España tiene un problema de desigualdad. Está en los datos. No es sólo que lo denuncien Oxfam Intermón, Cáritas o la Red Europa de Lucha contra la Pobreza y Exclusión, con cifras del INE en la mano. Lo diagnostica también el Gobierno en su Plan España 2050. "En el pasado –señala el Gobierno– España logró poner en marcha un potente ascensor social. A partir de mediados de los noventa, sin embargo, este ascensor social fue oxidándose". En España hay 11 millones de personas en exclusión y 3,3 en situación de privación material severa. Es decir, hay mucha gente abajo. Pero es que, además, la brecha se agranda. En 12 años ha crecido la distancia entre el 10% que más ingresa y el 10% que menos, un indicador de quiebra social. La brecha de pobreza por origen familiar se ha ampliado en una década un 30%. Un reciente estudio de la Fundación La Caixa apunta a que las rentas más bajas registran la peor evolución desde 2008.
Las razones habitualmente manejadas para explicar los porqués de la resistente desigualdad española apuntan al ciclo de recortes tras la crisis de 2008 y a los problemas económicos llamados "estructurales" –elevada precariedad, baja productividad, excesiva dependencia del binomio turismo-construcción–. A ello se suma la insuficiente capacidad redistributiva del Estado del bienestar. Se trata de factores de peso, sin duda. Pero no enseñan toda la fotografía. Es más, en parte eclipsan otro factor, que no suele ser tenido en cuenta aunque, atendiendo a los datos de más de 40 años en España y otras democracias occidentales, reclama un protagonismo en el análisis.
Ese otro factor de desigualdad es la pérdida de afiliación sindical. Sí, la evidencia indica que cuantos menos sindicalistas, más desigualdad.
Menos afiliación, menos influencia política
Las consecuencias de la evolución de la afiliación sindical no son un terreno que haya sido objeto de una profunda exploración académica en España. Por eso gana relevancia la aportación del reciente ensayo Regulación del trabajo y política económica. De cómo los derechos laborales mejoran la economía, de Adrián Todolí, que afirma que el debilitamiento de los sindicatos ha sido condición sine qua non del triunfo neoliberal. Junto a los indicadores de desigualdad, Todolí coloca subrayados en rojo algunos datos sindicales. En España la afiliación era del 44,5% en 1978, del 20,4% en 1993, del 17,4% en 2008 y del 12,5% en 2019, último año recogido por la OCDE. "Esta caída supone una pérdida de poder de negociación y de cobertura de negociación colectiva, lo cual afecta a las condiciones de trabajo y al salario", resume Todolí, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia.
Al retroceso en la afiliación se añade una "progresiva pérdida de contacto entre los partidos y los sindicatos, sobre todo entre sus dirigentes". "Las declaraciones sindicales cada vez son menos tenidas en cuenta por los políticos, fenómeno relacionado con su pérdida de fuerza", señala Todolí. Es sintomático de esta realidad el hecho de que un acuerdo de reforma laboral con las firmas de CCOO y UGT haya tenido tanta contestación política, incluida la de partidos de izquierda. "Es una clara muestra de desconexión", dice.
Una relación demostrada
El enfoque de Todolí goza de respaldo académico. Un título de referencia es Igualdad. Cómo las sociedades más igualitarias mejoran el bienestar colectivo (Capitán Swing, 2019), del economista Richard Wilkinson y la epidemióloga Kate Pickett, que identifican una "pauta" de incremento de la desigualdad vinculada a prácticas como la "cultura de los bonos" y la negociación individual de las condiciones de trabajo. Para explicar la falta de fuerza para frenar estos procesos, la autores dirigen el puntero rojo al declive sindical en la mayoría de las llamadas "democracias avanzadas".
"La pérdida de fuerza del movimiento sindical y el giro a la derecha de los partidos socialdemócratas han destruido buena parte del progreso social conquistado desde la década de 1920", señalan los autores, para quienes "el aumento de la desigualdad alrededor de 1980 es ampliamente atribuible a la fuerza política de la ideología neoliberal", con Ronald Reagan y Margaret Thatcher como puntas de lanza.
En respuesta a preguntas de infoLibre, Wilkinson recalca que la flaqueza sindical no sólo es causa de desigualdad, sino también síntoma del declive de la izquierda. "La afiliación sindical –explica– está estrechamente relacionada con la desigualdad no sólo porque marque diferencias en los salarios, sino porque probablemente sirva como índice de la fuerza de todo el movimiento obrero. La incapacidad de los salarios para seguir el ritmo de la productividad y la precarización de la mano de obra probablemente no se habrían producido si los sindicatos hubieran seguido tan fuertes como en la década de 1970".
Un campo de pruebas llamado Estados Unidos
El principal campo de investigación sobre este fenómeno es Estados Unidos, donde la tasa de afiliación sindical era del 33% en 1950, del 24% en 1973, del 16,5% en 1983, del 7% en 2016 y del 6% en 2019. En un artículo de 2011, los sociólogos Bruce Western y Jake Rosenfeld vinculan este descenso a un incremento de la desigualdad entre los salarios más altos y más bajos de más de un 40% entre 1973 y 2007. El historiador Colin Gordon ha achacado a la pérdida de densidad sindical un tercio del aumento de la desigualdad en las décadas de 1980 y 1990.
Por su parte, los economistas Anne Stansbury y Lawrence H. Summers, que fue director del Consejo Nacional de Economía con Barack Obama, recogen en un estudio de 2020 que la fragilidad sindical fue causa principal de que en el período 1979-2014 la cuota de ingresos del 1% más rico subiese 9 puntos.
A preguntas de infoLibre, Stansbury explica que "la disminución de la afiliación sindical no sólo reasigna los ingresos entre los trabajadores y los accionistas, sino que también reasigna los ingresos entre los distintos grupos de trabajadores", favoreciendo a los de salarios más elevados. Se trata de una observación congruente con el trabajo del economista Jordan Brennan, que acreditó en 2016 un vínculo directo entre densidad sindical y convergencia salarial. La conclusión es siempre similar. Más sindicalismo, más salario para los trabajadores de la parte baja. Es decir, menos desigualdad.
Antes, en 2015, un grupo de cinco académicos encabezados por el economista Richard Freeman trataron de responder a esta pregunta: por qué un niño estadounidense nacido en una familia del 20% más pobre tiene un 7,5% de opciones de llegar al 20% más rico como adulto, en comparación con el 11,7% en Dinamarca y el 13,4% en Canadá. Los autores concluyen que existe una "fuerte relación" entre la afiliación sindical y la movilidad social. Un aumento de 10 puntos en la afiliación en una zona se asocia a que los niños con bajos ingresos suban 1,3 puntos sobre 100 en la clasificación de reparto de la renta.
Desconfianza y pandemia
El ensayo de Adrián Todolí, en su apartado de propuestas, no se queda sólo en el marco habitual de las ayudas redistributivas y el incremento de las garantías laborales. En coherencia con su análisis, aboga por "un impulso al asociacionismo sindical" desde el Estado. Coinciden Stansbury y Summers: "La política debería inclinar la balanza más en la dirección de [...] dar poder a los sindicatos. Además de la fiscalidad progresiva y la redistribución, los responsables políticos preocupados por la equidad y la justicia podrían considerar cambios en la estructura de las instituciones capitalistas".
Todolí sabe que hay fuerzas que se oponen. A su juicio, resulta obvio que los sindicatos han sido objeto de campañas deliberadas para minar su posición. "Todos lo hemos visto. Que si llevan Rolex, que si comen no sé dónde...", recuerda, en referencia el cliché del sindicalista vago y dado a los placeres caros.
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Lo cierto es que los sindicatos no gozan de excesiva popularidad. La Encuesta sobre tendencias sociales, publicada por el CIS en diciembre de 2021, muestra que un 30,4% de los españoles tiene la "mínima confianza" en los sindicatos (1 sobre 10). El 76,1% están entre el 1 y el 5. Es decir, se puede decir que desconfían. La confianza es mayor en partidos de derechas, como se ve en la tabla. Un dato: los que menos desconfianza muestran hacia los sindicatos son los encuestados con estudios superiores.
Mariano Hoya, vicesecretario General de Política Sindical de UGT, cree que la reflexión sobre el peso de los sindicatos en el bienestar social es una asignatura pendiente de la sociedad, también dentro de las propias centrales, que deberían reivindicarlo. A su juicio, es obvio que el "boom afiliativo" de los albores democráticos "se tradujo primero en capacidad representativa" y con ello en "mejoras sociales, laborales y económicas y en un ensanchamiento de la clase media". No obstante, añade, en los últimos veinte años la tendencia ha sido hacia la "desafección", un fenómeno que achaca en parte a los medios.
Hoya es optimista con cautelas. Por una parte, afirma que UGT ha frenado la tendencia declinante y que incluso ha ganado algo de afiliación durante la pandemia, aunque no la cuantifica. ¿Puede la reforma laboral ser un revulsivo? Es prudente. "Es un paso más en el camino", dice. "Pero hay que pensar que hoy la mayoría de las relaciones son a través de una pantallita a unos centímetros de la cara, y ahí no somos lo que más interesa".
España tiene un problema de desigualdad. Está en los datos. No es sólo que lo denuncien Oxfam Intermón, Cáritas o la Red Europa de Lucha contra la Pobreza y Exclusión, con cifras del INE en la mano. Lo diagnostica también el Gobierno en su Plan España 2050. "En el pasado –señala el Gobierno– España logró poner en marcha un potente ascensor social. A partir de mediados de los noventa, sin embargo, este ascensor social fue oxidándose". En España hay 11 millones de personas en exclusión y 3,3 en situación de privación material severa. Es decir, hay mucha gente abajo. Pero es que, además, la brecha se agranda. En 12 años ha crecido la distancia entre el 10% que más ingresa y el 10% que menos, un indicador de quiebra social. La brecha de pobreza por origen familiar se ha ampliado en una década un 30%. Un reciente estudio de la Fundación La Caixa apunta a que las rentas más bajas registran la peor evolución desde 2008.