobar, a fecha de hoy no existen dichas solicitudes", denuncia Ángel junto a su abogada. "A día de hoy", continúan, "únicamente se puede confirmar la apertura de un portal para que los sanitarios se registren y declaren su objeción de conciencia a prestar la ayuda a morir".
Sin embargo, el caso de Madrid no es único. Andalucía, como publicó Newtral el pasado 7 de septiembre, tampoco cuenta con el decreto que crea la obligatoria Comisión de Garantías y Evaluación. Y, a preguntas de infoLibre, no responde a los motivos.
Ambas, por tanto, son las únicas que a día de hoy incumplen el artículo 17 de la ley, que establece que "existirá una Comisión de Garantía y Evaluación en cada una de las comunidades autónomas, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla". "En el caso de las comunidades autónomas, dichas comisiones, que tendrán la naturaleza de órgano administrativo, serán creadas por los respectivos gobiernos autonómicos, quienes determinarán su régimen jurídico. Cada Comisión de Garantía y Evaluación deberá crearse y constituirse en el plazo de tres meses". La norma se aprobó el 25 de marzo, así que ese "plazo" acababa el 25 de junio.
"Nos preocupa este incumplimiento de la ley. No hay derecho a que la Administración no haga todo lo posible para que este derecho pueda ser efectivo para los ciudadanos", critica Javier Velasco, presidente de Derecho a Morir Dignamente (DMD), que critica las "excusas" de Escudero para llegar tan tarde a la creación de la comisión. "Todas las comunidades han tenido el mismo tiempo", recuerda.
Pero no solo Madrid y Andalucía no están cumpliendo en plazo. Extremadura tampoco llegó a tiempo para aprobar el decreto en tres meses. Lo hizo este miércoles 29 de septiembre, aunque el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, aseguró que el retraso no supuso "pérdidas de derechos" porque hasta entonces no hubo "ninguna persona" que hubiera solicitado acogerse a la muerte digna, según informó elDiario.es y confirmó el departamento a infoLibre.
Una quincena de peticiones, al menos tres realizadas
Afortunadamente, no todas las comunidades han actuado igual. Según ha podido recopilar infoLibre con información de las Consejerías de Sanidad, hasta ahora ha habido al menos 15 peticiones para acogerse a la muerte digna, de las cuales un mínimo de tres ya se habrían llevado a cabo. Es el caso de la Comunitat Valenciana, que detalla que se han solicitado, autorizado y realizado sendas eutanasias en Valencia y Alicante y que, además, se ha denegado una tercera y hay una cuarta en fase de tramitación. O el de Castilla y León, donde se han registrado cuatro solicitudes: una está en trámite, dos han sido denegadas y otra ha decaído por fallecimiento del solicitante.
No son las únicas. En Castilla-La Mancha hay una solicitud en marcha y en Galicia ocho. En Euskadi, por su parte, se han llevado a cabo dos solicitudes, según confirma Velasco. Una de ellas, de hecho, fue la primera que se realizó en España, el pasado 23 de julio. Fue a Eskarne, una mujer de 86 años que hacía una década que había dejado por escrito que cuando avanzaran sus dolencias quería acogerse al derecho a una muerte digna, como adelantó El País.
Otras autonomías alegan "confidencialidad"
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Tan solo esas cuatro —Euskadi no ha respondido a las preguntas de este periódico— han detallado las solicitudes recibidas y los casos realizados. Otras muchas no responden o, como Asturias o Cataluña, se niegan a dar los datos por "confidencialidad". "El proceso del final de la vida es un tema muy sensible, tanto para la persona que hace solicitud como para sus familiares y los profesionales que le atienden", explica el departamento de Salud catalán.
En la misma línea responde desde Illes Balears: "Con el objetivo de garantizar la intimidad y el respeto tanto de las personas solicitantes como de los profesionales, los cuales han de poder ejecer tu trabajo sin injerencias ni presiones, la Conselleria de Salut i Consum se ha comprometido a facilitar datos estadísticos sobre la prestación de la eutanasia en una memoria anual, en la cual se valorará la prestación". Cantabria, por su parte, asegura que no dispone de la información.
infoLibre también ha intentado recopilar la información relativa a Murcia, La Rioja, Canarias, Navarra y Aragón, pero aun no ha obtenido respuesta.
El 18 de marzo llegó el momento. Al mediodía de ese jueves, el Congreso de los Diputados aprobó, con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones, la Ley de Eutanasia. Lo hacía en presencia de activistas como Ángel Hernández, Asun Gómez o David Lorente, tres iconos de la lucha por una normativa de muerte digna que entró en vigor el pasado 25 de junio y que, más de tres meses después, todavía no se aplica de forma plena.